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CONTROVERSIAS EN EL ESCENARIO POLÍTICO Y JURÍDICO

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y su reciente demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Decreto Legislativo n.° 1373 sobre Extinción de Dominio.
Esta acción ha desencadenado un intenso debate sobre el papel del Defensor del Pueblo, la integridad de las instituciones públicas y la lucha contra la criminalidad en el Perú.
La demanda del Defensor del Pueblo podría debilitar los esfuerzos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción, pues contraviene tratados internacionales como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida.
El Decreto Legislativo n.° 1373, promulgado con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, la corrupción y otros delitos graves, se ha convertido en el centro de una controversia que trasciende lo meramente legal para adentrarse en cuestiones de ética pública y gobernanza. La demanda presentada por Gutiérrez no solo cuestiona aspectos específicos de la ley, sino que también pone en tela de juicio la alineación de las acciones del Defensor del Pueblo con el interés público y la seguridad nacional.
La presentación de esta demanda por parte de Gutiérrez, genera suspicacias. El hecho de que admitiera no haber consultado con especialistas externos a la Defensoría para desarrollar el informe y la demanda, levanta cuestionamientos sobre la objetividad y rigurosidad del proceso.
Algunos aspectos controversiales
La naturaleza del Decreto Legislativo n.° 1373, busca combatir la adquisición ilícita de bienes y fondos de procedencia ilegal. La oposición del Defensor a esta ley podría interpretarse como una protección indirecta a las actividades ilícitas.
El Ministerio Público (MP) argumenta que la Constitución no protege la propiedad adquirida ilícitamente, mientras que la posición del Defensor del Pueblo (DP), ignora este principio fundamental, haciendo una interpretación sesgada de la Constitución.
El MP enfatiza que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación, sino una restauración del orden jurídico. La oposición del DP a este concepto podría interpretarse como una falta de comprensión de esta distinción legal crucial.
Mientras el MP sostiene que el proceso no viola este principio, ya que solo aborda situaciones preexistentes de origen ilícito, la posición del DP, malinterpreta la aplicación de este principio en el contexto de la extinción de dominio.
Se subraya que la ley incluye garantías del debido proceso. La demanda del DP subestima estas salvaguardias legales existentes.
El MP advierte que el éxito de la demanda representaría un retroceso significativo en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica, por ello la acción del DP, nos plantea serias preocupaciones sobre las motivaciones y el impacto de la acción
Cuestionamiento de motivos:
1) La demanda del Defensor genera dudas sobre sus verdaderas motivaciones, especialmente considerando los casos anteriormente mencionados que lo involucran.
2) La acción del Defensor podría interpretarse como un intento de obstaculizar herramientas legales importantes para combatir la criminalidad.
3) La posición del Defensor parece basarse en una interpretación discutible de la Constitución y las leyes, lo que podría indicar una falta de rigor jurídico o una intención deliberada de tergiversar la ley.
4) De prosperar la demanda, podría debilitar significativamente la capacidad del Estado para combatir delitos graves, lo que tendría implicaciones serias para la seguridad nacional.
5) Esta acción del Defensor del Pueblo podría dañar seriamente la credibilidad de la institución que representa, cuyo propósito es proteger los derechos de los ciudadanos, no potencialmente facilitar actividades ilícitas.
6) En conclusión, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra la Ley de Extinción de Dominio parece ir en contra de los intereses de la justicia y la seguridad nacional. Esta acción, junto con los casos anteriormente mencionados, plantea serias dudas sobre la idoneidad de Josué Gutiérrez para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo y sugiere la necesidad de una revisión urgente de su posición y acciones en este importante cargo público.
Finalmente
La demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra aspectos clave del Decreto Legislativo n.° 1373 sobre Extinción de Dominio representa un momento crítico en la historia reciente del Perú. Esta acción no solo desafía una herramienta legal crucial en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sino que también pone de manifiesto preocupantes interrogantes sobre la integridad y las motivaciones de una de las figuras que debería ser garante de los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
El rechazo categórico de esta demanda por parte del Ministerio Público, respaldado por argumentos sólidos basados en el derecho nacional e internacional, subraya la gravedad de la situación. La posición del Defensor del Pueblo no solo parece ir en contra de los intereses de la justicia y la seguridad nacional, sino que también amenaza con socavar años de esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica en el país.
Este episodio sirve como un llamado de atención sobre la importancia de mantener la integridad y la independencia de las instituciones públicas. También resalta la necesidad urgente de reevaluar los mecanismos de selección y supervisión de altos funcionarios públicos, para asegurar que quienes ocupan cargos de tal relevancia actúen siempre en beneficio del interés común y no en función de agendas personales o políticas cuestionables.
En última instancia, el desenlace de esta controversia no solo determinará el futuro de una importante herramienta legal, sino que también pondrá a prueba la solidez del sistema democrático peruano y su capacidad para defender el estado de derecho frente a acciones que podrían comprometer la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
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Curwen se pone el sombrero chotano en entrevista con el candidato presidenciales izquierdista Roberto Sánchez

Víctor Caballero, conocido como Curwen, se consolidó como uno de los periodistas digitales más influyentes del Perú al cumplir su palabra durante la entrevista a Roberto Sánchez en su programa Brutalidad Política. El youtuber se colocó el característico sombrero chotano que el candidato presidencial de Juntos por el Perú llevó personalmente al set, un gesto que rápidamente se viralizó en TikTok, Facebook y YouTube. La entrevista, que duró casi dos horas, ha generado miles de interacciones y debate en redes sociales a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.
Durante la conversación, Roberto Sánchez abordó temas clave como la situación de Pedro Castillo, la necesidad de justicia para los sectores más vulnerables, inversión real en regiones y críticas al centralismo limeño. Sánchez se presentó como un candidato “de barro”, cercano al pueblo, y reafirmó su compromiso con proyectos sociales. Curwen, con su estilo directo y sarcástico habitual, logró momentos de alto impacto que ya circulan como clips virales en plataformas digitales.
El sombrero se convirtió en el símbolo de la emisión. Curwen había prometido públicamente que si Sánchez asistía a su programa, él se lo pondría. El candidato cumplió llevando el accesorio y el comunicador honró su palabra, un intercambio que muchos interpretan como gesto de cercanía con el electorado del interior del país y otros ven como estrategia de posicionamiento político.
La nota ha generado reacciones divididas. Sectores de izquierda celebran la autenticidad y el respaldo implícito a candidaturas alternativas, mientras que críticos acusan a Curwen de sesgo y de convertir su espacio en plataforma electoral. El periodista digital, con más de 700 mil suscriptores en YouTube, mantiene su rol de voz influyente fuera de los medios tradicionales, especialmente entre el público joven.
Con las Elecciones Generales 2026 acercándose, episodios como la entrevista de Curwen a Roberto Sánchez demuestran el creciente poder de los creadores de contenido en la agenda política peruana. El “efecto sombrero” ya es tendencia y promete seguir alimentando el debate en redes sobre liderazgo regional, símbolos populares y el rol de los nuevos medios en la campaña electoral.
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Roberto Sánchez lidera marcha de la CGTP por el Día del Trabajador en Lima

Lima, 1 de mayo de 2026. – Miles de trabajadores se concentraron este viernes en la Plaza Dos de Mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, en una movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que combinó demandas laborales con un fuerte mensaje político.
La jornada incluyó una romería que recorrió el centro de Lima y culminó con un mitin en el monumento a José Carlos Mariátegui. Los participantes exigieron el aumento inmediato de la Remuneración Mínima Vital, mejoras en las pensiones y el fin de la precarización laboral.
Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú y rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 7 de junio, participó activamente en la marcha. El líder castillista fue acompañado por los congresistas Margot Palacios y Jaime Quito, además de otros dirigentes de su partido.
Durante su intervención, Sánchez llamó a la unidad popular y reafirmó su compromiso con una “Agenda Social 2026-2031” orientada a defender los derechos de los trabajadores y transformar el modelo económico del país.
La CGTP destacó que la movilización busca visibilizar la vulneración sistemática de derechos laborales tanto en el sector público como en el privado, y presionar al futuro gobierno para atender las urgencias de la clase trabajadora.
La presencia de Sánchez en la marcha se interpreta como el inicio de una campaña intensa de cara al balotaje, donde buscará consolidar el apoyo de los sectores sindicales y populares.
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López Aliaga Denuncia Irregularidades en 800 Actas Electorales y Anuncia Acciones Internacionales ante el JNE

Lima, 29 de abril de 2026. – El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este martes en conferencia de prensa un informe forense que revela presuntas incongruencias estadísticas en aproximadamente 800 a 805 actas electorales de las Elecciones Generales 2026. Según el exalcalde de Lima, estas actas muestran patrones matemáticamente improbables, como mesas donde su candidatura presidencial registra menos votos que su lista al Congreso, lo que considera una anomalía grave que afecta la voluntad popular.
López Aliaga exigió una auditoría inmediata de estas actas, señalando que “será rápido si hay voluntad”. El líder de Renovación Popular insistió en que “lo que salga producto de estos actos ilegales va a ser ilegítimo” y reiteró su denuncia contra la ONPE y el JNE por presuntos problemas logísticos el 12 de abril, como demoras en la apertura de mesas, falta de material y la creación de actas de la serie 900.000, que según su equipo habrían sido distribuidas estratégicamente.
Durante su intervención, el candidato cuestionó duramente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Burneo, acusándolos de falta de transparencia. López Aliaga denunció que se afectó el derecho al voto de cientos de miles de peruanos, especialmente en Lima, y calificó las irregularidades como un sabotaje planificado contra su candidatura. “Se está yendo gravísimamente contra el artículo 31 de la Constitución”, enfatizó.
Ante la decisión del JNE de declarar inviables las elecciones complementarias, López Aliaga anunció que su equipo presentará cuatro recursos adicionales y acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender la transparencia del proceso. Además, convocó a una protesta pacífica cuya fecha se anunciará próximamente y no descartó que, si es necesario, las elecciones presidenciales se realicen el próximo año para garantizar legitimidad.
“Para que se auditen de una vez, son 800 actas”, reiteró López Aliaga, sosteniendo que su lucha busca proteger la democracia y el voto ciudadano por encima de cualquier resultado parcial. “No es opinión, es matemática”, afirmó en referencia a los hallazgos del informe forense. La situación electoral sigue en desarrollo mientras se resuelven las actas pendientes y los recursos presentados por Renovación Popular.
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