El presidente Miguel Díaz-Canel visitó este jueves la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, donde supervisó los avances de un acuerdo de cooperación agrícola con la empresa vietnamita Agri-VMA, orientado al fortalecimiento de la producción de arroz en la isla.

Según cifras oficiales, el proyecto registra rendimientos de hasta 9 toneladas por hectárea, un nivel que las autoridades califican como poco habitual en el contexto productivo reciente del país. Hasta el momento se han sembrado más de 800 hectáreas, mientras que la meta es alcanzar 1 700 hectáreas y lograr una cosecha estimada de 14 000 toneladas.

La iniciativa combina maquinaria, tecnología y asistencia técnica vietnamita con infraestructura y mano de obra cubana. El Gobierno cubano presenta este modelo de cooperación como una alternativa para reducir las importaciones de arroz —uno de los principales productos de la dieta nacional, que aún se adquiere en grandes volúmenes en el exterior— y dinamizar el empleo en el sector agropecuario.

Durante el recorrido, Díaz-Canel afirmó que el proyecto representa un ejemplo de “prosperidad productiva”, al vincular producción, empleo e ingresos para las comunidades involucradas. Las autoridades también reconocieron afectaciones derivadas del déficit energético y de las recientes lluvias, aunque señalaron que las operaciones agrícolas continúan activas.

Cuba destina una parte significativa de sus divisas a la importación de alimentos, incluido el arroz. En ese escenario, proyectos de cooperación como el desarrollado en Los Palacios buscan aliviar la presión sobre las reservas externas del país, aunque su impacto dependerá de la capacidad de expansión, la sostenibilidad del acuerdo y la disponibilidad de insumos para mantener la producción.

Bolivia atraviesa su peor crisis política desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos violentos y una coalición de sindicatos, campesinos, mineros y maestros que ha convergido en una sola demanda: la renuncia del presidente.

A seis meses de asumir el cargo, el presidente Paz se encuentra asediado por protestas y bloqueos que mantienen cercada a la capital política del país. Tras dos semanas de cortes de rutas liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores mineros, el ingreso de alimentos y combustible a La Paz continúa paralizado.

Desde inicios de mayo de 2026, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas se han levantado contra el Gobierno, exigiendo aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas estatales e incluso la renuncia del presidente.

Los actores y sus demandas

La protesta es de naturaleza multisectorial. La Central Obrera Boliviana (COB) encabeza las movilizaciones. Su máximo dirigente, el minero Mario Argollo, señaló que la preocupación de su sector ya no es el incremento salarial del 20%, sino las reformas y nuevas leyes anunciadas por el Ejecutivo que, según el sindicalista, servirán para privatizar las empresas estatales y servicios básicos.

Estas organizaciones han reducido sus exigencias a un solo punto: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La COB ratificó la continuidad del paro movilizado indefinido, instruido en un Cabildo Nacional, y convocó a federaciones, centrales obreras departamentales (COD) y regionales (COR) a participar en jornadas de marchas y bloqueos.

A las protestas también se sumaron los maestros en Santa Cruz, que realizaron huelgas y se encadenaron en oficinas públicas para exigir mejoras salariales y participación en una nueva ley educativa.

En cuanto a los campesinos, el dirigente Alejandro Yura declaró a la agencia EFE que su sector ya no busca el diálogo con el Gobierno, sino la renuncia del mandatario, algo por lo que, según afirmó, pelearán hasta las últimas consecuencias.

El impacto humanitario y económico

Los manifestantes han cerrado casi todos los accesos a La Paz e impiden el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos. Según el Gobierno, como consecuencia de los bloqueos, hasta el momento han muerto tres personas, incluida una ciudadana de Belice, que no pudieron recibir atención médica oportuna. La Cámara Nacional de Industrias advirtió que las protestas y bloqueos generan pérdidas económicas de entre 50 y 60 millones de dólares al día.

El operativo del 16 de mayo

Desde la madrugada del sábado 16 de mayo, más de 3.500 policías y militares intentaron dispersar las manifestaciones. Al menos 57 personas fueron detenidas en ese operativo. Las fuerzas estatales intentaron dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes; sin embargo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que en la madrugada del domingo aún persistían 22 puntos de bloqueo, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz.

La posición del Gobierno y la respuesta internacional

El Ejecutivo rechaza categóricamente las demandas de renuncia. El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero que hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia. El Gobierno de Paz denunció además un supuesto plan diseñado por el expresidente Evo Morales para romper el orden constitucional, financiado presuntamente por el narcotráfico. Morales rechazó esas declaraciones y respaldó públicamente a los manifestantes.

En el plano internacional, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron una declaración conjunta sobre la situación humanitaria en Bolivia, rechazando toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y exhortando a los actores políticos y sociales a privilegiar el diálogo y la paz social. El gobierno boliviano agradeció además el apoyo del presidente argentino Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules para tareas humanitarias.

Contexto: el fin de dos décadas del MAS

Rodrigo Paz puso fin a casi 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia, mostrando una línea muy distinta a la del expresidente Evo Morales. Como primera medida, puso fin al subsidio a los combustibles, lo que hizo subir el precio de la gasolina y el diésel. Pero el gobierno importó gasolina de baja calidad que desató protestas de los transportistas por daños a sus vehículos, lo que forzó la renuncia del ministro de Hidrocarburos. La falta de dólares sigue castigando a la economía y las reformas prometidas por Paz están demoradas.

Los productores de arroz de distintas regiones del país anunciaron la realización de un paro nacional agrario para el próximo 18 de mayo, en protesta por la grave crisis económica que afecta al sector. Los dirigentes señalan que la caída de los precios en chacra, el incremento de los costos de producción y el ingreso de arroz importado han puesto en riesgo la sostenibilidad de miles de agricultores.

La medida de fuerza es impulsada principalmente por gremios arroceros del norte del país, quienes aseguran que el Ejecutivo no ha cumplido con los compromisos asumidos en anteriores mesas de diálogo. Los agricultores advierten que la reducción de aranceles ha favorecido el ingreso de arroz extranjero a menores precios, generando una competencia que consideran desigual frente a la producción nacional.

Emilio Ruesta Zapata, exdirigente de la Junta de Usuarios del Bajo Piura, cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno para proteger al sector agrícola peruano. “Han bajado los aranceles en lugar de subirlos. Eso permite que ingrese arroz barato del extranjero y perjudica directamente al productor nacional, que no recibe subsidios”, sostuvo.

Los gremios también denunciaron el incumplimiento de proyectos vinculados a infraestructura hídrica, mantenimiento de canales y mecanismos de comercialización para garantizar precios justos. Según indicaron, la falta de avances en las negociaciones ha generado malestar entre las más de 200 mil familias que dependen del cultivo de arroz en regiones como Piura, Lambayeque, San Martín y la selva central.

Entre las principales demandas del pliego de reclamos figuran la revisión del Sistema de Franja de Precios para incrementar los aranceles al arroz importado, la priorización de compras estatales de arroz nacional para programas sociales y la implementación de subsidios para fertilizantes e insumos agrícolas. Asimismo, solicitan mayor inversión en obras de infraestructura y prevención ante eventos climáticos.

Los dirigentes advirtieron que, de concretarse el paro con bloqueos en vías estratégicas como la Panamericana Norte y carreteras de acceso a la selva, podría verse afectado el abastecimiento de arroz en mercados mayoristas de Lima y otras ciudades del país durante la segunda quincena de mayo.

Ante este escenario, los productores hicieron un llamado a la unidad de las organizaciones agrarias a nivel nacional y exhortaron al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a instalar una mesa de diálogo con soluciones concretas. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida anunciada.