En una jornada que parecía sacada de un clásico futbolero, pero con más bastones que pelotas, los jubilados argentinos volvieron a copar las calles porteñas para cantarle unas verdades al gobierno de Javier Milei.La Plaza del Congreso se tiñó de pancartas caseras y cacerolas oxidadas, mientras los abuelos, con más garra que nunca, reclamaban por lo que les pertenece: una jubilación que no los condene a elegir entre remedios o un sánguche. El calor de marzo no los frenó, y menos aún las promesas vacías del Ejecutivo, que parece más interesado en retuitear memes que en resolver problemas reales.

Esta vez, los jubilados no vinieron solos: las hinchadas de los clubes más populares del país, desde Boca hasta Chacarita, se sumaron al reclamo con cánticos que, por primera vez, no apuntaban al árbitro ni al técnico rival, sino directo al ajuste económico. «¡Milei, vos sos la dictadura!», resonaba entre bombos y banderas, mientras esquivaban con agilidad de wing derecho los gases lacrimógenos que Patricia Bullrich, siempre generosa, mandó como souvenir.

La alianza entre abuelos y barras bravas fue tan inesperada como emotiva: quién diría que el fútbol, ese que llena estadios, también podía llenar de solidaridad las calles.

El origen del quilombo no es ningún misterio. Desde que Milei asumió, su paquete de medidas neoliberales ha apretado el cinturón de los más vulnerables hasta dejarlos sin aire. La eliminación de subsidios, la devaluación del peso y el recorte en programas sociales han golpeado duro a los jubilados, cuya mínima no alcanza ni para un paquete de fideos.

La movilidad jubilatoria, ajustada por decreto, se quedó corta frente a una inflación que galopa como potrillo desbocado, mientras los aumentos discrecionales del gobierno apenas sirven para comprar un café. Los abuelos, que trabajaron toda una vida, ahora se ven mendigando migajas en un país donde el «mercado libre» parece liberarlos de todo, menos de la miseria.

La protesta, ya un ritual de los miércoles más concurrido que la cancha de River un domingo, terminó como siempre: con represión, heridos y un patrullero convertido en fogata para un asado que nadie pudo pagar. Los jubilados, esos que según Milei «viven de arriba», se niegan a aceptar que sus haberes se evaporen mientras el Ejecutivo juega a la motosierra con el presupuesto. Y los hinchas, que no tienen un peso pero sí pasión de sobra, dejaron claro que pegarle a los viejos no es tan divertido como una goleada al rival. La bronca no se negocia, y menos con un gobierno que parece jugar en otra liga.

Al final, la jornada dejó más preguntas que respuestas: ¿hasta cuándo seguirán los jubilados marchando con bastones en una mano y dignidad en la otra? ¿Será que las barras bravas se convertirán en los nuevos defensores de los que menos tienen? Lo único claro es que, mientras Milei siga ajustando el torniquete neoliberal, las calles argentinas tendrán más fuego que un superclásico. ¡Qué lindo es el fútbol cuando se juega por los que no tienen ni para la entrada, che!

Cusco enfrenta una jornada de tensión y movilización social tras el inicio de un paro regional de 48 horas, convocado por la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) y diversas organizaciones sociales. La medida, que se desarrolla los días 12 y 13 de marzo, busca exigir la reactivación del Gasoducto Sur Andino, un proyecto considerado vital para la seguridad energética y el desarrollo del sur del Perú, y rechazar la propuesta del gasoducto costero impulsado por el Gobierno de Dina Boluarte.

Desde las primeras horas del paro, se han registrado bloqueos y piquetes en varias zonas del departamento. En la provincia de Anta, los accesos a Izcuchaca fueron cerrados, mientras que en la ciudad del Cusco, manifestantes tomaron las principales avenidas. Los protestantes argumentan que la paralización del Gasoducto Sur Andino ha afectado gravemente el acceso al gas para hogares e industrias, y exigen su inmediata reactivación.

El gobernador de Cusco, Werner Salcedo, junto a otras autoridades locales, se reunió con la presidenta Dina Boluarte, quien anunció la paralización definitiva del proyecto. Esta decisión ha sido duramente criticada por los manifestantes, quienes consideran que el gasoducto costero solo beneficiaría a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), sin atender las necesidades del sur peruano. Los líderes sociales exigen un compromiso firme del Gobierno con el desarrollo energético de la región.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, no tardó en responder a las protestas, calificando el paro como “absolutamente inconsecuente” y perjudicial para los intereses de Cusco. “Es lamentable que primen intereses políticos sobre los grandes intereses de la región, que vive fundamentalmente del turismo”, declaró Adrianzén durante una rueda de prensa. Además, señaló que el paro ha causado pérdidas millonarias, afectando gravemente la actividad económica y el turismo, principal fuente de ingresos de la región.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco suspendió las clases en toda la provincia y en Quillabamba como medida preventiva, debido a los bloqueos y para evitar poner en riesgo a los escolares. Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco también se sumaron a las protestas, tomando las instalaciones de su campus.

El secretario general de la FDTC, Juan Castillo, reiteró que las movilizaciones continuarán hasta que el Gobierno atienda sus demandas, incluyendo el reinicio del Gasoducto Sur Andino y la instalación de una mesa de diálogo con compromisos vinculantes. “Si no hay avances, evaluaremos continuar con medidas de fuerza”, advirtió Castillo.

Mientras tanto, el paro ha generado caos en el transporte urbano, afectando a miles de cusqueños que no pudieron llegar a sus trabajos o centros de estudio. La situación sigue en tensión, con la posibilidad de que las protestas se intensifiquen si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno.

La reciente revelación de los registros de geolocalización y audios de las radios policiales ha evidenciado un patrón de actuación que exponen la falta de control y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas del 24 y 28 de enero de 2023. Este hallazgo no solo revela la cadena de mando que operó en esas fechas, sino también la ausencia de órdenes que evitaran una escalada violenta, resultando en la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca.

Fallo en el control policial
Las comunicaciones interceptadas revelan que los jefes policiales más cercanos a la escena de los hechos —el capitán PNP Gianfranco Tolentino Farfán y el brigadier PNP Luis Inga Cerrón— tenían contacto visual directo con los incidentes. A pesar de esto, no hubo una intervención para frenar el uso excesivo de la fuerza. El informe del Ministerio Público concluye que esta omisión constituye un grave incumplimiento del deber, fortaleciendo la hipótesis de homicidio por omisión.

Uso indebido de la fuerza letal
El análisis de las radios confirmó que un agente disparó directamente una bomba lacrimógena contra Santisteban Yacsavilca en un ángulo indebido, una práctica que contraviene los protocolos internacionales para el control de disturbios. Además, se evidencia que el subgrupo Bravo del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR), bajo el mando del capitán Tolentino Farfán, avanzó sin coordinación ni medidas preventivas, lo que resultó en una tragedia evitable.

Encubrimiento y resistencia policial
Resulta alarmante que la existencia de registros de geolocalización y audio se mantuviera oculta hasta que el suboficial Ignacio Talledo Alcas reveló su existencia. Este intento de encubrimiento refleja una estructura que privilegia la protección institucional por encima de la rendición de cuentas. Además, la negativa de varios policías a brindar declaraciones y su aparente seguridad en la impunidad refuerzan la percepción de un sistema que tolera el abuso.

El sistema de radios Hytera, utilizado por la PNP, cuenta con GPS y grabación integrada, herramientas que podrían haber facilitado un control más eficiente de los operativos. Sin embargo, su uso fue limitado a aspectos tácticos, dejando de lado su potencial como herramienta de fiscalización y control del abuso policial.

El caso de la violenta represión en Lima expone la necesidad urgente de reformar los protocolos de intervención policial, garantizar la rendición de cuentas y reforzar la supervisión del uso de tecnologías como las radios Hytera. La falta de claras órdenes para evitar el uso excesivo de la fuerza revela una preocupante permisividad frente a las violaciones de derechos humanos. El Estado peruano y el Poder Judicial, enfrenta el reto de erradicar estos patrones y castigar a los culpables, para garantizar el derecho ciudadano a la protesta y prevenir futuras tragedias.