Lima, 2 diciembre de 2025. – El reportaje de Cuarto Poder que mostró a empleados pagados con sueldo del Congreso cumpliendo funciones partidarias en la sede de Fuerza Popular en Santa Beatriz no es un hecho aislado: es la prueba más reciente de que el partido naranja sigue operando como una estructura diseñada para delinquir con recursos del Estado. Carmela Paucará, Jorge Llerena y Geraly Ulloa, todos con contratos de confianza y sueldos superiores a S/ 3 500, fueron filmados coordinando actividades políticas en horario laboral mientras deberían estar trabajando para el Parlamento, repitiendo el mismo modus operandi que en el pasado llevó a Keiko Fujimori y a decenas de sus dirigentes a prisión por lavado de activos y organización criminal.

La respuesta del fujimorismo fue la misma de siempre: cinismo y desprecio por la verdad. La congresista Auristela Obando primero negó conocer a su propio auxiliar Jorge Llerena y, horas después, se retractó con la excusa de que “ya se acordó”. Luis Galarreta, secretario general del partido, justificó el desfalco argumentando que “el trabajo político es trabajo congresal” y que “no recordar al comienzo no es culpa”. Ni una palabra de autocrítica, ni una sola medida correctiva real; solo la arrogancia de quien sabe que controla la Mesa Directiva del Congreso y que, hasta ahora, la impunidad ha sido la norma.

Veinte años después de los vladivideos, diez años después de los aportes falsos de Odebrecht y a cuatro meses de las elecciones 2026, Fuerza Popular demuestra que no ha aprendido nada ni pretende hacerlo. La organización que convirtió al Estado en botín familiar y partidario sigue intacta: los mismos rostros, los mismos métodos y la misma vocación delincuencial. Los peruanos ya no pueden seguir fingiendo sorpresa; solo queda decidir si en abril próximo premiarán nuevamente a quienes nunca dejaron de robarles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de su red social Truth Social la suspensión permanente de la migración procedente de «todos los países del tercer mundo» hacia su nación, en respuesta a un reciente tiroteo cerca de la Casa Blanca que involucró a un ciudadano afgano con estatus de asilo. Esta decisión, que no precisa exactamente qué naciones engloba bajo este término despectivo y obsoleto, afecta potencialmente a millones de personas de regiones en desarrollo, incluyendo América Latina como Perú, Venezuela y Haití. Críticos internacionales cuestionan si esta política no solo ignora los principios básicos de los derechos humanos, sino que también perpetúa un discurso discriminatorio que estigmatiza a poblaciones vulnerables en busca de refugio o oportunidades.

La inhumanidad de esta medida radica en su enfoque amplio y punitivo, que incluye la revocación masiva de residencias permanentes, deportaciones selectivas y la eliminación de beneficios para no ciudadanos, sin considerar contextos individuales como persecuciones políticas o crisis humanitarias. ¿Cómo puede una nación construida por inmigrantes justificar la exclusión total basada en orígenes geográficos, ignorando tratados internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados? En el caso de Perú, miles de connacionales que han emigrado legalmente podrían enfrentar revisiones arbitrarias, exacerbando la diáspora causada por inestabilidad económica y social en la región andina, y dejando familias divididas sin recurso alguno.

Organizaciones de derechos humanos como la ACLU y Amnistía Internacional han condenado esta política como un retroceso racista que viola la Constitución estadounidense y normas globales, mientras que gobiernos latinoamericanos, incluyendo el peruano, han expresado preocupación diplomática por sus impactos en remesas y relaciones bilaterales. ¿No es esta «migración inversa» promovida por Trump un eufemismo para una purga étnica disfrazada de seguridad nacional? A medida que el Congreso estadounidense debate su implementación, la comunidad internacional debe presionar por un enfoque más compasivo, recordando que la migración no es un crimen, sino un derecho humano fundamental en un mundo interconectado.

San Juan de Miraflores, 23 noviembre de 2025.- Dos pasajeros resultaron gravemente heridos la noche del domingo tras ser baleada una combi de la empresa “Los Rojitos” en la zona de Pamplona Alta, a solo tres cuadras de la comisaría Pamplona 1. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 p.m. cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta lineal dispararon en al menos siete oportunidades contra la unidad que transitaba repleta de usuarios por la avenida San Juan, a la altura del paradero 10.

Los heridos, que aún no han sido identificados oficialmente, fueron trasladados de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanecen en estado crítico. Testigos relataron que los hampones actuaron en cuestión de segundos, disparando directamente hacia el interior del vehículo antes de huir por calles aledañas. En el lugar quedaron esparcidos casquillos de bala y la combi presentaba impactos en parabrisas, laterales y cerca de la cabina del conductor.

La Policía Nacional investiga el ataque como un nuevo caso de extorsión al transporte público, modalidad que mantiene en zozobra a varias empresas en Lima Sur. Vecinos y transportistas denuncian que, pese al estado de emergencia vigente, las balaceras contra combis y cústers se han incrementado en distritos como SJM, Villa El Salvador y Lurín, exigiendo mayor patrullaje y operativos contra las bandas que cobran cupos. Hasta el cierre de esta nota no se reportan detenidos.