En el corazón del sistema capitalista estadounidense, bajo la segunda administración de Donald Trump, late un pulso de explotación y descarte humano que se manifiesta en las políticas migratorias más brutales de la historia reciente. Desde enero de 2025, Trump ha transformado la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una maquinaria fascista, racista y clasista, diseñada no solo para expulsar a millones, sino para perpetuar un modelo económico donde los migrantes latinos son mano de obra barata hasta que dejan de ser útiles. Este “capitalismo con esteroides” prioriza los intereses corporativos sobre los derechos humanos, dejando un rastro de muertes, detenciones y devastación económica que afecta directamente a peruanos, venezolanos, cubanos, colombianos y toda América Latina. Los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y organizaciones independientes revelan una realidad cruda: un genocidio administrativo disfrazado de “seguridad nacional”.

Trump prometió “hacer América grande de nuevo”, pero su visión es una distopía donde los latinos pagan el precio de un sistema que los explota y luego los desecha. En 2025, ICE registró 32 muertes en custodia, el año más letal en dos décadas, igualando el récord de 2004, con causas que incluyen negligencia médica, suicidios y al menos un homicidio confirmado. Solo en las primeras semanas de 2026, se sumaron al menos seis muertes más, incluyendo casos en instalaciones como Fort Bliss en Texas, donde las condiciones son descritas por ONGs como “tortura sistemática”: aislamiento prolongado, hacinamiento y abusos físicos. Estas no son anomalías; son el resultado directo de una expansión masiva de ICE, cuyo presupuesto se disparó a $45 mil millones, triplicando las camas de detención y elevando la población diaria a un récord de 73,000 personas, un aumento del 75% desde inicios de 2025.

Las deportaciones son el eje de esta crueldad capitalista: más de 675,000 expulsiones forzadas y 2.2 millones de “autodeportaciones” por miedo, totalizando casi 3 millones de salidas en el primer año de Trump. Los arrestos se cuadruplicaron, con redadas callejeras multiplicadas por once, enfocadas en un 75% en personas sin antecedentes penales. Estados como Texas, California y Florida concentran la incidencia, con Texas liderando en detenciones (hasta 30,000 en picos) y muertes, seguido por Florida con denuncias de tortura en centros como Krome y Alligator Alcatraz. Incluso ciudadanos estadounidenses han sido víctimas: al menos tres muertos por disparos de ICE, como Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis, y detenciones erróneas de cientos de latinos nacidos en EE.UU.

El impacto en latinoamericanos es desproporcionado y revela el clasismo inherente al capitalismo trumpista. Venezolanos, el grupo más golpeado, perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 616,000 personas y el parole humanitario CHNV, lo que disparó sus detenciones 14 veces y deportaciones en miles, incluyendo envíos a prisiones salvadoreñas donde sufren torturas. Cubanos enfrentan más de 1,600 deportaciones en 2025, duplicando cifras previas, mientras colombianos ven aumentos del 40% en arrestos. En Perú, aunque en menor escala, miles de connacionales han sido afectados por redadas generales, con impactos en remesas que sostienen familias enteras. Este no es control migratorio; es una purga étnica que beneficia a corporaciones: migrantes latinos impulsaron el crecimiento laboral post-pandemia, pero ahora, con migración neta negativa por primera vez en 50 años, la economía sufre caídas en sectores como agricultura, construcción y hospitalidad, con pérdidas de $60-110 mil millones en consumo para 2025-2026.

Bajo Trump, el capitalismo se despoja de máscaras: políticas económicas como aranceles y desregulación benefician a elites mientras latinos, que representan el 20% de la fuerza laboral, ven sus comunidades devastadas. Encuestas muestran que el 65% de latinos desaprueba las políticas migratorias de Trump, el 61% dice que empeoraron la economía, y el 78% cree que dañan directamente a hispanos. Pequeños negocios latinos caen un 20% en ventas en áreas como South Florida, y la fuerza laboral en California se contrajo 3.1%, la mayor desde la Gran Recesión. Project 2025, el blueprint republicano, agrava esto al eliminar DEI y promover deportaciones masivas, erosionando derechos civiles y perpetuando desigualdades.

Este sistema no es sostenible ni humano; es un vampirismo capitalista que succiona vidas latinas para engordar ganancias corporativas. En Perú y Latinoamérica, debemos alzar la voz: estas políticas no solo destruyen familias, sino que debilitan nuestras economías dependientes de remesas y diplomacia. Trump no “salva” América; la envenena con racismo institucionalizado. Es hora de resistir, denunciar y construir alternativas solidarias. El futuro de nuestros pueblos no puede depender de un tirano en Washington.

Lima, 28 de enero de 2026 .- En un despliegue de operativos que haría sonrojar a cualquier película de Hollywood de bajo presupuesto, Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, aterrizó ayer en suelo patrio tras su extradición express desde Paraguay. El líder de Los Injertos del Cono Norte, con su sonrisa de quien sabe que el show debe continuar, fue trasladado de inmediato a la Prefectura de Lima, donde –según fuentes oficiales– pasará unos días en “estricta custodia” antes de ser enviado al penal de Challapalca, ese rincón del altiplano donde la sociedad promete “olvidarlo de por vida”. Qué romántico.

Mientras cámaras y reporteros se peleaban por captar cada gesto del reo (incluida esa risita al bajar del avión que ya es meme nacional), el Gobierno de José Jerí respiraba aliviado. Porque nada distrae mejor de la inestabilidad política que un criminal de alto perfil esposado y sonriente. Recordemos: Dina Boluarte ya fue vacada en octubre pasado por “incapacidad moral permanente” (versión constitucional de “ya no la aguantamos más”), y ahora el interino Jerí enfrenta su propia moción de vacancia impulsada por Perú Libre, escándalos varios y una aprobación que ronda el fondo del mar.

Pero tranquilos, compatriotas. Mientras la Marcha del Sacrificio llega a Lima con viudas, huérfanos y madres pidiendo justicia por las muertes en las protestas de antaño, y mientras la Gen Z y otros colectivos exigen cuentas al actual régimen, el Ministerio del Interior y la PNP nos regalan el espectáculo perfecto: un monstruo capturado, extraditado y exhibido como trofeo. ¡Golpe al crimen organizado! ¡Éxito rotundo de la inteligencia policial! ¡Aplausos para el trabajo articulado internacional!

Claro, algunos malpensados en redes ya murmuran que el timing es impecable: justo cuando la presión por vacancia contra Jerí sube, aparece “El Monstruo” para copar titulares y dejar en segundo plano las marchas, las demandas de justicia y el caos político que no se resuelve con un avión Antonov. Casualidad, por supuesto. Nadie planificaría un circo mediático para tapar el otro circo.

En fin, bienvenido de vuelta, Erick. Que Challapalca te trate con el cariño que mereces. Y que los de arriba sigan distrayéndonos con monstruos mientras los verdaderos problemas siguen sueltos por las calles. Porque en Perú, la justicia es selectiva, pero el show… el show siempre debe continuar.

La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.