El último reporte del INEI muestra que solo el 17% de las víctimas urbanas denunció el hecho delictivo. La principal razón para no acudir a las autoridades es considerar que hacerlo “es una pérdida de tiempo”.

Lima, 7 de setiembre de 2026.- Ocho de cada diez víctimas de hechos delictivos en el Perú urbano no denuncian lo ocurrido ante las autoridades. El dato, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026 y difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vuelve a poner en el centro del debate la denominada “cifra negra” de la delincuencia y revela un problema que va más allá de la cantidad de delitos registrados oficialmente: la creciente distancia entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de protegerlos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), solo el 17,0% de las víctimas de hechos delictivos en el ámbito nacional urbano presentó una denuncia durante el periodo analizado. En consecuencia, alrededor del 83% no denunció.

La situación también se observa en los principales ámbitos urbanos del país. En Lima Metropolitana y el Callao, el porcentaje de víctimas que denunció descendió de 21,3% a 18,5% respecto del periodo comparable. En la Costa Urbana, pasó de 21,4% a 18,1%.

El retroceso significa que una proporción cada vez mayor de los hechos delictivos queda fuera de los registros derivados de las denuncias formales.

Una mayoría de víctimas decide no denunciar

La llamada cifra negra comprende aquellos hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia. Por ello, las estadísticas basadas exclusivamente en denuncias pueden mostrar solo una parte del fenómeno de la delincuencia.

Los resultados del INEI permiten dimensionar la magnitud del problema:

En otros ámbitos urbanos, el porcentaje de víctimas que no denunció también alcanza niveles elevados: 85,5% en la Sierra Urbana y 85,0% en la Selva Urbana, según los indicadores consignados para el periodo.

La lectura más preocupante no es únicamente el descenso porcentual de las denuncias. El problema está en por qué las víctimas consideran que denunciar no vale la pena.

“Es una pérdida de tiempo”: la principal razón

El motivo más mencionado por quienes decidieron no denunciar es contundente: consideran que hacerlo es una pérdida de tiempo.

Esta respuesta alcanza el 45,1% a nivel nacional y llega al 50,7% en Lima Metropolitana y el Callao.

El dato plantea una interrogante fundamental para las instituciones responsables de la seguridad y la justicia: ¿qué ocurre cuando una víctima considera que acudir a la Policía, al Ministerio Público o a otras instancias competentes no producirá resultados?

La denuncia deja entonces de ser percibida como una vía efectiva para obtener protección o justicia y se convierte, para una parte importante de la población, en un trámite cuyo resultado se considera incierto.

La desconfianza en la Policía también pesa

La segunda razón señalada por las víctimas está relacionada directamente con las instituciones de seguridad. El 15,0% de quienes no denunciaron manifestó desconfianza en la Policía Nacional del Perú.

La cifra adquiere especial relevancia porque la Policía constituye, en la mayoría de los casos, la primera institución estatal a la que recurre una persona víctima de un delito.

Cuando la desconfianza se transforma en una decisión de no denunciar, se produce un círculo difícil de romper: menos denuncias generan menos información sobre determinados hechos; menos información puede dificultar la identificación de patrones delictivos; y la percepción de que las autoridades no responden puede reforzar nuevamente la decisión de no denunciar.

La percepción de que el delito “no es importante”

Otro 14,1% de las víctimas señaló que el delito era de poca importancia.

Este comportamiento puede estar asociado a hechos considerados menores, como determinados robos, hurtos o estafas, pero también evidencia un proceso de normalización de determinadas formas de delincuencia.

Cuando una persona asume que perder un objeto, sufrir una estafa o ser víctima de un robo menor forma parte de la vida cotidiana y que denunciar no cambiará la situación, el hecho desaparece de las estadísticas oficiales.

La consecuencia es una paradoja: la delincuencia puede ser más extendida de lo que muestran los registros administrativos, precisamente porque una gran parte de sus víctimas no comunica lo ocurrido.

Un problema que viene de años atrás

La pérdida de confianza no aparece de manera repentina. Los propios datos históricos de la ENAPRES permiten observar que en 2017 el 31,7% de las víctimas que no denunciaban señalaba como razón que hacerlo era una pérdida de tiempo, mientras que el 13,3% manifestaba desconfianza en la Policía.

Para 2026, ambas razones mantienen un peso considerable y la primera alcanza un nivel aún mayor. La tendencia evidencia que el problema de la denuncia no puede reducirse a la existencia de más o menos efectivos policiales. También involucra la eficacia percibida de las instituciones, la respuesta frente a las víctimas y la confianza en que una denuncia puede producir resultados concretos.

Una estadística que también interpela al Estado

La cifra negra constituye una dificultad para la elaboración de políticas públicas.

Si una parte significativa de los hechos delictivos no llega a conocimiento de las autoridades, los registros administrativos no necesariamente reflejan toda la dimensión de la inseguridad que experimenta la población.

Por ello, encuestas de victimización como la ENAPRES resultan relevantes: permiten aproximarse a hechos que no aparecen necesariamente en las estadísticas construidas a partir de denuncias policiales.

El desafío para el Estado no consiste únicamente en lograr que aumente el número de denuncias. También implica recuperar la confianza de las víctimas, mejorar los mecanismos de atención y demostrar que comunicar un delito puede conducir a una respuesta efectiva.

La pregunta que queda abierta

El dato del 83% de víctimas que no denuncia debería ser leído como algo más que una cifra sobre criminalidad. Es también un indicador de la relación entre ciudadanía e instituciones.

Cuando casi ocho de cada diez víctimas deciden no denunciar, el problema ya no es solamente cuántos delitos ocurren, sino cuántos quedan fuera del alcance del sistema institucional y por qué los ciudadanos han dejado de considerarlo una vía útil para enfrentar la delincuencia.

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró en emergencia por 60 días cinco penales considerados de alta peligrosidad: Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones o El Milagro, Miguel Castro Castro y Ancón I. La medida busca determinar si las cárceles están siendo utilizadas como centros de coordinación de organizaciones criminales hacia el exterior.

Lima, 06 de setiembre de2026.- La decisión, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, incluye los establecimientos penitenciarios y un perímetro exterior de hasta 200 metros. El Ejecutivo sostiene que desde estos penales se estarían coordinando delitos como extorsión, sicariato y tráfico de drogas mediante celulares, tarjetas SIM y otros medios de comunicación ilegales.

El diagnóstico que sustenta la medida señala que estos cinco establecimientos concentran aproximadamente el 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales. El Gobierno considera que el control de las comunicaciones y del entorno penitenciario es clave para impedir que las redes delictivas continúen operando desde prisión.

PNP y FF. AA. toman el perímetro

Durante la emergencia, la PNP asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, principalmente en los exteriores de los penales. El INPE mantendrá la administración y custodia interna. Las operaciones incluirán vigilancia terrestre, control del espacio aéreo y del espectro electromagnético, además de retenes y controles en los accesos.

La intervención también permitirá reforzar las requisas y decomisar celulares, tarjetas SIM, armas y otros objetos prohibidos. El primer despliegue comenzó en el penal El Milagro de Trujillo, donde el Gobierno anunció equipos tecnológicos para mejorar la detección de objetos y fortalecer la seguridad.

¿Quién controla realmente las cárceles?

La pregunta central es si las organizaciones criminales están utilizando efectivamente los penales como centros de mando hacia el exterior y, de ser así, qué nivel de control mantienen sobre las comunicaciones y operaciones delictivas.

El propio diagnóstico oficial revela problemas estructurales: sobrepoblación penitenciaria, déficit de agentes de seguridad, ingreso de celulares y armas y fallas en equipos de control. En El Milagro, por ejemplo, se reportaron equipos de inspección que permanecían fuera de funcionamiento.

El reto será demostrar resultados

La emergencia compromete directamente a Justicia, Interior y Defensa, bajo la conducción política del Gobierno. Pero el despliegue de policías y militares será insuficiente si no logra cortar las comunicaciones clandestinas, identificar a quienes dirigen las operaciones y desarticular las redes que conectan a los internos con sus cómplices en el exterior.

La pregunta que deberá responder el Gobierno durante estos 60 días es concreta: ¿las órdenes de extorsión, sicariato y otras actividades criminales están saliendo de las cárceles y quiénes las están impartiendo?

Trujillo, 31 de agosto de 2026.- El ataque armado en Trujillo, que dejó cuatro personas asesinadas y el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, no fue un hecho aislado ni improvisado. Según la Policía Nacional, el secuestro fue planificado al menos desde hace tres meses, y los atacantes actuaron con uniformes, placas e insignias del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), simularon una intervención policial y usaron armas de guerra para anular cualquier resistencia. La operación, ejecutada en la madrugada del 30 de agosto, expone graves fallas en la prevención y contrainteligencia estatal.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, confirmó que Inteligencia sabía del riesgo desde meses atrás y que se había advertido a posibles blancos, incluyendo a Lara Tantaquilla. Sin embargo, el empresario, vinculado a investigaciones por lavado de oro ilegal, fue interceptado en la avenida Húsares de Junín por un comando que fingió ser policía. Las víctimas fueron Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez, todos parte de su equipo de seguridad.

El uso de uniformes, insignias y tácticas policiales por parte de los atacantes plantea una pregunta clave: ¿Cómo obtuvieron información, indumentaria y capacidad operativa para simular una intervención oficial? La Inspectoría General de la PNP ya activó un plan de contrainteligencia, pero el daño está hecho. Si el Estado tenía información previa, ¿por qué no actuó? ¿Hubo negligencia, infiltración o incluso participación indirecta de agentes estatales?

El programa «Beto a Saber» de Willax Televisión difundió imágenes exclusivas que muestran que la camioneta blanca de los falsos policías (Toyota Hilux) que seguían a las víctimas era, a su vez, seguida por una patrulla de la Policía Nacional con la circulina encendida en las inmediaciones del lugar de los hechos. Según el reportaje, la patrulla dobla en la misma dirección que los agresores durante el incidente, lo que genera nuevas y graves preguntas sobre la posible complicidad o negligencia de agentes estatales.

El corresponsal Ángel Chanta destacó que la camioneta de los agresores tenía un sticker con el nombre «El Cartel», lo que sugiere vinculación con organizaciones criminales que vigilaban al empresario. Además, el analista en seguridad Pedro Yaranga calificó la operación como de película, subrayando que los atacantes portaban armas de guerra con silenciadores y actuaron con tácticas especializadas, lo que refuerza la hipótesis de un comando organizado y no de delincuentes comunes.

En menos de 24 horas, la Policía anunció la captura de sospechosos y la liberación de Lara Tantaquilla, tras un operativo de inteligencia. Si el Estado tenía capacidad para localizarlo tan rápido, ¿por qué no evitó el ataque? Las autoridades vinculan preliminarmente a la organización criminal «Los Pulpos», pero la familia del empresario habría negociado un pago de US$ 3 millones por su rescate, según versiones extraoficiales.

El ataque ocurrió en una ciudad donde «Los Pulpos», una organización con décadas de operación en La Libertad, tienen capacidad para ejecutar secuestros, extorsiones y sicariatos. El exoficial de la PNP Robert Maraví advirtió que el nivel de planificación del secuestro revela inteligencia criminal previa, incluyendo seguimiento a la víctima y conocimiento de sus movimientos. ¿Quién filtró esa información?

Lara Tantaquilla está investigado desde 2020 por lavado de activos vinculado al comercio de oro ilegal, a través de empresas como Matwork y Consorcio Minero JyJ E.I.R.L. Expertos en crimen organizado señalan que los delincuentes buscan víctimas con perfil económico alto o acceso rápido a recursos. ¿Fue el secuestro un ajuste de cuentas o una extorsión planificada?

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, exigió resultados inmediatos a la PNP, mientras la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, coordinó el apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad. Sin embargo, el diputado Harvey Colchado criticó que el Ejecutivo pide facultades al Congreso sin modificar la Ley 31570, que limita el mandato del comandante general de la PNP. ¿Se busca ampliar el poder del Estado bajo el pretexto de la inseguridad?

Las cuatro personas asesinadas, dos guardias de seguridad y dos acompañantes, dejaron familias destrozadas. Christopher García, Luis Rojas, Farhad Monzón y Nadia Urtecho fueron acribillados en una operación que, según testigos, simuló una intervención policial. ¿Por qué no hubo reacción a tiempo?

No hay pruebas de que el Gobierno ordenara el ataque, pero sí hay señales de que la crisis podría ser instrumentalizada. La rapidez del rescate, el conocimiento previo del riesgo y la vinculación con organizaciones criminales exigen una investigación independiente que explore: ¿Quiénes en el Estado conocían la amenaza y no actuaron? ¿Cómo obtuvieron los delincuentes información y recursos policiales? ¿Por qué se permite que el miedo social justifique más poder para el Ejecutivo sin transparencia?

Ante las revelaciones de Beto Ortiz sobre la patrulla policial que seguía a los agresores, la sociedad exige una investigación independiente que aclare el rol de la patrulla en el seguimiento, la posible infiltración o complicidad de agentes estatales y la transparencia en el proceso de captura de los implicados.

La Inspectoría General de la PNP ya activó un plan de contrainteligencia, pero la presión social y mediática crece para que se esclarezcan estos nuevos elementos. La pregunta central sigue en pie: ¿Fue un crimen prevenible, una falla de Inteligencia o una operación con participación estatal? La respuesta solo puede construirse con evidencia, no con teorías.