El presidente brasileño se impuso en la segunda vuelta del 25 de octubre de 2026, luego de haber quedado en segundo lugar en la primera ronda. La elección estuvo marcada por la polarización entre el Partido de los Trabajadores y el movimiento político de la familia Bolsonaro.

Brasilia, 25 de octubre de 2026.- Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, celebrada este domingo 25 de octubre, al derrotar al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Con el escrutinio prácticamente concluido, Lula obtuvo alrededor del 51,7 % de los votos válidos, frente al 48,3 % de su rival, según los resultados difundidos durante la jornada electoral.

El triunfo permitirá a Lula continuar al frente del Gobierno brasileño durante un nuevo periodo presidencial y alcanzar un cuarto mandato no consecutivo, después de sus dos primeras administraciones, entre 2003 y 2010, y su regreso al poder en enero de 2023. El resultado representa un nuevo capítulo en la trayectoria política del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

La contienda fue especialmente ajustada y estuvo atravesada por profundas diferencias ideológicas, económicas y sociales. La disputa enfrentó al proyecto político de Lula con la candidatura de Flávio Bolsonaro, representante de la corriente conservadora vinculada al exmandatario Jair Bolsonaro.

De segundo lugar en la primera vuelta a la victoria

Uno de los aspectos más relevantes de la elección fue el cambio en el orden de los candidatos respecto de la primera vuelta, realizada el 4 de octubre. En esa jornada, Flávio Bolsonaro alcanzó aproximadamente el 47 % de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo cerca del 45,2 %.

La ventaja inicial del candidato del Partido Liberal (PL) no se mantuvo en el balotaje. Lula consiguió revertir el resultado y superar a su adversario en una votación que confirmó la fuerte división del electorado brasileño.

La elección también adquiere relevancia histórica por el desafío que representó para Lula remontar una desventaja electoral en la primera ronda. La cobertura internacional destacó el carácter excepcional de este resultado en el periodo democrático brasileño posterior a la dictadura militar.

Una jornada electoral con dificultades

La votación estuvo acompañada de problemas logísticos relacionados con el transporte y las condiciones meteorológicas. Las dificultades generaron solicitudes para ampliar el horario de sufragio y llevaron a las autoridades a disponer una extensión de dos horas en el funcionamiento de los centros electorales, según reportes de la jornada.

La medida provocó complicaciones operativas en algunos locales donde el proceso de cierre ya había comenzado. Pese a estos inconvenientes, el escrutinio avanzó y la tendencia terminó consolidándose a favor de Lula.

Brasil cuenta con un sistema de votación electrónica y una estructura nacional de administración electoral encabezada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo responsable de divulgar los resultados oficiales.

Polarización y desafíos para el próximo Gobierno

El resultado electoral refleja la persistencia de dos proyectos políticos enfrentados en Brasil. Durante la campaña, las diferencias entre los candidatos incluyeron el papel del Estado en la economía, los programas sociales, la seguridad pública, las políticas ambientales y la orientación de las relaciones internacionales.

Lula defendió la continuidad de medidas sociales y económicas dirigidas a los sectores de menores ingresos. Por su parte, Flávio Bolsonaro planteó una agenda conservadora, con énfasis en la seguridad y la reducción de impuestos y gastos públicos.

La estrecha diferencia entre ambos candidatos evidencia que una parte considerable del electorado respalda una alternativa política distinta a la del presidente reelecto. En consecuencia, la gobernabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos con el Congreso serán factores relevantes para la siguiente etapa de la administración.

¿Qué significa la victoria de Lula para América Latina?

Brasil es la mayor economía de América Latina y desempeña un papel central en la integración regional, el comercio internacional y las negociaciones sobre el cambio climático. Por ello, la continuidad de Lula tendrá repercusiones que trascienden las fronteras brasileñas.

En el ámbito regional, su Gobierno ha promovido la cooperación entre países latinoamericanos y una participación activa de Brasil en los espacios multilaterales. La continuidad de esta orientación dependerá de las prioridades de la nueva administración y de las condiciones políticas y económicas internas.

La derrota de Flávio Bolsonaro, por otro lado, representa un revés electoral para la corriente política construida alrededor de su padre, Jair Bolsonaro. Sin embargo, la votación demuestra que el sector conservador mantiene una base electoral amplia y constituye un actor relevante en la política brasileña.

Un nuevo mandato en un país dividido

La victoria de Lula cierra una campaña marcada por la confrontación política y una diferencia reducida entre las dos candidaturas. Tras haber quedado segundo en la primera vuelta, el dirigente del PT logró revertir la tendencia y asegurar su continuidad en la Presidencia.

El principal desafío será traducir el resultado electoral en acuerdos políticos y medidas concretas frente a las demandas sociales, económicas y de seguridad. La composición del Congreso y la persistencia de una oposición numerosa serán elementos determinantes para el desarrollo del próximo periodo presidencial.

La publicación oficial consigna que «El Senado de la República ha dado la Ley siguiente», omite la referencia a la Cámara de Diputados y solo incluye las firmas de autoridades del Senado. El caso motivó una denuncia penal y un pedido de rectificación de la autógrafa.

LIMA | 23 de octubre de 2026 | Pulso27

La promulgación de la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño, abrió una controversia sobre las formalidades del procedimiento legislativo en el nuevo Congreso bicameral. La norma, publicada el 22 de octubre en el diario oficial El Peruano, contiene una fórmula que atribuye al Senado de la República la aprobación de la ley, en lugar de identificar al Congreso como órgano legislativo.

El cuestionamiento se centra en el encabezado de la norma, que señala textualmente: EL SENADO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente. Además, la autógrafa publicada incluye las firmas del presidente del Senado, Miguel Torres, y de su primer vicepresidente, Alejandro Muñante, sin las rúbricas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de la primera vicepresidenta de esa cámara, Analí Márquez.

Denuncia penal alcanza a autoridades del Ejecutivo y del Senado

El abogado Javier Adrianzén Carreño presentó el viernes 23 de octubre una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de abuso de autoridad. La denuncia comprende a la presidenta de la República, Keiko Fujimori; al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y a los senadores Miguel Torres y Alejandro Muñante. También incluye al gerente de Publicaciones Oficiales de El Peruano, Ricardo Montero, a quien atribuye una presunta participación como cómplice primario.

Según lo reportado por La República, el abogado cuestiona que la Ley 32743 se publicara sin las firmas de las autoridades de la Cámara de Diputados. Asimismo, solicita que la Fiscalía investigue los hechos y determine las responsabilidades que correspondan.

La presentación de una denuncia no acredita por sí misma la comisión de un delito. La eventual responsabilidad penal de las personas señaladas deberá determinarse mediante las actuaciones fiscales y judiciales correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia.

Óscar Reto exige medidas correctivas

La controversia también llegó al ámbito parlamentario. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, remitió un oficio a Miguel Torres para expresar su preocupación por las formalidades aplicadas en la elaboración y publicación de la autógrafa.

Reto pidió adoptar medidas correctivas al considerar que el documento omitió la referencia al Congreso de la República y las firmas de los representantes de la Cámara de Diputados. En su comunicación, sostuvo que el Parlamento está integrado por ambas cámaras y que la autógrafa debe reflejar la voluntad institucional del Congreso dentro del marco constitucional.

El titular de Diputados también advirtió sobre la importancia de establecer criterios claros durante el primer año de funcionamiento del nuevo sistema bicameral, a fin de evitar controversias similares en los procedimientos legislativos posteriores.

¿Qué establece el marco constitucional?

El punto central de la discusión es la diferencia entre las competencias de cada cámara y la titularidad de la función legislativa. En el sistema bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados cumplen funciones diferenciadas dentro del procedimiento de formación de las leyes.

El portal institucional del Congreso señala que la función legislativa comprende la presentación, el debate y la aprobación de las normas, conforme a la Constitución y los reglamentos parlamentarios. Por su parte, la información oficial del Senado describe sus atribuciones respecto de la revisión, el debate, la aprobación, la modificación o el rechazo de las propuestas legislativas remitidas por Diputados.

En ese contexto, especialistas en derecho constitucional han cuestionado que la fórmula de la Ley 32743 atribuya exclusivamente al Senado la aprobación de la norma.

El constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que la ley corresponde al Congreso de la República y no exclusivamente a una de sus cámaras. Otros especialistas, como Aníbal Quiroga, César Delgado-Guembes y Luciano López, también cuestionaron la redacción y las formalidades de la autógrafa, aunque sus apreciaciones sobre el alcance jurídico y la vía para corregir el documento no son necesariamente idénticas.

Miguel Torres defiende el procedimiento

Frente a las críticas, Miguel Torres defendió la actuación del Senado y señaló que la Constitución le encarga a su presidente remitir la autógrafa al Poder Ejecutivo. En declaraciones recogidas por La República, sostuvo que corresponde al presidente del Senado efectuar esa remisión y descartó que la ausencia de la firma del titular de Diputados impida necesariamente la promulgación.

Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, también descartó que la situación constituya una irregularidad que invalide automáticamente la publicación, aunque dejó abierta la posibilidad de subsanar el documento si correspondiera.

Estas posiciones mantienen abierta la discusión sobre si el problema es una deficiencia formal subsanable o si requiere un procedimiento jurídico específico para corregir la autógrafa. La determinación de sus efectos legales corresponde a las instancias competentes.

Una controversia que va más allá de una fórmula

La discusión adquiere relevancia porque la Ley 32743 delega al Ejecutivo facultades para legislar mediante decretos legislativos durante 90 días calendario, exclusivamente en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño.

De acuerdo con su artículo 1, la delegación debe ejercerse dentro de los parámetros establecidos por la propia ley y la Constitución. Por ello, la controversia sobre la autógrafa plantea interrogantes acerca de las formalidades que deben observarse en la producción de normas durante la implementación del Congreso bicameral.

El debate no se limita a la frase utilizada en el encabezado. También comprende la participación de ambas cámaras, las firmas de sus representantes y el procedimiento aplicable para corregir eventuales defectos documentales.

Hasta el cierre de esta nota, las fuentes consultadas dan cuenta de la denuncia penal y del pedido de medidas correctivas, pero no permiten confirmar que se haya publicado una rectificación oficial de la Ley 32743 ni que exista una decisión fiscal definitiva sobre la denuncia.

Comisión de Constitución aprobó por siete votos el paquete legislativo que incorpora nuevas medidas de seguridad ciudadana y prevención ante El Niño. La ausencia de bancadas opositoras permitió sesionar con el quórum mínimo.

Lima, 19 de octubre de 2026.- La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó este lunes el dictamen que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días, con un total de 27 materias vinculadas principalmente con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño. La propuesta incorpora siete puntos adicionales a los 20 remitidos por la Cámara de Diputados. El dictamen deberá ser debatido y votado por el Pleno del Senado.

La votación se realizó con siete senadores presentes: Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular; y Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras. El resultado fue de siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según la información difundida por el Congreso. La presencia de Astucuri permitió completar el quórum necesario para la sesión.

La aprobación se produjo en medio de las discrepancias sobre la posibilidad de que el Senado incorpore materias que no estaban en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Según La República, representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno no asistieron a la sesión. Su ausencia dejó a las bancadas presentes en condiciones de deliberar y votar sin la participación de esos sectores opositores.

Los siete puntos añadidos comprenden la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales de alta peligrosidad; el seguimiento pospenitenciario de condenados por delitos graves con riesgo concreto de reincidencia; y criterios para calificar determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante estados de emergencia. También incluyen medidas especiales de investigación frente a organizaciones que emplean métodos de violencia propios del terrorismo, ajustes a las reglas de legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La séptima materia adicional busca facilitar la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, entre ellos puentes, carreteras y obras de protección contra inundaciones. El alcance concreto de estas facultades dependerá del texto definitivo que apruebe el Parlamento y de las disposiciones que se emitan en su aplicación.

El respaldo del representante de Obras tiene relevancia política porque su presencia permitió completar el número necesario para sesionar y su voto integró la mayoría que aprobó el dictamen ampliado. La República informó que el senador Roger Astucuri había planteado observaciones sobre el apartado referido a inteligencia y solicitado excluir la referencia a la DINI, pero el texto final mantuvo esa materia. El episodio evidencia las diferencias entre la posición expresada previamente por sectores opositores y la decisión adoptada en esta sesión.

La aprobación en comisión no significa que el Ejecutivo ya tenga autorización definitiva para legislar sobre las 27 materias. El siguiente paso corresponde al Pleno del Senado, que deberá debatir y votar la propuesta. El desenlace determinará si el paquete se convierte en una autorización legislativa y cuáles serán sus límites. Por su impacto en la seguridad, los derechos ciudadanos, las competencias estatales y las obras preventivas frente a emergencias climáticas, el contenido del dictamen requiere seguimiento público y evaluación del texto final.