La Habana, 31 de julio 2026.- El Gobierno de Cuba anunció la implementación progresiva de un amplio paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, consideradas por analistas como la reforma más profunda del modelo económico cubano desde el triunfo de la Revolución en 1959. Durante la clausura del VII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que las medidas buscan fortalecer el socialismo, ampliar los espacios para la iniciativa económica y preservar las conquistas sociales, descartando que respondan a exigencias de Estados Unidos o a una transición hacia el capitalismo.

El mandatario sostuvo que las reformas son el resultado de una decisión adoptada «de manera colegiada y democrática, en consulta con el pueblo», y precisó que 120 de las 176 medidas ya están listas para su aplicación. Entre los principales cambios figuran una mayor autonomía para las empresas estatales, la ampliación de las actividades permitidas al sector privado, nuevos incentivos a la inversión nacional y extranjera, así como transformaciones en la producción agropecuaria y otros sectores estratégicos. Al mismo tiempo, reiteró que no habrá privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura ni de los servicios considerados esenciales para el Estado.

Díaz-Canel atribuyó buena parte de la crisis económica que atraviesa la isla al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, las cuales calificó de «bloqueo económico y cerco energético». Según explicó, las restricciones impuestas por Washington, incluida una orden ejecutiva emitida este año para sancionar a países que suministren combustible a Cuba, habrían limitado severamente el abastecimiento energético nacional, agravando los apagones y las dificultades para el funcionamiento de la economía. Estados Unidos, por su parte, denomina a estas medidas un embargo económico y sostiene que forman parte de su política de sanciones contra el Gobierno cubano.

Diversos organismos internacionales y la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas han cuestionado durante años las sanciones estadounidenses por su impacto sobre la economía y la población cubanas. No obstante, especialistas y centros de investigación coinciden en que la actual crisis responde también a factores internos, entre ellos la baja productividad, el deterioro de la infraestructura, la limitada capacidad de generación de divisas, la reducción del turismo, la inflación, la caída de la producción agrícola y las rigideces acumuladas del modelo económico estatal.

En ese contexto, numerosos economistas consideran que las reformas representan una apertura significativa hacia mecanismos de mercado dentro del sistema socialista, con características que algunos comparan con los procesos desarrollados en China y Vietnam. Sin embargo, el Gobierno cubano insiste en que el propósito no es instaurar un modelo capitalista, sino modernizar la economía bajo la conducción del Estado y del Partido Comunista, manteniendo el control sobre los sectores estratégicos y la garantía de los servicios públicos universales.

Respecto a las relaciones bilaterales, Díaz-Canel reiteró la disposición de La Habana para mantener un diálogo con Washington basado en el respeto mutuo y la soberanía de ambos países, aunque rechazó que las reformas económicas constituyan una concesión frente a la política estadounidense. Hasta el momento, no existe evidencia pública de que las 176 transformaciones hayan sido acordadas como condición en las conversaciones entre ambos gobiernos, aunque diversos analistas sostienen que la severidad de la crisis económica y el endurecimiento de las sanciones han creado un escenario que aceleró la necesidad de introducir cambios estructurales.

Las reformas cubanas se desarrollan en un momento de alta complejidad económica y geopolítica para la isla. Mientras el Gobierno defiende que se trata de una actualización soberana del modelo socialista para garantizar su sostenibilidad, sectores académicos y observadores internacionales consideran que su éxito dependerá de la capacidad para incrementar la producción, atraer inversiones, mejorar la eficiencia del aparato estatal y reducir el impacto combinado de las restricciones externas y de los problemas estructurales internos que afectan desde hace varios años a la economía cubana.

Lima, 24 de julio 2026.- Las principales organizaciones de trabajadores del Estado endurecieron su posición contra el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF, al considerar que la norma emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desnaturaliza la Ley N.° 32563, que reconoce gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para el personal sujeto al régimen CAS. Además de emitir pronunciamientos públicos, los gremios dieron un paso legal al presentar una demanda constitucional de acción popular ante la Corte Superior de Justicia de Lima para solicitar la nulidad del reglamento.

De acuerdo con el cargo de presentación de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial, la Confederación Nacional de Trabajadores de Contrato Administrativo de Servicios (CNT CAS) interpuso la demanda constitucional contra el MEF el 22 de julio de 2026, bajo el expediente 01090-2026-0-1801-SP-DC-02, argumentando que el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF excede la potestad reglamentaria al establecer criterios que, según el gremio, limitan derechos ya reconocidos por el Congreso mediante la Ley N.° 32563.

En paralelo, la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CONFETEP) expresó su rechazo frontal al decreto supremo, señalando que el Ejecutivo únicamente tenía facultades para reglamentar los procedimientos de aplicación de la ley y no para crear gradualidades, restricciones o condiciones que modifiquen el contenido de los beneficios laborales. La organización sostuvo que «ningún reglamento puede estar por encima de una ley» y anunció que defenderá por todas las vías legales el respeto íntegro de los derechos conquistados por los trabajadores CAS.

El rechazo también fue respaldado por la Federación Nacional de Sindicatos de los Organismos Reguladores (FENASOR), que advirtió que cualquier intento de flexibilizar las garantías laborales o estigmatizar a los trabajadores públicos representa un retroceso para el empleo estatal. En un reciente comunicado, la federación recordó que los servidores CAS acceden mediante concursos públicos y afirmó que la solución pasa por fortalecer el empleo público y respetar la dignidad de los trabajadores, no por reducir sus derechos.

Por su parte, el Movimiento Nacional «CAS Nunca Más» vinculó la controversia sobre el decreto con el debate nacional sobre la estabilidad laboral en el Estado. En un pronunciamiento, rechazó los discursos que plantean despidos masivos y la eliminación de derechos laborales, advirtiendo que la precarización del empleo público afectaría a cientos de miles de trabajadores de los regímenes CAS, 276 y 728. Asimismo, convocó a la unidad sindical para enfrentar cualquier intento de recortar conquistas laborales.

Las organizaciones sindicales coinciden en que el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF introduce disposiciones que podrían reducir el alcance de las gratificaciones y de la CTS reconocidas por la Ley N.° 32563. Entre sus principales observaciones figuran la incorporación de mecanismos de aplicación gradual, criterios restrictivos y condicionamientos presupuestales que, según sostienen, vulneran el principio de jerarquía normativa y el derecho a la igualdad de beneficios entre trabajadores del Estado.

Mientras el Poder Judicial evalúa la admisión de la demanda de acción popular, los gremios anunciaron que mantendrán un estado de movilización permanente y no descartan impulsar nuevas medidas de protesta si el Ejecutivo no modifica el reglamento. Para las organizaciones de trabajadores, el proceso judicial marcará un precedente sobre los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y sobre la protección efectiva de los derechos laborales reconocidos por el Congreso a favor de miles de servidores públicos bajo el régimen CAS.

Lima, 14 de julio 2026.- El Congreso de la República, a través de su Comisión Permanente, aprobó en sesión nocturna el crédito suplementario por S/ 9,596 millones de soles destinado principalmente a impulsar proyectos de inversión en el interior del país. Esta medida, solicitada por el Ejecutivo, busca reactivar la economía regional y cerrar brechas históricas en infraestructura, con énfasis en gobiernos regionales y locales que recibirán una parte significativa de los recursos.

Según el dictamen aprobado, más de S/ 4,160 millones se incorporan directamente vía crédito suplementario al Presupuesto del Sector Público 2026, priorizando inversiones en regiones alejadas de la capital. Estos fondos financiarán la continuidad de obras paralizadas, nuevos proyectos de agua y saneamiento, carreteras y electrificación rural, beneficiando directamente a millones de peruanos en el interior.

Entre los principales destinos destacan los gobiernos regionales de Cusco, Arequipa, La Libertad, Piura y Junín, donde se ejecutarán proyectos de optimización, ampliación marginal y rehabilitación de infraestructura crítica. Autoridades regionales han destacado que estos recursos permitirán destrabar decenas de iniciativas de reconstrucción por El Niño y cierre de brechas sociales pendientes.

Un componente clave del paquete es la emisión de bonos internos por hasta S/ 1,260 millones, orientados específicamente a Proyectos de Inversión (PI), Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), así como Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI). Estas herramientas buscan acelerar la ejecución en zonas donde la inversión pública ha sido históricamente baja.

En el sector de transportes e irrigación, se prevé un fuerte impulso a carreteras y sistemas de riego en la sierra y selva, mientras que en salud y educación los fondos apoyarán la culminación de hospitales y colegios en provincias. Gobiernos locales de diversas regiones ya alistan expedientes técnicos para ejecutar los recursos en los próximos meses.

Especialistas del MEF estiman que una ejecución eficiente de este crédito podría aportar hasta un punto porcentual al crecimiento del PBI, con mayor impacto en las economías regionales que dependen de la obra pública. Sin embargo, advirtieron que el éxito dependerá de la capacidad de las regiones para absorber y ejecutar los recursos sin demoras.

Con esta aprobación, el Gobierno busca garantizar la transición democrática con obras concretas en el interior del país. Los pliegos beneficiados deberán reportar avances trimestrales para asegurar transparencia en el uso de los fondos millonarios.