Lima, 30 enero 2026.- La 3° Movilización por la Educación – BECAS 2026, convocada por la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV), se desarrolló el viernes 30 de enero de 2026 en el frontis del Congreso de la República (cruce de Av. Abancay con Jr. Junín, Cercado de Lima), desde las 9:00 a.m. Cientos de jóvenes postulantes a Beca 18, becarios actuales, exbecarios y familias se congregaron de forma pacífica para demandar el financiamiento integral del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu).

La acción protestó contra el recorte presupuestal que limita las becas nuevas a unas 10.000 plazas —frente a las 20.000 o hasta 38.000 prometidas inicialmente— y el prolongado retraso en la publicación de los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP) de noviembre 2025, afectando a más de 100.000 postulantes en situación de vulnerabilidad. Los participantes, muchos con pancartas, banderas de RENAJUV y megáfonos, entonaron consignas como “Con los recursos de las becas no se juega”, “Pronabec no se negocia” y “#JuntosPorLaEducación”.

Líderes de la organización, incluido Anthony Ramos Vargas (presidente de RENAJUV), criticaron el “pase de responsabilidades” entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la falta de transparencia y el silencio oficial. Se entregó un petitorio simbólico al Congreso solicitando la publicación inmediata de la lista de preseleccionados y un aumento urgente del presupuesto para evitar que miles de jóvenes talentosos queden excluidos del acceso a la educación superior.

La marcha transcurrió sin incidentes violentos ni detenciones, concentrándose en la explanada bajo condiciones climáticas adversas. Candidatas al Senado Nacional como Margot Palacios y Mirtha Vásquez destacaron en sus redes la determinación de los manifestantes y la urgencia de respuestas concretas de parte del gobierno, señalando que varias universidades ya cerraron inscripciones mientras persiste la incertidumbre. El gobierno, ante la presión acumulada de esta y marchas previas (diciembre 2025 y 9 de enero frente al MEF y Minedu), reiteró el compromiso de al menos 10.000 becas nuevas para 2026, con la lista de preseleccionados prevista para antes de mediados de febrero —un avance parcial que los organizadores atribuyen directamente a la visibilización generada por las movilizaciones.

Esta fue la tercera concentración consecutiva de RENAJUV en defensa de las becas, enmarcada en una crisis presupuestal donde solo se asignaron cerca de S/50 millones frente a solicitudes mucho mayores. Padres y postulantes enfatizaron que el retraso no es solo técnico, sino una dilación que pone en riesgo la movilidad social de generaciones vulnerables. La protesta generó eco en redes y medios, reforzando críticas al gobierno interino por priorizar insuficientemente la educación en un contexto de desigualdad persistente en el acceso a la universidad.

RENAJUV calificó la jornada como un éxito al mantener el tema en la agenda pública y política, aunque advirtió que la lucha continúa. Los jóvenes no descartan nuevas acciones si no hay anuncios firmes en las próximas semanas. La movilización resalta la demanda colectiva por tratar la educación como un derecho real y no como promesa incumplida, en un Perú donde miles de egresados de secundaria ven truncadas sus oportunidades por barreras económicas y administrativas.

Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.

El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado

El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.

El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.

Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.

Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?

El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.

Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.

Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada

La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.

Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.

Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.

Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.

Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.

En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.

Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.

Lima, 15 de enero de 2026.- Congresistas progresistas anunciaron el inicio de la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi Capurro, actual presidente encargado del Congreso de la República. El pedido se sustenta en la presunta «indebida injerencia» en decisiones del Poder Judicial, específicamente en relación con el caso Cayara (Ayacucho), donde se investigan ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1988.

De acuerdo con el documento en proceso de firma, la acusación se basa en una columna de opinión publicada por Rospigliosi el 12 de enero en el diario Expreso, en la que mencionó nombres y apellidos de los jueces a cargo del caso (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata), así como en posteriores declaraciones en las que advirtió que magistrados que no apliquen determinada normativa incurrirían en prevaricato y deberían ser sancionados de inmediato. Además, se cuestiona su participación virtual en una audiencia relacionada con el proceso, lo que -según la moción- constituiría un acto de presión incompatible con la neutralidad que debe guardar el titular del Congreso.

Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en etapa preliminar y requiere el respaldo de al menos el 15% de los congresistas para ser admitida a debate en el Pleno. Diversas organizaciones del sector justicia han expresado preocupación por los hechos, mientras que fuentes cercanas al legislador de Fuerza Popular han señalado que sus expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en la defensa del cumplimiento de la ley.