Lima, 30 de julio 2026.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el expresidente Ollanta Humala y anuló la totalidad del proceso penal seguido en su contra por el delito de lavado de activos agravado. Con cinco votos a favor y dos en contra, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto las investigaciones preliminares iniciadas en 2019, las resoluciones judiciales emitidas durante el proceso y la sentencia de 15 años de prisión dictada en abril de 2025, ordenando además el archivo definitivo del caso.

La decisión del TC se sustenta en que durante el proceso se vulneraron los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, al haberse aplicado una figura penal que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados. Según la sentencia, los presuntos aportes de origen ilícito destinados a las campañas presidenciales de 2006 y 2011, atribuidos principalmente a Odebrecht, OAS y presuntamente a Venezuela, no podían ser procesados como lavado de activos bajo la modalidad de receptación patrimonial, debido a que esta fue incorporada al ordenamiento jurídico recién en noviembre de 2016.

El colegiado precisó que la legislación vigente en la época de los hechos exigía la existencia de operaciones más complejas para configurar el delito de lavado de activos, como las etapas de colocación, estratificación e integración del dinero ilícito. Asimismo, sostuvo que durante el proceso no se acreditó de manera suficiente que Humala tuviera conocimiento del origen ilícito de los recursos ni la existencia de un delito precedente claramente determinado.

Como consecuencia del fallo, la Fiscalía deberá archivar de manera definitiva la investigación respecto al exmandatario, mientras que el juzgado competente deberá resolver de inmediato su situación jurídica una vez reciba la notificación oficial. La defensa de Humala, encabezada por el abogado Wilfredo Pedraza, señaló que la excarcelación dependerá únicamente de trámites administrativos ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por lo que su salida del penal de Barbadillo podría concretarse en las próximas horas o días.

La sentencia contó con los votos en contra de los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, quienes consideraron que el Tribunal Constitucional no debía intervenir cuando el proceso penal aún se encontraba en etapa de apelación. Ambos sostuvieron que corresponde a la justicia ordinaria determinar la correcta calificación jurídica de los hechos y resolver las controversias planteadas en el expediente.

El fallo no constituye una absolución sobre el fondo del caso ni implica que el Tribunal haya descartado la existencia de aportes irregulares a las campañas electorales de Humala. La resolución únicamente establece que esos hechos no podían ser perseguidos bajo el tipo penal de lavado de activos aplicado por la Fiscalía. En ese contexto, la defensa de Nadine Heredia —quien permanece asilada en Brasil— y otros coprocesados podrían solicitar que el mismo criterio constitucional sea extendido a sus respectivos casos.

La decisión del Tribunal Constitucional marca un nuevo precedente en los procesos vinculados al financiamiento de campañas políticas, al reforzar el criterio adoptado anteriormente en el denominado «Caso Cócteles», relacionado con Keiko Fujimori. Mientras algunos sectores consideran que la sentencia fortalece el respeto al principio de legalidad y evita la aplicación retroactiva de normas penales, otros advierten que podría debilitar la lucha contra la corrupción y afectar diversos procesos derivados del caso Lava Jato, reavivando además el debate político y jurídico sobre la responsabilidad penal por el financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

Cusco, 30 de julio 2026.- El retorno del fujimorismo al Ejecutivo no solo ha significado el regreso de Fuerza Popular al poder después de casi tres décadas, sino también la incorporación de dirigentes y personajes públicos que durante los años noventa y la transición democrática cuestionaron al régimen de Alberto Fujimori y que hoy ocupan ministerios o se han convertido en algunos de los principales defensores políticos de la administración de Keiko Fujimori.

Entre los casos más emblemáticos figura Juan Sheput, actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. En la década de 1990 integró el Foro Democrático, organización que lideró la resistencia cívica contra la segunda reelección de Alberto Fujimori, y posteriormente militó en Perú Posible y Peruanos por el Kambio, fuerzas políticas identificadas con el antifujimorismo. Hoy forma parte del gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori, marcando uno de los cambios políticos más notorios de las últimas décadas.

Otro caso relevante es el de Fernando Rospigliosi. Como periodista, analista y posteriormente ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo, fue uno de los más severos críticos del régimen de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. En los últimos años se incorporó a Fuerza Popular hasta convertirse en uno de los principales estrategas, voceros e impulsores de las reformas promovidas por el fujimorismo en el Congreso, consolidándose como una de las figuras políticas de mayor confianza de Keiko Fujimori.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, también representa un importante reacomodo político. Inició su carrera en el Partido Popular Cristiano (PPC), colectividad que integró la oposición democrática al gobierno de Alberto Fujimori. Tras incorporarse a Fuerza Popular, ascendió a la Secretaría General del partido y hoy lidera el primer gabinete ministerial del nuevo gobierno, siendo uno de los principales operadores políticos del oficialismo.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue designado Carlos Espá, conocido anteriormente por su trayectoria periodística. Durante los años finales del régimen fujimorista desarrolló una labor informativa en un contexto de fiscalización al poder político y posteriormente construyó una carrera diplomática y política independiente. Tras participar en las elecciones de 2026 con otra organización política, aceptó la invitación para integrar el gabinete de Keiko Fujimori como canciller.

La presencia de estas figuras refleja una recomposición del mapa político peruano. Mientras sectores cercanos al Gobierno sostienen que la conformación del gabinete responde a la búsqueda de perfiles con experiencia y capacidad técnica, desde la oposición se interpreta como una muestra de cómo antiguos críticos del fujimorismo han terminado integrando y defendiendo un proyecto político que en el pasado cuestionaron públicamente.

Lima, 30 de julio 2026.- La excongresista Margot Palacios Huamán, una de las principales figuras de Juntos por el Perú (JP), hizo público este miércoles un pronunciamiento en el que exhorta a las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso a no aprobar la Ley de delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que contiene disposiciones que podrían afectar derechos fundamentales de la población y debilitar los mecanismos de control democrático.

En el documento, Palacios sostiene que el Perú necesita inversión, crecimiento económico y modernización del Estado, pero afirma que esos objetivos no pueden alcanzarse a costa de los trabajadores, las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas, el ambiente, los empresarios nacionales ni la soberanía del país. Por ello, pidió que el Congreso formule observaciones de fondo antes de otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Entre las principales preocupaciones expuestas, la exparlamentaria advierte que los literales 2.5 b), c) y d) permitirían modificar el marco normativo del desarrollo agrario, la mecanización, el acceso al crédito y la gestión de los recursos hídricos sin establecer salvaguardas expresas para la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, ni garantizar la prioridad del agua para el consumo humano y la producción de alimentos. Asimismo, cuestiona que los literales 2.5 f), h) y l) faciliten la aprobación de proyectos mineros y de hidrocarburos y simplifiquen procedimientos ambientales, lo que —según señala— podría incrementar los riesgos para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en los territorios.

El pronunciamiento también expresa preocupación por los cambios planteados en materia laboral. Palacios sostiene que los literales 2.3 c), d), e) y g) podrían flexibilizar el régimen de despidos, permitir acuerdos individuales sobre beneficios laborales como la CTS, gratificaciones, vacaciones y horas extras, establecer bonos de productividad sin carácter remunerativo y reducir el número de feriados nacionales, aspectos que considera podrían afectar derechos laborales consolidados.

Otro de los puntos cuestionados es la Primera Disposición Complementaria Final, que exceptúa a los futuros decretos legislativos de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio. A juicio de la excongresista, cuando se legisla sobre materias que involucran derechos fundamentales corresponde fortalecer, y no restringir, la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de las normas.

Finalmente, Margot Palacios convocó a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, gremios profesionales, empresarios nacionales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la democracia, los recursos naturales y la soberanía nacional. «El Perú necesita crecimiento económico, pero con justicia social, respeto irrestricto a los derechos del pueblo y un desarrollo que ponga en el centro a las personas, no la concentración del poder», concluye el pronunciamiento.