País, 19 de octubre de 2026.— Francia enfrenta una grave crisis social tras las masivas movilizaciones del fin de semana del 17 y 18 de octubre, que comenzaron con reclamos estudiantiles por las condiciones de los centros educativos y se extendieron contra el alto coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las políticas del Gobierno de Emmanuel Macron. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, saqueos e incendios en distintas ciudades del país.

Las manifestaciones reunieron, según el Ministerio del Interior francés, a unas 550.000 personas el sábado, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) calculó la participación en 800.000. Entre las principales demandas figuran más profesores, aulas menos saturadas, mejores infraestructuras educativas, mejores salarios y medidas para aliviar la presión económica sobre las familias.

La violencia registrada al término de varias marchas dejó comercios saqueados, vehículos incendiados y edificios públicos atacados. En Limoges, el histórico ayuntamiento sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó buena parte de la edificación. También se reportaron incidentes en París, Marsella, Lyon, Burdeos y otras ciudades, en un escenario que expone la profundidad del descontento social y las dificultades de las autoridades para contener los disturbios.

Ante la persistencia de la tensión, la policía de París impuso un toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 en la Place de la République y el sector comercial de Les Halles. Asimismo, se establecieron restricciones a las concentraciones públicas desde las 20:00 en determinadas zonas. Las medidas buscan evitar nuevos episodios de violencia, mientras se refuerza la presencia policial y avanzan las labores de limpieza y recuperación de los espacios afectados.

El balance difundido el 19 de octubre por Reuters sitúa en aproximadamente 2.400 el número de detenidos en todo el país. También se informó de cerca de un millar de agentes heridos, un manifestante fallecido por paro cardíaco y miles de establecimientos afectados, aunque las cifras sobre los daños materiales varían entre los reportes. El Museo del Louvre, en París, permaneció cerrado el lunes debido a bloqueos protagonizados por grupos de estudiantes en sus accesos.

La crisis también golpea al Ejecutivo. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ofreció su dimisión tras los fallos en la respuesta policial, pero Macron rechazó su salida y le exigió reforzar la actuación de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu respaldó la aplicación de restricciones localizadas, en lugar de imponer un toque de queda general en todo el territorio francés.

El Gobierno atribuye parte de los actos violentos a grupos radicales y delincuentes que habrían aprovechado las movilizaciones para saquear y destruir bienes. Sin embargo, la respuesta estatal no elimina las causas de fondo que alimentan las protestas: el encarecimiento de la vida, las dificultades de los servicios públicos y las demandas de una juventud que reclama mejores condiciones educativas. La responsabilidad por los actos violentos debe distinguirse de los reclamos legítimos de quienes se movilizan pacíficamente.

Con nuevas protestas convocadas para el próximo sábado, Francia entra en una semana de incertidumbre política y social, a seis meses de las elecciones presidenciales previstas para 2027. La evolución del conflicto dependerá tanto de la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad como de su disposición a responder a las demandas económicas y sociales que han llevado a miles de personas a las calles.

Saludos de Juntos por el Perú y un acto simbólico en Puno marcaron el onomástico del expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Sus simpatizantes volvieron a reclamar su libertad.

Lima, 19 de octubre de 2026.- El expresidente Pedro Castillo Terrones cumple 57 años este lunes mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. La fecha motivó mensajes de solidaridad de representantes de Juntos por el Perú y una actividad simbólica de simpatizantes en Puno, con pedidos de libertad y reencuentro con su familia.

La bancada de Diputados de Juntos por el Perú envió un saludo de cumpleaños en el que destacó la trayectoria de Castillo desde el interior del país y expresó su deseo de que recupere la libertad y vuelva a encontrarse con su familia y el pueblo.

El senador Iber Maraví y la ex congresista Margot Palacios, ambos ayacuchanos y de conocida cercanía con el ex presidente, también difundieron felicitaciones públicas. Ambos calificaron a Castillo como «preso político», expresión que refleja su posición política y no una calificación judicial acreditada.

Los pronunciamientos evidencian que sectores vinculados a Juntos por el Perú y a organizaciones afines mantienen el reclamo de libertad como una de sus principales banderas políticas.

Puno: música y torta junto al Titicaca

En Puno, dirigentes de colectivos civiles realizaron un acto simbólico a orillas del lago Titicaca. La actividad incluyó música y una torta de cumpleaños, en una expresión de respaldo que sus participantes relacionaron con la resistencia política de Castillo.

Las manifestaciones se suman a otras celebraciones organizadas por simpatizantes en años anteriores. En octubre de 2024, por ejemplo, seguidores del exmandatario se congregaron en los exteriores del penal de Barbadillo para celebrar su cumpleaños y exigir su liberación.

El reclamo político y la situación judicial

Castillo permanece recluido por el proceso penal relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y medidas sobre el sistema de justicia. Su situación judicial constituye el contexto central de los pedidos de libertad difundidos por sus seguidores.

A sus 57 años, el exmandatario continúa generando expresiones de apoyo entre sectores de izquierda y simpatizantes que cuestionan su encarcelamiento. El debate sobre su situación exige distinguir los reclamos políticos de sus partidarios de las decisiones que corresponden a las autoridades judiciales.

Comisión de Constitución aprobó por siete votos el paquete legislativo que incorpora nuevas medidas de seguridad ciudadana y prevención ante El Niño. La ausencia de bancadas opositoras permitió sesionar con el quórum mínimo.

Lima, 19 de octubre de 2026.- La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó este lunes el dictamen que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días, con un total de 27 materias vinculadas principalmente con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño. La propuesta incorpora siete puntos adicionales a los 20 remitidos por la Cámara de Diputados. El dictamen deberá ser debatido y votado por el Pleno del Senado.

La votación se realizó con siete senadores presentes: Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular; y Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras. El resultado fue de siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según la información difundida por el Congreso. La presencia de Astucuri permitió completar el quórum necesario para la sesión.

La aprobación se produjo en medio de las discrepancias sobre la posibilidad de que el Senado incorpore materias que no estaban en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Según La República, representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno no asistieron a la sesión. Su ausencia dejó a las bancadas presentes en condiciones de deliberar y votar sin la participación de esos sectores opositores.

Los siete puntos añadidos comprenden la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales de alta peligrosidad; el seguimiento pospenitenciario de condenados por delitos graves con riesgo concreto de reincidencia; y criterios para calificar determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante estados de emergencia. También incluyen medidas especiales de investigación frente a organizaciones que emplean métodos de violencia propios del terrorismo, ajustes a las reglas de legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La séptima materia adicional busca facilitar la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, entre ellos puentes, carreteras y obras de protección contra inundaciones. El alcance concreto de estas facultades dependerá del texto definitivo que apruebe el Parlamento y de las disposiciones que se emitan en su aplicación.

El respaldo del representante de Obras tiene relevancia política porque su presencia permitió completar el número necesario para sesionar y su voto integró la mayoría que aprobó el dictamen ampliado. La República informó que el senador Roger Astucuri había planteado observaciones sobre el apartado referido a inteligencia y solicitado excluir la referencia a la DINI, pero el texto final mantuvo esa materia. El episodio evidencia las diferencias entre la posición expresada previamente por sectores opositores y la decisión adoptada en esta sesión.

La aprobación en comisión no significa que el Ejecutivo ya tenga autorización definitiva para legislar sobre las 27 materias. El siguiente paso corresponde al Pleno del Senado, que deberá debatir y votar la propuesta. El desenlace determinará si el paquete se convierte en una autorización legislativa y cuáles serán sus límites. Por su impacto en la seguridad, los derechos ciudadanos, las competencias estatales y las obras preventivas frente a emergencias climáticas, el contenido del dictamen requiere seguimiento público y evaluación del texto final.