Lima, 21 de julio 2026.- El inicio del primer Congreso bicameral del Perú en más de tres décadas ha abierto una intensa etapa de negociaciones políticas para definir quiénes conducirán el Senado y la Cámara de Diputados durante el periodo 2026-2031. Aunque Fuerza Popular obtuvo la primera mayoría parlamentaria tras el triunfo presidencial de Keiko Fujimori, sus bancadas no alcanzan por sí solas los votos necesarios para controlar ambas Mesas Directivas, por lo que las alianzas serán determinantes.

Según la distribución oficial de escaños, Fuerza Popular cuenta con alrededor de 22 de los 60 senadores y 41 de los 130 diputados, cifras insuficientes para imponer una lista sin el respaldo de otras bancadas. En ese escenario, el Partido del Buen Gobierno (PBG), liderado por el excandidato presidencial Jorge Nieto, emerge como la fuerza bisagra del nuevo Parlamento al contar con siete senadores y dieciocho diputados, un bloque capaz de inclinar la balanza en cualquiera de las cámaras.

Las conversaciones políticas se intensifican a pocos días de la instalación definitiva del Congreso. Si bien Jorge Nieto mantuvo una posición independiente durante la segunda vuelta electoral y no respaldó públicamente a Keiko Fujimori, tras las elecciones se han producido acercamientos entre representantes de ambas agrupaciones. La coincidencia programática en temas como seguridad ciudadana, estabilidad económica y gobernabilidad ha convertido al PBG en un socio potencial para el fujimorismo.

La Junta Preparatoria, encargada de conducir el proceso de instalación del Parlamento bicameral, ya se encuentra en funciones bajo la presidencia del senador electo Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular, y la vicepresidencia de la diputada Cecilia Chacón. Además, participan representantes del Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular, reflejando desde el inicio la necesidad de consensos entre diversas fuerzas políticas.

La elección de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados está prevista para el 27 de julio. Miguel Ángel Torres aparece como uno de los principales candidatos para presidir el Senado, mientras que en Diputados continúan las negociaciones para definir una lista de consenso. Paralelamente, Juntos por el Perú busca articular un bloque opositor con otras bancadas para impedir que Fuerza Popular concentre el control de ambos órganos legislativos.

Las próximas horas serán decisivas para el equilibrio político del nuevo Congreso. Más allá del número de curules, el respaldo o la neutralidad del Partido del Buen Gobierno podría definir quién conducirá el Parlamento en su primera legislatura y marcar el tono de la relación entre el Ejecutivo de Keiko Fujimori y el Legislativo durante los primeros meses de gobierno, en un escenario donde la gobernabilidad dependerá más de la negociación que de las mayorías absolutas.

Lima, 19 de julio de 2026.- En menos de una semana, varios de los políticos influyentes y controvertidos de la política peruana han comenzado a recibir noticias favorables desde los tribunales y otras instancias del Estado. El Tribunal Constitucional resolvió a favor de los hábeas corpus de Ollanta Humala y Vladimir Cerrón; el Poder Judicial admitió a trámite el recurso presentado por Pedro Castillo; mientras que Alejandro Toledo y otros procesados impulsan solicitudes de beneficios legales. La sucesión de decisiones ha encendido un intenso debate sobre si el país asiste a una coincidencia jurídica o a una nueva reconfiguración del poder.

El primer golpe lo dio el Tribunal Constitucional al declarar fundados los recursos promovidos por Ollanta Humala y Vladimir Cerrón. Aunque las sentencias completas aún deben publicarse y ejecutarse, el sentido de las votaciones abre la posibilidad de modificar sustancialmente la situación jurídica de ambos líderes políticos, protagonistas de algunos de los procesos penales más relevantes de los últimos años.

En paralelo, el expresidente Pedro Castillo obtuvo un avance importante luego de que el Poder Judicial admitiera a trámite el hábeas corpus que cuestiona su permanencia en prisión, recurso respaldado, entre otros argumentos, por el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. A ello se suma el pedido de gracia presidencial presentado por su defensa, mientras el entorno de Alejandro Toledo también insiste en un beneficio de carácter humanitario.

La coincidencia temporal de estos procesos ha generado un inevitable ruido político y suspicacias entendibles a días de la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori lideresa de Fuerza Popular. Juristas y analistas sostienen que cada expediente responde a fundamentos constitucionales distintos; sin embargo, la concentración de resoluciones favorables para líderes de diferentes sectores ha colocado nuevamente a la justicia en el centro de las indagaciones y el debate público.

El contexto tampoco pasa inadvertido. Los actuales magistrados del Tribunal Constitucional fueron elegidos por el Congreso actual mediante acuerdos entre diversas bancadas políticas, entre ellas Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Podemos, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular y otras agrupaciones. Desde entonces, diversos especialistas cuestionaron el proceso de selección y advirtieron sobre la necesidad de garantizar la independencia del máximo intérprete de la Constitución frente a cualquier influencia política.

Al mismo tiempo, el gobierno del presidente José María Balcázar enfrenta una creciente presión por los pedidos de gracia e indulto de Pedro Castillo, Alejandro Toledo y otros. Hasta ahora no existe ninguna resolución presidencial que disponga la libertad de Pedro Castillo, Alejandro Toledo u otros exmandatarios, pero el debate ya se instaló en la agenda pública y política.

En este escenario también aparecen interrogantes sobre la relación que mantendrán el gobierno de transición José María Balcázar, la presidenta electa Keiko Fujimori y las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso, en particular Juntos por el Perú. Hasta la fecha no existe evidencia pública que demuestre un acuerdo o negociación entre estos actores para favorecer resoluciones judiciales o beneficios penitenciarios, aunque la coincidencia de acontecimientos ha dado pie a interpretaciones y cuestionamientos desde distintos sectores.

Lo cierto es que el Perú podría estar ingresando a una nueva etapa política y judicial. Si las resoluciones del Tribunal Constitucional quedan firmes y prosperan otros recursos constitucionales o beneficios previstos por la ley, el mapa político cambiará de manera significativa. El desenlace de estos casos no solo definirá la situación jurídica de varios exmandatarios y líderes partidarios, sino también afectarán la legitimidad del Estado peruano y el Gobierno de turno.

Lima, 17 de julio de 2026.– El Poder Judicial absolvió a la diputada electa por Cajamarca, Yenifer Paredes Navarro, y a Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo, en el proceso penal que afrontaban por el denominado caso Anguía, investigación originada por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y por su presunta participación en una organización criminal que, según la tesis fiscal, habría operado desde el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Castillo. La decisión judicial marca uno de los fallos más relevantes derivados de las investigaciones iniciadas tras la caída del exmandatario.

De acuerdo con la resolución, el colegiado concluyó que durante el juicio oral el Ministerio Público no logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de ambas procesadas respecto de los delitos imputados. La Fiscalía sostenía que la presunta red habría favorecido, mediante licitaciones direccionadas, a empresas vinculadas al entonces alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y otros investigados, para la ejecución de proyectos de saneamiento en Cajamarca, Amazonas y Lima.

Yenifer Paredes, quien fue criada por Pedro Castillo y Lilia Paredes tras el fallecimiento de su madre, alcanzó recientemente una curul por Cajamarca con Juntos por el Perú. Su nombre cobró notoriedad en 2022 luego de que la Fiscalía la investigara por presuntamente ofrecer proyectos de saneamiento en representación de la Municipalidad de Chadín, hecho que dio origen a una serie de diligencias que posteriormente se incorporaron a las investigaciones del caso Anguía.

En tanto, Lilia Paredes permanece asilada en México junto a parte de su familia desde diciembre de 2022. La Fiscalía la sindicó como presunta integrante de la organización criminal que habría captado funcionarios y direccionado contrataciones públicas durante el gobierno de Pedro Castillo, imputaciones que la ex primera dama rechazó en todo momento alegando persecución política. Días antes de este fallo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional había ordenado al Ministerio Público concluir la investigación preparatoria del caso al considerar vencidos los plazos legales para seguir investigando.

La absolución representa un duro revés para la estrategia del Ministerio Público en uno de los expedientes de mayor impacto político derivados del gobierno de Pedro Castillo. No obstante, la decisión aún podría ser impugnada mediante recurso de apelación, por lo que el proceso no necesariamente ha quedado concluido de manera definitiva.

El fallo se conoce en un escenario de alta tensión política, pocos días después de las elecciones generales y durante el proceso de transferencia de gobierno entre el presidente José María Balcázar y la presidenta electa Keiko Fujimori. Para analistas constitucionales, la resolución reabre el debate sobre la calidad de las investigaciones fiscales en casos de corrupción y vuelve a poner bajo escrutinio la actuación del sistema de justicia en procesos de alta sensibilidad política.