Roger Mariaca fue aprehendido junto a otros funcionarios del Ministerio Público en un operativo ejecutado por la Policía Boliviana. La Fiscalía denunció un “secuestro”, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que desarticuló una presunta red vinculada al narcotráfico. La DEA habría proporcionado información y cooperación, pero La Paz niega que sus agentes hayan ejecutado directamente la detención.

Bolivia, 01 de octubre de 2026.- El fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, fue detenido durante un amplio operativo policial que terminó también con la aprehensión de otros funcionarios del Ministerio Público. La intervención se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de supuestamente aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a criminales a evadir la justicia. Mariaca negó esas acusaciones y denunció una presunta presión política de Washington.

La propia Fiscalía General denunció inicialmente que Mariaca había sido “secuestrado” y cuestionó la legalidad del procedimiento. También fueron intervenidas instalaciones del Ministerio Público y detenidos funcionarios que se encontraban en su interior. Según testimonios difundidos por la institución, algunos agentes ingresaron a las oficinas sin presentar, según los denunciantes, documentación formal de allanamiento.

¿Participó la DEA?

Este es uno de los puntos más controvertidos. El ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el operativo fue realizado por la Policía Boliviana, aunque reconoció cooperación de Estados Unidos y de otros países en las investigaciones contra el narcotráfico. La versión oficial, por tanto, no confirma que agentes de la DEA hayan detenido personalmente a Mariaca.

La cooperación estadounidense, sin embargo, sí aparece vinculada al caso. Informaciones publicadas por medios internacionales señalan que datos proporcionados por la DEA fueron utilizados en las investigaciones que precedieron al operativo. La detención se produjo, además, después de que Washington sancionara a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos.

Cerimedo queda en el centro de la disputa

El caso adquiere una dimensión política adicional porque Mariaca estaba al frente de investigaciones contra Fernando Cerimedo, consultor político argentino relacionado con campañas de sectores de derecha latinoamericanos y con el presidente boliviano Rodrigo Paz.

La Fiscalía había informado que Cerimedo afrontaba varias investigaciones penales. Entre ellas figuran procesos por presunto enriquecimiento ilícito, tentativa de feminicidio, violencia familiar o doméstica y una investigación relacionada con tráfico de sustancias controladas y confabulación.

En septiembre, la Fiscalía amplió una de las investigaciones contra Cerimedo para incorporar presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. El acusado permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

La relación con Rodrigo Paz

La relación entre Cerimedo y Paz también ha sido objeto de controversia. El propio presidente boliviano reconoció que el argentino colaboró durante la campaña electoral y durante la etapa inicial de su Gobierno, aunque negó que hubiera tenido autorización para representar institucionalmente a la Presidencia o que existiera un contrato laboral con el Estado.

Hasta el momento, no existe evidencia pública verificable que permita afirmar que Paz haya ordenado la detención de Mariaca para eliminar las investigaciones contra Cerimedo. Esa hipótesis aparece en distintas interpretaciones políticas y publicaciones, pero debe diferenciarse de los hechos acreditados: Mariaca investigaba a Cerimedo y fue detenido en medio de una operación policial respaldada por cooperación internacional.

Washington había acusado a Mariaca

El conflicto se había intensificado el 29 de septiembre, cuando Estados Unidos anunció la revocación de la visa de Mariaca. Washington lo acusó de utilizar su posición para favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. El fiscal respondió que continuaría con las investigaciones que correspondían al Ministerio Público boliviano y cuestionó la decisión estadounidense como una forma de injerencia.

La detención posterior profundizó las dudas sobre el alcance de la nueva cooperación de seguridad entre Bolivia y Estados Unidos bajo el Gobierno de Paz. La administración boliviana ha buscado recomponer las relaciones con Washington y fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Una crisis institucional abierta

El episodio deja una disputa institucional de alto impacto: por un lado, el Gobierno sostiene que desarticuló una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público; por otro, sectores políticos y funcionarios cuestionan el procedimiento empleado para detener al fiscal general y reclaman garantías de debido proceso.

El vicepresidente Edmand Lara también cuestionó la forma de la detención y deslizó dudas sobre una eventual participación de la DEA, aunque esa participación directa no ha sido confirmada oficialmente. El Gobierno, en cambio, insiste en que la operación fue ejecutada por la Policía Boliviana.

El caso Mariaca, por tanto, cruza tres expedientes sensibles: las acusaciones estadounidenses contra funcionarios bolivianos, las investigaciones por presuntos delitos atribuidos a Fernando Cerimedo y el acercamiento político y operativo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y Washington. La principal incógnita ahora será determinar judicialmente si las acusaciones contra Mariaca están sustentadas en pruebas suficientes y si el procedimiento de su detención respetó las garantías establecidas por la legislación boliviana.

La comunicadora que denunciaba corrupción y minería ilegal en Áncash murió a balazos en el mercado de Caraz, a 15 días de las elecciones regionales. Hay cuatro detenidos y la Fiscalía ya habla de sicariato.

Caraz, 19 de setiembre de 2026.- La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como «China Polo», fue ejecutada a balazos este sábado 19 de setiembre, alrededor de las 12:40 horas, mientras repartía propaganda de campaña en la avenida Ramón Castilla, en pleno centro de Caraz, provincia de Huaylas. El ataque, registrado en una transmisión en vivo, dejó además cinco personas heridas que fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

Días antes de morir, Aponte Polo difundió videos en los que denunciaba amenazas de muerte, hostigamiento e incluso llamadas desde establecimientos penitenciarios. Señaló directamente al general PNP Víctor Revoredo Farfán de haber ordenado un atentado contra ella. Las advertencias no fueron atendidas y el sábado, en pleno día, en el mercado de Caraz, un sicario la interceptó y disparó varias veces. Testigos confundieron los tiros con pirotecnia.

Detienen al presunto sicario

La Policía Nacional detuvo horas después al presunto autor material, el ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz, de aproximadamente 30 años, a quien se le incautó una pistola Glock calibre 9 × 19 mm reportada como robada en 2023 en Villa El Salvador. En las siguientes horas se sumaron la detención de un supuesto financista, de quien habría transportado al atacante, y de otro venezolano identificado como Ronal Toro Artila. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó varios detenidos.

La Fiscalía ya habla de sicariato

La investigación, inicialmente abierta como presunto feminicidio, fue recalificada como presunto sicariato, confirmó la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, que ordenó pericias y la revisión de cámaras de seguridad de la zona, incluidas las de un hotel cercano. El Ministerio del Interior envió un equipo especializado de la División de Homicidios a Áncash.

Una voz contra la corrupción

Aponte Polo conducía el espacio digital China Polo Dominical en YouTube, desde donde denunciaba presunta corrupción, crimen organizado, minería ilegal y obras cuestionadas de autoridades locales y regionales. En 2026 postulaba al Gobierno Regional por el movimiento Socios por Áncash. Previamente había sido excluida de una candidatura a diputada por omisión de sentencias condenatorias firmes en su hoja de vida. El móvil del crimen —si responde a sus denuncias periodísticas o a otros intereses— aún no está establecido oficialmente y es materia de investigación.

Lo que está en juego

A 15 días de las Elecciones Regionales del 4 de octubre, el asesinato de China Polo abre dos frentes: la búsqueda de los autores intelectuales que pagaron por el sicariato y la urgente revisión de la seguridad de los candidatos en campaña. Para Caraz, para Áncash y para el periodismo peruano, la pregunta es una sola: ¿quién mandó matar y por qué nadie protegió a quien lo denunció antes de morir?

Trujillo, 12 de setiembre de 2026.- Nuevas imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Hildebrandt en sus Trece vuelven a poner bajo cuestionamiento la versión oficial sobre la masacre de Trujillo, ocurrida el pasado 30 de agosto y que dejó cuatro personas asesinadas y al comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla secuestrado. Los registros fueron captados aproximadamente 12 horas antes del ataque y muestran a varias personas utilizando la camioneta Toyota Hilux vinculada posteriormente con el crimen.

Las imágenes fueron registradas en un grifo de la avenida España, a unas seis cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. En la secuencia aparecen cuatro hombres vinculados a dos vehículos y, posteriormente, un hombre acompañado por dos mujeres. Parte de ellos termina abordando la Hilux, después de colocar equipaje en la tolva. La escena adquiere especial relevancia porque se trataría de los últimos ocupantes conocidos de la camioneta antes de la masacre.

¿Y los primeros detenidos?

El nuevo material golpea directamente la hipótesis policial que inicialmente presentó a los primeros intervenidos como integrantes de la organización criminal que ejecutó el ataque. Según fuentes de la Fiscalía citadas por el semanario, los hombres registrados en las nuevas imágenes presentarían una talla y contextura compatibles con quienes habrían participado en el crimen, a diferencia de algunos de los detenidos inicialmente exhibidos por la Policía.

La revelación resulta especialmente incómoda para el alto mando policial. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, han defendido públicamente los avances de la investigación y la participación de los detenidos. Revoredo llegó a sostener que entre los intervenidos había dos o tres personas que habrían disparado directamente durante el ataque.

Sin embargo, la propia Policía había reconocido que la investigación todavía estaba en desarrollo y que debía establecerse el grado de participación de cada detenido. El Ministerio del Interior informó inicialmente sobre cinco intervenidos como presuntos integrantes de “Los Pulpos”, mientras que posteriormente el número de detenidos fue aumentando y Revoredo afirmó que algunos habrían cumplido funciones directas en la escena.

Una camioneta, varias interrogantes

El caso también mantiene abierta la controversia sobre la camioneta utilizada en el ataque, cuya placa fue reportada como clonada. A ello se suma la aparición de un Suzuki relacionado con Peter Bocanegra Aguilar, detenido por su presunta vinculación con el crimen, que habría seguido los movimientos de la Hilux y vuelto a aparecer cerca de ella después del ataque.

Las nuevas imágenes no prueban por sí solas quiénes ejecutaron la masacre ni determinan responsabilidad penal. Pero sí introducen un elemento que la Fiscalía deberá contrastar con las declaraciones, pericias, registros telefónicos, cámaras de seguridad y demás evidencias. De hecho, la situación jurídica de los detenidos sigue siendo la de investigados y corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en la evidencia reunida.

¿Cambiará el discurso del Gobierno?

La evidencia también coloca presión política sobre la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo. El Gobierno había presentado las capturas como un resultado importante frente al crimen organizado, mientras la Policía defendía la tesis de que los detenidos tenían participación en el ataque. Las nuevas imágenes obligan, como mínimo, a revisar públicamente esa narrativa.

La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo mantendrá la prevista ceremonia de desagravio y despedida para el general Óscar Arriola o si, ante las nuevas evidencias, modificará su posición. Sobre todo, deberá explicar si mantiene la afirmación de que los detenidos presentados por la Policía fueron los autores materiales de la masacre o si reconocerá que la investigación enfrenta nuevas y serias interrogantes. El caso de Trujillo, lejos de estar cerrado, vuelve a colocar a la PNP y al Gobierno bajo escrutinio.