Lima, 30 de julio 2026.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el expresidente Ollanta Humala y anuló la totalidad del proceso penal seguido en su contra por el delito de lavado de activos agravado. Con cinco votos a favor y dos en contra, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto las investigaciones preliminares iniciadas en 2019, las resoluciones judiciales emitidas durante el proceso y la sentencia de 15 años de prisión dictada en abril de 2025, ordenando además el archivo definitivo del caso.

La decisión del TC se sustenta en que durante el proceso se vulneraron los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, al haberse aplicado una figura penal que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados. Según la sentencia, los presuntos aportes de origen ilícito destinados a las campañas presidenciales de 2006 y 2011, atribuidos principalmente a Odebrecht, OAS y presuntamente a Venezuela, no podían ser procesados como lavado de activos bajo la modalidad de receptación patrimonial, debido a que esta fue incorporada al ordenamiento jurídico recién en noviembre de 2016.

El colegiado precisó que la legislación vigente en la época de los hechos exigía la existencia de operaciones más complejas para configurar el delito de lavado de activos, como las etapas de colocación, estratificación e integración del dinero ilícito. Asimismo, sostuvo que durante el proceso no se acreditó de manera suficiente que Humala tuviera conocimiento del origen ilícito de los recursos ni la existencia de un delito precedente claramente determinado.

Como consecuencia del fallo, la Fiscalía deberá archivar de manera definitiva la investigación respecto al exmandatario, mientras que el juzgado competente deberá resolver de inmediato su situación jurídica una vez reciba la notificación oficial. La defensa de Humala, encabezada por el abogado Wilfredo Pedraza, señaló que la excarcelación dependerá únicamente de trámites administrativos ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por lo que su salida del penal de Barbadillo podría concretarse en las próximas horas o días.

La sentencia contó con los votos en contra de los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, quienes consideraron que el Tribunal Constitucional no debía intervenir cuando el proceso penal aún se encontraba en etapa de apelación. Ambos sostuvieron que corresponde a la justicia ordinaria determinar la correcta calificación jurídica de los hechos y resolver las controversias planteadas en el expediente.

El fallo no constituye una absolución sobre el fondo del caso ni implica que el Tribunal haya descartado la existencia de aportes irregulares a las campañas electorales de Humala. La resolución únicamente establece que esos hechos no podían ser perseguidos bajo el tipo penal de lavado de activos aplicado por la Fiscalía. En ese contexto, la defensa de Nadine Heredia —quien permanece asilada en Brasil— y otros coprocesados podrían solicitar que el mismo criterio constitucional sea extendido a sus respectivos casos.

La decisión del Tribunal Constitucional marca un nuevo precedente en los procesos vinculados al financiamiento de campañas políticas, al reforzar el criterio adoptado anteriormente en el denominado «Caso Cócteles», relacionado con Keiko Fujimori. Mientras algunos sectores consideran que la sentencia fortalece el respeto al principio de legalidad y evita la aplicación retroactiva de normas penales, otros advierten que podría debilitar la lucha contra la corrupción y afectar diversos procesos derivados del caso Lava Jato, reavivando además el debate político y jurídico sobre la responsabilidad penal por el financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

VRAEM, 7 de julio 2026.- El Gobierno decidió prorrogar el Estado de Emergencia en diversos distritos de las regiones Cusco, Junín y Ayacucho como parte de la estrategia de combate contra el narcotráfico y los remanentes de organizaciones terroristas que operan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Sin embargo, la continuidad de esta medida excepcional vuelve a abrir el debate sobre la efectividad de una política de seguridad que, pese a extenderse durante años, no ha logrado erradicar las amenazas que justificaron su implementación.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional resulta indispensable para impedir el fortalecimiento de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. No obstante, especialistas en seguridad y diversos sectores políticos advierten que la renovación constante del Estado de Emergencia evidencia también las limitaciones del Estado para consolidar una presencia institucional sostenible en el VRAEM, donde persisten problemas estructurales como la pobreza, la limitada infraestructura, la débil presencia de servicios públicos y las economías ilegales.

La prórroga permite restringir determinados derechos constitucionales y mantener operaciones militares y policiales de gran escala. Sin embargo, analistas consideran que estas acciones deben ir acompañadas de una estrategia integral que incluya desarrollo económico, fortalecimiento de la justicia, inteligencia financiera y lucha contra las redes de corrupción que facilitan la expansión del narcotráfico. De lo contrario, sostienen, las medidas extraordinarias corren el riesgo de convertirse en una respuesta permanente frente a un problema que sigue sin resolverse de manera estructural.

Mientras tanto, Arequipa enfrenta un escenario distinto, pero igualmente preocupante. La reciente escalada de violencia vinculada a facciones de Construcción Civil y los enfrentamientos registrados en la capital regional han encendido las alarmas sobre el crecimiento del crimen organizado en una ciudad que hasta hace pocos años no figuraba entre las principales zonas de conflicto por este tipo de delitos. La situación ha incrementado la presión sobre las autoridades regionales y el Ministerio del Interior para recuperar el control del orden público.

A ello se suma la investigación por la balacera ocurrida en el distrito de Paucarpata, donde una persona murió y varias resultaron heridas. Las primeras hipótesis policiales apuntan a un presunto ajuste de cuentas, un patrón delictivo que evidencia la mayor capacidad operativa de organizaciones criminales para resolver disputas mediante la violencia armada. El caso ha reavivado las críticas por la insuficiente capacidad preventiva de los organismos de seguridad y por la lenta respuesta frente al incremento de estos hechos.

En el plano político, la coincidencia entre la prolongación del Estado de Emergencia en el VRAEM y el aumento de episodios violentos en ciudades como Arequipa vuelve a colocar la seguridad ciudadana entre los principales desafíos del Gobierno. Diversos especialistas consideran que las medidas excepcionales, por sí solas, ya no bastan para contener el avance del crimen organizado y que el país requiere una política nacional que articule inteligencia, persecución patrimonial, fortalecimiento del sistema judicial, control territorial y prevención social del delito.

Con la inseguridad consolidándose como una de las mayores preocupaciones de la población, crecen también las exigencias para que el Ejecutivo presente resultados concretos más allá de las sucesivas prórrogas de emergencia. Para diversos sectores, el reto ya no consiste únicamente en ampliar medidas extraordinarias, sino en demostrar que el Estado puede recuperar el control de los territorios más vulnerables y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante políticas públicas sostenibles y de largo plazo.

Huancavelica, 1 de julio 2026.- La corrupción vuelve a golpear a la institución encargada de combatir el delito. En Huancavelica, un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue condenado por cobrar cupos de apenas S/ 100 a postulantes de una escuela policial a cambio de entregarles las respuestas de los exámenes de admisión, conocidas popularmente como «las fijas». El caso ha generado una ola de indignación al evidenciar que prácticas ilícitas pueden infiltrarse desde el mismo proceso de selección de quienes aspiran a vestir el uniforme policial.

De acuerdo con la investigación fiscal y las pruebas valoradas por el Poder Judicial, el oficial aprovechó su posición para ofrecer información privilegiada a cambio de dinero, favoreciendo irregularmente a determinados postulantes. La sentencia confirma que el sistema de admisión fue vulnerado mediante actos de corrupción que atentaron contra los principios de igualdad, mérito y transparencia que deben regir el ingreso a la institución policial.

Aunque el monto exigido por cada postulante era relativamente bajo, especialistas advierten que el verdadero impacto del delito trasciende el aspecto económico. Permitir que personas accedan a una vacante mediante fraude debilita la calidad de la formación policial y pone en riesgo la confianza ciudadana en una institución que enfrenta permanentes cuestionamientos por casos de corrupción y abuso de autoridad.

El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y supervisión en las escuelas policiales del país. Diversos sectores consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora para prevenir la filtración de exámenes y sancionar oportunamente a los responsables. La reiteración de este tipo de hechos demuestra que las redes de corrupción continúan encontrando espacios para operar, incluso en procesos considerados estratégicos para la seguridad nacional.

La condena contra el comandante representa un precedente importante, pero también evidencia que el problema está lejos de resolverse. Organizaciones civiles y expertos en seguridad sostienen que no basta con castigar a los responsables cuando los delitos ya fueron cometidos; resulta indispensable fortalecer los sistemas de selección, implementar controles tecnológicos más rigurosos y garantizar investigaciones independientes. Mientras la corrupción siga contaminando el ingreso a la PNP, continuará debilitándose la legitimidad de una institución que debería inspirar confianza y representar el primer frente de lucha contra la delincuencia.