VRAEM, 7 de julio 2026.- El Gobierno decidió prorrogar el Estado de Emergencia en diversos distritos de las regiones Cusco, Junín y Ayacucho como parte de la estrategia de combate contra el narcotráfico y los remanentes de organizaciones terroristas que operan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Sin embargo, la continuidad de esta medida excepcional vuelve a abrir el debate sobre la efectividad de una política de seguridad que, pese a extenderse durante años, no ha logrado erradicar las amenazas que justificaron su implementación.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional resulta indispensable para impedir el fortalecimiento de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. No obstante, especialistas en seguridad y diversos sectores políticos advierten que la renovación constante del Estado de Emergencia evidencia también las limitaciones del Estado para consolidar una presencia institucional sostenible en el VRAEM, donde persisten problemas estructurales como la pobreza, la limitada infraestructura, la débil presencia de servicios públicos y las economías ilegales.

La prórroga permite restringir determinados derechos constitucionales y mantener operaciones militares y policiales de gran escala. Sin embargo, analistas consideran que estas acciones deben ir acompañadas de una estrategia integral que incluya desarrollo económico, fortalecimiento de la justicia, inteligencia financiera y lucha contra las redes de corrupción que facilitan la expansión del narcotráfico. De lo contrario, sostienen, las medidas extraordinarias corren el riesgo de convertirse en una respuesta permanente frente a un problema que sigue sin resolverse de manera estructural.

Mientras tanto, Arequipa enfrenta un escenario distinto, pero igualmente preocupante. La reciente escalada de violencia vinculada a facciones de Construcción Civil y los enfrentamientos registrados en la capital regional han encendido las alarmas sobre el crecimiento del crimen organizado en una ciudad que hasta hace pocos años no figuraba entre las principales zonas de conflicto por este tipo de delitos. La situación ha incrementado la presión sobre las autoridades regionales y el Ministerio del Interior para recuperar el control del orden público.

A ello se suma la investigación por la balacera ocurrida en el distrito de Paucarpata, donde una persona murió y varias resultaron heridas. Las primeras hipótesis policiales apuntan a un presunto ajuste de cuentas, un patrón delictivo que evidencia la mayor capacidad operativa de organizaciones criminales para resolver disputas mediante la violencia armada. El caso ha reavivado las críticas por la insuficiente capacidad preventiva de los organismos de seguridad y por la lenta respuesta frente al incremento de estos hechos.

En el plano político, la coincidencia entre la prolongación del Estado de Emergencia en el VRAEM y el aumento de episodios violentos en ciudades como Arequipa vuelve a colocar la seguridad ciudadana entre los principales desafíos del Gobierno. Diversos especialistas consideran que las medidas excepcionales, por sí solas, ya no bastan para contener el avance del crimen organizado y que el país requiere una política nacional que articule inteligencia, persecución patrimonial, fortalecimiento del sistema judicial, control territorial y prevención social del delito.

Con la inseguridad consolidándose como una de las mayores preocupaciones de la población, crecen también las exigencias para que el Ejecutivo presente resultados concretos más allá de las sucesivas prórrogas de emergencia. Para diversos sectores, el reto ya no consiste únicamente en ampliar medidas extraordinarias, sino en demostrar que el Estado puede recuperar el control de los territorios más vulnerables y garantizar la seguridad de la ciudadanía mediante políticas públicas sostenibles y de largo plazo.

Huancavelica, 1 de julio 2026.- La corrupción vuelve a golpear a la institución encargada de combatir el delito. En Huancavelica, un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue condenado por cobrar cupos de apenas S/ 100 a postulantes de una escuela policial a cambio de entregarles las respuestas de los exámenes de admisión, conocidas popularmente como «las fijas». El caso ha generado una ola de indignación al evidenciar que prácticas ilícitas pueden infiltrarse desde el mismo proceso de selección de quienes aspiran a vestir el uniforme policial.

De acuerdo con la investigación fiscal y las pruebas valoradas por el Poder Judicial, el oficial aprovechó su posición para ofrecer información privilegiada a cambio de dinero, favoreciendo irregularmente a determinados postulantes. La sentencia confirma que el sistema de admisión fue vulnerado mediante actos de corrupción que atentaron contra los principios de igualdad, mérito y transparencia que deben regir el ingreso a la institución policial.

Aunque el monto exigido por cada postulante era relativamente bajo, especialistas advierten que el verdadero impacto del delito trasciende el aspecto económico. Permitir que personas accedan a una vacante mediante fraude debilita la calidad de la formación policial y pone en riesgo la confianza ciudadana en una institución que enfrenta permanentes cuestionamientos por casos de corrupción y abuso de autoridad.

El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y supervisión en las escuelas policiales del país. Diversos sectores consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora para prevenir la filtración de exámenes y sancionar oportunamente a los responsables. La reiteración de este tipo de hechos demuestra que las redes de corrupción continúan encontrando espacios para operar, incluso en procesos considerados estratégicos para la seguridad nacional.

La condena contra el comandante representa un precedente importante, pero también evidencia que el problema está lejos de resolverse. Organizaciones civiles y expertos en seguridad sostienen que no basta con castigar a los responsables cuando los delitos ya fueron cometidos; resulta indispensable fortalecer los sistemas de selección, implementar controles tecnológicos más rigurosos y garantizar investigaciones independientes. Mientras la corrupción siga contaminando el ingreso a la PNP, continuará debilitándose la legitimidad de una institución que debería inspirar confianza y representar el primer frente de lucha contra la delincuencia.

Lima, 31 de mayo de 2026.- El último debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral del 7 de junio estuvo marcado por fuertes confrontaciones entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, quienes protagonizaron un intercambio de acusaciones, cuestionamientos y propuestas en un escenario de alta polarización política.

El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se desarrolló en un contexto de disputa electoral ajustada y con una elevada expectativa ciudadana. Más allá de la presentación de planes de gobierno, ambos candidatos enfocaron buena parte de sus intervenciones en consolidar una narrativa política para captar el voto indeciso en la recta final de la campaña.

Desde los primeros minutos, Roberto Sánchez adoptó una estrategia de confrontación directa contra el fujimorismo, cuestionando el papel político de Fuerza Popular y vinculando a su adversaria con la crisis institucional y el deterioro de la democracia en los últimos años. El candidato de Juntos por el Perú buscó posicionarse como una alternativa frente a los sectores tradicionales del poder político.

Por su parte, Keiko Fujimori respondió planteando la elección como una decisión entre dos modelos opuestos de país y centró parte de su discurso en temas de seguridad, estabilidad y crecimiento económico. Asimismo, intentó vincular a Sánchez con sectores políticos que considera radicales y con experiencias recientes cuestionadas por diversos sectores del país.

Los momentos de mayor tensión se produjeron cuando ambos candidatos dejaron el terreno programático para intercambiar cuestionamientos sobre responsabilidades políticas, alianzas y antecedentes de sus respectivos espacios. Los ataques directos elevaron el tono del debate y desplazaron temporalmente la discusión sobre propuestas concretas.

Otro aspecto destacado fue el intento de ambos aspirantes por conectar con el electorado desde una dimensión más personal. Sánchez reforzó un discurso centrado en el esfuerzo individual y la representación popular, mientras Fujimori buscó consolidar una imagen de experiencia y capacidad de gestión frente a la crisis política y social que atraviesa el país.

Con el cierre del debate, la campaña presidencial ingresa a su etapa decisiva bajo un escenario de fuerte polarización. Analistas y observadores políticos consideran que las reacciones posteriores en redes sociales, medios de comunicación y entre los votantes indecisos podrían resultar determinantes para definir el resultado de las elecciones del próximo 7 de junio.