La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene intensificando la capacitación de personeros de centro y de mesa en todo el país, como parte de los preparativos para las elecciones generales 2026. La medida busca asegurar que los representantes de las organizaciones políticas desempeñen correctamente su rol de fiscalización durante la jornada electoral.

El proceso formativo está dirigido a miles de personeros acreditados, quienes cumplen una función clave en la vigilancia del desarrollo del sufragio. A través de jornadas presenciales y plataformas virtuales, la ONPE brinda instrucción sobre la instalación de mesas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y el llenado adecuado de actas electorales.

Uno de los principales enfoques de estas capacitaciones es la prevención de errores y controversias durante el conteo de votos, especialmente en un escenario con múltiples candidaturas y una cédula de votación más compleja. Para ello, se han implementado simulacros y materiales didácticos que recrean situaciones reales del día de la elección.

La estrategia también contempla un despliegue descentralizado mediante oficinas regionales, con el objetivo de llegar a zonas urbanas y rurales. De esta manera, se busca garantizar que todos los personeros, sin importar su ubicación, cuenten con la preparación necesaria para ejercer su labor de manera eficiente y transparente.

Especialistas en materia electoral coinciden en que una adecuada capacitación de los personeros fortalece la confianza ciudadana en los resultados. En ese sentido, la ONPE reafirma su compromiso con la formación continua como un pilar clave para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en el Perú.

La derecha peruana llega a las elecciones generales de 2026 encabezando las encuestas, pero sin lograr consolidar un respaldo sólido en el electorado. Candidatos como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se mantienen en los primeros lugares, aunque con porcentajes bajos que rara vez superan el 15%, en un escenario marcado por la fragmentación y la incertidumbre.

Este liderazgo convive con un problema estructural: el alto rechazo ciudadano. Ambas figuras arrastran niveles importantes de desaprobación que limitan su crecimiento más allá de sus bases más fieles. En un contexto de desconfianza generalizada hacia la clase política, la competencia electoral se define cada vez más por el descarte que por la adhesión.

Más abajo en la contienda, al menos cinco partidos de derecha no logran despegar ni consolidar candidaturas competitivas. Agrupaciones como Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Ahora Nación y Somos Perú se mantienen rezagadas en las encuestas, con niveles de intención de voto marginales que reflejan su debilidad en esta campaña.

A esta situación se suma la falta de cohesión dentro del propio bloque. Lejos de presentarse como una fuerza unificada, la derecha aparece fragmentada entre el fujimorismo, el conservadurismo y otras expresiones menores, lo que reduce su capacidad de capitalizar el voto en una sola candidatura fuerte.

Pese a todo, la derecha mantiene una ventaja relativa frente a otros sectores, favorecida por la dispersión del resto del espectro político. Sin embargo, el escenario apunta a una segunda vuelta abierta, donde su principal desafío no será solo llegar, sino convertir su liderazgo inicial en una mayoría efectiva en un electorado marcado por el escepticismo.

Lima, abril de 2026. A pocos días de las Elecciones Generales del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reiteraron las principales restricciones vigentes con el fin de asegurar un proceso transparente, ordenado y libre de interferencias.

Entre las disposiciones destaca la denominada “ley seca”, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde la mañana del día previo a los comicios hasta el día siguiente. Esta medida busca prevenir incidentes que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada electoral, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, rige el “silencio electoral”, que implica la prohibición de difundir propaganda política en los días previos a la votación. En ese periodo también están restringidas las reuniones, mítines o cualquier tipo de actividad proselitista, con el objetivo de evitar influencias de último momento en el electorado.

El JNE también recordó que los funcionarios y servidores públicos deben mantener estricta neutralidad durante el proceso, evitando participar en actos de campaña o utilizar recursos del Estado con fines políticos. En paralelo, la normativa regula la difusión de encuestas electorales, limitando su publicación en los días previos al sufragio.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a votar este domingo 12 de abril, en una jornada que se desarrollará de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar las normas vigentes y participar responsablemente, advirtiendo que su incumplimiento puede acarrear sanciones.