Lima, 16 de septiembre de 2026.- El Pleno del Senado ratificó este miércoles a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) para el periodo 2026-2031, con 40 votos a favor y 12 en contra, una decisión que consolida el respaldo institucional a la política económica de corte capitalista y neoliberal que ha caracterizado al Perú en las últimas décadas. La resolución legislativa, confirmada oficialmente por el Congreso, cierra el procedimiento de ratificación iniciado por el Poder Ejecutivo y refuerza la continuidad de un modelo basado en la estabilidad macroeconómica, la autonomía del banco central y la confianza en los mercados.

El respaldo mayoritario y sus implicancias

La abrumadora mayoría a favor de Velarde —figura clave en la gestión monetaria peruana desde 2006— refleja el consenso político en torno a un modelo que prioriza la disciplina fiscal, la liberalización de mercados y la atracción de inversiones privadas. Senadores de bancadas como Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Buen Gobierno, Renovación Popular y Fuerza Popular defendieron su continuidad, destacando su experiencia y la necesidad de mantener la macroeconomía y autonomía del BCR, aunque sin descuidar la fiscalización parlamentaria.

Jaime Delgado (Ahora Nación) y Roger Astucuri (Partido Cívico Obras) subrayaron que la ratificación de Velarde garantiza la estabilidad monetaria, mientras que los legisladores de Fuerza Popular, como José Arista y Patricia Juárez, respaldaron su permanencia como un pilar para el crecimiento económico.

La disidencia de Juntos por el Perú: ¿Un giro ideológico o una fractura interna?

Los 12 votos en contra provienen, según reportes periodísticos, de la bancada de Juntos por el Perú (JP), partido que en las elecciones de 2026 obtuvo 14 escaños en el Senado. Este resultado plantea una paradoja política: durante la campaña presidencial, su candidato, Roberto Sánchez, pasó de cuestionar abiertamente la permanencia de Velarde en la primera vuelta a defender su continuidad en la segunda vuelta, argumentando que era necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica. Incluso, el 28 de mayo, Sánchez reveló que había coordinado con su equipo económico y con el expresidente Pedro Castillo la posibilidad de mantener a Velarde al frente del BCR.

Sin embargo, la votación en el Senado muestra una fractura dentro de JP. Senadores como Humberto Morales, Bernardo Quito y Wilfredo Verano criticaron duramente a Velarde durante el debate: Morales cuestionó sus vinculaciones con el sector privado, Quito puso en duda que la estabilidad dependiera de una sola persona, y Verano advirtió que la autonomía del BCR no debía confundirse con la permanencia indefinida de un funcionario.

La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por Hugo Ccahuana Aymachoque (JP), había recomendado previamente la ratificación con 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Aunque Ccahuana sustentó el informe, dejó en claro sus reparos personales sobre la necesidad de renovar los cuadros técnicos del BCR.

¿Qué dice la resolución?

El documento aprobado por el Senado sostiene que Velarde cumple con los requisitos legales y constitucionales, que no existe incompatibilidad para ejercer el cargo y que su trayectoria garantiza la conducción del BCR durante el próximo quinquenio. La resolución, sin embargo, no detalla nominalmente a los 12 senadores que votaron en contra, lo que deja pendiente una verificación periodística para identificar exactamente qué miembros de JP se opusieron y cuáles respaldaron la ratificación, pero sus aliados decidieron sacarse la careta y apoyar sin reparos a la política económica del gobierno actual.

Un respaldo con matices

La ratificación de Velarde evidencia el respaldo del Senado a la política económica neoliberal, pero también expone tensiones internas en Juntos por el Perú, donde una parte de la bancada parece alinearse con el discurso crítico de la campaña, mientras que otro sector —incluyendo a su líder, Roberto Sánchez— optó por priorizar la estabilidad institucional.

El siguiente paso será analizar el registro nominal de la votación, que permitirá medir, senador por senador, la coherencia entre las promesas de campaña y las decisiones tomadas en el hemiciclo.

El paro regional comenzó este miércoles 16 de septiembre en Iquitos y se extenderá hasta el viernes 18. Los gremios reclaman soluciones por los cortes de electricidad, el costo de los combustibles y el avance de la minería ilegal.

Iquitos, 16 de septiembre de 2026.- Loreto inició este miércoles un paro regional de 72 horas convocado por organizaciones gremiales y sociales, con movilizaciones, bloqueos de vías y cierre de establecimientos comerciales en distintos sectores de Iquitos. La medida exige al Gobierno respuestas concretas frente a los cortes del servicio eléctrico, el incremento del costo de los combustibles y el avance de la minería ilegal.

Iquitos amaneció con vías bloqueadas

La jornada comenzó durante la madrugada con piquetes en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los bloqueos fue reportado en la avenida José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista, donde manifestantes restringieron el tránsito mediante la colocación de residuos y quema de llantas.

Las organizaciones convocantes exigen además que el Ejecutivo envíe una comisión de alto nivel con capacidad de decisión para atender el pliego regional. La CGTP Loreto sostiene que los problemas acumulados afectan directamente al transporte, el comercio, los servicios y el costo de vida de la población.

La crisis eléctrica es uno de los reclamos

La protesta ocurre mientras las autoridades nacionales anuncian medidas para enfrentar las deficiencias del sistema eléctrico de Iquitos. El MINEM informó que prepara un mecanismo para permitir mayor competencia en la generación y facilitar la participación del COES en la operación del sistema aislado.

El Gobierno Regional de Loreto informó además que gestiona la incorporación de 9 MW de contingencia y el avance del proyecto de interconexión de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Combustible y minería ilegal completan el pliego

El precio de los combustibles constituye otro de los principales motivos de la paralización. El MINEM aprobó medidas temporales para facilitar el abastecimiento de gasolina en Loreto debido a las restricciones de navegación fluvial. Petroperú informó que un convoy con 15.000 barriles de gasolina se encontraba en tránsito hacia Iquitos.

La minería ilegal constituye el tercer eje del reclamo. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la exposición al mercurio de población de diversas cuencas de Loreto y pidió al Gobierno Regional recursos para reforzar la atención sanitaria de las personas afectadas.

El paro continuará durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, mientras los gremios esperan una respuesta del Ejecutivo. El principal punto pendiente es si las medidas anunciadas por las autoridades lograrán atender las demandas que han llevado nuevamente a Loreto a paralizar sus actividades.

El ministro José Antonio Chang anunció que el Minedu retirará del currículo escolar lo que considera “ideología” y cuestionó la denominación de “guerra civil” para la violencia de 1980-2000. La CVR documentó también graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Lima, 16 de septiembre 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori abrió una nueva disputa sobre la enseñanza de la historia reciente del Perú al anunciar una revisión del currículo escolar y plantear que la violencia política de 1980-2000 sea enseñada sin interpretaciones que el Ejecutivo considere ideológicas. El ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo el 14 de septiembre que se retirará “todo tipo de ideología” de la currícula.

Una revisión que alcanza a la historia reciente

La medida forma parte del Plan Nacional de Educación 2026-2031, presentado por Fujimori y Chang en Santa Anita. El Gobierno sostiene que el currículo debe concentrarse en conocimientos, datos, estadísticas y aprendizajes fundamentales, además de reforzar lectura, matemáticas, ciencias, educación cívica e inglés.

Pero la definición adquiere una dimensión política cuando Chang cuestiona la forma de enseñar la violencia de las décadas de 1980 y 1990. El ministro rechazó que se utilice el concepto de “guerra civil” y sostuvo que durante ese periodo hubo “terrorismo”, en referencia a la violencia ejercida por Sendero Luminoso y el MRTA.

La evidencia histórica incluye abusos del Estado

La posición anunciada por el Ejecutivo deberá contrastarse con el mandato y las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La CVR investigó el periodo 1980-2000 y concluyó que el Perú atravesó un conflicto armado interno en el que actuaron organizaciones subversivas y agentes estatales.

Su informe documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros graves abusos cometidos por agentes policiales y militares, además de los crímenes perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA. La propia creación de la CVR estableció como objetivo esclarecer responsabilidades de ambos lados.

Al respecto, la ex parlamentaria Margot Palacios cuestionó la postura del Gobierno de Keiko Fujimori, señalando que se debe condenar el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, pero al mismo tiempo deben mantenerse en la enseñanza básica los crímenes atribuidos a agentes del Estado durante los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori. En su pronunciamiento, advierte que esta modificación formaría parte de un proceso de revisión de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno y relaciona con recientes cambios legislativos sobre delitos de lesa humanidad atribuidos al gobierno fujimorista.

Aún no existe evidencia de un “borrado” curricular

Hasta ahora, el hecho comprobado es el anuncio político y ministerial de modificar el currículo. No se ha publicado todavía un nuevo currículo que permita determinar qué contenidos sobre las violaciones de derechos humanos serán eliminados, modificados o mantenidos. Por ello, presentar como hecho consumado que el Gobierno ya “borró” esos crímenes de los colegios excedería la evidencia disponible.

La controversia queda ahora centrada en el contenido concreto de la reforma: qué fuentes históricas utilizará el Minedu, cómo definirá los conceptos vinculados al periodo de violencia y qué lugar tendrán en las aulas las responsabilidades de las organizaciones subversivas y las violaciones cometidas por agentes estatales. Ese contenido aún está pendiente de conocerse.