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Aldo Vásquez sobre propuesta del Congreso de destituir e inhabilitar a miembros de la JNJ: «Buscan nuestra muerte civil»

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará hoy el informe final del congresista Esdras Medina que propone la destitución e inhabilitación por 10 años de los magistrados de la JNJ.
Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en diálogo con RPP, se pronunció en torno al debate del informe final del congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) -agendado para hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales- que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a los miembros del pleno de dicha entidad de justicia.
Como se sabe, dicho informe recoge la investigación y evaluación de medios probatorios referidos a las denuncias presentadas por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) contra los 7 magistrados titulares de la JNJ, referidos al límite de edad para ejercer el cargo de miembro del pleno de la entidad que, según la denuncia, habría trasgredido Luz Tello de Ñecco.

Ante ello, Aldo Vásquez reafirmó que la JNJ no actuó de manera irregular, e indicó que con la inhabilitación que se propone en su contra se estaría buscando «su muerte civil».
«La Constitución dice que para ser miembro de la JNJ se requiere, entre otras condiciones, tener entre 45 y 75 años de edad, pero el artículo 155 de la Constitución establece con claridad que el mandato de los miembros de la JNJ es de 5 años. Para limitar un derecho, como es el de los miembros de permanecer 5 años, se requiere un mandato expreso de la norma, y no existe un mandato expreso que diga que un miembro de la JNJ vaca o cesa a los 75 años de edad», explicó.
«Es más, la Ley Orgánica de la JNJ establece hasta 37 causales para el cese o la vacancia de los miembros, y ninguna está vinculada a la edad. Es decir, la tesis que busca nuestra inhabilitación por 10 años, es decir nuestra muerte civil, la tesis que subyace es que nosotros deberíamos haber removido, vacado a la magistrada Inés Tello cuando cumplió 75 años, aun sin tener un mandato legal para poder hacerlo», añadió.
En esa línea, Vásquez consideró que, de haber destituido a la referida magistrada, ahora estarían procesados por infringir el artículo 155 de la Constitución y denunciados por abuso de autoridad.
«Si hubiéramos incurrido en tal postura, lo que habría sucedido es que estaríamos procesados penalmente por un delito, el de abuso de autoridad -en el que incurre aquel funcionario que excediendo las atribuciones que tiene, porque los miembros de la JNJ no tenemos atribuciones para remover a un miembro de la junta cuando cumple 75 años – ya estaríamos destituidos seguramente por el Congreso por incumplir el artículo 155 de la Constitución y estaríamos procesados por abuso de autoridad», precisó.
«Seguiremos defendiéndonos»
Consultado sobre una eventual aprobación de la propuesta de destitución e inhabilitación contra el pleno de la JNJ, Vásquez indicó que los magistrados seguirán defendiéndose en diferentes frentes.
«Nosotros hemos sido muy firmes en la defensa de la institucionalidad de la JNJ, este no es un tema personal, restan poco más de 10 meses para el cumplimiento de nuestro mandato constitucional, que es el 6 de enero del 2025», señaló.
«Evidentemente, nos hemos defendido en todos los escenarios como el mediático y también el parlamentario, el internacional, el judicial, el académico, y por supuesto que seguiremos haciéndolo si es que se concretara. Yo confío en que no ocurrirá, siempre he sido optimista y siempre he creído que dentro del Congreso hay fuerzas políticas y representantes que tienen muy claro que no se puede avasallar a un órgano constitucional autónomo», puntualizó.
Fuente RPP.
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Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.
El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado
El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.
El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.
Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.
La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.
Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?
El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.
Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.
Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada
La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.
Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.
Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.
Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.
Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.
En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.
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Puno fue escenario de una de las mayores presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

Puno, 24 de enero de 2026.– La ciudad de Juliaca fue escenario de una de las más multitudinarias presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un acto político que congregó a la plancha presidencial, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido Juntos por el Perú provenientes de diversas regiones del país.
El evento marcó el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino, en un contexto de intensificación de la actividad proselitista a nivel nacional. La actividad se desarrolló en la región Puno, considerada estratégica dentro del escenario electoral del sur andino.
Entre los candidatos principales al Senado Nacional que participaron se encuentran José Mercedes Castillo Terrones, Margot Palacios Huamán, Elías Varas Seguin, Jaime Quito Sarmiento, Isaac Humala, Pasión Dávila, entre otros. Asimismo, asistieron postulantes a la Cámara de Diputados como Irma Castillo Terrones, Yenifer Paredes Paredes, Cledin Vásquez, César Tito Rojas y una lista larga de ellos que hicieron uso de la palabra. Durante la jornada se expusieron propuestas vinculadas a demandas sociales, descentralización y fortalecimiento de la representación regional en el Congreso.

En su discurso, Roberto Sánchez Palomino destacó el rol del sur del país en el proceso electoral y afirmó que su candidatura presidencial busca consolidar una propuesta política que recoja las principales demandas de los sectores populares y de los departamentos históricamente postergadas. También hizo un llamado a la unidad de las organizaciones políticas y sociales con miras a los comicios de 2026.
Los candidatos al Senado coincidieron en la necesidad de promover una agenda legislativa orientada a la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones, el impulso de una nueva Constitución y la implementación de cambios estructurales, además del fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos sociales. Los organizadores señalaron que el evento evidenció cohesión interna y despliegue territorial de la propuesta política de Juntos por el Perú.
Con esta presentación en Puno, la campaña electoral hacia las Elecciones Generales 2026 ingresa a una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de actividades proselitistas fuera de Lima y por los esfuerzos de los partidos políticos por posicionar a sus principales liderazgos a nivel nacional.
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El presidente interino José Jerí enfrenta una vacancia inminente por reuniones clandestinas con empresario chino

Lima, 21 de enero de 2026 – El presidente interino de la República, José Jerí Oré, se encuentra en el centro de una grave crisis política tras su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde trató explicar las reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang (conocido como «Johnny Yang»), dueño de varios locales comerciales. La sesión, que duró varias horas y fue presidida por el legislador Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), abordó dos encuentros clave: uno el 26 de diciembre de 2025 en un chifa en el distrito de San Borja, y otro el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón del Centro de Lima.
En su intervención, Jerí negó cualquier irregularidad, tráfico de influencias o negociación ilícita, argumentando que las reuniones respondieron a invitaciones relacionadas con actividades de amistad Perú-China, sin solicitudes de favores ni beneficios indebidos. Admitió la presencia ocasional de Ji Wu Xiaodong (investigado por otros delitos), pero sostuvo desconocer detalles de su situación judicial. El mandatario descartó renunciar, enfatizando que hacerlo implicaría admitir culpas inexistentes, y aseguró plena colaboración con las investigaciones. El empresario Zhihua Yang emitió un comunicado negando haber pedido favores y cuestionando la filtración de videos de seguridad.
El Congreso registra al menos tres mociones de censura contra Jerí en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, lo que derivaría en su salida de la presidencia interina. Una de ellas, impulsada por la congresista Ruth Luque Ibarra, que cuenta con las 20 firmas requeridas para su admisión a trámite y argumenta falta de transparencia e incapacidad moral por las reuniones clandestinas. Bancadas como Renovación Popular y otros funcionales al régimen también han anunciado recolección de firmas para una censura adicional y pedido de un Pleno Extraordinario. Estas mociones requieren solamente de 66 votos en el Pleno para prosperar.
Paralelamente, avanza una moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente, promovida por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) y con firmas en aumento (alcanzando al menos 16 en reportes previos). Asimismo, Margot Palacios Huamán impulsa una segunda moción de vacancia presidencial, que ya contaría con 15 firmas. Este mecanismo exige 87 votos en el Pleno, un umbral más elevado, aunque sectores progresistas, de izquierda y algunos independientes lo impulsan con fuerza. Mientras, bancadas de ka derecga parlamentaria que son mayoría como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos han mantenido silencio o posiciones de respaldo implícito al mandatario hasta el momento, pero está claro que en el práctica no apoyarán dicha mociones.
Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras los reportajes que difundieron imágenes de los encuentros. El caso, denominado «Chifagate» en medios, se desarrolla en plena transición gubernamental a meses de las Elecciones Generales de 2026, generando amplio debate sobre transparencia y posibles convocatorias a Pleno extraordinario en el Congreso, actualmente en receso.
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