Trujillo, 12 de setiembre de 2026.- Nuevas imágenes de cámaras de seguridad difundidas por Hildebrandt en sus Trece vuelven a poner bajo cuestionamiento la versión oficial sobre la masacre de Trujillo, ocurrida el pasado 30 de agosto y que dejó cuatro personas asesinadas y al comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla secuestrado. Los registros fueron captados aproximadamente 12 horas antes del ataque y muestran a varias personas utilizando la camioneta Toyota Hilux vinculada posteriormente con el crimen.

Las imágenes fueron registradas en un grifo de la avenida España, a unas seis cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. En la secuencia aparecen cuatro hombres vinculados a dos vehículos y, posteriormente, un hombre acompañado por dos mujeres. Parte de ellos termina abordando la Hilux, después de colocar equipaje en la tolva. La escena adquiere especial relevancia porque se trataría de los últimos ocupantes conocidos de la camioneta antes de la masacre.

¿Y los primeros detenidos?

El nuevo material golpea directamente la hipótesis policial que inicialmente presentó a los primeros intervenidos como integrantes de la organización criminal que ejecutó el ataque. Según fuentes de la Fiscalía citadas por el semanario, los hombres registrados en las nuevas imágenes presentarían una talla y contextura compatibles con quienes habrían participado en el crimen, a diferencia de algunos de los detenidos inicialmente exhibidos por la Policía.

La revelación resulta especialmente incómoda para el alto mando policial. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, han defendido públicamente los avances de la investigación y la participación de los detenidos. Revoredo llegó a sostener que entre los intervenidos había dos o tres personas que habrían disparado directamente durante el ataque.

Sin embargo, la propia Policía había reconocido que la investigación todavía estaba en desarrollo y que debía establecerse el grado de participación de cada detenido. El Ministerio del Interior informó inicialmente sobre cinco intervenidos como presuntos integrantes de “Los Pulpos”, mientras que posteriormente el número de detenidos fue aumentando y Revoredo afirmó que algunos habrían cumplido funciones directas en la escena.

Una camioneta, varias interrogantes

El caso también mantiene abierta la controversia sobre la camioneta utilizada en el ataque, cuya placa fue reportada como clonada. A ello se suma la aparición de un Suzuki relacionado con Peter Bocanegra Aguilar, detenido por su presunta vinculación con el crimen, que habría seguido los movimientos de la Hilux y vuelto a aparecer cerca de ella después del ataque.

Las nuevas imágenes no prueban por sí solas quiénes ejecutaron la masacre ni determinan responsabilidad penal. Pero sí introducen un elemento que la Fiscalía deberá contrastar con las declaraciones, pericias, registros telefónicos, cámaras de seguridad y demás evidencias. De hecho, la situación jurídica de los detenidos sigue siendo la de investigados y corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en la evidencia reunida.

¿Cambiará el discurso del Gobierno?

La evidencia también coloca presión política sobre la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo. El Gobierno había presentado las capturas como un resultado importante frente al crimen organizado, mientras la Policía defendía la tesis de que los detenidos tenían participación en el ataque. Las nuevas imágenes obligan, como mínimo, a revisar públicamente esa narrativa.

La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo mantendrá la prevista ceremonia de desagravio y despedida para el general Óscar Arriola o si, ante las nuevas evidencias, modificará su posición. Sobre todo, deberá explicar si mantiene la afirmación de que los detenidos presentados por la Policía fueron los autores materiales de la masacre o si reconocerá que la investigación enfrenta nuevas y serias interrogantes. El caso de Trujillo, lejos de estar cerrado, vuelve a colocar a la PNP y al Gobierno bajo escrutinio.

Lima, 12 de setiembre de 2026.- Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima este sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. El clásico terminó definido en los descuentos, cuando Lisandro Alzugaray aprovechó un error defensivo para darle el triunfo a la visita.

El equipo crema abrió el marcador a los 16 minutos. Alex Valera apareció para convertir el 1-0 tras una asistencia de Gianluca Lapadula, en una acción que permitió a Universitario tomar ventaja en Matute y administrar el resultado durante buena parte del encuentro.

Alianza encontró el empate

Alianza Lima reaccionó en la segunda mitad y consiguió igualar el marcador alrededor de los 77 minutos. Federico Girotti apareció para establecer el 1-1 y devolverle al conjunto blanquiazul la posibilidad de quedarse con el clásico ante su público.

Cuando todo apuntaba a un empate, el partido tuvo su desenlace en el tiempo añadido. A los 90+7 minutos, una descoordinación entre Gianfranco Chávez y el arquero Alejandro Duarte dejó la pelota a disposición de Alzugaray, quien definió para establecer el 2-1 definitivo.

Golpe en la pelea por el Clausura

El triunfo permite a Universitario sumar tres puntos importantes en su pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura. Los reportes posteriores al partido ubicaron al conjunto crema en la parte alta de la clasificación, mientras Alianza Lima quedó más rezagado en la lucha por el torneo.

La derrota representa además un duro golpe para los íntimos, que ejercieron la localía en Matute y terminaron perdiendo un partido que habían logrado equilibrar en el tramo final. El clásico volvió a resolverse a favor de Universitario, que ya había derrotado 1-0 a Alianza en el Apertura.

Universitario vuelve a celebrar

Con el 2-1 de este sábado, Universitario volvió a imponerse a su histórico rival y consiguió una victoria de alto impacto en la novena jornada. El desenlace, marcado por el error defensivo de Alianza y el gol de Alzugaray en el último minuto, dejó a los cremas fortalecidos en la lucha por el Clausura.

Lima, 9 de septiembre de 2026. La llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al Perú coloca al gobierno de Keiko Fujimori ante una de sus primeras controversias de política exterior: la incorporación del país al denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para coordinar a gobiernos del continente contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Rubio anunció el martes 8 de septiembre que Perú se incorporaba a esta arquitectura regional, antes de reunirse con Fujimori. La presidenta ya había comunicado desde agosto su interés en que el país formara parte de la iniciativa. El jueves 10, ambos tienen previsto reunirse en Palacio de Gobierno para abordar seguridad, lucha contra el crimen organizado, defensa, comercio, inversiones y cooperación frente al fenómeno El Niño.

El anuncio ha generado dos lecturas contrapuestas. Para el Ejecutivo, representa una oportunidad para ampliar la cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. Para sectores de izquierda y organizaciones críticas de la política exterior de Washington, supone un nuevo nivel de alineamiento con Estados Unidos y abre interrogantes sobre soberanía, autonomía estratégica y posibles compromisos militares.

El «Escudo de las Américas» busca articular a los gobiernos del continente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia transnacional. Sin embargo, su implementación en Perú se ha realizado sin debate parlamentario ni tratado formal, lo que ha generado desconfianza. La excongresista Margot Palacios lo calificó como una «entrega de territorio» y un retorno a la condición de «patio trasero», advirtiendo que el país podría quedar subordinado a los intereses geopolíticos de EE.UU.

Pero hay una pregunta que va más allá de la disputa ideológica: ¿qué significa jurídicamente que Perú haya ingresado al “Escudo de las Américas” y qué obligaciones concretas asumió el Estado?

Una incorporación anunciada, pero todavía bajo interrogantes jurídicos

La principal controversia ya no es si Perú entrará o no al mecanismo. Rubio confirmó públicamente su incorporación y el Gobierno peruano ha asumido esa decisión como parte de su política exterior.

Lo que permanece sin suficiente explicación pública son los alcances jurídicos, políticos y operativos de esa incorporación.

La preocupación llegó al Congreso. El Senado aprobó por unanimidad, con 52 votos, que el canciller Carlos Espá explique ante el Pleno la naturaleza jurídica de la incorporación, los compromisos asumidos, su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Parlamento. La presentación fue programada para el 16 de septiembre.

La senadora Ruth Luque, una de las impulsoras de la iniciativa, planteó una pregunta central: si la incorporación ya constituye un hecho, ¿cuál es exactamente el instrumento jurídico que la sustenta y a qué se comprometió el Estado peruano? También se ha solicitado precisar si hubo evaluación del Consejo de Ministros y opiniones del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Policía Nacional.

Por ello, presentar el asunto simplemente como una adhesión realizada “sin debate parlamentario” resulta incompleto. Sí existe ahora un proceso de fiscalización parlamentaria, aunque el debate se produce después de que el Ejecutivo anunciara la incorporación.

La calle también responde

La controversia llegó este miércoles a las calles de Lima. Un grupo de manifestantes, compuesto por unas decenas de personas, se concentró en la Plaza San Martín para protestar contra la visita de Rubio y el ingreso peruano al “Escudo de las Américas”. Los participantes exhibieron pancartas con consignas como “¡Fuera Marco Rubio del Perú!” y “¡No al Escudo de las Américas!”.

La movilización había sido convocada previamente por el Partido Comunista del Perú–Patria Roja, que llamó a trabajadores, estudiantes e intelectuales a rechazar la visita del funcionario estadounidense.

En un pronunciamiento fechado el 9 de septiembre, Patria Roja rechazó la incorporación y sostuvo que la lucha contra el crimen organizado debe desarrollarse mediante una estrategia soberana y mecanismos de cooperación entre Estados en condiciones de igualdad. La organización también vinculó la discusión de seguridad con la disputa internacional por los minerales estratégicos y rechazó convertir al Perú en parte de una política de bloques frente a China u otros países.

Sin embargo, la evidencia disponible hasta el momento no muestra una movilización social masiva contra la visita. El rechazo callejero registrado este miércoles aparece, por ahora, como una expresión minoritaria, aunque políticamente significativa por el contenido de sus demandas.

El dato que cambia la historia: Perú ya era aliado principal de EE.UU.

Existe además un antecedente que no debería quedar fuera del análisis. El 14 de enero de 2026, Donald Trump designó oficialmente a Perú como Major Non-NATO Ally (MNNA), es decir, Aliado Principal Extra-OTAN. La determinación estadounidense señala que la medida busca ampliar la cooperación en seguridad entre ambos países y facilitar ámbitos como investigación y desarrollo, tecnología satelital, arrendamiento de material de defensa y cooperación antiterrorista.

Por tanto, el “Escudo de las Américas” no constituye el comienzo de la relación estratégica de seguridad entre Lima y Washington. Es un paso adicional dentro de un proceso iniciado antes del gobierno de Keiko Fujimori.

El propio Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ya había señalado en julio que entre las prioridades de la nueva administración estaba reforzar la coordinación con países vecinos en materia de seguridad y continuar con la incorporación del Perú al “Escudo de las Américas”.

La cuestión de fondo pasa entonces de “¿Perú se está acercando a Estados Unidos?” a una pregunta más precisa: ¿hasta dónde llegará ese acercamiento y bajo qué condiciones?

Rubio, China y el puerto de Chancay

La visita tampoco puede analizarse exclusivamente desde la lucha contra el narcotráfico. En su gira por Colombia, Ecuador y Perú, Rubio ha colocado la relación con China entre las preocupaciones estratégicas de Washington. En el caso peruano, sus declaraciones hicieron referencia directa a inversiones chinas y a sectores considerados estratégicos.

Uno de los puntos sensibles es el puerto de Chancay, operado por COSCO Shipping, empresa estatal china. Rubio cuestionó públicamente el modelo de inversiones respaldadas por Beijing y sostuvo que determinados proyectos chinos pueden generar problemas de transparencia y seguridad.

La respuesta china no tardó. Su embajada en Lima defendió las inversiones de su país y afirmó que estas respetan la legislación peruana.

Así, detrás del discurso de cooperación contra el crimen organizado aparece una disputa mayor: la competencia entre Washington y Beijing por influencia económica, tecnológica, comercial y estratégica en América Latina. Y Perú ocupa una posición especialmente sensible por su relación simultánea con ambas potencias.

¿Seguridad contra el crimen o nueva arquitectura geopolítica?

El Gobierno estadounidense presenta el “Escudo de las Américas” como una herramienta para enfrentar amenazas transnacionales. La iniciativa fue lanzada por Trump en marzo de 2026 y reúne a gobiernos latinoamericanos interesados en coordinar acciones contra organizaciones criminales y redes vinculadas al narcotráfico.

Pero la iniciativa también tiene una dimensión geopolítica. La actual administración estadounidense busca reforzar su influencia en el hemisferio occidental y contener la creciente presencia de actores externos, especialmente China. La gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú se desarrolla precisamente en ese contexto. Reuters ha descrito el recorrido como parte del esfuerzo de Washington por profundizar la cooperación antidrogas y reforzar su influencia regional.

El contraste regional también es revelador. En Colombia, la cooperación con Estados Unidos ya contempla asistencia en inteligencia, entrenamiento y equipamiento, mientras Ecuador mantiene una relación de seguridad todavía más intensa con Washington.

Eso convierte al caso peruano en un asunto que merece seguimiento: ¿el Escudo será para Lima principalmente un mecanismo de intercambio de información y cooperación policial, o terminará ampliándose hacia ámbitos militares, inteligencia, equipamiento y operaciones conjuntas? Esa respuesta todavía no está completamente expuesta.

Los actores y sus intereses

El Gobierno de Keiko Fujimori busca presentar el acercamiento como una respuesta a una preocupación concreta de la población: la expansión del crimen organizado, las extorsiones, el narcotráfico y otras formas de delincuencia transnacional.

Estados Unidos, por su parte, obtiene un socio estratégico en un país que ya posee la condición de Aliado Principal Extra-OTAN y que además ocupa una posición relevante en el Pacífico sudamericano.

La oposición de izquierda cuestiona que la seguridad pueda convertirse en una puerta de entrada para compromisos geopolíticos más amplios. Senadores de Ahora Nación y Juntos por el Perú han solicitado conocer los alcances jurídicos y operativos de la incorporación y sus eventuales efectos sobre la soberanía.

China representa el tercer actor de esta ecuación. Beijing tiene importantes intereses económicos en Perú y observa con atención el nuevo acercamiento entre Lima y Washington.

En consecuencia, el debate ya no es solamente Perú contra Estados Unidos. El verdadero escenario es triangular: Lima intenta fortalecer su seguridad mientras se encuentra en medio de la competencia estratégica entre Washington y Beijing.

Lo que todavía falta saber

La investigación sobre el “Escudo de las Américas” debería concentrarse ahora en documentos y decisiones concretas:

1. ¿Cuál es el instrumento jurídico que formaliza la incorporación del Perú?
2. ¿Qué compromisos específicos asumió el Ejecutivo?
3. ¿Existe intercambio de inteligencia y bajo qué reglas de protección de información?
4. ¿Se contempla participación de las Fuerzas Armadas peruanas en operaciones conjuntas?
5. ¿Puede ingresar personal militar estadounidense al territorio peruano bajo este mecanismo o se requiere autorización independiente?
6. ¿Qué papel tendrán el Congreso, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional?
7. ¿Existen compromisos relacionados con infraestructura estratégica, minerales críticos, tecnología o inversiones?
8. ¿La cooperación está limitada a la lucha contra el crimen o incorpora explícitamente objetivos geopolíticos frente a China, Irán u otros actores?

Estas preguntas adquieren mayor importancia porque el Congreso ya ha solicitado respuestas oficiales al canciller.

Cooperación o subordinación: la pregunta sigue abierta

La evidencia disponible permite afirmar que Perú está profundizando su asociación estratégica con Estados Unidos. También permite afirmar que el Gobierno de Fujimori considera esa relación un instrumento para enfrentar problemas de seguridad y fortalecer la posición internacional del país.

Lo que todavía no permite afirmar, sin mayores pruebas, es que la incorporación al “Escudo de las Américas” implique por sí misma una pérdida de soberanía o una subordinación militar del Perú.

Ese es precisamente el punto que debe investigarse.

La discusión no debería reducirse a consignas de “entreguismo” o “alianza estratégica”. La verdadera prueba será documental: qué firmó Perú, qué obligaciones aceptó, quién las negoció, qué controles institucionales existen y cuáles son los límites de la cooperación con Washington.

El próximo hito será la presentación del canciller Carlos Espá ante el Senado, el 16 de septiembre. Allí el Gobierno tendrá que explicar aquello que hasta ahora permanece parcialmente opaco: qué significa, en términos jurídicos y operativos, que Perú ya forme parte del “Escudo de las Américas”.

Mientras tanto, la visita de Rubio deja una conclusión preliminar: el debate sobre seguridad está empezando a mezclarse con otro mucho más profundo, el de la posición del Perú frente a la disputa de poder entre Estados Unidos y China en América Latina.