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La derecha y sus aliados del Congreso de la República blindan a Dina Boluarte
La vacancia presidencial es un mecanismo constitucional de última instancia para preservar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho ante situaciones de extrema gravedad. No se trata de un instrumento menor, sino de una herramienta de emergencia que solo debe activarse cuando existen pruebas inobjetables de que el Jefe de Estado ha incurrido en causales expresamente establecidas en la Carta Magna.
En el caso de la presidenta Dina Boluarte, las denuncias en su contra no son meras especulaciones o diferencias políticas. Estamos hablando de acusaciones de la mayor gravedad, que incluyen crímenes de lesa humanidad por la represión brutal contra manifestantes, dejando un saldo trágico de decenas de vidas. A esto se suman cuestionamientos por su presunta implicación en actos de corrupción, obstrucción a la justicia y enriquecimiento inexplicable.
Sin embargo una vez más, la derecha vende patria ha demostrado su desprecio por la justicia y los derechos humanos al blindar a la presidenta Dina Boluarte de la vacancia, pese a las abrumadoras evidencias de su incapacidad moral para gobernar. En un acto repudiable, el Congreso desestimó las mociones de vacancia presentadas en su contra, impidiendo que rinda cuentas por los graves hechos que empañan su mandato.
Las acciones de Boluarte han sido ampliamente cuestionadas, tanto a nivel nacional como internacional. Su gobierno ha estado marcado por una represión brutal contra las protestas sociales, dejando un saldo trágico de 48 personas muertas a manos de las fuerzas del orden. Lejos de condenar estos crímenes de lesa humanidad, la mandataria ha avalado y defendido el uso excesivo de la fuerza letal, en flagrante violación de las normas internacionales de derechos humanos.
Pero los cuestionamientos no se detienen ahí. Boluarte enfrenta hasta cinco mociones de vacancia por delitos y actos de corrupción, incluyendo desbalance patrimonial inexplicable y presuntos intentos de obstruir la justicia en beneficio de su hermano investigado. Su conducta impropia e incompatible con la dignidad presidencial es innegable.
Sin embargo, la derecha vende patria, fiel a su historial de anteponer sus intereses mezquinos por encima del bien común, ha decidido blindar a Boluarte de la vacancia. Con una votación abrumadoramente en contra de las mociones, estos congresistas han demostrado su complicidad con la impunidad y su desprecio por la voluntad popular, que clama por justicia y el respeto al Estado de Derecho.
Es inaceptable que, ante la crisis de gobernabilidad y la violación sistemática de derechos humanos, la derecha vende patria siga respaldando a una mandataria cuestionada. Su actuar no solo traiciona los principios democráticos, sino que también desafía a la comunidad internacional, que ha condenado enérgicamente las acciones del gobierno de Boluarte.
La historia juzgará con severidad a estos congresistas que han antepuesto sus intereses partidistas por encima de la justicia y el bienestar de la nación. Su blindaje a la impunidad de Boluarte es un acto repudiable que solo alimenta la indignación popular y socava la credibilidad de nuestras instituciones.
Es momento de que la derecha vende patria rectifique su rumbo y actúe en concordancia con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. El pueblo peruano merece un gobierno transparente, responsable y comprometido con la justicia, no una mandataria cuestionada que se aferra al poder a costa de la sangre de sus compatriotas.
En esta hora crítica para nuestra nación, alzamos nuestra voz para denunciar el accionar de la derecha vende patria y exigir que se haga justicia. No descansaremos hasta que se rinda cuentas por los abusos cometidos y se restaure la gobernabilidad y el Estado de Derecho en nuestro país.
Corolario
Es inaudito que, pese a la contundencia de las pruebas presentadas, sectores de la derecha antepusieron sus intereses mezquinos y se negaron a admitir las mociones de vacancia contra Boluarte. Con ello, no solo blindaron la impunidad, sino que también dinamitaron la institucionalidad democrática al anteponer la lealtad partidista sobre la voluntad popular y el Estado de Derecho.
La historia juzgará con severidad este bochornoso episodio en el que la codicia de grupos de poder puso en vilo la estabilidad y la paz social de toda una nación. Ante la negativa del Congreso de actuar con responsabilidad, le corresponde ahora al pueblo peruano, a través de la movilización cívica y pacífica, seguir exigiendo justicia y rendición de cuentas.
Boluarte deberá responder por cada vida segada, por cada derecho conculcado y por cada acto de corrupción cometido. El Perú no merece tener una presidenta repudiada e ilegítima manchando el honor de la más alta magistratura. Es tiempo de recuperar la dignidad nacional y encauzar al país por la senda de la democracia y el buen gobierno.
El pleno del Parlamento Europeo votó el 21 de enero de 2026 remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los tratados europeos, especialmente en estándares ambientales, sanitarios y de protección agraria. La votación fue ajustadísima: 334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
Firmado apenas días antes (el 17 de enero en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones), el acuerdo abre la puerta a mayores importaciones de carne, azúcar, soja y pollo de Mercosur, producidos con normas más laxas que las europeas, lo que genera temores de competencia desleal y perjuicio al campo local.
Miles de agricultores protestaron masivamente frente al Parlamento en Estrasburgo el día previo, con tractores bloqueando accesos y concentraciones de más de 5.000 personas. Al conocerse el resultado, estallaron celebraciones: bocinazos, abrazos, banderas ondeando y gritos de «¡La lucha no fue en vano!» en vídeos virales que recorren las redes.
Organizaciones como Copa-Cogeca, FNSEA y COAG calificaron el voto como una «victoria histórica» lograda por la movilización sostenida. Aunque la Comisión Europea lamentó la decisión y podría intentar una aplicación provisional, el Parlamento y varios países se oponen. La revisión del TJUE podría durar 18-24 meses, dando un respiro clave al sector. ¡El campo europeo festeja hoy una conquista ganada con esfuerzo!
La Marcha de Sacrificio por Justicia «Uyariy», impulsada por familiares de las víctimas fallecidas y heridos durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, avanza por la Panamericana Sur rumbo a la capital. Delegaciones provenientes de regiones como Puno (principalmente Juliaca), Ayacucho, Apurímac, Cusco y otros puntos del sur y centro del país partieron entre el 23 y 25 de enero, con convergencia en San Vicente de Cañete como punto clave antes de ingresar a Lima. Organizaciones como la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM) y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero lideran esta movilización, que busca visibilizar el dolor de más de 50 familias afectadas por hechos documentados por entidades de derechos humanos. Video gracias a «24 Noticias en vivo».
La fecha culminante del 28 de enero de 2026 responde a su significado simbólico: marca el tercer aniversario del fallecimiento de Víctor Santisteban Yactayo, joven de 22 años que perdió la vida por impacto de perdigones policiales en el centro de Lima durante las movilizaciones de 2023. Los principales reclamos incluyen la reactivación inmediata del EFICAVIP (Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas en protestas), desactivado recientemente por resolución del Ministerio Público, así como avances en investigaciones penales, reparaciones integrales a las familias y garantías de no repetición de hechos similares.
Durante el trayecto, se han reportado denuncias de hostigamiento y vigilancia policial en zonas como Chala, Nazca y Cañete, lo que ha motivado llamados a las autoridades para respetar el derecho a la protesta pacífica. La marcha cuenta con el apoyo de colectivos juveniles de la Generación Z, organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y medios aparentemene neutrales vienen difundiendo las exigencias de la marcha. Figuras políticas progresistas han expresado solidaridad, incluyendo denuncias públicas sobre el trato a los marchantes, aunque los organizadores enfatizan que la iniciativa surge directamente del dolor y la autonomía de las familias de las regiones más impactadas, sin adscripción partidaria explícita.
Esta movilización representa un esfuerzo sostenido por memoria, verdad y reparación por parte de las familias afectadas, que insisten en demandas concretas ante el estancamiento judicial. La concentración prevista para el 28 de enero en Lima se perfila como un momento significativo para renovar el llamado a la justicia, en medio de un escenario político polarizado. Las autoridades han sido instadas a garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de la actividad, mientras la sociedad observa el impacto de estas voces regionales en el debate nacional.
Actualidad
Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno
Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.
El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado
El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.
El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.
Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.
La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.
Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?
El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.
Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.
Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada
La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.
Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.
Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.
Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.
Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.
En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.
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