El Ejecutivo pidió poderes para legislar durante 120 días en ocho materias y 66 puntos, pero la Cámara de Diputados redujo la propuesta a seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño, por 90 días. El Senado debate ahora los límites de una eventual modificación, mientras el Gobierno insiste en que el texto aprobado es insuficiente.

Lima, 13 de octubre de 2026.- El gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) busca ampliar el alcance de las facultades legislativas solicitadas al Congreso, después de que la Cámara de Diputados recortara sustancialmente su propuesta original. La disputa se concentra ahora en el Senado, donde el Ejecutivo pretende recuperar parte de las materias excluidas y la oposición advierte que cualquier modificación debe respetar los límites constitucionales de la revisión parlamentaria.

La solicitud inicial contemplaba 66 puntos distribuidos en ocho materias y una delegación por 120 días. Entre ellas figuraban seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, modernización del Estado y vivienda y saneamiento, incluidos aspectos relacionados con la atención del Fenómeno El Niño. El Gobierno argumentó que necesitaba acelerar las medidas contra la criminalidad y prepararse ante una eventual emergencia climática.

Diputados recortó el pedido original

El 1 de octubre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio que redujo la delegación a dos materias: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. El plazo también se acortó de 120 a 90 días y el número de disposiciones quedó en alrededor de 20. Tras un rechazo inicial y una reconsideración, el Pleno de Diputados aprobó el dictamen con 66 votos a favor, aproximadamente 33 o 34 en contra y 24 abstenciones, antes de remitirlo al Senado.

El recorte dejó fuera las facultades relacionadas con empleo, tributación, desarrollo productivo y otras reformas económicas y administrativas. La decisión abrió una disputa entre el Ejecutivo, que considera insuficiente el alcance aprobado, y los sectores parlamentarios que defienden una delegación más acotada y exigen precisar qué normas podrá emitir el Gobierno sin una nueva aprobación legislativa.

Galarreta insiste en ampliar las facultades

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó el alcance de la propuesta aprobada por Diputados. Durante su participación en el debate de la Comisión de Constitución del Senado, sostuvo que «lo aprobado no es suficiente» y defendió la posición del Ejecutivo respecto de la solicitud original.

La insistencia del Gobierno mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de introducir cambios al texto remitido por la Cámara de Diputados. El punto crítico no es solo cuántas medidas podrán aprobarse, sino si el Senado puede modificar su contenido sin alterar la materia y el alcance de la propuesta que recibió.

El límite constitucional bajo disputa

La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular, evalúa el dictamen con la participación de Galarreta y representantes de distintas carteras ministeriales. El debate se desarrolla bajo una restricción central: aunque el Senado puede aprobar, modificar o rechazar el texto, sus cambios no deben desnaturalizar la propuesta aprobada por la cámara de origen.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, ha advertido contra la incorporación de materias ajenas al dictamen y contra una ampliación que altere su esencia. La controversia pone a prueba el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral y la capacidad del Senado para ejercer su función revisora sin convertirla en una vía para reconstruir una solicitud que Diputados ya redujo.

En paralelo, el senador fujimorista Víctor Flores descartó que se restituyan los 66 puntos originales, aunque defendió la posibilidad de incorporar ajustes dentro de los temas aprobados. El presidente de la Comisión de Constitución también afirmó que no hay tiempo para recuperar íntegramente la propuesta inicial y que el debate debe concentrarse en el texto remitido por Diputados, con eventuales modificaciones compatibles con sus límites.

Seguridad: apoyo militar y riesgos para los derechos

El texto aprobado en Diputados incluye medidas para reforzar el control migratorio, fiscalizar armas, bloquear comunicaciones ilícitas, reformar el sistema penitenciario y la justicia juvenil, y combatir delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro, la minería ilegal y la ciberdelincuencia. También contempla disposiciones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y en determinados ámbitos de seguridad pública y penitenciaria.

Este último componente abre un debate sobre los límites entre las funciones policiales y militares, así como sobre las garantías para los derechos fundamentales y la rendición de cuentas durante las intervenciones. La delegación legislativa no elimina la obligación del Estado de respetar el marco constitucional ni sustituye la necesidad de evaluar la eficacia de las medidas frente a las redes criminales.

El Niño: respuesta rápida ante emergencias

En materia climática, el dictamen contempla mecanismos para acelerar la atención de las poblaciones afectadas por el Fenómeno El Niño. Entre ellos figura la posibilidad de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) distribuya directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia, además de medidas de simplificación administrativa, digitalización y atención vinculadas con infraestructura, vivienda, agua, saneamiento y apoyo agrario.

La urgencia de responder ante desastres naturales constituye uno de los principales argumentos del Ejecutivo. Sin embargo, la discusión parlamentaria también debe determinar con precisión qué facultades se delegan, qué controles se aplicarán y cómo se garantizará que la simplificación de procedimientos no debilite la transparencia ni la fiscalización del gasto público.

Empleo, mypes y regulación económica quedaron fuera

La solicitud original también incluía facultades sobre promoción del empleo, fortalecimiento de las mypes, régimen tributario y desarrollo productivo. Esas materias quedaron fuera del texto aprobado por Diputados, aunque el Ejecutivo continúa cuestionando el recorte. La exclusión es relevante porque una eventual delegación en esos campos permitiría al Gobierno aprobar decretos legislativos con efectos sobre la actividad empresarial, las relaciones laborales y la regulación económica.

Las críticas de organizaciones sindicales, incluida la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se habían centrado en el riesgo de que determinadas reformas afectaran derechos laborales. Otros cuestionamientos políticos apuntan a la posibilidad de que cambios tributarios, administrativos o productivos beneficien intereses particulares. Estas objeciones deben distinguirse de hechos acreditados: la solicitud original abarcaba esas materias, pero su eventual impacto dependerá del contenido concreto de las normas que se propongan y aprueben.

Una decisión pendiente en el Senado

Al 13 de octubre, el Senado todavía no había concluido el trámite. La Comisión de Constitución debía continuar el análisis del dictamen y preparar el texto que sería sometido al Pleno. La fecha del 19 de octubre había sido señalada como horizonte para el debate plenario, pero el resultado dependía de la conclusión del trabajo en comisión y de las decisiones parlamentarias.

El desenlace definirá si el Gobierno de Keiko Fujimori obtiene facultades para legislar durante 90 días en los dos ámbitos aprobados por Diputados, con modificaciones compatibles con ese marco, o si se abre una nueva controversia por el alcance de los cambios. En juego están el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, los controles sobre la delegación normativa y la capacidad del Gobierno para responder a la inseguridad y a las emergencias climáticas sin extender sus poderes más allá de lo autorizado por el Congreso.

Roger Mariaca fue aprehendido junto a otros funcionarios del Ministerio Público en un operativo ejecutado por la Policía Boliviana. La Fiscalía denunció un “secuestro”, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que desarticuló una presunta red vinculada al narcotráfico. La DEA habría proporcionado información y cooperación, pero La Paz niega que sus agentes hayan ejecutado directamente la detención.

Bolivia, 01 de octubre de 2026.- El fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, fue detenido durante un amplio operativo policial que terminó también con la aprehensión de otros funcionarios del Ministerio Público. La intervención se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de supuestamente aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a criminales a evadir la justicia. Mariaca negó esas acusaciones y denunció una presunta presión política de Washington.

La propia Fiscalía General denunció inicialmente que Mariaca había sido “secuestrado” y cuestionó la legalidad del procedimiento. También fueron intervenidas instalaciones del Ministerio Público y detenidos funcionarios que se encontraban en su interior. Según testimonios difundidos por la institución, algunos agentes ingresaron a las oficinas sin presentar, según los denunciantes, documentación formal de allanamiento.

¿Participó la DEA?

Este es uno de los puntos más controvertidos. El ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el operativo fue realizado por la Policía Boliviana, aunque reconoció cooperación de Estados Unidos y de otros países en las investigaciones contra el narcotráfico. La versión oficial, por tanto, no confirma que agentes de la DEA hayan detenido personalmente a Mariaca.

La cooperación estadounidense, sin embargo, sí aparece vinculada al caso. Informaciones publicadas por medios internacionales señalan que datos proporcionados por la DEA fueron utilizados en las investigaciones que precedieron al operativo. La detención se produjo, además, después de que Washington sancionara a Mariaca y a otros funcionarios bolivianos.

Cerimedo queda en el centro de la disputa

El caso adquiere una dimensión política adicional porque Mariaca estaba al frente de investigaciones contra Fernando Cerimedo, consultor político argentino relacionado con campañas de sectores de derecha latinoamericanos y con el presidente boliviano Rodrigo Paz.

La Fiscalía había informado que Cerimedo afrontaba varias investigaciones penales. Entre ellas figuran procesos por presunto enriquecimiento ilícito, tentativa de feminicidio, violencia familiar o doméstica y una investigación relacionada con tráfico de sustancias controladas y confabulación.

En septiembre, la Fiscalía amplió una de las investigaciones contra Cerimedo para incorporar presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. El acusado permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

La relación con Rodrigo Paz

La relación entre Cerimedo y Paz también ha sido objeto de controversia. El propio presidente boliviano reconoció que el argentino colaboró durante la campaña electoral y durante la etapa inicial de su Gobierno, aunque negó que hubiera tenido autorización para representar institucionalmente a la Presidencia o que existiera un contrato laboral con el Estado.

Hasta el momento, no existe evidencia pública verificable que permita afirmar que Paz haya ordenado la detención de Mariaca para eliminar las investigaciones contra Cerimedo. Esa hipótesis aparece en distintas interpretaciones políticas y publicaciones, pero debe diferenciarse de los hechos acreditados: Mariaca investigaba a Cerimedo y fue detenido en medio de una operación policial respaldada por cooperación internacional.

Washington había acusado a Mariaca

El conflicto se había intensificado el 29 de septiembre, cuando Estados Unidos anunció la revocación de la visa de Mariaca. Washington lo acusó de utilizar su posición para favorecer actividades vinculadas al narcotráfico. El fiscal respondió que continuaría con las investigaciones que correspondían al Ministerio Público boliviano y cuestionó la decisión estadounidense como una forma de injerencia.

La detención posterior profundizó las dudas sobre el alcance de la nueva cooperación de seguridad entre Bolivia y Estados Unidos bajo el Gobierno de Paz. La administración boliviana ha buscado recomponer las relaciones con Washington y fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Una crisis institucional abierta

El episodio deja una disputa institucional de alto impacto: por un lado, el Gobierno sostiene que desarticuló una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público; por otro, sectores políticos y funcionarios cuestionan el procedimiento empleado para detener al fiscal general y reclaman garantías de debido proceso.

El vicepresidente Edmand Lara también cuestionó la forma de la detención y deslizó dudas sobre una eventual participación de la DEA, aunque esa participación directa no ha sido confirmada oficialmente. El Gobierno, en cambio, insiste en que la operación fue ejecutada por la Policía Boliviana.

El caso Mariaca, por tanto, cruza tres expedientes sensibles: las acusaciones estadounidenses contra funcionarios bolivianos, las investigaciones por presuntos delitos atribuidos a Fernando Cerimedo y el acercamiento político y operativo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y Washington. La principal incógnita ahora será determinar judicialmente si las acusaciones contra Mariaca están sustentadas en pruebas suficientes y si el procedimiento de su detención respetó las garantías establecidas por la legislación boliviana.

La comunicadora que denunciaba corrupción y minería ilegal en Áncash murió a balazos en el mercado de Caraz, a 15 días de las elecciones regionales. Hay cuatro detenidos y la Fiscalía ya habla de sicariato.

Caraz, 19 de setiembre de 2026.- La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como «China Polo», fue ejecutada a balazos este sábado 19 de setiembre, alrededor de las 12:40 horas, mientras repartía propaganda de campaña en la avenida Ramón Castilla, en pleno centro de Caraz, provincia de Huaylas. El ataque, registrado en una transmisión en vivo, dejó además cinco personas heridas que fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

Días antes de morir, Aponte Polo difundió videos en los que denunciaba amenazas de muerte, hostigamiento e incluso llamadas desde establecimientos penitenciarios. Señaló directamente al general PNP Víctor Revoredo Farfán de haber ordenado un atentado contra ella. Las advertencias no fueron atendidas y el sábado, en pleno día, en el mercado de Caraz, un sicario la interceptó y disparó varias veces. Testigos confundieron los tiros con pirotecnia.

Detienen al presunto sicario

La Policía Nacional detuvo horas después al presunto autor material, el ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz, de aproximadamente 30 años, a quien se le incautó una pistola Glock calibre 9 × 19 mm reportada como robada en 2023 en Villa El Salvador. En las siguientes horas se sumaron la detención de un supuesto financista, de quien habría transportado al atacante, y de otro venezolano identificado como Ronal Toro Artila. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó varios detenidos.

La Fiscalía ya habla de sicariato

La investigación, inicialmente abierta como presunto feminicidio, fue recalificada como presunto sicariato, confirmó la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, que ordenó pericias y la revisión de cámaras de seguridad de la zona, incluidas las de un hotel cercano. El Ministerio del Interior envió un equipo especializado de la División de Homicidios a Áncash.

Una voz contra la corrupción

Aponte Polo conducía el espacio digital China Polo Dominical en YouTube, desde donde denunciaba presunta corrupción, crimen organizado, minería ilegal y obras cuestionadas de autoridades locales y regionales. En 2026 postulaba al Gobierno Regional por el movimiento Socios por Áncash. Previamente había sido excluida de una candidatura a diputada por omisión de sentencias condenatorias firmes en su hoja de vida. El móvil del crimen —si responde a sus denuncias periodísticas o a otros intereses— aún no está establecido oficialmente y es materia de investigación.

Lo que está en juego

A 15 días de las Elecciones Regionales del 4 de octubre, el asesinato de China Polo abre dos frentes: la búsqueda de los autores intelectuales que pagaron por el sicariato y la urgente revisión de la seguridad de los candidatos en campaña. Para Caraz, para Áncash y para el periodismo peruano, la pregunta es una sola: ¿quién mandó matar y por qué nadie protegió a quien lo denunció antes de morir?