Una red delictiva dedicada a la falsificación de documentos y clonación de placas de rodaje ha puesto en el ojo de la justicia a Alfredo Zambrano Rodríguez, notario y esposo de la conocida periodista Magaly Medina. Según investigaciones, Zambrano habría avalado 18 cartas poder utilizadas para duplicar ilegalmente matrículas de autos, camionetas y motos, en un caso que involucra a una organización criminal dedicada a robos, secuestros y extorsiones.

El escándalo salió a la luz el 25 de agosto de 2021, cuando Soledad Barazorda Gutiérrez, de 51 años, intentó tramitar el duplicado de ocho placas en la Asociación Automotriz del Perú (AAP) en Surquillo. Las sospechas surgieron al notar irregularidades en las firmas y sellos notariales, los cuales correspondían a Alfredo Zambrano.

La AAP alertó a la Policía, que detuvo a Barazorda y a Marco Antonio Napan Gómez, chofer de la miniván que la esperaba. En el vehículo se encontraron documentos falsificados, registros vehiculares y copias de tarjetas de propiedad.

Napan, liberado horas después, declaró que operaba bajo órdenes de personas que lo contactaban por Facebook, quienes le enviaban fotos de placas y copias de DNI. Por cada placa duplicada, recibía S/200. Además, reveló que una suboficial de la PNP, Olimpia Arenas García, le facilitaba denuncias falsas de robo o pérdida de matrículas en la comisaría de Santa Anita. Para legalizar las cartas poder, Napan acudía a la Notaría Zambrano, donde dos empleadas, Giuliana Navarro y Joansy Olivares, le gestionaban los trámites en 15 minutos, cobrando S/15 por documento. Todas las cartas llevaban el sello y firma de Zambrano.

Zambrano se ha desvinculado del caso, invocando el artículo 108 de la Ley del Notariado, que exime al notario de responsabilidad sobre el contenido de los documentos. Sin embargo, su implicación en el circuito delictivo ha levantado serias sospechas. Mientras tanto, las trabajadoras de la notaría han negado las acusaciones de Napan.

El caso, que sigue en investigación, ha generado alarma por el uso de vehículos con placas clonadas en actividades criminales. La justicia evalúa una audiencia para decidir si se archiva la investigación contra Zambrano, mientras las víctimas, como José Retuerto Vargas, exigen justicia por la suplantación de identidad y clonación de sus placas.

La ciudad de Trujillo permanece en estado de shock tras el colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza, un desastre que ha dejado ocho fallecidos y más de 70 heridos, entre ellos varios niños. Ante la magnitud de la tragedia, ciudadanos se han congregado en las afueras del establecimiento para exigir justicia y han anunciado un plantón en solidaridad con las víctimas.

En el centro de las críticas y denuncias se encuentra Carlos Rodríguez Pastor, dueño de Real Plaza y considerado el hombre más rico del Perú. Una denuncia penal, presentada por el abogado Edison Félix Tito Peralta ante la Fiscalía de La Libertad, lo acusa de homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de auxilio y negligencia en la construcción y mantenimiento de la infraestructura. Junto a él, también están señalados otros directivos de Intercorp Retail, así como a las autoridades regionales y municipales relacionados a César Acuña Peralta, líder político de Alianza Para el Progreso (APP).

Negligencia y fallas estructurales

Según la denuncia, el derrumbe ocurrió alrededor de las 20:30 horas debido a fallas estructurales que habrían sido reportadas con anterioridad, pero que nunca fueron atendidas. Testigos aseguran que la respuesta de emergencia fue lenta e ineficaz, lo que agravó la situación de las víctimas atrapadas bajo los escombros.

«Esto no fue un accidente, fue una tragedia anunciada. La negligencia empresarial y la falta de fiscalización han cobrado vidas inocentes», declaró un familiar de una de las víctimas.

Además de Rodríguez Pastor, la denuncia incluye a Misael Shimizu, vicepresidente de servicios inmobiliarios de Intercorp Retail, y al alcalde de Trujillo, Carlos Fernando Vejarano Celis, por no garantizar las condiciones de seguridad necesarias en el centro comercial.

Reacciones y exigencias de justicia

Las redes sociales se han convertido en un espacio de indignación, donde usuarios responsabilizan a Rodríguez Pastor y a las autoridades por la tragedia. Organizaciones civiles y ciudadanos exigen sanciones ejemplares y una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos. También se ha apuntado a figuras políticas como Adriana Tudela y Alejandro Cavero, quienes habrían impulsado leyes que permitieron el funcionamiento del centro comercial sin las debidas inspecciones técnicas.

Mientras tanto, las instalaciones del Real Plaza Trujillo permanecen clausuradas a la espera de los peritajes técnicos que determinarán las causas exactas del colapso. Este caso podría sentar un precedente en la regulación de centros comerciales y en la responsabilidad penal de sus directivos en el Perú.

La ciudad de Trujillo clama por justicia, y las víctimas y sus familias esperan que este doloroso hecho no quede en la impunidad. La presión social y mediática mantiene el caso en el centro del debate nacional, mientras las autoridades judiciales tienen la última palabra.

La reciente aprobación de la Ley N°32194, impulsada por la congresista Margot Palacios Huamán, representa un paso decisivo para resolver los problemas crónicos que afectan a la carretera Los Libertadores, la principal vía que conecta Ayacucho con la costa peruana.

Esta norma, que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la reconstrucción y rehabilitación de la carretera, llega en un momento crítico, tras el deterioro acelerado de la infraestructura debido a las intensas lluvias y los reiterados accidentes que han puesto en riesgo a miles de usuarios.

La utilidad de esta ley radica en su capacidad para priorizar recursos y agilizar los procesos de intervención en la vía. Gracias a su promulgación, las autoridades nacionales y subnacionales podrán destinar fondos específicos para el asfaltado, la implementación de medidas de prevención ante desastres naturales y la corrección de puntos críticos que han sido escenario de accidentes, como el ocurrido en febrero de 2024, donde un despiste de un bus de la empresa CIVA dejó 17 fallecidos y 18 heridos.

Además, la norma permitirá superar los obstáculos que han retrasado los trabajos, como la limitada ejecución del Consorcio Santa Gabriela, que solo completó 41.21 km de los tramos programados, y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno regional.

La congresista Palacios ha asegurado que la ley no solo busca reparar los daños existentes, sino también prevenir futuros deterioros. Para ello, ha coordinado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de garantizar su implementación oportuna.

Esto incluye la realización de estudios técnicos, la supervisión constante de los trabajos y la incorporación de tecnología que permita monitorear el estado de la vía en tiempo real.

En un contexto donde las lluvias siguen afectando la infraestructura vial, la Ley N°32194 se convierte en una herramienta indispensable para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios de la vía Los Libertadores.

Su aprobación no solo refleja el compromiso de la congresista con el desarrollo de Ayacucho, sino que también demuestra que una gestión parlamentaria eficaz puede generar soluciones concretas y duraderas para problemas que afectan a miles de personas.