El partido político Ahora Nación, que postula al exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Alfonso López Chau como candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026, enfrenta cuestionamientos tras un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder de América Televisión el 1 de febrero de 2026. La investigación reveló que varios de sus postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados presentan sentencias firmes, investigaciones fiscales en curso y denuncias judiciales, según registros del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el reportaje, se identificaron 11 candidatos con antecedentes penales o administrativos graves. Entre los casos destacados figura Andrés Asín Meléndez, quien encabeza la lista al Senado por Lima y fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de peculado durante su gestión como exalcalde de Nuevo Imperial (Cañete), además de registrar deudas tributarias con la SUNAT. Otros postulantes enfrentan procesos por omisión a la asistencia familiar, tocamientos indebidos y deudas coactivas con el Estado, lo que genera un contraste con el discurso de renovación ética y anticorrupción promovido por la agrupación.

El propio candidato presidencial Alfonso López Chau se encuentra bajo investigación fiscal por presunto delito de colusión agravada relacionado con irregularidades durante su gestión como rector de la UNI, según fuentes judiciales consultadas en el reportaje. Aunque el proceso se mantiene en etapa de investigación y no implica una sentencia firme, ha sido incluido en el análisis para resaltar la coherencia del mensaje partidario. López Chau, de 75 años, ha escalado en las encuestas recientes, ubicándose en el cuarto lugar con alrededor del 4,6 % de intención de voto según Datum Internacional (trabajo de campo del 16 al 20 de enero de 2026, margen de error ±2,8 %).

Ante las revelaciones, el partido Ahora Nación emitió comunicados desde diciembre de 2025 solicitando la renuncia inmediata de los candidatos cuestionados y activando su Comisión de Ética para evaluar posibles expulsiones. Alfonso López Chau declaró en entrevistas posteriores que «los delincuentes están en otros partidos» y que su organización no tolera ni encubre irregularidades, enfatizando que se actúa con rapidez para mantener la credibilidad. Algunos postulantes ya han renunciado o sido excluidos en respuesta a estas medidas internas.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de las Elecciones 2026, donde múltiples agrupaciones políticas enfrentan críticas similares por la inclusión de candidatos con procesos judiciales, según informes de organizaciones como El Poder en Tus Manos y el propio JNE. Un análisis de esta entidad reveló que 252 candidaturas a nivel nacional registran sentencias penales firmes, incluyendo delitos como corrupción, violencia familiar y hurto, distribuidas en casi todas las organizaciones políticas que compiten. La ciudadanía mantiene altos niveles de desconfianza hacia la clase política, con encuestas que indican que un porcentaje significativo prefiere opciones nuevas pese a los cuestionamientos recurrentes en casi todas las listas electorales.

La Municipalidad Distrital de Ate rechazó la autorización para el lanzamiento de la plancha presidencial «castillista» de Juntos por el Perú (JP), programado para este domingo 1 de febrero de 2026 en la zona de Huaycán, distrito de Ate Vitarte, Lima Este. El evento buscaba marcar el inicio formal de la campaña del congresista y exministro Roberto Sánchez Palomino como candidato presidencial, respaldado explícitamente por el expresidente Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo, ubicado en la misma jurisdicción.

A través de un comunicado oficial emitido el mismo día, el partido lamentó la decisión y la calificó como «discriminatoria y antidemocrática». El texto, firmado por el Dr. Walter Flores Chococo, Coordinador General del Comando Nacional de Campaña de JP, señala que la municipalidad rechazó «de forma discriminatoria» la solicitud presentada por el comité organizador. «Nos vemos obligados a suspender la presentación de la plancha presidencial castillista», indica el pronunciamiento, que denuncia un «ataque a la libertad de expresión contra la fuerza política liderada por el presidente Pedro Castillo».

El rechazo se produce en un contexto de alta polarización política rumbo a las elecciones generales de abril 2026. Huaycán es un bastión histórico del castillismo y de movimientos de izquierda en Lima Este, donde JP busca consolidar apoyo popular. El alcalde de Ate, Franco Vidal Morales —quien asumió en 2023 por Avanza País (partido de centro-derecha que postula a José Williams a la presidencia en 2026) y recientemente renunció a esa agrupación para declararse «político libre»—, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial detallando los motivos específicos de la denegación. Fuentes cercanas al evento sugieren que se invocaron razones administrativas o de orden público, aunque el comunicado de JP lo interpreta como un veto ideológico.

Juntos por el Perú anunció que próximamente comunicará la nueva fecha y lugar del evento, reafirmando su compromiso con la movilización popular y la agenda de «recuperar el gobierno para el pueblo». El partido, que integra a figuras cercanas al expresidente Castillo —como Analí Márquez y Brígida Curo en la fórmula vicepresidencial—, ha realizado lanzamientos previos en regiones como Puno (Juliaca), donde congregó a miles de simpatizantes. Este incidente en Ate resalta las tensiones en la precampaña, donde el control de espacios públicos en distritos clave de Lima se convierte en un punto de fricción entre fuerzas de izquierda y derecha.

Hasta ahora, ni la Municipalidad de Ate ni el alcalde Vidal han respondido públicamente a las acusaciones de discriminación. El caso podría derivar en acciones judiciales por parte de JP, como una acción de amparo por vulneración a los derechos de libertad de expresión y reunión, en el marco de la legislación electoral vigente que protege la igualdad en la competencia política. El episodio subraya la creciente polarización en el escenario preelectoral peruano, donde gestos como este podrían influir en la percepción pública de ambos bandos.

Chao, Virú (La Libertad), febrero 2026.- Trabajadores de Hass Perú S.A., empresa agroexportadora de palta Hass y arándanos en el valle de Chao, denuncian prácticas antisindicales sistemáticas tras la constitución legal de su sindicato. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hass Perú S.A. (SINTRAHASSP) fue inscrito oficialmente en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, cumpliendo todos los requisitos legales y gozando de protección constitucional.

A pesar de ello, los afiliados acusan a la empresa de intentos de desestabilización sindical, incluyendo no respeto a la libre afiliación, falta de reconocimiento pleno al sindicato y represalias directas. La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial de La Libertad (FETSA RLL) señala despidos selectivos de dirigentes y afiliados, considerados nulos por discriminación antisindical según la normativa vigente y convenios de la OIT.

Entre las irregularidades laborales más graves denunciadas destacan condiciones precarias: jornadas intensas en lodo y bajo sol sin equipo de protección personal adecuado (guantes, botas o herramientas), lo que ha provocado accidentes, incluyendo pérdida de dedos en un caso reportado. Además, se reportan abandonos nocturnos en zonas rurales tras la jornada (esperas de más de una hora en oscuridad), presiones excesivas por productividad y exigencias de horas extras fuera de lo legal, con «premios» que buscan normalizar la explotación.

Los sueldos base permanecen estancados pese al crecimiento exportador de la empresa (aumento del 68% entre 2019 y 2024), sin reconocimiento proporcional de labores adicionales ni beneficios acordes. En enero de 2026, los trabajadores realizaron una huelga y paralización de labores para exigir diálogo y mejoras, lo que llevó a la Intendencia Regional de La Libertad de SUNAFIL a emitir una orden de inspección inmediata para verificar los hechos.

El conflicto pone en evidencia la asimetría en el sector agroexportador de La Libertad: boom de divisas versus precariedad laboral persistente. FETSA RLL y SINTRAHASSP llaman a fortalecer la sindicalización y exigen al Estado mayor diligencia en fiscalización. La empresa no ha emitido pronunciamiento público respondiendo a las acusaciones hasta el momento, en claro desafío a las demandas laborales, donde el Estado aparentemente también no puede hacer nada.