Lima, 16 de septiembre de 2026.- El Pleno del Senado ratificó este miércoles a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) para el periodo 2026-2031, con 40 votos a favor y 12 en contra, una decisión que consolida el respaldo institucional a la política económica de corte capitalista y neoliberal que ha caracterizado al Perú en las últimas décadas. La resolución legislativa, confirmada oficialmente por el Congreso, cierra el procedimiento de ratificación iniciado por el Poder Ejecutivo y refuerza la continuidad de un modelo basado en la estabilidad macroeconómica, la autonomía del banco central y la confianza en los mercados.

El respaldo mayoritario y sus implicancias

La abrumadora mayoría a favor de Velarde —figura clave en la gestión monetaria peruana desde 2006— refleja el consenso político en torno a un modelo que prioriza la disciplina fiscal, la liberalización de mercados y la atracción de inversiones privadas. Senadores de bancadas como Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Buen Gobierno, Renovación Popular y Fuerza Popular defendieron su continuidad, destacando su experiencia y la necesidad de mantener la macroeconomía y autonomía del BCR, aunque sin descuidar la fiscalización parlamentaria.

Jaime Delgado (Ahora Nación) y Roger Astucuri (Partido Cívico Obras) subrayaron que la ratificación de Velarde garantiza la estabilidad monetaria, mientras que los legisladores de Fuerza Popular, como José Arista y Patricia Juárez, respaldaron su permanencia como un pilar para el crecimiento económico.

La disidencia de Juntos por el Perú: ¿Un giro ideológico o una fractura interna?

Los 12 votos en contra provienen, según reportes periodísticos, de la bancada de Juntos por el Perú (JP), partido que en las elecciones de 2026 obtuvo 14 escaños en el Senado. Este resultado plantea una paradoja política: durante la campaña presidencial, su candidato, Roberto Sánchez, pasó de cuestionar abiertamente la permanencia de Velarde en la primera vuelta a defender su continuidad en la segunda vuelta, argumentando que era necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica. Incluso, el 28 de mayo, Sánchez reveló que había coordinado con su equipo económico y con el expresidente Pedro Castillo la posibilidad de mantener a Velarde al frente del BCR.

Sin embargo, la votación en el Senado muestra una fractura dentro de JP. Senadores como Humberto Morales, Bernardo Quito y Wilfredo Verano criticaron duramente a Velarde durante el debate: Morales cuestionó sus vinculaciones con el sector privado, Quito puso en duda que la estabilidad dependiera de una sola persona, y Verano advirtió que la autonomía del BCR no debía confundirse con la permanencia indefinida de un funcionario.

La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por Hugo Ccahuana Aymachoque (JP), había recomendado previamente la ratificación con 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Aunque Ccahuana sustentó el informe, dejó en claro sus reparos personales sobre la necesidad de renovar los cuadros técnicos del BCR.

¿Qué dice la resolución?

El documento aprobado por el Senado sostiene que Velarde cumple con los requisitos legales y constitucionales, que no existe incompatibilidad para ejercer el cargo y que su trayectoria garantiza la conducción del BCR durante el próximo quinquenio. La resolución, sin embargo, no detalla nominalmente a los 12 senadores que votaron en contra, lo que deja pendiente una verificación periodística para identificar exactamente qué miembros de JP se opusieron y cuáles respaldaron la ratificación, pero sus aliados decidieron sacarse la careta y apoyar sin reparos a la política económica del gobierno actual.

Un respaldo con matices

La ratificación de Velarde evidencia el respaldo del Senado a la política económica neoliberal, pero también expone tensiones internas en Juntos por el Perú, donde una parte de la bancada parece alinearse con el discurso crítico de la campaña, mientras que otro sector —incluyendo a su líder, Roberto Sánchez— optó por priorizar la estabilidad institucional.

El siguiente paso será analizar el registro nominal de la votación, que permitirá medir, senador por senador, la coherencia entre las promesas de campaña y las decisiones tomadas en el hemiciclo.

El ministro José Antonio Chang anunció que el Minedu retirará del currículo escolar lo que considera “ideología” y cuestionó la denominación de “guerra civil” para la violencia de 1980-2000. La CVR documentó también graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Lima, 16 de septiembre 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori abrió una nueva disputa sobre la enseñanza de la historia reciente del Perú al anunciar una revisión del currículo escolar y plantear que la violencia política de 1980-2000 sea enseñada sin interpretaciones que el Ejecutivo considere ideológicas. El ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo el 14 de septiembre que se retirará “todo tipo de ideología” de la currícula.

Una revisión que alcanza a la historia reciente

La medida forma parte del Plan Nacional de Educación 2026-2031, presentado por Fujimori y Chang en Santa Anita. El Gobierno sostiene que el currículo debe concentrarse en conocimientos, datos, estadísticas y aprendizajes fundamentales, además de reforzar lectura, matemáticas, ciencias, educación cívica e inglés.

Pero la definición adquiere una dimensión política cuando Chang cuestiona la forma de enseñar la violencia de las décadas de 1980 y 1990. El ministro rechazó que se utilice el concepto de “guerra civil” y sostuvo que durante ese periodo hubo “terrorismo”, en referencia a la violencia ejercida por Sendero Luminoso y el MRTA.

La evidencia histórica incluye abusos del Estado

La posición anunciada por el Ejecutivo deberá contrastarse con el mandato y las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La CVR investigó el periodo 1980-2000 y concluyó que el Perú atravesó un conflicto armado interno en el que actuaron organizaciones subversivas y agentes estatales.

Su informe documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros graves abusos cometidos por agentes policiales y militares, además de los crímenes perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA. La propia creación de la CVR estableció como objetivo esclarecer responsabilidades de ambos lados.

Al respecto, la ex parlamentaria Margot Palacios cuestionó la postura del Gobierno de Keiko Fujimori, señalando que se debe condenar el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, pero al mismo tiempo deben mantenerse en la enseñanza básica los crímenes atribuidos a agentes del Estado durante los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori. En su pronunciamiento, advierte que esta modificación formaría parte de un proceso de revisión de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno y relaciona con recientes cambios legislativos sobre delitos de lesa humanidad atribuidos al gobierno fujimorista.

Aún no existe evidencia de un “borrado” curricular

Hasta ahora, el hecho comprobado es el anuncio político y ministerial de modificar el currículo. No se ha publicado todavía un nuevo currículo que permita determinar qué contenidos sobre las violaciones de derechos humanos serán eliminados, modificados o mantenidos. Por ello, presentar como hecho consumado que el Gobierno ya “borró” esos crímenes de los colegios excedería la evidencia disponible.

La controversia queda ahora centrada en el contenido concreto de la reforma: qué fuentes históricas utilizará el Minedu, cómo definirá los conceptos vinculados al periodo de violencia y qué lugar tendrán en las aulas las responsabilidades de las organizaciones subversivas y las violaciones cometidas por agentes estatales. Ese contenido aún está pendiente de conocerse.

Lima, 15 de septiembre de 2026.- El pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori llega a una etapa decisiva en la Cámara de Diputados, después de que siete comisiones se pronunciaran contra la delegación solicitada por el Ejecutivo. La propuesta, que busca otorgar facultades para legislar durante 120 días en 66 materias, será materia de definición parlamentaria en los próximos días, en un escenario marcado por posiciones divergentes dentro de los grupos de trabajo.

Según el pronunciamiento desfavorable de la mayoría de las comisiones, la delegación de facultades debería desaprobarse en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, pero podría cambiar, por eso la ciudadanía sigue de cerca la actuación de cada uno de los parlamentarios de la oposición (OBRAs, Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú), que buscan no repetir lo ocurrido con el voto de la senadora Silvana Robles en la elección de la Mesa Directiva.

Siete comisiones rechazaron la delegación

Las comisiones de Energía y Minas, Justicia y Derechos Humanos, Infraestructura, Vivienda y Transportes, Producción, Trabajo y Seguridad Social, Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, y Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos declararon no viable el otorgamiento de facultades al Ejecutivo. El último pronunciamiento correspondió a Defensa del Consumidor, que se sumó este martes al bloque de informes desfavorables.

El rechazo no se limita a una sola materia. En Justicia, por ejemplo, el informe contrario alcanzó los ámbitos de seguridad, justicia y orden interno y fue aprobado con 11 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. Días antes, Energía y Minas, Ciencia y Tecnología, Producción, Infraestructura y Trabajo también habían recomendado no delegar facultades al Ejecutivo en sus respectivas áreas.

Seguridad y economía concentran las diferencias

El Gobierno sostiene que la delegación permitiría acelerar medidas frente a la criminalidad y atender otros problemas considerados prioritarios. El primer ministro Luis Galarreta acudió a la Comisión de Constitución acompañado de ministros para explicar el contenido del pedido y defender la necesidad de contar con estas herramientas legislativas.

La principal controversia está en el alcance de las facultades solicitadas. Mientras algunas bancadas plantean limitar la delegación a materias específicas, como seguridad ciudadana y gestión de riesgos ante el fenómeno El Niño, otras cuestionan que el Ejecutivo solicite un paquete amplio de competencias. Tres bancadas —Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú— incluso solicitaron al Ejecutivo presentar un nuevo proyecto concentrado en esas dos áreas.

En contraste, las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno y Medio Ambiente y Sostenibilidad emitieron opiniones favorables al otorgamiento de facultades. La Comisión de Desarrollo Agrario también aprobó un informe favorable sobre las materias de su competencia, con 11 votos a favor y ocho en contra. El resultado evidencia que el Congreso no mantiene una posición uniforme frente al paquete presentado por el Ejecutivo.

La decisión pasa a la Cámara de Diputados

La Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, es la encargada de integrar las posiciones de las comisiones y elaborar el dictamen correspondiente. La discusión ha quedado condicionada por los informes sectoriales y por las diferencias entre las bancadas sobre qué materias deberían ser delegadas y cuáles deberían quedar fuera.

El escenario que llega a la Cámara de Diputados es, por tanto, el de una delegación parcialmente respaldada y ampliamente cuestionada en las comisiones. El pedido original comprende 66 materias y un plazo de 120 días, pero los informes parlamentarios han planteado restricciones y rechazos en sectores estratégicos. La jornada legislativa prevista para este miércoles 16 de septiembre será clave para establecer hasta dónde avanzará la propuesta del Ejecutivo.

La disputa no solo definirá si el Gobierno obtiene facultades, sino también qué materias podrían quedar finalmente habilitadas y con qué límites. Cualquier autorización deberá continuar luego el procedimiento correspondiente en la Cámara de Senadores, por lo que el texto que eventualmente aprueben los diputados no necesariamente será el resultado definitivo del proceso.