La intervención del banco dejó sin acceso a sus cuentas a millones de clientes y comprometió fondos públicos. Ahorristas y jubilados salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de su dinero y responsabilidades políticas al Gobierno.

Asunción, 4 de noviembre de 2026.- La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, desencadenó protestas de ahorristas y jubilados en la capital, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir la devolución de sus depósitos, cuestionar al Gobierno de Santiago Peña y reclamar responsabilidades por la crisis que dejó bloqueadas las operaciones bancarias de aproximadamente 2,9 millones de clientes.

La decisión fue adoptada el 2 de noviembre por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que inició el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido. La medida implicó la suspensión de los servicios bancarios, incluidas las operaciones mediante tarjetas, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Ahorristas enfrentan a la Policía y exigen respuestas

El martes 3 de noviembre, las protestas se concentraron en el microcentro de Asunción, especialmente en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. Los manifestantes exigieron la devolución íntegra de sus ahorros y cuestionaron los mecanismos anunciados por las autoridades para recuperar los depósitos. La movilización, que comenzó pacíficamente, derivó en incidentes, forcejeos y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso.

Otra concentración se desarrolló frente a Mburuvicha Róga, residencia oficial del presidente Santiago Peña. Allí, los manifestantes expresaron su rechazo a la gestión gubernamental y exigieron el juicio político y la salida del mandatario, en medio de cuestionamientos por los vínculos políticos y empresariales relacionados con la entidad financiera.

Fondos públicos y jubilaciones en el centro de la crisis

Uno de los aspectos más delicados es la exposición de recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, alrededor de 32.000 jubilados utilizaban esta entidad para recibir sus pensiones.

Ante la preocupación de los beneficiarios, el IPS aseguró que los pagos de jubilaciones y aguinaldos se realizarán conforme al calendario establecido y anunció que inició las gestiones para trasladar las cuentas de los pensionistas a otra institución financiera. Sin embargo, la recuperación de las inversiones institucionales comprometidas constituye otro problema que deberá resolverse.

El Banco Central anunció que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante. Asimismo, comunicó que se efectuará un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes a los ahorristas, mientras se establecen los siguientes mecanismos de devolución.

Vínculos políticos y responsabilidades bajo investigación

La crisis también ha abierto cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y la entidad financiera. El presidente Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a petición del mandatario, había dirigido anteriormente Ueno Bank.

La investigación sobre las operaciones crediticias vinculadas al grupo empresarial, la supervisión financiera y las decisiones que condujeron al deterioro patrimonial de la entidad serán determinantes para establecer responsabilidades. El Ministerio Público también intervino en el caso y ordenó detenciones de directivos vinculados al banco.

La crisis deja en evidencia la dimensión social de una intervención bancaria: detrás de los indicadores financieros se encuentran millones de personas que necesitan acceder a sus ahorros, trabajadores que deben cumplir obligaciones económicas y jubilados que esperan cobrar sus pensiones. Mientras avanzan las investigaciones, los afectados exigen transparencia, recuperación de sus fondos y garantías de que los recursos públicos no terminarán perjudicados.

El presidente brasileño se impuso en la segunda vuelta del 25 de octubre de 2026, luego de haber quedado en segundo lugar en la primera ronda. La elección estuvo marcada por la polarización entre el Partido de los Trabajadores y el movimiento político de la familia Bolsonaro.

Brasilia, 25 de octubre de 2026.- Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, celebrada este domingo 25 de octubre, al derrotar al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Con el escrutinio prácticamente concluido, Lula obtuvo alrededor del 51,7 % de los votos válidos, frente al 48,3 % de su rival, según los resultados difundidos durante la jornada electoral.

El triunfo permitirá a Lula continuar al frente del Gobierno brasileño durante un nuevo periodo presidencial y alcanzar un cuarto mandato no consecutivo, después de sus dos primeras administraciones, entre 2003 y 2010, y su regreso al poder en enero de 2023. El resultado representa un nuevo capítulo en la trayectoria política del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

La contienda fue especialmente ajustada y estuvo atravesada por profundas diferencias ideológicas, económicas y sociales. La disputa enfrentó al proyecto político de Lula con la candidatura de Flávio Bolsonaro, representante de la corriente conservadora vinculada al exmandatario Jair Bolsonaro.

De segundo lugar en la primera vuelta a la victoria

Uno de los aspectos más relevantes de la elección fue el cambio en el orden de los candidatos respecto de la primera vuelta, realizada el 4 de octubre. En esa jornada, Flávio Bolsonaro alcanzó aproximadamente el 47 % de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo cerca del 45,2 %.

La ventaja inicial del candidato del Partido Liberal (PL) no se mantuvo en el balotaje. Lula consiguió revertir el resultado y superar a su adversario en una votación que confirmó la fuerte división del electorado brasileño.

La elección también adquiere relevancia histórica por el desafío que representó para Lula remontar una desventaja electoral en la primera ronda. La cobertura internacional destacó el carácter excepcional de este resultado en el periodo democrático brasileño posterior a la dictadura militar.

Una jornada electoral con dificultades

La votación estuvo acompañada de problemas logísticos relacionados con el transporte y las condiciones meteorológicas. Las dificultades generaron solicitudes para ampliar el horario de sufragio y llevaron a las autoridades a disponer una extensión de dos horas en el funcionamiento de los centros electorales, según reportes de la jornada.

La medida provocó complicaciones operativas en algunos locales donde el proceso de cierre ya había comenzado. Pese a estos inconvenientes, el escrutinio avanzó y la tendencia terminó consolidándose a favor de Lula.

Brasil cuenta con un sistema de votación electrónica y una estructura nacional de administración electoral encabezada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo responsable de divulgar los resultados oficiales.

Polarización y desafíos para el próximo Gobierno

El resultado electoral refleja la persistencia de dos proyectos políticos enfrentados en Brasil. Durante la campaña, las diferencias entre los candidatos incluyeron el papel del Estado en la economía, los programas sociales, la seguridad pública, las políticas ambientales y la orientación de las relaciones internacionales.

Lula defendió la continuidad de medidas sociales y económicas dirigidas a los sectores de menores ingresos. Por su parte, Flávio Bolsonaro planteó una agenda conservadora, con énfasis en la seguridad y la reducción de impuestos y gastos públicos.

La estrecha diferencia entre ambos candidatos evidencia que una parte considerable del electorado respalda una alternativa política distinta a la del presidente reelecto. En consecuencia, la gobernabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos con el Congreso serán factores relevantes para la siguiente etapa de la administración.

¿Qué significa la victoria de Lula para América Latina?

Brasil es la mayor economía de América Latina y desempeña un papel central en la integración regional, el comercio internacional y las negociaciones sobre el cambio climático. Por ello, la continuidad de Lula tendrá repercusiones que trascienden las fronteras brasileñas.

En el ámbito regional, su Gobierno ha promovido la cooperación entre países latinoamericanos y una participación activa de Brasil en los espacios multilaterales. La continuidad de esta orientación dependerá de las prioridades de la nueva administración y de las condiciones políticas y económicas internas.

La derrota de Flávio Bolsonaro, por otro lado, representa un revés electoral para la corriente política construida alrededor de su padre, Jair Bolsonaro. Sin embargo, la votación demuestra que el sector conservador mantiene una base electoral amplia y constituye un actor relevante en la política brasileña.

Un nuevo mandato en un país dividido

La victoria de Lula cierra una campaña marcada por la confrontación política y una diferencia reducida entre las dos candidaturas. Tras haber quedado segundo en la primera vuelta, el dirigente del PT logró revertir la tendencia y asegurar su continuidad en la Presidencia.

El principal desafío será traducir el resultado electoral en acuerdos políticos y medidas concretas frente a las demandas sociales, económicas y de seguridad. La composición del Congreso y la persistencia de una oposición numerosa serán elementos determinantes para el desarrollo del próximo periodo presidencial.

Los compromisos de cooperación firmados con el Gobierno estadounidense han generado cuestionamientos por el acceso a información geológica, la agilización de permisos mineros y los mecanismos de revisión de activos estratégicos. La discusión se centra en determinar hasta dónde llegan los acuerdos y qué garantías tiene Colombia para proteger sus recursos naturales.

Colombia, 24 de octubre de 2026.- La cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de minerales críticos y tierras raras se encuentra en el centro de una controversia política. Los cuestionamientos apuntan al alcance de los compromisos asumidos por ambos gobiernos y al riesgo de que la búsqueda de inversiones extranjeras termine condicionando decisiones estratégicas sobre los recursos naturales del país.

El debate cobró fuerza después de la firma, el 8 de septiembre de 2026, de un marco de cooperación para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. El instrumento contempla ámbitos como la minería, el procesamiento, la cartografía geológica, el reciclaje y la promoción de inversiones.

La discusión se intensificó luego de que el senador Kevin Gómez cuestionara públicamente los alcances del acuerdo y advirtiera sobre un posible mecanismo de revisión estadounidense relacionado con la venta de activos vinculados a minerales estratégicos.

¿Estados Unidos podría influir en las decisiones mineras de Colombia?

Uno de los puntos más controvertidos es la referencia a herramientas de evaluación de seguridad nacional para operaciones relacionadas con activos de minerales críticos.

Los críticos sostienen que estos mecanismos podrían otorgar a Washington una influencia considerable sobre decisiones económicas estratégicas de Colombia. Sin embargo, es necesario distinguir entre la existencia de instrumentos de revisión, la obligación de notificar determinadas operaciones y la concesión de un supuesto derecho de veto.

La información publicada hasta el momento no permite afirmar que Estados Unidos tenga, por virtud de estos acuerdos, la facultad general de escoger qué empresas pueden explotar los recursos minerales colombianos.

Por ello, conocer el texto íntegro de los documentos y sus mecanismos de aplicación resulta fundamental para establecer si existen restricciones concretas a la autonomía del Estado colombiano.

Cartografía geológica: ¿cooperación técnica o riesgo estratégico?

Otro de los aspectos que genera preocupación es la cooperación para ampliar el conocimiento geológico del territorio colombiano.

La cartografía geológica permite identificar y caracterizar recursos del subsuelo, información que puede resultar valiosa para la planificación minera, la investigación científica y el desarrollo industrial. Al mismo tiempo, los datos sobre reservas estratégicas pueden adquirir relevancia económica y geopolítica.

La pregunta central es bajo qué condiciones se compartirá esta información, qué instituciones tendrán acceso a ella y cuáles serán las garantías de protección, uso y soberanía sobre los datos.

El intercambio de conocimiento geológico no equivale, por sí mismo, a entregar la propiedad de los recursos minerales. No obstante, la transparencia sobre los compromisos asumidos es indispensable para evaluar sus consecuencias económicas y estratégicas.

Permisos mineros, inversión extranjera y fracking

La agilización de trámites y el fortalecimiento de las cadenas de suministro también forman parte del debate.

Quienes cuestionan los acuerdos advierten que una mayor rapidez en los procedimientos podría beneficiar a grandes compañías extranjeras si no está acompañada de controles ambientales, sociales y económicos adecuados.

En relación con el fracking, es necesario verificar qué compromisos específicos se adoptaron y si existe alguna disposición que obligue a Colombia a promover esta técnica. La cooperación en minerales críticos no constituye, por sí sola, una autorización para desarrollar proyectos de fracturación hidráulica.

Cualquier proyecto de explotación debe evaluarse conforme a la legislación aplicable, los procedimientos de autorización y las obligaciones ambientales correspondientes.

¿Qué ha respondido el Gobierno colombiano?

La Cancillería colombiana ha presentado los instrumentos como mecanismos de cooperación técnica y económica que deben desarrollarse respetando la legislación nacional y la soberanía sobre los recursos naturales.

Según la explicación oficial, la agenda busca fortalecer las capacidades técnicas del país, promover inversiones responsables, impulsar el procesamiento de minerales y generar oportunidades de desarrollo productivo.

El Gobierno también ha señalado que el objetivo es avanzar más allá de la exportación de materias primas y favorecer la creación de industria, tecnología y empleo.

Sin embargo, las declaraciones oficiales no eliminan la necesidad de examinar el contenido de los documentos, sus posibles efectos prácticos y los mecanismos de rendición de cuentas.

Un debate que exige transparencia

La controversia plantea una cuestión de fondo: ¿cómo puede Colombia atraer inversiones y fortalecer su cooperación internacional sin comprometer su capacidad de decidir sobre sus recursos estratégicos?

Para responder, resulta necesario conocer los textos completos de los acuerdos, identificar sus disposiciones operativas y establecer si contienen compromisos que puedan afectar las decisiones sobre concesiones, ventas de activos, información geológica o proyectos de explotación.

También es importante precisar que, hasta donde se ha podido verificar en las fuentes consultadas, no existe confirmación suficiente de una orden judicial que obligue a Abelardo De la Espriella a revelar los documentos en los términos difundidos en redes sociales.

La existencia de cuestionamientos políticos no sustituye la comprobación documental, especialmente cuando se atribuyen facultades de control sobre recursos naturales a un gobierno extranjero.

La soberanía económica debe estar en el centro del debate

Los acuerdos internacionales sobre minerales estratégicos pueden abrir oportunidades de inversión, transferencia tecnológica y desarrollo industrial. Pero también requieren controles, transparencia y una evaluación rigurosa de sus posibles consecuencias.

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué compromisos asume el Estado, cómo se protegerá la información estratégica y qué garantías existen para que los beneficios de la explotación de los recursos naturales se traduzcan en desarrollo para el país.

La pregunta no es únicamente cuánto capital extranjero puede atraer Colombia, sino bajo qué condiciones, con qué controles y en beneficio de quién.