Ayacucho, 16 de diciembre de 2025. – A tres años de los trágicos sucesos del 15 de diciembre de 2022, cuando diez civiles perdieron la vida durante la represión de protestas sociales cerca del aeropuerto de Huamanga, los familiares de las víctimas realizaron diversas actividades de conmemoración y exigieron, una vez más, justicia y sanción para los responsables, incluyendo a los autores materiales e intelectuales de lo que califican como una «masacre» perpetrada durante el gobierno anterior de Dina Boluarte.Las actividades se extendieron desde el 13 hasta el 15 de diciembre, e incluyeron exposiciones fotográficas, actos culturales, misas, romerías hacia los lugares de los hechos y vigilias con velas y flores. En la catedral de Ayacucho se ofició una misa central, seguida de una romería que recorrió las calles donde cayeron las víctimas, portando carteles con sus rostros y consignas como «Justicia para los mártires del 15D» y «Sin justicia no hay cierre del caso».

Yobana Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de Diciembre (ASFAH), declaró que, pese al cambio de gobierno, no ha habido avances significativos en las investigaciones. «El paso del tiempo no ha traído resultados concretos en el ámbito judicial. Seguimos exigiendo que se determine responsabilidades y se sancione a los asesinos, desde los que dispararon hasta quienes dieron las órdenes», afirmó. Los deudos advirtieron al Estado que el caso no puede cerrarse sin verdad, justicia y reparación.Esta es la primera conmemoración sin Dina Boluarte en el poder, pero las familias denuncian dilaciones en el proceso penal contra altos mandos militares investigados por homicidio calificado.

Organismos internacionales como la CIDH han calificado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.En un acto paralelo registrado el 16 de diciembre, familiares de las víctimas repudiaron el local del partido Renovación Popular en Ayacucho, liderado por Rafael López Aliaga, a quien acusaron de haber restringido manifestaciones en Lima durante las protestas de 2022-2023 y de estigmatizar a los manifestantes. «No le demos votos a esos partidos miserables», gritaron los deudos, recordando las posiciones públicas de López Aliaga en defensa del gobierno anterior.

Los familiares enfatizaron que la memoria de las diez víctimas –entre ellas un menor de edad– sigue viva y que continuarán movilizándose hasta lograr sanciones penales. «La justicia no ha llegado y no vamos a retroceder», concluyó Mendoza, en medio de abrazos y lágrimas durante la vigilia.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) expresó su «firme rechazo e indignación» ante los hechos ocurridos la noche del 12 de diciembre en la Plaza Fray Tomás de San Martín, durante una verbena autorizada para conmemorar el 60° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial. Videos viralizados muestran un espectáculo con strippers realizando bailes de connotación sexual frente a estudiantes, lo que generó controversia inmediata. La institución aclaró que la autorización fue exclusivamente para una actividad académica, y los organizadores incurrieron en una «grave desviación» del propósito aprobado.

En respuesta, la Decana de América anunció la suspensión indefinida de verbenas, fiestas y actividades no académicas en la Ciudad Universitaria, hasta nuevo aviso. Además, se instruyó identificar a los responsables —presuntamente vinculados a la agrupación estudiantil «Hagamos»— para aplicar sanciones administrativas y disciplinarias correspondientes.

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) también rechazó el evento, denunciando que este tipo de verbenas recurrentes degradan la imagen institucional. La Facultad de Ingeniería Industrial negó haber autorizado el show erótico, afirmando que no formaba parte de sus actividades oficiales por aniversario.

Tegucigalpa, 9 diciembre 2026.– La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este lunes que su país no reconocerá unas elecciones “marcadas por la manipulación, el chantaje y la abierta injerencia extranjera”, en referencia al proceso del 30 de noviembre donde, según resultados preliminares, el candidato respaldado por Donald Trump, Nasry Asfura, aparece como virtual ganador. En un mensaje a la nación, Castro afirmó que “un pueblo soberano no se arrodilla ante ninguna potencia extranjera” y adelantó que presentará denuncias formales ante la ONU, la OEA y la CELAC para exigir la anulación total del proceso.

El detonante de la crisis fue el indulto presidencial otorgado por Donald Trump al narcotraficante convicto y ex presidente Juan Orlando Hernández, apenas 48 horas antes de los comicios. Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por introducir más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado y recibido como héroe por sectores del Partido Nacional, el mismo que postula a Asfura. Para el gobierno hondureño y amplios sectores populares, esta decisión constituye una intervención descarada de Washington para imponer un gobierno afín en Centroamérica, repitiendo el patrón del golpe de 2009 y el fraude de 2017.

Desde Perú, país que también ha sufrido históricas intromisiones extranjeras en sus procesos democráticos, se observa con solidaridad la resistencia del pueblo hondureño. La soberanía no es negociable: ningún país, por poderoso que sea, tiene derecho a decidir con indultos, amenazas de sanciones o manipulación de sistemas electorales quién debe gobernar a otro pueblo. Honduras hoy levanta la voz que América Latina entera necesita escuchar: la dignidad nacional no está en venta.