San Juan de Lurigancho, 29 de abril de 2025.- La Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho (UNTSJL), creada por la Ley N.º 32007 gracias al impulso de la congresista Margot Palacios y líderes comunitarios, se perfila como un hito educativo para el distrito más poblado del Perú. Este proyecto, que responde a una demanda histórica por educación superior pública, avanza con miras a iniciar sus actividades académicas en 2026. En una reciente reunión con la Comisión Organizadora, estudiantes y dirigentes, Palacios destacó el compromiso con una educación de calidad.

Pese a los esfuerzos, la Comisión Organizadora enfrenta retos. La elaboración del Plan Director, esencial para consolidar la universidad, se ha retrasado debido a la demora en el desembolso de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el año fiscal 2025, previsto para junio. Sin embargo, la Comisión avanza en la planificación institucional, diseñando reglamentos y programas académicos que posicionen a la UNTSJL como un referente en formación tecnológica, con carreras como Ingeniería Industrial y Administración.

Un avance clave es el convenio en negociación con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que cederá infraestructura moderna para las operaciones iniciales. Esto permitirá a la Comisión solicitar el licenciamiento a la SUNEDU en octubre de 2025. De obtenerse la aprobación, el primer examen de admisión está programado para agosto de 2026, un momento histórico que marcará el inicio de clases en el pueblo joven Cruz de Motupe, beneficiando a miles de jóvenes.

Con un presupuesto inicial de 3 millones de soles asignado en 2024 por el Ministerio de Educación, la UNTSJL se prepara para ofrecer carreras alineadas con las necesidades del mercado laboral. No obstante, la asignación oportuna de recursos y la construcción de infraestructura propia serán cruciales para su consolidación. La comunidad, expectante, vigila el proceso, consciente de que la universidad impulsará el desarrollo económico y social del distrito.

La UNTSJL representa una conquista para San Juan de Lurigancho, pero su éxito dependerá de la colaboración entre autoridades, ciudadanos y la gestión eficiente. A un año de su lanzamiento, el sueño de una universidad propia está más cerca, prometiendo transformar el futuro educativo del distrito y del país.

Lima – La gestión del alcalde Rafael López Aliaga enfrenta un nuevo revés: solo el 40% de los limeños aprueba su labor, mientras que un contundente 57% la desaprueba, según la reciente encuesta de Datum publicada por El Comercio. Estos números no solo reflejan el creciente descontento ciudadano, sino que evidencian una administración que parece navegar en contra de los intereses y necesidades de la mayoría de la capital.

Desde su campaña, López Aliaga prometió transformar Lima en «potencia mundial» con proyectos ambiciosos como la entrega de 10 mil motos para reforzar la seguridad ciudadana, agua para todos y ciudad moderna. Sin embargo, a más de dos años de gestión, estas promesas se han diluido en un mar de excusas y críticas. La inseguridad, uno de los principales problemas de los limeños —con un alarmante 94% que se siente vulnerable según encuestas previas—, sigue sin respuesta efectiva.

En lugar de soluciones concretas, la ciudadanía ha visto iniciativas cuestionadas, como la propuesta de una playa artificial en San Juan de Lurigancho, que muchos consideran un despilfarro frente a necesidades urgentes como el transporte público o la infraestructura básica, porque no cumplen los objetivos de dar acceso al mar y recreación a los ciudadanos de la capital peruana.

El descontento no se limita a la falta de resultados. Las posturas del burgomaestre han generado una percepción de desconexión con los intereses de la mayoría. Sus declaraciones polarizantes sobre quienes protestan contra la mandataria Dina Boluarte y su enfoque en proyectos de dudosa prioridad contrastan con las demandas de una ciudad que clama por seguridad, orden y servicios básicos. Analistas coinciden en que López Aliaga ha priorizado una agenda política personal por encima del bienestar colectivo, lo que ha erosionado su credibilidad incluso entre quienes inicialmente lo apoyaron.

Mientras Lima enfrenta retos históricos como el caos vehicular, la informalidad y la vulnerabilidad ante desastres naturales, la gestión municipal parece estancada en promesas vacías y gestos mediáticos un tanto burdos. La desaprobación ciudadana no es solo un número: es un grito de una ciudad que exige liderazgo, empatía y acción.

López Aliaga aún tiene tiempo para rectificar, pero el reloj avanza y la paciencia de los limeños se agota. Sí no hay cambios sustanciales en su gestión municipal, la población podrá castigarle en las elecciones generales del 2026, porque todo parece que igual postulará a la presidencia de la República de Perú, liderando su partido Renovación Popular, con apoyo de sectores empresariales dudosos y discursos populistas a la que ya los tiene acostumbrados.

Piura atraviesa una nueva crisis sanitaria y social tras la intoxicación de más de 80 escolares que consumieron alimentos del programa estatal Wasi Mikuy, implementado por el gobierno de Dina Boluarte para garantizar la alimentación en escuelas públicas. El hecho ocurrió en el distrito de La Unión, provincia de Piura, donde estudiantes del nivel primario comenzaron a presentar «síntomas de vómitos, diarrea y malestar general» luego de ingerir productos distribuidos por el programa.

Familiares y docentes trasladaron de urgencia a los menores a centros de salud cercanos. Aunque ninguno se encuentra en estado grave, la situación ha generado una profunda indignación en la comunidad. Algunos padres de familia denunciaron que los alimentos entregados estaban vencidos o en mal estado. Uno de los testimonios que más eco ha tenido en redes sociales fue el de una madre, que, entre lágrimas, exclamó: “Que los alimentos vencidos se los traguen los congresistas y Dina Boluarte. Están matando a nuestros niños”.

Frente al escándalo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció una investigación inmediata y suspendió temporalmente la distribución en la zona mientras se realizan los análisis sanitarios correspondientes. Hasta el momento, no hay responsables identificados.

Organizaciones civiles y especialistas en políticas públicas han cuestionado la falta de fiscalización y control de calidad en la cadena de suministro del programa. Asimismo, exigen al Ejecutivo una respuesta firme y transparente, además de una revisión integral del programa Wasi Mikuy, que atiende a miles de niños en situación de vulnerabilidad en todo el país.