Lima, 30 de julio 2026.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el expresidente Ollanta Humala y anuló la totalidad del proceso penal seguido en su contra por el delito de lavado de activos agravado. Con cinco votos a favor y dos en contra, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto las investigaciones preliminares iniciadas en 2019, las resoluciones judiciales emitidas durante el proceso y la sentencia de 15 años de prisión dictada en abril de 2025, ordenando además el archivo definitivo del caso.

La decisión del TC se sustenta en que durante el proceso se vulneraron los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, al haberse aplicado una figura penal que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados. Según la sentencia, los presuntos aportes de origen ilícito destinados a las campañas presidenciales de 2006 y 2011, atribuidos principalmente a Odebrecht, OAS y presuntamente a Venezuela, no podían ser procesados como lavado de activos bajo la modalidad de receptación patrimonial, debido a que esta fue incorporada al ordenamiento jurídico recién en noviembre de 2016.

El colegiado precisó que la legislación vigente en la época de los hechos exigía la existencia de operaciones más complejas para configurar el delito de lavado de activos, como las etapas de colocación, estratificación e integración del dinero ilícito. Asimismo, sostuvo que durante el proceso no se acreditó de manera suficiente que Humala tuviera conocimiento del origen ilícito de los recursos ni la existencia de un delito precedente claramente determinado.

Como consecuencia del fallo, la Fiscalía deberá archivar de manera definitiva la investigación respecto al exmandatario, mientras que el juzgado competente deberá resolver de inmediato su situación jurídica una vez reciba la notificación oficial. La defensa de Humala, encabezada por el abogado Wilfredo Pedraza, señaló que la excarcelación dependerá únicamente de trámites administrativos ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por lo que su salida del penal de Barbadillo podría concretarse en las próximas horas o días.

La sentencia contó con los votos en contra de los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, quienes consideraron que el Tribunal Constitucional no debía intervenir cuando el proceso penal aún se encontraba en etapa de apelación. Ambos sostuvieron que corresponde a la justicia ordinaria determinar la correcta calificación jurídica de los hechos y resolver las controversias planteadas en el expediente.

El fallo no constituye una absolución sobre el fondo del caso ni implica que el Tribunal haya descartado la existencia de aportes irregulares a las campañas electorales de Humala. La resolución únicamente establece que esos hechos no podían ser perseguidos bajo el tipo penal de lavado de activos aplicado por la Fiscalía. En ese contexto, la defensa de Nadine Heredia —quien permanece asilada en Brasil— y otros coprocesados podrían solicitar que el mismo criterio constitucional sea extendido a sus respectivos casos.

La decisión del Tribunal Constitucional marca un nuevo precedente en los procesos vinculados al financiamiento de campañas políticas, al reforzar el criterio adoptado anteriormente en el denominado «Caso Cócteles», relacionado con Keiko Fujimori. Mientras algunos sectores consideran que la sentencia fortalece el respeto al principio de legalidad y evita la aplicación retroactiva de normas penales, otros advierten que podría debilitar la lucha contra la corrupción y afectar diversos procesos derivados del caso Lava Jato, reavivando además el debate político y jurídico sobre la responsabilidad penal por el financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

Lima, 30 de julio 2026.- La excongresista Margot Palacios Huamán, una de las principales figuras de Juntos por el Perú (JP), hizo público este miércoles un pronunciamiento en el que exhorta a las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso a no aprobar la Ley de delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que contiene disposiciones que podrían afectar derechos fundamentales de la población y debilitar los mecanismos de control democrático.

En el documento, Palacios sostiene que el Perú necesita inversión, crecimiento económico y modernización del Estado, pero afirma que esos objetivos no pueden alcanzarse a costa de los trabajadores, las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas, el ambiente, los empresarios nacionales ni la soberanía del país. Por ello, pidió que el Congreso formule observaciones de fondo antes de otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Entre las principales preocupaciones expuestas, la exparlamentaria advierte que los literales 2.5 b), c) y d) permitirían modificar el marco normativo del desarrollo agrario, la mecanización, el acceso al crédito y la gestión de los recursos hídricos sin establecer salvaguardas expresas para la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, ni garantizar la prioridad del agua para el consumo humano y la producción de alimentos. Asimismo, cuestiona que los literales 2.5 f), h) y l) faciliten la aprobación de proyectos mineros y de hidrocarburos y simplifiquen procedimientos ambientales, lo que —según señala— podría incrementar los riesgos para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en los territorios.

El pronunciamiento también expresa preocupación por los cambios planteados en materia laboral. Palacios sostiene que los literales 2.3 c), d), e) y g) podrían flexibilizar el régimen de despidos, permitir acuerdos individuales sobre beneficios laborales como la CTS, gratificaciones, vacaciones y horas extras, establecer bonos de productividad sin carácter remunerativo y reducir el número de feriados nacionales, aspectos que considera podrían afectar derechos laborales consolidados.

Otro de los puntos cuestionados es la Primera Disposición Complementaria Final, que exceptúa a los futuros decretos legislativos de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio. A juicio de la excongresista, cuando se legisla sobre materias que involucran derechos fundamentales corresponde fortalecer, y no restringir, la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de las normas.

Finalmente, Margot Palacios convocó a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, gremios profesionales, empresarios nacionales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la democracia, los recursos naturales y la soberanía nacional. «El Perú necesita crecimiento económico, pero con justicia social, respeto irrestricto a los derechos del pueblo y un desarrollo que ponga en el centro a las personas, no la concentración del poder», concluye el pronunciamiento.

Lima, 25 de julio 2026.- Las principales fuerzas políticas de oposición al fujimorismo presentaron este sábado listas unitarias para disputar las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, con el objetivo de garantizar una conducción plural del nuevo Congreso bicameral e impedir que la derecha encabezada por Fuerza Popular concentre el control de ambas cámaras durante el periodo legislativo 2026-2027.

En la Cámara de Diputados, la alianza integrada por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación inscribió como candidato a la presidencia a Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), acompañado por Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) en la segunda vicepresidencia y José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) en la tercera vicepresidencia. De acuerdo con la actual correlación de fuerzas, este bloque reuniría alrededor de 74 votos, suficientes para alcanzar la mayoría frente a los aproximadamente 56 votos que sumarían Fuerza Popular y Renovación Popular.

En el Senado también quedó conformado un bloque democrático integrado por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, que postula a Daniel Hugo Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) a la presidencia de la Cámara Alta. Lo acompañan Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) como primer vicepresidente, Jaime Delgado (Ahora Nación) como segundo vicepresidente y Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) como tercera vicepresidenta. Frente a ellos compite la lista conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezada por Miguel Ángel Torres Morales, junto con Alejandro Muñante, Nilza Chacón Trujillo y Estanislao Mancha Pineda.

La conformación de estas candidaturas refleja la decisión de las fuerzas democráticas de la social democracia y el progresismo de actuar de manera coordinada para preservar el equilibrio de poderes en el Parlamento. Sus representantes sostienen que el resultado electoral otorgó una representación diversa a la ciudadanía y que ninguna organización política debe ejercer un control hegemónico sobre la agenda legislativa ni sobre los órganos de dirección del Congreso.

La disputa adquiere especial relevancia porque el fujimorismo busca recuperar un amplio margen de conducción parlamentaria, mientras que las bancadas opositoras sostienen que la Mesa Directiva debe responder al carácter plural del nuevo Congreso. Para estos sectores, la unidad parlamentaria constituye un mecanismo para fortalecer la fiscalización, promover el debate democrático y evitar la concentración del poder político en una sola fuerza.

La elección de las Mesas Directivas también tiene un fuerte contenido simbólico para diversos sectores ciudadanos que recuerdan que el fujimorismo mantiene como referente político el gobierno de Alberto Fujimori, cuyo régimen fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y casos de corrupción. En ese contexto, las agrupaciones opositoras consideran que la conducción del Congreso debe estar orientada por principios democráticos, respeto al Estado de derecho y defensa de la institucionalidad.

Las elecciones de este domingo 26 de julio definirán quiénes presidirán la Cámara de Diputados y el Senado durante el primer año del nuevo Congreso bicameral. El resultado marcará el inicio de una etapa política clave para el equilibrio de poderes y para la capacidad de las fuerzas democráticas de ejercer un contrapeso frente a la derecha fujimorista en el Parlamento peruano.