Lima, 11 de diciembre de 2025.- El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), defendió hoy un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el uso de armas contra manifestantes que atenten contra “activos críticos”, como aeropuertos o carreteras. Sostuvo que las investigaciones abiertas contra los agentes constituyen una “persecución política”.

Presentado el 31 de octubre como el Proyecto de Ley N.º 13048/2025-CR, la iniciativa propone modificar el artículo 20 del Código Penal para incorporar una exención explícita por acciones “reglamentarias” que causen lesiones o muerte en defensa de bienes estatales o privados. Además, incluye una disposición transitoria con efectos retroactivos para los hechos ocurridos durante las protestas posteriores al autogolpe de Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Durante un homenaje a las FF.AA. y a la PNP, Rospigliosi insistió en desactivar el Equipo Especial de Fiscales contra la Violencia en las Protestas Sociales (EFICAVIP), integrado por 74 fiscales que investigan a más de 1.300 efectivos. Alegó que dicho grupo vulnera “los derechos humanos de los agentes del orden”, mientras —según dijo— los “provocadores de disturbios” permanecen impunes. La propuesta, actualmente en debate en las comisiones de Justicia y de Defensa, aguarda los informes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa pasa por alto los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, que registró al menos 50 civiles fallecidos por el uso directo de la fuerza durante las protestas de 2022-2023 —incluidas masacres como la de Ayacucho (diciembre de 2022, 10 muertos) y la de Juliaca (enero de 2023, 18 muertos)—. A ellos se suman 11 civiles muertos por accidentes relacionados con bloqueos, lo que da un total de 62 víctimas. Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 1.301 heridos civiles al 17 de febrero de 2023 —908 durante 2023 y 393 en diciembre de 2022—, mientras que la PNP contabilizó 580 agentes heridos al 20 de enero.

Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron que 15 de las 18 muertes en Juliaca fueron causadas por disparos de armas letales y tres por perdigones, desmintiendo las versiones oficiales sobre “autodefensa”. Ambas entidades alertaron, además, sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en un contexto donde la mayoría de las 477 protestas registradas fueron pacíficas. La norma propuesta no diferencia entre uso proporcional de la fuerza y abusos, lo que podría derivar en el archivamiento de procesos por homicidio calificado y lesiones graves en regiones como Puno, Apurímac, Ayacucho y Arequipa, que concentraron el 80% de las víctimas civiles.

Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificaron el proyecto como una “amnistía encubierta” que perpetúa la impunidad. Recordaron que guarda similitud con la ley de amnistía promulgada en agosto de 2025 —también impulsada por Rospigliosi—, rechazada por la CIDH y la Corte Interamericana por contravenir los estándares internacionales que prohíben el perdón en casos de violaciones graves, como las esterilizaciones forzadas o las ejecuciones en Accomarca y Barrios Altos.

Familiares de víctimas en Ayacucho y Juliaca denunciaron que la ley “borra la responsabilidad del Estado” por las 49 muertes de manifestantes y transeúntes documentadas por la Defensoría, obstruye el acceso a la justicia y envía un mensaje fallido respecto a la garantía de no repetición. Expertos de la ONU y de Amnistía Internacional advirtieron que medidas aplicadas de forma retroactiva contravienen la Convención Americana y podrían agravar la crisis política, profundizando la desconfianza en un Congreso ya cuestionado por su legitimidad tras la caída del gobierno de Pedro Castillo Terrones.

El debate en el Pleno, previsto para las próximas semanas, podría profundizar aún más la tensión en el país, mientras la rendición de cuentas por estas violaciones continúa pendiente ante instancias internacionales.

Lima, 9 de diciembre de 2025.- A cuatro meses de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el panorama político revela un quiebre inédito: la derecha conservadora y ultraderechista, históricamente dominante en segundas vueltas, aparece diluida en más de veinte fórmulas presidenciales sin opción real de unificación. Mientras tanto, la izquierda —lejos del progresismo tibio y de las socialdemocracias defensoras del modelo capitalista— se reduce a tres candidaturas definidas. Entre ellas, Juntos por el Perú (JPP), encabezada por Roberto Sánchez y respaldada por Pedro Castillo, Betsy Chávez y Margot Palacios, emerge como la única con cohesión, soporte territorial y capacidad efectiva de movilización.

Ningún candidato de derecha supera el 12,5%, y la suma dispersa de todas sus postulaciones apenas alcanza entre 25% y 30%, pese a que más de veinte listas fueron ratificadas tras las primarias del 8 de diciembre. Estas cifras golpean a un pequeño sector que pretende retener sus privilegios y que en 2021 intentó desconocer la victoria de Pedro Castillo con acusaciones de fraude nunca comprobadas, pese al intento de fabricar evidencias mediante una comisión manipulada desde el Congreso.

La supuesta unidad derechista fracasó desde el inicio. López Aliaga y Keiko Fujimori no sellaron ninguna tregua desde 2021; César Acuña marcha solo en el norte; mientras Álvarez y Forsyth disputan el mismo voto limeño de centro-derecha, López Chau y José Luna intentan aparecer como progresistas. El resultado es un voto conservador pulverizado: lo que en 2021 llegó a concentrar más del 70% en la segunda vuelta hoy se reduce a fragmentos mínimos, en un país donde el 51% permanece indeciso, en blanco o nulo, en rechazo directo al establishment y al “régimen Boluarte” y su sucesor, José Jerí Oré.

La izquierda: tres opciones y tres rutas distintas. Al margen de los progresismos de discurso y de las izquierdas de salón, funcionales al modelo capitalista neoliberal, la izquierda auténtica pone en juego tres candidaturas concretas: Perú Libre con Vladimir Cerrón, ratificado el 8 de diciembre por los delegados, prófugo, cuestionado por sus pactos tácticos con el régimen Boluarte y con el fujimorismo en el Congreso actual, con serias posibilidades de ser inhabilitado por el JNE. Venceremos, con Ronald Atencio -candidato defensor de Guillermo Bermejo y de la línea de nacionalización radical discursiva-, que venció en internas al puneño Vicente Alanoca, enfrenta fracturas internas y rechazo de sectores indígenas por denuncias de racismo y maltrato contra su contendor perdedor. Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez Palomino, sería la única plancha con cohesión orgánica: su fórmula fue cerrada por consenso; su principal fortaleza está en el bloque castillista. Pedro Castillo encabeza la lista al Senado Nacional con el número 1, anunciado desde el penal Barbadillo; Betsy Chávez también confirmó su candidatura al Senado por JP; y la congresista Margot Palacios, una de las voces más firmes en la denuncia de la persecución política y defensora de comunidades campesinas y nativas, completa el equipo político de mayor peso.

Las encuestas nacionales le dan entre 3% y 4%, pero los estudios regionales en el sur y los Andes (Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho) ubican a Sánchez entre 12% y 15%, justo donde el rechazo a Dina Boluarte y al Congreso es más alto.

El escenario que la derecha teme. Con un 51% del electorado aún sin decisión, el peor escenario para la derecha es evidente: si JP capta siquiera entre el 25% y 30% del voto castigo -algo plausible con Pedro Castillo como símbolo de resistencia e indignación popular-, Roberto Sánchez podría entrar a segunda vuelta con apenas 18% a 22%, e incluso ganar en primera si la derecha mantiene su dispersión entre cinco u ocho candidatos que no bajan del 5% cada uno. Pero ya estarían copando la Cámara de Senadores del Congreso de la República, advertidos de que la derecha hizo todas las reformas para gobernar desde esa instancia.

En una segunda vuelta, el guion de 2021 podría invertirse: un candidato de izquierda, enfrentándose a cualquier fragmento derechista, tendría amplias posibilidades de triunfo, con un 60% de rechazo ciudadano al régimen actual y a la derecha que mantuvo en el poder a Dina Boluarte y José Jerí, con represión, persecución y asesinatos que siguen impunes hasta hoy. Por ello, la derecha pretendería echar mano del fraude, motivo por el cual ya estaría tomando el control de los órganos electorales del Estado.

En suma, a cuatro meses de las elecciones, la derecha conservadora y neofascista está más dividida que nunca y desgastada hasta el límite: ningún candidato supera el 12,5% y la suma de todos apenas llega a un tercio del electorado. En contraste, la izquierda real solo ofrece una opción porque posee estructura partidaria y popular, símbolo y liderazgos claros: Juntos por el Perú.

Con Roberto Sánchez y el respaldo pleno de Castillo, Chávez y Palacios, el voto de resistencia e indignación del país finalmente tiene un instrumento organizado con amplio potencial de movilización nacional.

Lima, 8 de diciembre de 2025.- El Poder Judicial ordenó la suspensión provisional del proceso electoral interno del partido Ahora Nación, lo que paralizó las votaciones programadas para este domingo 7 de diciembre destinadas a elegir la plancha presidencial encabezada por Alfonso López Chau, así como a los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. La medida fue emitida por el Juzgado Civil de La Merced, en Junín, al declarar fundada una demanda de amparo presentada por los militantes Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco contra el Tribunal Electoral Nacional del partido. Según la resolución del juez Augusto Balbín Solís, la suspensión abarca los efectos jurídicos y fácticos del acta de sesión del 8 de octubre de 2025, que convocaba la elección de delegados y el cronograma general para las elecciones generales de 2026.

Los demandantes alegaron irregularidades graves en el procedimiento, como la falta de publicación oportuna de la convocatoria y el cronograma electoral, lo que les impidió presentar listas alternativas o formular tachas contra otras postulaciones. Además, denunciaron que el proceso no fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), violando el derecho a participar, elegir y ser elegidos de los afiliados. Otro punto controvertido fue el requisito de un pago de hasta S/ 80.000 para inscribir candidaturas, calificado como discriminatorio e irregular. La resolución judicial advierte al Tribunal Electoral Nacional, presidido por Daniel Martín Plácido Matta, que se abstenga de continuar el proceso bajo apercibimiento de denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad, hasta la resolución del fondo del caso.

A pesar de la orden judicial, Ahora Nación procedió con la elección de delegados el 30 de noviembre y las votaciones del 7 de diciembre bajo la supervisión técnica de la ONPE, argumentando que el fallo es inaplicable y que los actos ya ejecutados no pueden ser retrotraídos. El Comité Ejecutivo Nacional del partido expresó preocupación por posibles intentos de bloquear su participación en los comicios de abril de 2026, y anunció que evaluará medidas legales posteriores. Expertos electorales consultados indican que esta suspensión podría derivar en una tacha ante el JNE, invalidando la candidatura de López Chau si se confirman las infracciones a la democracia interna, en un contexto de 37 partidos que completaron sus procesos sin mayores contratiempos.