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Nacional

Fiscalía allana inmuebles de Joaquín Ramírez, Pier Figari y otros cercanos a Fuerza Popular en megaoperativo por lavado de activos y fraude

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La Fiscalía de Perú llevó a cabo este martes 25 de febrero un amplio operativo en el que allanó múltiples inmuebles vinculados a Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca, y a Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular.

La medida forma parte de una investigación por presunta organización criminal, lavado de activos y fraude, relacionada con el desfalco de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y el presunto financiamiento ilícito de campañas políticas.

El megaoperativo, coordinado por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, se extendió a varias regiones del país, incluyendo Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo.

Joaquín Ramírez: Fiscalía pide 36 meses de impedimento de salida del país por caso Alas Peruanas

Entre los allanados se encuentran Joaquín Ramírez, su hermano Osías Ramírez, Pier Figari, y otras personas vinculadas al caso, como Nancy Gallegos, Rosa Castañeda, Maribel y Nancy Ramírez (hijas del fallecido Fidel Ramírez, exrector de la UAP), Edmond Jordán, Marco Urteaga, Yohny Ramírez, Harold Morales y Marcos Aponte.

Además de los allanamientos a viviendas particulares, la Fiscalía realizó diligencias en varias empresas sospechosas de estar involucradas en la red de lavado de activos. Entre estas figuran Compañía General de Combustibles S.A.C., Capricornio Import S.A.C., Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo S.R.L., Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II S.A., Mondreu S.A.C. e Imporgraf S.A.C.

La investigación se centra en la presunta organización criminal liderada por Fidel Ramírez Prado, exrector de la UAP, quien habría desviado millonarias sumas de dinero de la universidad hacia empresas pantalla controladas por sus familiares. Según la Fiscalía, Joaquín Ramírez habría utilizado parte de estos fondos ilícitos para financiar campañas políticas de Fuerza Popular. Además, se investiga a Maribel y Nancy Ramírez, hijas de Fidel Ramírez, quienes habrían simulado trabajar en la UAP y creado empresas que contrataron con la misma universidad, adquiriendo bienes a precios sobrevalorados.

Un testimonio clave en el caso es el de Jesús Vásquez, un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas (DEA), quien se infiltró en la organización de los Ramírez. Vásquez declaró que Joaquín Ramírez le confesó haber lavado US$15 millones para Keiko Fujimori.

Según su relato, la operación se habría realizado a través de Edgardo Sánchez Castro, brazo derecho de Fidel Ramírez, quien habría negociado con la DEA para lavar US$20 millones mediante la creación de una filial de la UAP en Miami. «Joaquín Ramírez se enteró de la negociación y se interesó en los US$20 millones. Para ganarse mi confianza, me contó sobre los US$15 millones que lavó para Keiko Fujimori», afirmó Vásquez.

El caso tiene fuertes implicaciones políticas, ya que involucra a figuras cercanas a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y principal figura del neoliberalismo que gobierna a través de Dina Boluarte. Aunque Fujimori no ha sido mencionada directamente en la investigación, las acusaciones de lavado de activos para financiar su campaña podrían afectar su imagen y la de su partido.

La Fiscalía continúa recopilando evidencias y analizando la documentación incautada durante los allanamientos. Se espera que en las próximas semanas se presenten cargos formales contra los implicados, mientras la investigación sigue avanzando para desmantelar la presunta red criminal. Este caso representa uno de los operativos más significativos en la lucha contra la corrupción en Perú, y sus repercusiones podrían extenderse tanto en el ámbito judicial como en el político.

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Elecciones 2026: decenas de partidos en riesgo de perder su inscripción tras no superar la valla electoral

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La reciente jornada electoral del 12 de abril de 2026 ha dejado un panorama crítico para el sistema político peruano, con una alta fragmentación partidaria y una drástica reducción de organizaciones con representación efectiva. Según los resultados preliminares, solo un reducido grupo de partidos logró superar la valla electoral del 5%, lo que coloca a la mayoría de agrupaciones en riesgo de ser excluidas del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.

Entre los partidos que no habrían alcanzado el mínimo requerido figuran Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña; Avanza País, vinculado a Hernando de Soto; Somos Perú, con figuras como Daniel Salaverry; Perú Libre por Vladimir Cerrón; APRA por Valderrama; y Podemos Perú, encabezado por José Luna Gálvez. Estas agrupaciones, que en procesos anteriores tuvieron presencia parlamentaria, no habrían logrado sostener su respaldo ciudadano.

La eventual cancelación de inscripción no solo implica la desaparición formal de estas organizaciones del sistema electoral, sino también un golpe directo a sus liderazgos nacionales, quienes verían debilitada su capacidad de participación política en el corto plazo. Aunque la normativa no sanciona a los líderes individualmente, la pérdida del partido limita su plataforma institucional y reduce su margen de maniobra en futuras elecciones.

Este proceso de depuración partidaria responde a una tendencia creciente de fragmentación política en el país, donde el elevado número de organizaciones inscritas contrasta con un electorado cada vez más disperso. Analistas advierten que el sistema podría experimentar una recomposición significativa, con menos partidos pero potencialmente más consolidados, aunque también persiste el riesgo de volatilidad y aparición de nuevas agrupaciones.

Cabe precisar que la lista definitiva de partidos que perderán su inscripción será confirmada únicamente tras la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Mientras tanto, el escenario preliminar ya anticipa uno de los reacomodos más drásticos del mapa político peruano en las últimas décadas, con implicancias directas en la gobernabilidad y representación democrática del país.

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Estudiantes universitarios marchan en Cusco y otras regiones contra el alza del pasaje

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Cusco, 22 de abril 2026.- Miles de estudiantes universitarios salieron a las calles este jueves en Cusco y en diversas ciudades del país para protestar contra el incremento del pasaje universitario, medida que —según denuncian— afecta directamente su acceso a la educación.

La movilización, convocada por federaciones estudiantiles y colectivos universitarios, congregó a jóvenes de instituciones públicas y privadas. En el centro histórico de Cusco, los manifestantes recorrieron avenidas principales portando pancartas y entonando consignas en rechazo a lo que califican como un “aumento injustificado”.

“Muchos estudiantes dependen del pasaje diferenciado para poder asistir a clases. Este incremento pone en riesgo nuestra continuidad académica”, señaló una representante estudiantil durante la jornada.

Las protestas no se limitaron a Cusco. Reportes similares se registraron en ciudades como Arequipa, Puno y Lima, donde los estudiantes también exigieron la intervención de las autoridades para regular las tarifas del transporte público.

De acuerdo con los organizadores, el alza del pasaje universitario se ha producido en medio de un contexto económico complejo, lo que agrava la situación de miles de jóvenes que ya enfrentan dificultades para costear materiales, alimentación y otros gastos asociados a su formación.

Estudiantes universitario de Cusco marcharon contra el alza de pasajes

Por su parte, representantes del sector transporte argumentan que el incremento responde al aumento en los costos operativos, como el combustible y el mantenimiento de las unidades. Sin embargo, los estudiantes cuestionan la falta de mecanismos de fiscalización y diálogo previo.

Las autoridades locales indicaron que se establecerán mesas de trabajo entre estudiantes, transportistas y funcionarios para evaluar posibles soluciones. No obstante, los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones si no se atienden sus demandas.

La jornada culminó de manera mayormente pacífica, aunque con interrupciones temporales del tránsito en varias zonas. Organizaciones estudiantiles no descartan convocar a una protesta nacional en los próximos días si no se alcanzan acuerdos concretos.

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Piero Corvetto deja la ONPE en medio de presión política de la derecha peruana

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Lima, 21 de abril de 2026.- Piero Corvetto dejó la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un contexto marcado por cuestionamientos y presión política de sectores de la derecha peruana.

Su salida coincide con el cierre de su periodo institucional, aunque se produce tras reiteradas críticas de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, entre otros.

Estas agrupaciones cuestionaron la transparencia de los procesos electorales, especialmente desde las elecciones generales de 2021, denunciando presuntas irregularidades en el conteo de votos y la organización electoral.

Sin embargo, organismos electorales y misiones internacionales de observación respaldaron la validez de dichos comicios y descartaron la existencia de fraude.

Durante su gestión, Corvetto defendió la legalidad del sistema electoral peruano, señalando que los procesos se realizaron conforme a estándares técnicos y normativos.

Su salida marca el fin de una etapa caracterizada por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones electorales.

Analistas advierten que el principal reto para la ONPE será recuperar la confianza ciudadana en un escenario político aún marcado por tensiones.

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