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Regional

Gobierno en la mira por corrupción y encubrimiento de proveedor de Qali Warma

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El programa de alimentación escolar Qali Warma, institución clave en la mejora de la nutrición de miles de niños en todo el Perú, enfrenta uno de sus mayores escándalos de corrupción. Recientes revelaciones involucran directamente a la empresa proveedora FrigoInca, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno y al propio gobierno de Dina Boluarte. El caso ha sacudido la opinión pública y puesto en entredicho la gestión del programa que debe garantizar la seguridad alimentaria en las escuelas del país, pero no lo estaba haciendo.

El detonante fue la intoxicación de más de 20 escolares en la provincia de San Román, Puno, quienes, tras consumir conservas de pollo distribuidas por Qali Warma, terminaron hospitalizados. Las primeras investigaciones apuntaban a un mal manejo de agua, pero un reportaje del programa televisivo Punto Final sacó a la luz que funcionarios de la DIRESA recibieron sobornos para encubrir a FrigoInca, la empresa detrás de los productos contaminados. Ronald Loza, un alto funcionario de Salud, habría recibido 4,000 soles para desviar la responsabilidad del caso, culpando al agua en lugar de los alimentos en mal estado.

El Poder Judicial inició una investigación preliminar a Dina Boluarte por Qali Warma

El gobierno de Boluarte se ve implicado no solo por este hecho puntual, sino por un entramado que parece haberse gestado desde su época como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Durante su mandato en dicho ministerio, la empresa FrigoInca comenzó a expandirse a nivel nacional a través de Qali Warma, levantando sospechas de negociaciones incompatibles.

El Poder Judicial ha iniciado una investigación preliminar sobre Boluarte por seis contratos firmados en 2022, que habrían beneficiado al «Consorcio Puma SAC», en circunstancias poco claras. En paralelo, la Fiscalía ha abierto diligencias contra varios implicados, incluyendo a funcionarios que, según las investigaciones, habrían favorecido a FrigoInca a cambio de coimas.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, antiguo viceministro de Boluarte, ha intentado desmarcarse del escándalo, señalando a la DIRESA de Puno y a FrigoInca como responsables principales del encubrimiento y mala calidad de los alimentos. Sin embargo, su cercanía con la presidenta ha levantado sospechas sobre la independencia de su gestión en el manejo del caso. A pesar de las denuncias, Demartini ha anunciado medidas contra la empresa y los trabajadores implicados, incluyendo la separación de tres empleados de Qali Warma, aunque las acciones parecen más reactivas que preventivas.

Lo preocupante es que, a pesar de las pruebas contundentes, las autoridades implicadas han optado por «lavarse las manos». El Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Puno han emitido comunicados negando su participación en los hechos, y Qali Warma ha minimizado su responsabilidad, trasladándola a las autoridades sanitarias locales. En este contexto, los padres de familia han manifestado su indignación, reportando que, en lugar de soluciones, se les ha amenazado con retirar las raciones de alimentos si continúan denunciando las irregularidades.

MIDIS dispuso la suspensión de la distribución y la evaluación de productos de FrigoInca

El caso ha puesto en tela de juicio la capacidad del gobierno de Boluarte para combatir la corrupción en sus propias filas. Las redes de complicidad entre funcionarios del Estado y empresas proveedoras están más presentes que nunca. Mientras tanto, las víctimas directas siguen siendo los niños afectados, cuyo derecho a una alimentación segura y de calidad ha sido vulnerado. Las autoridades judiciales tendrán la tarea de esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables, incluidos los de más alto nivel, para evitar que el encubrimiento y la corrupción sigan perpetuándose bajo la sombra de la impunidad.

Fuente: Webs y redes de noticias

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Congreso censura al presidente interino José Jerí tras blindaje fallido de Fuerza Popular

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El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero de 2026 la censura contra el presidente interino José Jerí Oré, poniendo fin a su breve gestión de apenas cuatro meses y una semana tras asumir por sucesión constitucional luego de la vacancia de Dina Boluarte. La moción se debatió en un Pleno Extraordinario donde se acumularon siete propuestas de censura, motivadas principalmente por las reuniones no registradas que sostuvo Jerí con empresarios chinos, señaladas por presuntas irregularidades, tráfico de influencias y falta de idoneidad para el cargo. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la censura superó ampliamente los 66 votos requeridos, declarando vacante la Presidencia de la República.

La bancada de Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, mantuvo un blindaje disciplinario hasta el final. Dieciséis congresistas fujimoristas votaron en contra de la censura, fieles a la postura defendida por su lideresa, quien el lunes anterior insistió en que remover a Jerí a solo dos meses de las elecciones generales de abril de 2026 generaría inestabilidad política. Entre los que respaldaron esta línea se encuentran Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamante y Martha Moyano. Sin embargo, el apoyo de otras bancadas —Renovación Popular, Perú Libre, sectores de Acción Popular y Somos Perú— fue determinante para imponer la salida del mandatario.

Keiko Fujimori había expuesto su posición el lunes en el programa Enfrentados de América Televisión, donde argumentó que un cambio abrupto provocaría caos institucional y podría favorecer a la “izquierda radical”. Aunque reconoció fallas en la gestión de Jerí, sobre todo en seguridad, subrayó que su defensa respondía al orden constitucional y no a un respaldo personal. Las declaraciones circularon en varios medios, pero no lograron cambiar el rumbo en el hemiciclo, dejando a Fuerza Popular expuesta a críticas por aparente priorización de intereses propios por encima de la gobernabilidad.

Con la censura aprobada, el Congreso sesionará este miércoles 18 de febrero para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva, quien asumirá de inmediato la Presidencia interina hasta el 28 de julio, fecha en que juramentará el ganador de las elecciones. José Jerí se convierte así en el octavo presidente peruano en menos de una década, un hecho que refuerza la imagen de inestabilidad crónica del sistema político y agrava la crisis institucional en plena recta electoral.

La salida de Jerí deja un panorama más incierto para los comicios, con Fuerza Popular bajo fuego por el fracaso de su estrategia de blindaje mediático y congresal. El país espera ahora la designación del nuevo mandatario interino en medio de una alta polarización, crecientes demandas ciudadanas por transparencia y anticorrupción, y el riesgo de mayor fragmentación política justo antes de las urnas.

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Carnaval Ayacuchano 2026: Críticas a José Jerí por Chifagate convierten la fiesta en protesta popular

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El Carnaval Ayacuchano 2026, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ha iniciado este 14 de febrero con una fuerte carga de sátira política que refleja el descontento ciudadano ante la coyuntura nacional. En las calles de Huamanga y en los pasacalles de las comparsas, el presidente interino José Jerí se ha convertido en el principal blanco de críticas a través de coplas, máscaras y representaciones artísticas, en el marco del tradicional espacio de expresión popular que combina celebración y protesta.

La comparsa Sublevación Fajardina ha destacado con letras virales que aluden directamente al denominado “Chifagate”, escándalo que involucra reuniones no registradas del mandatario con empresarios chinos, como Zhihua Yang. Coplas como “Ahora en el cofre ‘pajerí’ pasea, buscando su chifa mientras maquinea… dice ser Bukele pero parece pelele” y “Este es cuento chino, es ‘pajerí’ en el chifa” han resonado en las plazas, convirtiendo la fiesta en una plataforma de crítica abierta a presuntos actos de corrupción y vínculos irregulares.

Otro elemento central ha sido la máscara ganadora del concurso tradicional, titulada “Pa Jerín y sus waykis”, elaborada por la artista Elizabeth Ayala Rodríguez. La obra representa de forma caricaturesca al presidente junto a figuras allegadas, incluyendo al empresario chino mencionado en el caso, y lleva mensajes explícitos como “Debe irse de Palacio”. Esta pieza, confeccionada con materiales reciclados, ha recorrido las calles durante el ingreso triunfal del Ño Carnavalón y los corsos, simbolizando el sentir colectivo frente a los cuestionamientos que pesan sobre la gestión actual.

La tradición de usar el carnaval como catarsis social se mantiene vigente en Ayacucho, donde las comparsas —más de 250 este año— integran elementos ancestrales de fertilidad y renovación con denuncias contemporáneas. Aunque también se escuchan coplas románticas y de alabanza a la tierra, la sátira política ha dominado la agenda mediática y popular, extendiéndose incluso a referencias al Congreso y a escándalos previos, en un contexto de inestabilidad institucional a nivel nacional.

Autoridades locales y regionales han resaltado la importancia de preservar el carácter festivo y cultural del evento, programado hasta el 18 de febrero con actividades como el corso de carros alegóricos y la quema del Ño Carnavalón. Sin embargo, el ingenio popular ha transformado una vez más esta celebración andina en un espejo crítico de la realidad política peruana, demostrando que en Ayacucho la música y la danza siguen siendo herramientas poderosas de expresión ciudadana.

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Trabajadores agrarios de agroexportadora Hass Perú S.A. denuncian intento de desarticular su sindicato y abusos laborales

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Chao, Virú (La Libertad), febrero 2026.- Trabajadores de Hass Perú S.A., empresa agroexportadora de palta Hass y arándanos en el valle de Chao, denuncian prácticas antisindicales sistemáticas tras la constitución legal de su sindicato. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hass Perú S.A. (SINTRAHASSP) fue inscrito oficialmente en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, cumpliendo todos los requisitos legales y gozando de protección constitucional.

A pesar de ello, los afiliados acusan a la empresa de intentos de desestabilización sindical, incluyendo no respeto a la libre afiliación, falta de reconocimiento pleno al sindicato y represalias directas. La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial de La Libertad (FETSA RLL) señala despidos selectivos de dirigentes y afiliados, considerados nulos por discriminación antisindical según la normativa vigente y convenios de la OIT.

Entre las irregularidades laborales más graves denunciadas destacan condiciones precarias: jornadas intensas en lodo y bajo sol sin equipo de protección personal adecuado (guantes, botas o herramientas), lo que ha provocado accidentes, incluyendo pérdida de dedos en un caso reportado. Además, se reportan abandonos nocturnos en zonas rurales tras la jornada (esperas de más de una hora en oscuridad), presiones excesivas por productividad y exigencias de horas extras fuera de lo legal, con «premios» que buscan normalizar la explotación.

Los sueldos base permanecen estancados pese al crecimiento exportador de la empresa (aumento del 68% entre 2019 y 2024), sin reconocimiento proporcional de labores adicionales ni beneficios acordes. En enero de 2026, los trabajadores realizaron una huelga y paralización de labores para exigir diálogo y mejoras, lo que llevó a la Intendencia Regional de La Libertad de SUNAFIL a emitir una orden de inspección inmediata para verificar los hechos.

El conflicto pone en evidencia la asimetría en el sector agroexportador de La Libertad: boom de divisas versus precariedad laboral persistente. FETSA RLL y SINTRAHASSP llaman a fortalecer la sindicalización y exigen al Estado mayor diligencia en fiscalización. La empresa no ha emitido pronunciamiento público respondiendo a las acusaciones hasta el momento, en claro desafío a las demandas laborales, donde el Estado aparentemente también no puede hacer nada.

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