Buenos Aires, 16 de febrero de 2026.- El Senado argentino concedió media sanción a la Ley de Modernización Laboral, impulsada por el presidente Javier Milei, en una votación ajustada de 42 a favor y 30 en contra tras una maratónica sesión de más de 14 horas. Esta reforma, que modifica más de 50 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente desde 1974, permite extender la jornada laboral diaria hasta 12 horas mediante un banco de horas compensatorio, habilita el pago de salarios en especie (como alimentos o alojamiento), reduce el cálculo de indemnizaciones por despido y limita el derecho a huelga en sectores esenciales. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca su aprobación definitiva antes del inicio de sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Entre los cambios más cuestionados destacan la posibilidad de abonar remuneraciones en moneda extranjera o bienes en lugar de efectivo exclusivo, el fraccionamiento de vacaciones en cualquier época del año (sin obligación de concentrarlas en verano), la reducción del pago en licencias por enfermedad no laboral (hasta 50-75% en algunos casos) y la priorización de convenios colectivos por empresa sobre los sectoriales. El Gobierno defiende estas medidas como esenciales para atraer inversiones, bajar la litigiosidad laboral y fomentar empleo formal en un contexto de alta informalidad. Sin embargo, sindicatos y oposición las califican de regresivas, precarizadoras y un retroceso en derechos conquistados por generaciones de trabajadores argentinos.

La aprobación se produjo en medio de intensas protestas convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales obreras. Miles de manifestantes se concentraron frente al Congreso desde el 11 de febrero, con pancartas y consignas contra lo que denominan «esclavitud moderna». La movilización escaló a enfrentamientos violentos: grupos arrojaron piedras y bombas molotov, mientras la policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua. El saldo oficial reportó al menos 71 detenidos y varios heridos (incluyendo 12-15 agentes), según fuentes de Seguridad y reportes periodísticos de Infobae, El País y France 24.

Ante este panorama de alta conflictividad social, la CGT convocó de urgencia a su Consejo Directivo (reunión virtual el lunes 16 de febrero) para evaluar la convocatoria a un paro general nacional de 24 horas, posiblemente coincidiendo con el tratamiento del proyecto en Diputados. Líderes sindicales como Cristian Jerónimo afirmaron que «están dadas todas las condiciones» para una medida de fuerza masiva, con llamados a nuevas movilizaciones y posibles acciones judiciales por inconstitucionalidad. La central obrera advierte que la reforma beneficia a grandes empresas a costa de los trabajadores y prepara un plan de lucha para frenar su avance.

Desde Lima, esta crisis laboral en Argentina genera preocupación regional: reformas de este tipo podrían inspirar agendas similares en otros países sudamericanos, donde la protección de derechos laborales enfrenta presiones económicas. Organizaciones peruanas de defensa del trabajo observan con alerta cómo el argumento de «modernización» podría diluir conquistas históricas en materia de jornada, salarios dignos y libertad sindical, en un contexto de creciente desigualdad en la región.

Lima, 14 de febrero de 2026.- El Pleno del Congreso sesionará de manera extraordinaria a las 10:00 a.m. para evaluar hasta siete mociones de censura contra el mandatario, quien ejerce también la presidencia del Legislativo. El detonante principal es el escándalo «Chifagate», que involucra reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, sumado a investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El caso «Chifagate» estalló tras la difusión de imágenes de Jerí ingresando encapuchado a un chifa en San Borja el 26 de diciembre de 2025 y a un local en el barrio chino el 6 de enero de 2026, ambos propiedad de Yang, sin figurar en su agenda oficial. La Fiscalía abrió indagación preliminar y citó al presidente para declarar el 2 de marzo, mientras peritos analizan posibles manipulaciones en los videos entregados.

Jerí compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el 21 de enero, negando irregularidades y calificando las acusaciones como una «operación política» para desestabilizar la transición hasta julio. Rechaza renunciar y solicitó que el Estado financie su defensa legal en la investigación fiscal.

El Congreso validó 78 firmas para convocar el pleno extraordinario. Las mociones de censura (contra su rol como presidente del Parlamento) requieren mayoría simple (alrededor de 66 votos), lo que implicaría sucesión automática: un nuevo titular del Legislativo asumiría la Presidencia.

Bancadas de izquierda (Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático), Podemos Perú, APP y Renovación Popular impulsan la salida, mientras Fuerza Popular y Somos Perú (su partido) defienden su permanencia o exigen vacancia formal. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, insiste en que corresponde vacancia por actos presidenciales.

La crisis se agrava con otros escándalos: contrataciones cuestionadas de allegadas tras visitas nocturnas a Palacio, una fiesta privada con figuras vinculadas a presuntas redes de prostitución y alta desaprobación ciudadana. El resultado del pleno del 17 de febrero definirá si Perú enfrenta otro cambio interino o si Jerí completa el mandato hasta las elecciones, en un contexto de inestabilidad institucional crónica.

Lima, 1 de febrero de 2026.– Los fraudes digitales continúan en ascenso alarmante en el Perú, con la capital concentrando la mayor parte de las denuncias por ciberdelincuencia. Según datos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, hasta septiembre de 2025 se registraron más de 31 mil denuncias por delitos informáticos, de las cuales el 68,88% (21.371 casos) correspondieron a fraude informático, incluyendo phishing, smishing y suplantación de identidad. Reportes de Kaspersky destacan un aumento sostenido en América Latina de amenazas como ladrones de contraseñas (35%) y spyware (64%) durante 2025, tendencia que se proyecta intensificándose en 2026 con el uso de inteligencia artificial para crear mensajes hiperpersonalizados y deepfakes. En Lima, las modalidades más frecuentes involucran suplantaciones de bancos como BCP, Interbank o BBVA vía WhatsApp y SMS, así como estafas con billeteras digitales Yape y Plin mediante códigos QR falsos (‘QRishing’) o aplicaciones fraudulentas que simulan pagos.

Las alertas más recurrentes incluyen mensajes de urgencia extrema —como “tu cuenta será bloqueada en 1 hora”, “retiro AFP inmediato” o falsas ofertas de empleo remoto con “depósito inicial”—, enlaces a sitios clonados con dominios sospechosos (.top, .xyz o con guiones extra), y solicitudes de pagos en criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias a desconocidos. Expertos advierten que el phishing bancario y las estafas con Yape falso —donde delincuentes envían capturas editadas o usan apps clonadas para engañar a comerciantes— se han sofisticado notablemente, aprovechando la confianza en transacciones móviles cotidianas en bodegas, taxis y comercios limeños. Kaspersky y la Policía Nacional reportan un incremento en intentos de robo de datos a través de estos canales, con proyecciones de mayor focalización en dispositivos móviles para 2026.

Las autoridades, incluyendo la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional, Indecopi y los bancos, instan a la población a verificar siempre las URLs oficiales escribiéndolas manualmente, nunca compartir códigos OTP, claves bancarias o CVV por mensajes, activar notificaciones en tiempo real en apps como Yape, usar tarjetas virtuales con límites bajos para compras en línea y denunciar sospechas inmediatamente al 942 439 245 o a través de canales oficiales. La educación digital y herramientas como VirusTotal se posicionan como defensas clave ante esta ola de ciberdelincuencia que afecta especialmente a los limeños en sus transacciones diarias.