Lima, 16 de julio de 2026.- El presidente de la República, José María Balcázar, recibió este jueves a la presidenta electa, Keiko Fujimori, en el Palacio de Gobierno, en el marco del…
Economía
Presupuesto 2027: Gobierno de Keiko prioriza Defensa sobre seguridad ciudadan

El Ejecutivo propone gastar S/266.506 millones en 2027, pero reduce en S/519 millones los recursos para Orden Público y Seguridad mientras eleva 25% el presupuesto de Defensa.
Lima, 3 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori presentó al Congreso su proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, un incremento de 3,5% respecto al presupuesto inicial de este año. Sin embargo, la distribución de los recursos abrió una controversia política: mientras el Ejecutivo coloca la lucha contra la delincuencia entre sus principales prioridades, la función Orden Público y Seguridad registra una reducción de S/519 millones y Defensa y Seguridad Nacional aumenta en S/1.812 millones.
Menos recursos para enfrentar la delincuencia
El proyecto asigna S/15.338 millones a Orden Público y Seguridad, frente a los S/15.857 millones aprobados para 2026. La reducción equivale a 3,3%.
El ajuste también alcanza al programa Reducción de delitos y faltas, directamente relacionado con las acciones de seguridad ciudadana. Sus recursos pasarían de S/6.878 millones a S/6.494 millones, una disminución de S/384 millones.
La reducción ocurre mientras el Gobierno sostiene que la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado constituyen una prioridad de su gestión.
Durante la sustentación del presupuesto ante el Congreso, el premier Luis Galarreta defendió la asignación para seguridad y señaló que alrededor de S/15.400 millones estarán orientados al orden público, la investigación del delito y el fortalecimiento de la capacidad operativa policial.
Defensa aumenta 25 %
La otra cara de la distribución presupuestal está en Defensa.
La función Defensa y Seguridad Nacional recibiría S/8.993 millones en 2027, frente a S/7.180 millones en 2026. El aumento alcanza aproximadamente los S/1.812 millones, equivalente a 25%.
El salto es todavía mayor en los proyectos de inversión. El presupuesto destinado a reparación, renovación y equipamiento de las Fuerzas Armadas pasaría de S/665 millones a S/2.548 millones, un incremento de aproximadamente 283%. Entre las inversiones figuran proyectos vinculados con capacidades militares, aviones de combate, la Fuerza de Superficie y la Base Naval del Callao.

Para el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, el incremento responde a un proceso de recuperación de capacidades militares acumulado durante años. Al mismo tiempo, advirtió que las adquisiciones deben ser vigiladas para garantizar que el Estado compre lo necesario y al mejor costo.
Pero desde el sector Interior la lectura es distinta. El exviceministro Ricardo Valdés cuestionó que se reduzcan recursos para enfrentar una amenaza interna como la delincuencia mientras se incrementa el gasto destinado a una eventual amenaza militar externa.
Oposición exige cambiar prioridades
El debate parlamentario realizado este jueves mostró que el proyecto no tendrá un trámite sencillo.
La diputada Roxana Rocha cuestionó la asignación para seguridad ciudadana, mientras el diputado Ernesto Zunini alertó sobre la reducción de S/519 millones. Jennifer Paredes pidió, además, restituir S/430 millones para seguridad.
Los cuestionamientos alcanzaron también la distribución territorial de los recursos. Paredes sostuvo que el gasto de capital de los gobiernos regionales crecería apenas 1,1%, mientras que Renovación Popular denunció una reducción en determinados recursos para inversión regional y pidió priorizar las zonas rurales y urbano-marginales.
Beneficios tributarios y subsidios entran en la discusión
La discusión sobre las prioridades fiscales también alcanza los beneficios tributarios.
Durante el debate, el diputado Christian Aranda pidió transparentar estos beneficios, que según sus declaraciones superarían los S/24 mil millones. La OCDE, por su parte, ha planteado revisar los beneficios tributarios que no demuestren resultados suficientes.
Uno de los casos bajo cuestionamiento es el régimen preferencial para grandes agroexportadoras, cuya menor recaudación ha sido estimada en aproximadamente S/1.888 millones anuales.
El Gobierno también ha recurrido a subsidios temporales. En agosto anunció una subvención de entre 15% y 20% para la compra de diésel destinada a determinados transportistas, con una vigencia inicial de tres meses. La medida fue presentada como respuesta al incremento internacional de los combustibles, pero especialistas cuestionaron su focalización y sostenibilidad.
Derechos laborales: otro frente abierto
La discusión presupuestaria ocurre además en medio de una disputa sobre la política laboral del Ejecutivo.
El Gobierno ha planteado al Congreso facultades para establecer un nuevo régimen laboral orientado a las MYPE, con un esquema de remuneraciones y beneficios que crecerían progresivamente. La propuesta contempla cambios que podrían reducir inicialmente gratificaciones, CTS y vacaciones para los trabajadores incorporados al nuevo régimen.
Los sindicatos han rechazado la propuesta y sostienen que podría afectar derechos laborales. En agosto, trabajadores de construcción civil convocados por la CGTP marcharon hacia el Congreso para expresar su oposición a eventuales modificaciones regresivas.
Estas reformas, sin embargo, corresponden al pedido de facultades legislativas y no constituyen partidas específicas del Presupuesto 2027.
Una batalla por las prioridades del Estado
El proyecto presentado por el Gobierno no solo pone en discusión cuánto gastará el Estado en 2027. También abre una disputa sobre en qué debe gastar más y qué problemas considera urgentes.
El Ejecutivo defiende un presupuesto de S/266.506 millones con énfasis en seguridad, educación, salud y transporte. La oposición cuestiona que esa prioridad no se refleje completamente en la distribución interna de los recursos y pone bajo la lupa el aumento del gasto militar, los beneficios tributarios, la inversión regional y las políticas laborales.
La discusión recién comienza. El proyecto será analizado por las instancias parlamentarias correspondientes antes de su aprobación definitiva.
Lo que está en juego no es únicamente una cifra de S/266.506 millones. Es la definición de las prioridades económicas del primer año completo del Gobierno de Keiko Fujimori: seguridad ciudadana frente a Defensa, gasto social frente a otras inversiones, beneficios económicos frente a mayor recaudación y flexibilidad laboral frente a derechos adquiridos.
El Congreso tendrá ahora que decidir si mantiene la distribución propuesta por el Ejecutivo o modifica las partidas para responder a las demandas que ya han puesto sobre la mesa las distintas bancadas.
Economía
Keiko Fujimori declara S/1,13 millones ante la Contraloría: S/1,016 millones figuran en «otros»

La presidente registra S/1’016,123.31 en el rubro “otros”, principalmente asociado a ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Como candidata declaró solamente un Subaru valorizado en S/115,998.
Lima, 25 de agosto de 2026.- La presidente Keiko Fujimori declaró ante la Contraloría General de la República un patrimonio total de S/1’132,121.31 al inicio de su gestión, según su primera declaración jurada de ingresos, bienes y rentas como jefa de Estado.
El documento registra S/115,998 en el rubro bienes y S/1’016,123.31 en “otros”, categoría que comprende principalmente ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Además, Fujimori consignó ingresos mensuales de S/35,568 provenientes del sector público.
¿Qué declaró como candidata?
El contraste adquiere relevancia porque en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026, Fujimori declaró como bien mueble un Subaru Forester, adquirido en 2017, valorizado en S/115,998. No registró bienes inmuebles a su nombre.
En esa misma declaración consignó S/271,853.45 de ingresos correspondientes al año 2024, provenientes del sector privado.
La diferencia entre los S/1’132,121.31 declarados actualmente y los S/115,998 correspondientes al vehículo es de S/1’016,123.31. Sin embargo, esta diferencia no puede interpretarse automáticamente como un incremento patrimonial irregular, debido a que las declaraciones responden a formatos y categorías diferentes.
El millón está registrado como “otros”
El principal elemento que requiere seguimiento es el rubro “otros”, donde la actual declaración ante Contraloría registra S/1’016,123.31.
Las fuentes públicas consultadas señalan que esta categoría comprende ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Sin embargo, la información pública no permite identificar todos los detalles de las cuentas o instrumentos financieros involucrados.
Por ello, con la información disponible no es posible afirmar que se trate de dinero adquirido recientemente ni atribuirle un origen irregular.
El antecedente de 2011
La comparación con su última declaración como congresista ofrece otro dato relevante. Al culminar su periodo parlamentario en 2011, Fujimori declaró S/117,500 en bienes y S/603,700 en el rubro “otros”, por un total de S/721,200.
La pregunta pendiente
El dato que requiere mayor explicación pública no es únicamente el monto total declarado, sino la composición y origen de los S/1’016,123.31 registrados actualmente en “otros” y su correspondencia con las declaraciones patrimoniales anteriores.
La información publicada por la Contraloría permite conocer los montos generales, pero no todos los detalles de los activos financieros declarados.
Pulso27.com considera que la transparencia patrimonial de los altos funcionarios debe permitir a la ciudadanía comprender no solo cuánto se declara, sino también cómo está compuesto el patrimonio y cómo evolucionó entre una declaración y otra.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha incorporado una explicación de la presidenta Keiko Fujimori sobre la composición específica del monto registrado en el rubro “otros”.
Economía
Transportistas de Lima y Callao anuncian paro del 25 de agosto contra extorsión y sicariato

Lima, 20 de agosto de 2026.- La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización del transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones, sicariato y asesinatos que afecta a conductores, cobradores, empresarios y pasajeros. Los dirigentes cuestionan además la falta de respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a las propuestas que aseguran haber presentado.
El reclamo: seguridad para trabajar
Los transportistas sostienen que han solicitado una audiencia con la presidenta de la República para plantear medidas concretas contra el crimen organizado y conocer qué acciones ejecutará el Ejecutivo. Según los gremios, hasta ahora no se ha concretado la reunión solicitada, situación que terminó empujándolos a anunciar la medida de fuerza.
Entre sus principales pedidos figuran el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas, mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios, presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y protección para quienes denuncien casos de extorsión. Los dirigentes sostienen que ya entregaron propuestas al Gobierno, pero no han recibido una respuesta que consideren suficiente.
Una violencia que ya deja víctimas
La preocupación del sector tiene sustento en cifras oficiales. El Ministerio Público reportó 214 atentados contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. El 94,4 % de los ataques ocurrió directamente contra unidades de transporte público.
Los gremios también recuerdan ataques recientes contra trabajadores y directivos del sector. Entre ellos figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien fue baleado el 6 de agosto en Los Olivos. Para los transportistas, estos hechos demuestran que la violencia ya no afecta solamente a quienes conducen las unidades, sino también a quienes administran las empresas.
El paro todavía puede evitarse
La paralización podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede antes del 25 de agosto la audiencia solicitada y establece una mesa de trabajo con compromisos verificables. Los dirigentes han señalado que su protesta será pacífica y que no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando.
El anuncio coloca al Gobierno ante una nueva prueba frente a la inseguridad. No se trata solamente de si los buses circularán el 25 de agosto: está en juego la capacidad del Estado para proteger a trabajadores y pasajeros frente a una criminalidad que ya ha dejado cientos de víctimas. Si no hay diálogo ni respuestas concretas, Lima y Callao podrían enfrentar una nueva jornada de paralización y una creciente presión social sobre el Ejecutivo.
Actualidad
Ministro Elmer Cuba genera rechazo por plantear reducción de ministerios

Lima, 18 de agosto de 2026.- El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, genera rechazo por sus declaraciones sobre las lluvias que afectan a Lima y por confirmar que el Gobierno evalúa reducir el número de ministerios. El titular del MEF señaló que podrían fusionarse dos o tres carteras, mientras sectores políticos cuestionan sus expresiones frente a la emergencia que afecta a familias de Lima Sur.
Cuba sostuvo que las lluvias ocurren en distintas ciudades del mundo y pidió no exagerar por las inundaciones registradas en la capital. Sus declaraciones fueron cuestionadas debido a los aniegos que afectan sectores de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde vecinos han enfrentado acumulación de agua, dificultades para desplazarse y afectaciones en sus viviendas y calles.
La controversia aumentó luego de que la propia presidenta Keiko Fujimori cuestionara la posición de su ministro. La mandataria sostuvo que Cuba no estaría considerando la magnitud de los daños, las pérdidas materiales y el dolor que vienen soportando las familias afectadas por las lluvias.
En medio de esta polémica, Cuba confirmó que el Ejecutivo evalúa fusionar dos o tres ministerios pequeños con otras carteras. Según explicó, no se trataría de eliminar las funciones del Estado, sino de redistribuirlas dentro de una estructura gubernamental diferente para buscar una administración más eficiente.
La propuesta, sin embargo, abre un debate mayor: ¿reducir ministerios hará realmente más eficiente al Estado? La reorganización podría implicar modificaciones en competencias, presupuestos y estructuras administrativas, por lo que cualquier decisión requeriría una evaluación técnica y política antes de convertirse en una reforma concreta.
El titular del MEF precisó que la reducción de ministerios todavía se encuentra en una etapa preliminar y no constituye una decisión definitiva ni una prioridad inmediata del Ejecutivo. Actualmente, el Gobierno tiene entre sus principales preocupaciones la respuesta frente al fenómeno de El Niño, el abastecimiento y precio de los combustibles y la situación de Petroperú.
La discusión llega cuando el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta sus primeras pruebas de gestión. Mientras el Ejecutivo analiza cómo reorganizar el aparato estatal, las lluvias han puesto nuevamente sobre la mesa problemas estructurales de Lima, como el drenaje urbano, la prevención y la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.
Para sus críticos, las declaraciones de Cuba reflejan una preocupante distancia entre la mirada económica del Gobierno y la realidad cotidiana de las familias afectadas. Para el ministro, en cambio, el debate debería centrarse en qué estructura estatal permite prestar mejores servicios públicos y utilizar mejor los recursos del país.
La polémica deja dos preguntas sobre la mesa: ¿la reducción de ministerios será una verdadera reforma para hacer más eficiente al Estado o solo una reorganización administrativa? Y, frente a las lluvias que ya afectan a miles de ciudadanos, ¿está el Gobierno preparado para demostrar que puede responder con eficiencia cuando la emergencia golpea directamente a la población?
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