Lima, 18 de junio de 2025 – Gremios de transportistas iniciaron hoy un paro en Lima y Callao, con concentraciones en el óvalo Santa Anita, el puente Los Ángeles, la plaza Bolognesi y el óvalo La Perla. La protesta reclama un plan integral de seguridad ante extorsiones, sicariato y asesinatos que han marcado el 2025.

Los transportistas exigen derogar la Ley N.º 32108 y retirar proyectos sobre “terrorismo urbano”, considerados ineficaces o criminalizantes. También piden formalizar el servicio de taxi colectivo. Algunos líderes demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y un gobierno de transición.

El paro no cuenta con apoyo unánime. Transportistas formales e interprovinciales lo rechazan, calificándolo de “politizado”, mientras los informales lideran la movilización. Muchos conductores trabajan hasta el mediodía, limitando el impacto. La afectación se concentra en rutas informales, sin paralizar totalmente Lima.

Las protestas se trasladaron al mediodía a la Plaza Norte, con una marcha prevista hacia la Plaza San Martín y posiblemente el Congreso. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU garantizan que el Metro, el Metropolitano y buses interprovinciales operan normalmente. La Policía Nacional refuerza la seguridad, sin incidentes graves hasta las 09:33.

Universidades como la PUCP, la Universidad de Lima y la UPCH suspendieron clases presenciales y pasaron a modalidad virtual. El Ministerio de Trabajo recomienda tolerancia horaria y teletrabajo en Lima. Las escuelas no han emitido disposiciones generales, aunque algunas podrían adoptar medidas similares.

El paro se enmarca en protestas iniciadas en 2024 por asesinatos, explosiones y extorsiones en rutas periurbanas. Las mesas de diálogo y cambios ministeriales no han frenado la inseguridad, impulsando nuevas movilizaciones. En 2024, se reportaron más de 50 asesinatos de transportistas.

La marcha hacia el Congreso será clave para evaluar si el Gobierno abre un diálogo. Los anuncios oficiales y el respaldo social determinarán el rumbo de la jornada. Sigue la cobertura en vivo en nuestras redes sociales.

Lima, 15 de junio de 2025. El Congreso de la República, con el apoyo de bancadas como Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú y Acción Popular, aprobó en la Comisión Permanente el Proyecto de Ley N.º 11058, impulsado por la congresista Lady Camones. Esta iniciativa, que modifica el artículo 5 de la Ley 1057, transforma los contratos CAS de duración indeterminada en contratos a plazo fijo de un año, renovables hasta por cinco años, sujetos a la disponibilidad presupuestal de cada entidad estatal.

Lejos de fortalecer los derechos laborales, la norma establece que los trabajadores CAS podrán acceder a Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones de navidad y 28 de julio solo por un año, con renovaciones anuales condicionadas a los recursos disponibles. Esto, según especialistas como el abogado laboralista César Puntriano, constituye una “pseudoformalización” que entrega beneficios parciales a cambio de eliminar la estabilidad laboral, un derecho ya conquistado para quienes tenían contratos indeterminados. “Es un cambio que facilita el despido arbitrario y otorga mayor discrecionalidad al empleador”, advirtió Puntriano.

A pesar de estas críticas, gremios como el Frente Nacional de Trabajadores CAS han respaldado la propuesta, celebrando la incorporación de beneficios sociales sin cuestionar la pérdida de estabilidad ni la legitimación de contratos temporales. Esta postura ha generado rechazo entre sectores sindicales de base, que acusan a las dirigencias de “irresponsabilidad política” y de alinearse con los intereses de SERVIR, entidad criticada por su ineficiencia y por funcionar como un instrumento de control burocrático al servicio del poder político.

La norma, que consolida un modelo de despido progresivo disfrazado de “modernización” del empleo público, aleja la posibilidad de eliminar el régimen CAS o lograr el nombramiento automático, demandas históricas del sector. Aunque el Ejecutivo aún puede observar la ley si se aprueba en el Pleno, la falta de presión sindical y popular podría condenar a miles de trabajadores a la incertidumbre de contratos temporales, que podrán ser despedidos sin justificación alguna en un plazo máximo de cinco años.

En Estados Unidos, la política migratoria del presidente Donald Trump, caracterizada por redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha desatado protestas que enfrentan una represión desproporcionada, afectando también a la comunidad peruana. Se estima que cerca de 320,000 peruanos viven en situación migratoria irregular en EE. UU., representando casi el 1% de la población total del país. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, 12,048 peruanos fueron deportados por infracciones migratorias, y en 2025, 308 connacionales enfrentan órdenes de deportación, con 340 más a la espera de documentación para ser expulsados.

En California, epicentro de las manifestaciones, el despliegue de más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, ordenado por Trump sin autorización del gobernador Gavin Newsom, ha escalado las tensiones. En Los Ángeles, donde se arrestaron a 378 personas en pocos días, un peruano fue detenido durante protestas contra las redadas, que dejaron más de 40 migrantes arrestados tras enfrentamientos con agentes federales, quienes usaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. En San Diego, 74 peruanos fueron detenidos en operativos migratorios. Estas acciones han generado temor, con casos como el de un peruano arrestado en un Walmart pese a estar en proceso de asilo.

La narrativa oficial de Trump justifica las redadas como una medida contra la “invasión migratoria”, tildando a los manifestantes de “turbas insurrectas”. Sin embargo, testimonios como el de Daniel Valdez, un joven peruano buscando asilo, reflejan el clima de incertidumbre: “Puedes salir de tu casa y te pueden agarrar”.

Las tácticas de ICE, que incluyen agentes encubiertos en centros comerciales, han afectado la estabilidad emocional y económica de los migrantes. En Boston, negocios peruanos como el restaurante ‘Peruvian Taste’ reportan una caída del 50% en clientela por el miedo a salir.

Organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU critican estas medidas como violaciones a la libertad de expresión, alertando sobre un retroceso democrático. En Perú, la Cancillería, liderada por Elmer Schialer, monitorea la situación, ofreciendo asistencia consular y preparando la reintegración de los deportados, con un vuelo de 141 peruanos retornados previsto. Sin embargo, la comunidad peruana en EE. UU. vive bajo constante amenaza, con redadas que no solo afectan a indocumentados, sino también a quienes buscan protección legal.