Lima, 9 de julio de 2025 – La reciente aprobación en segunda votación del Proyecto de Ley 7549/2023-C por la Comisión Permanente del Congreso de Perú, que otorga amnistía a militares, policías…
Educación
Ley de amnistía para militares y policías genera acusaciones de impunidad y complicidad

La presidenta Dina Boluarte promulgó ayer la Ley de Amnistía (Ley N° 32419), una norma que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa implicados en delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, durante el conflicto armado interno (1980-2000). La ley, aprobada por el Congreso el 9 de julio con el respaldo de bancadas conservadoras, exime de responsabilidad penal a quienes no tengan sentencias firmes y permite la liberación de mayores de 70 años con condenas ejecutadas, siempre que no estén vinculados a terrorismo o corrupción.
La ceremonia en Palacio de Gobierno desoyó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender su trámite, intensificando las críticas nacionales e internacionales. La iniciativa fue impulsada principalmente por el congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, quien defendió la norma como un acto de justicia para los “defensores de la patria”.
La Ley de Amnistía contó con el respaldo de bancadas conservadoras y aliadas, lideradas por Fuerza Popular (21 escaños), Alianza para el Progreso (14 escaños), Podemos Perú (14 escaños), Renovación Popular (11 escaños), Avanza País (7 escaños), Acción Popular (9 escaños), Honor y Democracia (5 escaños) y Somos Perú (7 escaños).

Estas agrupaciones, que representan la mayoría en el Congreso, apoyaron la aprobación de la ley con 88 votos a favor, según registros oficiales. En contraste, bancadas de izquierda como Bancada Socialista (5 escaños), Bloque Democrático Popular (5 escaños) y Juntos por el Perú – Voces del Pueblo (8 escaños) se opusieron, denunciando que la norma promueve la impunidad. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han condenado la ley, señalando que obstaculiza la justicia en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
Pese a las críticas, el gobierno y sectores conservadores sostienen que la ley reconoce a quienes enfrentaron el terrorismo. Boluarte justificó la promulgación invocando la soberanía nacional, mientras que Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, destacó su importancia para cerrar “brechas de injusticia”.
Sin embargo, la decisión ha generado tensiones con organismos internacionales, que advierten sobre un monitoreo riguroso de su implementación. La oposición, liderada por congresistas como Ruth Luque, Sigrid Bazán y Susel Paredes, insiste en que la norma debilita el Estado de derecho y reabre heridas del pasado. En un contexto de polarización, la Ley de Amnistía plantea interrogantes sobre el compromiso del Perú con los derechos humanos y podría desencadenar nuevas disputas legales y sociales.
Actualidad
Expresidente Pedro Castillo retira confianza a Nicolás Bustamante y lo desautoriza como representante del partido «Todo con el Pueblo»

Lima, 08 de octubre de 2025 – Desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, emitió un contundente comunicado a través de su cuenta oficial en X, dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Político Todo con el Pueblo. En el mensaje, Castillo anunció la retirada definitiva de su confianza al señor Nicolás Bustamante Coronado, a quien había encomendado la coordinación e inscripción formal de la organización política.
Según el comunicado, Castillo fundó el Partido Todo con el Pueblo el 8 de febrero de 2024, con el objetivo de ser una herramienta al servicio del pueblo peruano, defendiendo sus derechos, dignidad y soberanía. Sin embargo, acusó a Bustamante de traicionar los principios de la organización al actuar con «silencio, soberbia y desobediencia» frente a la instrucción de convocar un Congreso Nacional Estatutario, un paso clave para consolidar la estructura democrática del partido.
«El señor Bustamante se atribuyó un poder que no le corresponde, olvidando que en el Partido no existen dueños ni caudillos, sino hombres y mujeres libres comprometidos con el Perú profundo», expresó Castillo, desautorizando cualquier acción, declaración o decisión que Bustamante realice en su nombre o en nombre del partido.El expresidente, quien se autodenomina «Presidente Constitucional del Perú», reafirmó su compromiso con las bases del partido y con el pueblo peruano, asegurando que la organización pertenece a quienes «luchan día a día en las calles, en las chacras, en las aulas y en los barrios». Además, señaló que su reclusión es un «encierro injusto» por defender al pueblo y enfrentar la corrupción.
Castillo cerró su mensaje con un llamado a la resistencia y la esperanza de que «más temprano que tarde, el Perú volverá a ser gobernado por su gente, y no por los poderosos de siempre», reiterando su lema: «Todo con el Pueblo, todo con la verdad y la lealtad».
El comunicado ha generado diversas reacciones en el ámbito político y entre los simpatizantes del expresidente, mientras se espera que las bases del partido definan los próximos pasos tras esta ruptura interna.
Actualidad
Transportistas dan ultimátum de 10 días al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas

Lima, 2 de octubre de 2025 – El paro convocado por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao y respaldado por más de 450 empresas se desarrolló de forma parcial, afectando principalmente el transporte convencional. Con el objetivo de exigir medidas contra la extorsión y la inseguridad que ha dejado 46 choferes asesinados este año, cerca de 20 mil vehículos suspendieron operaciones, generando congestión en paraderos y un alza de hasta 50% en las tarifas de las unidades que circularon. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reportaron que el 83% de la flota operó, calificando el paro como un «fracaso».
La jornada transcurrió con incidentes menores, como el pinchazo de llantas en al menos cinco buses y la obligatoriedad de bajar pasajeros en algunas rutas, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó más de 10 mil agentes para mantener el orden. Los servicios del Metropolitano, corredores complementarios y el Metro de Lima funcionaron al 100%, mitigando el impacto en la movilidad. A pesar de la tensión, no se registraron heridos ni bloqueos significativos, y el 98% de los colegios operaron con normalidad, aunque EsSalud reprogramó citas médicas afectadas por la escasez de transporte.
Los gremios transportistas entregaron al Congreso una propuesta para crear una Unidad de Élite contra el crimen organizado y demandaron indemnizaciones para las familias de las víctimas, así como el uso de armas sin licencia para autodefensa. La presidenta Dina Boluarte llamó al diálogo, mientras el MTC evalúa declarar un estado de emergencia en el sector para implementar cámaras de seguridad. Los transportistas dieron un ultimátum de 10 días hábiles al Gobierno y al Congreso para atender sus demandas, amenazando con un nuevo paro el 3 de octubre o el 12 de noviembre si no hay avances concretos.
Actualidad
Paro de 48 horas: Transportistas y Jóvenes Exigen Cambios Profundos en Perú

Lima, 27 de septiembre de 2025 – Un paro de 48 horas convocado por la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP) mantiene en vilo a la capital, con bloqueos parciales en distritos como San Juan de Lurigancho y concentraciones frente al Congreso. Los transportistas, golpeados por más de 40 asesinatos y extorsiones desde 2024, demandan reformas legales urgentes y la renuncia de ministros por la inseguridad galopante. A ellos se han sumado miles de jóvenes de la Generación Z, quienes protestan contra las AFP y la ausencia de un Estado protector, en una alianza que ha colapsado rutas clave y generado tensión en el centro de Lima.
Con una adhesión del 30% de las empresas de transporte, según la Confederación Nacional de Transportistas, el paro ha afectado principalmente Lima Norte y Sur, con caravanas de buses avanzando hacia el Congreso por avenidas como Abancay. En la Plaza San Martín, estudiantes y activistas corean consignas como “#YaBasta” junto a choferes, denunciando un sistema que los deja vulnerables ante la violencia. La Policía Nacional ha desplegado patrulleros, pero las críticas apuntan a su incapacidad para frenar las mafias extorsionadoras, que exigen hasta S/500 semanales por unidad.
El gobierno, a través del Ministerio de Transportes, prometió “diálogo”, pero sin medidas concretas, mientras en redes sociales el hashtag #ParoTransportistas suma apoyo para un posible paro indefinido. La convergencia de transportistas y jóvenes refleja un malestar generalizado que podría escalar si no hay respuestas. Analistas advierten que esta protesta, más allá de la inseguridad, canaliza demandas estructurales como la reforma de pensiones y la lucha contra la corrupción, en un país al borde del hartazgo social.
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