A pesar de ser apurimeña y de haber sido recibida con los brazos abiertos en estas tierras, Dina Boluarte no cumple con sus promesas y ahora los alcaldes de los 85 distritos…
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La suspensión de las investigaciones fiscales para blindar a Dina Boluarte

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender hasta el 2026 las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte constituye un paso más en la consolidación de un Estado burgués al servicio de las élites económicas y políticas, y no de las mayorías populares. Lejos de ser un acto jurídico “neutral” o una defensa de la investidura presidencial, esta medida revela el verdadero funcionamiento del poder en el Perú: una justicia que no actúa como garante de derechos colectivos, sino como un mecanismo de blindaje para proteger a los gobernantes que aseguran la continuidad del modelo neoliberal y de las clases dominantes.
El Estado como aparato de dominación de clase
El Estado no es un árbitro imparcial, sino un instrumento de cohesión y dominación de la clase dirigente. El fallo del TC confirma esta premisa: se protege a Dina Boluarte no por sus méritos políticos ni por un genuino interés en la estabilidad institucional, sino porque ella representa un engranaje funcional a los intereses del gran capital, de los grupos empresariales y de las alianzas parlamentarias que sostienen el actual régimen.
Las más de 70 muertes en protestas populares, el escándalo del Rolexgate, las acusaciones por corrupción y encubrimiento son archivadas temporalmente no porque carezcan de sustento, sino porque su avance debilitaría a quien hoy garantiza la continuidad de un modelo extractivista, desigual y violento. El TC, lejos de ser un órgano de control, se convierte en correa de transmisión de la burguesía política y económica.
El blindaje como forma de “dictadura constitucional”
El artículo 117 de la Constitución, interpretado ahora como un escudo absoluto, se convierte en un instrumento de impunidad temporal. Lo que debía ser un límite preciso a las acusaciones es transformado en una “dictadura constitucional”, donde el presidente puede gobernar sin rendir cuentas mientras dure su mandato. Este blindaje no solo beneficia a Boluarte, sino que abre la puerta para que futuros mandatarios actúen bajo la misma lógica de impunidad garantizada.
La burguesía necesita estabilidad para sus negocios, no justicia social. Por eso, las instituciones se pliegan a garantizar la permanencia de un gobierno con apenas 3% de aprobación, repudiado en las calles, pero indispensable en los escritorios de banqueros, mineras y grandes corporaciones
El pueblo como víctima del pacto de impunidad
Mientras el TC suspende investigaciones, las familias de los asesinados en las protestas siguen esperando justicia. Mientras se blindan relojes de lujo y operaciones estéticas clandestinas, los barrios populares enfrentan hambre, desempleo e inseguridad. El mensaje es claro: la vida del pueblo no vale nada frente a la necesidad del sistema de proteger a sus representantes políticos.
Este blindaje profundiza la fractura entre el pueblo y sus instituciones. El descrédito del sistema no es un accidente, sino la consecuencia inevitable de un Estado que defiende privilegios de clase y reprime toda forma de organización popular.
Conclusiones
La suspensión de las investigaciones no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio. La crisis orgánica del Estado peruano ya no logra sostener ni siquiera sus formas más superficiales de legitimidad. El TC se suma al Congreso y al Ejecutivo en una alianza de mutua protección: una coalición dictatorial de las élites.
El panorama confirma que el Estado peruano no puede ser reformado desde dentro, pues está estructuralmente diseñado para sostener a los poderosos y blindar a quienes gobiernan en su nombre. La única salida real para romper este círculo de impunidad y violencia es la organización popular, la movilización social y la construcción de un poder alternativo que exprese los intereses de la clase trabajadora y de los sectores históricamente postergados.
El fallo del TC no protege a la democracia: protege al capital. Y mientras tanto, el pueblo sigue pagando con sangre, precariedad y silencio institucional la permanencia de un régimen ilegítimo.
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Trump despliega portaaviones en el Caribe y hunde lanchas venezolanas: Latinoamérica clama por soberanía

Lima, 26 de octubre de 2025 | La ofensiva unilateral de EE.UU. contra embarcaciones cerca de Venezuela escala la tensión regional y revive fantasmas de intervención. Gobiernos y sociedad civil exigen respeto al derecho internacional.
En una operación calificada por Caracas como “acto de guerra”, la Marina estadounidense hundió dos lanchas rápidas venezolanas en aguas del Caribe y posicionó al portaaviones USS Gerald Ford a menos de 200 millas de la costa. Washington justifica la acción bajo el paraguas antinarcóticos, pero analistas peruanos y regionales la señalan como maniobra política de Donald Trump para fortalecer su discurso interno de “mano dura”.
El gobierno de Nicolás Maduro, pese a sus graves señalamientos por autoritarismo y crisis humanitaria, invocó la Carta de la ONU y anunció ejercicios militares en Caracas. Desde México hasta Argentina, voces progresistas y conservadoras coinciden: ningún Estado latinoamericano —ni siquiera los más cuestionados— puede ser blanco de agresiones unilaterales que ignoren la CELAC y la OEA.
Expertos en seguridad regional advierten que la escalada no solo agrava la migración y el narcotráfico, sino que debilita la arquitectura multilateral del hemisferio.
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Lima se viste de morado en la procesión del Señor de los Milagros

Lima, 26 de octubre de 2025. Miles de fieles inundaron las calles del Centro Histórico de Lima en la tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Perú. La imagen del Cristo de Pachacamilla, pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared del conventillo de Pachacamilla, recorrió su ruta habitual desde el Monasterio de las Nazarenas hasta la iglesia de San Francisco, acompañada por el canto de coros, sahumadoras y el aroma característico del incienso que impregna el aire como un velo de tradición limeña. En este año de renovada fe, el anda pasó por avenidas emblemáticas donde el bullicio devoto se entreteje con el rumor de la ciudad eterna.
La devoción, que se remonta a los terremotos de 1655 y 1746 que no dañaron el mural original, une a limeños de todas las clases sociales en un acto de fe colectiva, donde el morado de las túnicas evoca no solo penitencia, sino el color del cielo al atardecer sobre el Rímac. Portadores vestidos de morado cargaron las andas de más de dos toneladas, mientras mujeres sahumadoras y cuadrillas de cargadores se turnaban en un ritual que simboliza esperanza en medio del ajetreo cotidiano, con vendedores de churros y anticuchos asándose en las esquinas como testigos mudos de esta costumbre que late en el corazón de la capital. Este año, la procesión incorporó medidas de seguridad reforzadas y transmisiones en vivo para los devotos que no pudieron asistir, permitiendo que el eco de las promesas se extienda más allá de las murallas coloniales.
Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019, la festividad trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad limeña, fusionando herencia colonial, afroperuana e indígena en una celebración que fortalece los lazos comunitarios y preserva tradiciones centenarias. Hacia 2026, se anticipa una mayor presencia de figuras públicas, como el presidente José Jeri y el cardenal Pedro Barreto, quienes, siguiendo la costumbre de rendir homenaje en la Plaza Mayor, se unirán a la procesión con mensajes de unidad, evocando cómo en Lima la política y la piedad caminan de la mano, entre rezos y el tintineo de las monedas en las colectas para los más humildes.
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Condenan a 15 años a Bermejo: ¿justicia o revancha selectiva?

El congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado este 24 de octubre a 15 años de prisión efectiva por afiliación al terrorismo, en un tercer juicio que revierte dos absoluciones previas anuladas por la Corte Suprema. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria validó testimonios de colaboradores eficaces y fotos de 2008-2009 en el VRAEM, donde Bermejo habría sido “camarada Che”. Sin embargo, la defensa denuncia que no hay pruebas nuevas y que el caso se reactivó tras su precandidatura presidencial con Venceremos, alimentando sospechas de lawfare para sacarlo del tablero electoral.
Progresismo clama persecución; derecha exige vacancia inmediata.
Guido Bellido habló de “juez a la medida”, Sigrid Bazán de “justicia con saña selectiva” y la Bancada Socialista de “terruqueo institucionalizado”. Mientras, Patricia Juárez (Fuerza Popular) celebró el fallo y pidió vacancia sin accesitario, alegando delito grave. La polarización estalla: un 68% de peruanos rechaza congresistas con antecedentes, pero el 62% duda de la imparcialidad judicial en casos políticos, según Datum. El Congreso debate si Zaira Arias asumirá la curul o si Bermejo apelará internacionalmente antes de ingresar al penal.
Un fallo que huele a vendetta y debilita la democracia.
Tres juicios, dos absoluciones anuladas y una condena repentina cuando Bermejo amenazaba al statu quo: el patrón es conocido. La sentencia llega en plena campaña electoral y con el Ejecutivo acorralado por protestas; silenciar a un crítico del progresismo parece prioridad. Si la justicia peruana quiere credibilidad, debe explicar por qué las mismas pruebas valieron absolución dos veces y ahora 15 años.
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