Lima, 23 de mayo de 2026. A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la organización Resistimos con Esperanza (RCE) ha convocado el I Congreso Nacional “Historia del Terrorismo en el Perú: Memoria para el Futuro”, programado para los días 27 y 28 de mayo en formato virtual. El evento, desarrollado con el respaldo del Instituto de Estudios Americanos–CEU CEFAS, se presenta como un espacio de reflexión histórica sobre la violencia terrorista. Sin embargo, la composición de sus expositores y el contexto político en el que se realiza han despertado interrogantes sobre su carácter académico y su eventual utilización como plataforma de intervención en el debate electoral.

El momento elegido para la realización del congreso resulta especialmente significativo. La memoria del terrorismo ha sido uno de los pilares narrativos más importantes del fujimorismo desde la captura de Abimael Guzmán en 1992 y continúa siendo un recurso recurrente en las campañas de Fuerza Popular. En ese escenario, la participación de figuras estrechamente vinculadas a ese espacio político dificulta interpretar el encuentro como una iniciativa neutral. Aunque la organización no registra vínculos partidarios formales, su entorno institucional y mediático mantiene afinidades evidentes con sectores liberal-conservadores que respaldan la candidatura de Keiko Fujimori.

Entre los principales expositores destaca Marco Miyashiro, exjefe del GEIN y protagonista de la operación que condujo a la captura de Guzmán. Su trayectoria profesional le otorga una autoridad indiscutible para abordar el tema; sin embargo, su condición de senador electo por Fuerza Popular para el período 2026-2031 introduce un elemento político imposible de ignorar. A ello se suma la participación del periodista y escritor Víctor Andrés Ponce, director de opinión asociado al medio digital El Montonero y una de las voces más visibles del pensamiento liberal-conservador peruano, quien expondrá sobre la influencia del marxismo en la academia, la educación y la política nacional.

La dimensión ideológica del evento también se expresa en la presencia de la española María San Gil, exdirigente del Partido Popular vasco y reconocida figura del movimiento antiterrorista en España. Su inclusión proyecta el congreso hacia una narrativa internacional que vincula las experiencias de ETA y Sendero Luminoso con los debates contemporáneos sobre la izquierda política en Iberoamérica, una interpretación frecuente en los círculos conservadores transnacionales. Junto a ella participan militares y policías en retiro, analistas de seguridad, víctimas de Sendero Luminoso y representantes de instituciones vinculadas a la lucha contrasubversiva.

No obstante, el aspecto más llamativo del programa es la ausencia de voces que permitan una mirada plural sobre el conflicto armado interno. No figuran investigadores asociados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), académicos especializados de universidades como la PUCP o San Marcos, ni representantes de organizaciones de derechos humanos que durante décadas han documentado violaciones cometidas por agentes del Estado. Tampoco participan representantes de las comunidades andinas más afectadas por la violencia, particularmente de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín, regiones que concentraron gran parte de las víctimas del conflicto.

Estas omisiones adquieren relevancia porque la propia CVR concluyó que cerca de un tercio de las víctimas mortales del conflicto fueron consecuencia de acciones perpetradas por fuerzas estatales o grupos paramilitares. Sin embargo, ninguna de las ponencias programadas aborda de manera específica esa dimensión de la violencia. Las víctimas convocadas al evento representan experiencias legítimas y valiosas, pero corresponden únicamente a quienes sufrieron directamente los ataques de Sendero Luminoso, dejando fuera a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos atribuidas al Estado.

No existe evidencia que permita afirmar que el congreso forme parte de una estrategia electoral coordinada con Fuerza Popular. Sin embargo, la coincidencia temporal con la campaña presidencial, la presencia de dirigentes y representantes vinculados al partido, la afinidad ideológica de los organizadores y la exclusión sistemática de perspectivas divergentes justifican un examen crítico de su propuesta. Más que ofrecer una visión integral de la historia del terrorismo en el Perú, el evento parece presentar una interpretación específica y políticamente situada de un período complejo y doloroso cuya comprensión exige incorporar todas las voces involucradas.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, retomó este sábado 9 de mayo su campaña de segunda vuelta en Lima con un multitudinario mitin en Huaycán, uno de los bastiones históricos de organización popular de la capital. Acompañado por dirigentes de su partido, autoridades locales, representantes de organizaciones sociales y simpatizantes de Lima Este, el postulante aseguró ante la multitud que “el tramo final de la victoria del pueblo ha comenzado”.

Durante su discurso, Sánchez defendió la legitimidad de los votos obtenidos en las zonas rurales y urbanas populares, y advirtió sobre presuntos intentos de desconocer los resultados electorales. “No quieren reconocer el voto popular; hay quienes pretenden anular el voto de los centros poblados porque dicen que no nos representan”, afirmó. También hizo un llamado a sus seguidores a mantenerse movilizados para “defender cada voto” y garantizar el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En el acto, el candidato anunció la conformación del denominado “Frente Patriótico y Popular”, una alianza que, según explicó, convocará a fuerzas de centro e izquierda con el objetivo de construir una mayoría parlamentaria y asegurar gobernabilidad desde el 28 de julio. Señaló que su eventual gestión buscará evitar el enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Congreso que ha marcado la política nacional en los últimos años.

Sánchez ratificó además los principales ejes de su propuesta de gobierno: la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, la reforma integral del sistema de justicia y una política de mayor soberanía sobre los recursos naturales. “El gas y los minerales deben servir primero a los peruanos y al desarrollo de nuestras comunidades”, sostuvo.

El líder de Juntos por el Perú también recordó a las víctimas de las protestas sociales de los últimos años y prometió justicia para sus familias. Con este mitin en Huaycán, acompañado de banderas, pancartas y consignas de respaldo, Sánchez buscó relanzar su campaña en la capital y consolidar el apoyo del electorado popular limeño de cara al balotaje del 7 de junio frente a Keiko Fujimori.

Lima, 8 de mayo de 2026.- En una actualización decisiva que marca el cierre del conteo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, al 99.210% de actas contabilizadas, los resultados de las Elecciones Generales 2026 son virtualmente irreversibles. Según el reporte emitido a las 20:41 horas de hoy, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se enfrentarán en el balotaje presidencial el próximo domingo 7 de junio.

La lideresa del fujimorismo consolidó su primer lugar con un total de 2’854,010 votos, lo que representa el 17.161% de los votos válidos. Con esta cifra, Fujimori asegura su cuarta participación consecutiva en una segunda vuelta, manteniendo una base electoral sólida a pesar de la alta fragmentación que caracterizó este proceso, donde participaron más de una treintena de fórmulas presidenciales.

Por su parte, Roberto Sánchez logró asegurar el segundo cupo para el balotaje tras una reñida competencia que se definió en el tramo final del escrutinio. Sánchez, quien recibió un respaldo mayoritario en las regiones del sur y el centro del país, desplazó a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. El candidato de Renovación Popular culminó su participación con 1’980,890 votos, equivalentes al 11.911% de la votación válida, una diferencia que el organismo electoral ya califica como definitiva dada la escasez de actas pendientes de resolución.

El informe técnico de la ONPE detalla que, de las 92,766 actas totales, ya no quedan actas pendientes de procesamiento (0%). Solo resta un mínimo 0.790% de actas que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión por observaciones, un porcentaje que, según expertos electorales, no tiene posibilidad matemática de alterar las posiciones de los dos primeros puestos.

Con el panorama electoral despejado, el Perú se encamina a una nueva etapa de campaña proselitista que durará menos de un mes. Ambos candidatos han iniciado los acercamientos con otras fuerzas políticas para sumar respaldos en un escenario donde el voto nulo y blanco también tuvo una presencia importante. La ONPE ha exhortado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se prepara el despliegue logístico para la jornada definitiva de junio.