La tarde del 18 de diciembre de 2025, dos sicarios en motocicleta irrumpieron en una chocolatada navideña organizada en la plazuela del centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad, y abrieron fuego contra la regidora Elena Rojas Alcalde, quien falleció por múltiples impactos de bala. El ataque, ocurrido alrededor de las 5:00 p.m. en medio de un show infantil con decenas de familias y niños presentes, dejó además siete personas heridas, la mayoría menores de edad, que fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Elena Rojas Alcalde, contadora pública de aproximadamente 65 años y regidora por el Movimiento Regional Fortaleza Perú, era conocida por su labor fiscalizadora en la municipalidad distrital. Este no fue el primer atentado contra ella: el 12 de diciembre de 2024, delincuentes colocaron un artefacto explosivo con dinamita bajo su camioneta frente a la municipalidad, el cual no detonó y llevó a la captura de dos menores vinculados a una banda criminal. Fuentes policiales indican que el objetivo principal del ataque fue la regidora, posiblemente relacionado con amenazas previas y su rol de oposición.

La Policía Nacional del Perú ha desplegado equipos especializados para capturar a los responsables, mientras el alcalde de Chicama, Edilberto Bada, declaró duelo distrital y exigió acciones urgentes al Gobierno central ante la escalada de violencia en La Libertad, donde este crimen se suma a otros atentados contra autoridades y periodistas en lo que va del año. La Fiscalía de Ascope investiga el caso, en un contexto de creciente inseguridad por extorsiones y sicariato en la región.

En el marco del Foro Nacional “Avances en las políticas de Reparación y el acceso a la Justicia para víctimas y afectados por la violencia política”, realizado en la sala Alberto Andrade del Congreso de la República, la congresista Margot Palacios Huamán planteó una crítica frontal al enfoque oficial sobre las reparaciones. Ante representantes de víctimas provenientes de distintas regiones del país, sostuvo que la violencia política en el Perú no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática del Estado contra sectores campesinos y pueblos originarios, históricamente marginados y convertidos en los principales blancos de la represión y el abandono estatal.

Durante su intervención, Palacios afirmó que las heridas del conflicto armado interno continúan abiertas debido a la ausencia de una justicia real y una reparación integral. “Mientras no haya justicia, no nos pueden pedir reconciliación”, señaló, cuestionando el discurso que busca cerrar el pasado sin sancionar a los responsables. En esa línea, fue especialmente crítica con el carácter simbólico de las reparaciones económicas, al denunciar que el Estado entrega montos que no compensan la destrucción de proyectos de vida, el desarraigo forzado ni la exclusión social que enfrentaron las familias afectadas.

La parlamentaria también estableció una continuidad entre la violencia del pasado y la represión reciente en contextos de protesta social, aludiendo a casos ocurridos en Ayacucho, Puno y Pichanaki. Asimismo, rechazó los intentos de amnistía promovidos desde el Congreso, a los que calificó como mecanismos para garantizar la impunidad. Su intervención concluyó con una consigna política clara: “Ni olvido ni perdón; sin justicia, no hay reconciliación”, reafirmando que la memoria, la verdad y la sanción son condiciones indispensables para cualquier proceso real de reconciliación en el país.

Ayacucho, 16 de diciembre de 2025. – A tres años de los trágicos sucesos del 15 de diciembre de 2022, cuando diez civiles perdieron la vida durante la represión de protestas sociales cerca del aeropuerto de Huamanga, los familiares de las víctimas realizaron diversas actividades de conmemoración y exigieron, una vez más, justicia y sanción para los responsables, incluyendo a los autores materiales e intelectuales de lo que califican como una «masacre» perpetrada durante el gobierno anterior de Dina Boluarte.Las actividades se extendieron desde el 13 hasta el 15 de diciembre, e incluyeron exposiciones fotográficas, actos culturales, misas, romerías hacia los lugares de los hechos y vigilias con velas y flores. En la catedral de Ayacucho se ofició una misa central, seguida de una romería que recorrió las calles donde cayeron las víctimas, portando carteles con sus rostros y consignas como «Justicia para los mártires del 15D» y «Sin justicia no hay cierre del caso».

Yobana Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de Diciembre (ASFAH), declaró que, pese al cambio de gobierno, no ha habido avances significativos en las investigaciones. «El paso del tiempo no ha traído resultados concretos en el ámbito judicial. Seguimos exigiendo que se determine responsabilidades y se sancione a los asesinos, desde los que dispararon hasta quienes dieron las órdenes», afirmó. Los deudos advirtieron al Estado que el caso no puede cerrarse sin verdad, justicia y reparación.Esta es la primera conmemoración sin Dina Boluarte en el poder, pero las familias denuncian dilaciones en el proceso penal contra altos mandos militares investigados por homicidio calificado.

Organismos internacionales como la CIDH han calificado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.En un acto paralelo registrado el 16 de diciembre, familiares de las víctimas repudiaron el local del partido Renovación Popular en Ayacucho, liderado por Rafael López Aliaga, a quien acusaron de haber restringido manifestaciones en Lima durante las protestas de 2022-2023 y de estigmatizar a los manifestantes. «No le demos votos a esos partidos miserables», gritaron los deudos, recordando las posiciones públicas de López Aliaga en defensa del gobierno anterior.

Los familiares enfatizaron que la memoria de las diez víctimas –entre ellas un menor de edad– sigue viva y que continuarán movilizándose hasta lograr sanciones penales. «La justicia no ha llegado y no vamos a retroceder», concluyó Mendoza, en medio de abrazos y lágrimas durante la vigilia.