Economía
Reparos sobre las medidas extraordinarias del Gobierno para «salvar» Petroperú

En medio de un contexto marcado por incertidumbre y debates, el Gobierno ha publicado finalmente el Decreto de Urgencia (DU) para “salvar” a Petroperú, tras la renuncia del último directorio, encabezado por Oliver Stark, que sigue en funciones hasta que se designe uno nuevo.
El 13 de septiembre de 2024, el gobierno de Dina Boluarte emitió el Decreto de Urgencia N° 013-2024, estableciendo medidas extraordinarias en el ámbito económico y financiero. El objetivo es superar la delicada situación financiera de Petroperú S.A., asegurar la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional y garantizar la sostenibilidad de la empresa. Entre las medidas aprobadas, destaca la capitalización de hasta 750 millones de dólares en favor de Petroperú, cubriendo el apoyo financiero transitorio otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2022, así como los intereses acumulados.
Sin embargo, se han levantado críticas respecto a algunas disposiciones del decreto, específicamente sobre la encomienda a Proinversión para gestionar la venta o disposición de los bienes inmuebles de la empresa, exceptuando aquellos críticos para su operación. Esta medida ha generado inquietud en ciertos sectores, ya que abre la puerta a la venta de activos estratégicos de Petroperú.
Reacciones en el Congreso
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, criticó el uso de recursos públicos para el rescate de Petroperú, señalando que estos fondos podrían haberse destinado a necesidades más urgentes, como proyectos de agua, salud, o el combate a los incendios forestales y la sequía en la Amazonía. «Ya son casi 8 mil millones de dólares destinados al salvataje de Petroperú, recursos que podrían haber ido a sectores prioritarios como la educación o la atención de emergencias», declaró el parlamentario el 15 de septiembre durante una ceremonia de reconocimiento a la atleta paralímpica Angélica Espinoza.
Por su parte la congresista Margot Palacios Huamán, luego de la renuncia del directorio liderado por Oliver Stark, había señalado ya que «Debe cerrarse ya el periodo de funcionarios neoliberales infiltrados en la administración pública saqueando los bienes del Estado. Necesitamos profesionales decentes, honrados y patriotas para reemplazar al directorio que hace bien en irse y cuyo propósito no era otro que rematarla, una empresa estratégica para la soberanía del país».

Crisis en el Directorio y respuesta del Ejecutivo
En cuanto a la crisis del directorio, el ministro de Economía, José Arista, indicó que los tres miembros designados por el MEF han manifestado su intención de permanecer en sus cargos. Esto, según el ministro, es positivo para la continuidad del proceso de reestructuración, ya que «mantener el equipo actual permite avanzar en el diseño de los términos de referencia para la contratación de una firma especializada que liderará la transformación de la empresa».
Por otro lado, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, informó que el nuevo directorio de Petroperú se definirá en breve, con la designación de un nuevo presidente y la evaluación de los miembros que podrían continuar en sus funciones. Mucho subrayó la importancia de garantizar la viabilidad de Petroperú, señalando que una eventual paralización afectaría gravemente la distribución de combustibles en todo el país.

El Ejecutivo también ha anunciado medidas para mejorar la liquidez de la empresa, refinanciar deudas y reducir costos operativos en el marco de un plan de austeridad. Entre estas acciones destaca la contratación de una firma especializada para implementar el «Proceso de Transformación Integral» de Petroperú, que incluirá estrategias operativas, financieras y de sostenibilidad a largo plazo.
En ese contexto, algunos medios nacionales, han dado a conocer que el Gobierno finalmente habría propuesto al catedrático Alejandro Narváez Liceras como presidente de Petroperú, pese a sus últimas declaraciones a la prensa, en el que despotricó contra el directorio de Oliver Stark, pero que en última instancia, estaría en la línea de lo que Palacio desea hacer con la empresa estatal de petróleos del Perú.
Actualidad
Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.
Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.
Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.
Medidas adoptadas por Telefónica del Perú
Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.
Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.
Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.
En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.
Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.
Actualidad
Gobierno elimina el Proyecto Especial Legado y congresista Margot Palacios denuncia intento de ocultar corrupción

El Consejo de Ministros confirmó este miércoles 12 de febrero la eliminación del Proyecto Especial Legado, creado tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 para mantener los estándares de calidad de las sedes deportivas. La decisión ha generado críticas, especialmente de la congresista Margot Palacios, quien acusó al gobierno de intentar borrar evidencias de corrupción.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, explicó que la medida busca evitar la duplicidad de funciones con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad a la que se transferirán los recursos, bienes y responsabilidades del Proyecto Legado en un plazo de 30 días. «La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto sustenta la duplicidad de servicios entre el IPD y el Proyecto Especial Legado», afirmó.

Sin embargo, la congresista Margot Palacios rechazó la decisión en un contundente comunicado titulado «¡Un legado de corrupción!», donde denunció que la extinción del proyecto busca ocultar irregularidades en la construcción de infraestructuras deportivas. Según un informe de la Contraloría General del 26 de noviembre de 2024, existen serios indicios de corrupción en obras como la Villa Bolivariana (87% de avance) y el Skate Park (77% de avance), ambas bajo responsabilidad del Proyecto Legado en el departamento de Ayacucho, ejecutados por empresas ligadas a Wilfredo Oscorima actual gobernador de esa región.
«El gobierno pretende extinguir el Proyecto Especial Legado para ocultar las fechorías de funcionarios que manejaron esta entidad», declaró Palacios, quien también destacó que el proyecto fue clave para la organización de eventos como los Juegos Bolivarianos 2024 y 2025.
Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la decisión al señalar que el Proyecto Legado cumplió su propósito temporal tras los Juegos Panamericanos 2019. «Era un proyecto especial con una finalidad específica, que ya se cumplió», sostuvo.

La medida ha dividido al Congreso, donde varios legisladores, incluida Diana González de Avanza País, han expresado preocupación por la eliminación de la entidad. La Comisión de Transferencia, que se conformará en los próximos cinco días, tendrá la tarea de gestionar la transición, mientras la polémica por las acusaciones de corrupción sigue en aumento.
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Proyecto Majes Siguas II: Seis meses después de su transferencia, avances estancados y crece la incertidumbre

Seis meses después de que el Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) fuera transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el informe presentado por la cartera revela que los avances son escasos y las tareas pendientes siguen acumulándose. El proyecto, considerado clave para el desarrollo agrícola y económico de la región Arequipa, enfrenta retrasos en su ejecución, lo que ha generado preocupación entre las autoridades regionales y la población afectada.
El informe enviado por el Midagri al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) detalla que, de las 12 obligaciones asumidas durante la transferencia del proyecto, solo cuatro han sido cumplidas, tres están en desarrollo, tres en evaluación y dos permanecen inconclusas. Este panorama ha llevado al Consejo Regional de Arequipa (CRA) a citar al ministro de Agricultura, Ángel Manero Campos, para que explique los plazos y acciones concretas para completar las tareas pendientes.

Uno de los compromisos incumplidos es la firma del contrato para la elaboración del perfil técnico de la primera etapa del proyecto, inicialmente prevista para marzo de 2024. Sin embargo, el Midagri ha anunciado que esta decisión se postergará hasta el 30 de abril, retrasando aún más el inicio de las obras. Además, la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), esencial para la viabilidad del proyecto, sigue sin avanzar bajo la gestión del Proyecto Especial Integral de Majes Siguas (PEIMS), antes Autodema.
Otro tema pendiente es el resarcimiento a los agricultores de Quilca, Lluta, Siguas y Querque, quienes exigen compensaciones desde hace más de 30 años por los daños causados en sus tierras debido a deslizamientos, arenamiento e inundaciones provocados por la primera etapa del proyecto. A pesar de las reuniones entre autoridades regionales y los afectados, aún no se ha logrado una solución concreta.

En cuanto a los procesos arbitrales, el Midagri demoró en designar a su representante ante el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que ha retrasado la evaluación de las demandas contra la concesionaria Angostura-Siguas S.A. Este retraso aumenta el riesgo de un arbitraje internacional, que podría complicar aún más la ejecución del proyecto.
En medio de estos retrasos, la Corte Superior de Justicia de Arequipa otorgó una medida cautelar que impide la comercialización o transferencia de los terrenos del Fundo Rústico Huacán, ubicados dentro del proyecto Majes Siguas. Esta decisión beneficia al GRA, que enfrenta una disputa legal con la familia Vásquez Díaz por la propiedad de 170 mil hectáreas. Mientras la familia afirma ser dueña de todo el terreno, el PEIMS Autodema sostiene que solo comprende 38 hectáreas.

El ministro Manero se comprometió a generar espacios de diálogo con la población de Caylloma para lograr su aprobación al proyecto. Sin embargo, desde julio de 2023 no se han realizado nuevas reuniones con las comunidades ni con las autoridades locales, lo que ha llevado a los representantes de Caylloma a considerar que este espacio ha quedado en el abandono.
El proyecto Majes Siguas, que promete irrigar miles de hectáreas y dinamizar la economía regional, enfrenta un futuro incierto debido a la falta de avances concretos y la acumulación de tareas pendientes. Las autoridades regionales exigen respuestas claras y acciones inmediatas para evitar que el proyecto siga estancándose, mientras la población afectada espera soluciones que parecen cada vez más lejanas.
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