País, 19 de octubre de 2026.— Francia enfrenta una grave crisis social tras las masivas movilizaciones del fin de semana del 17 y 18 de octubre, que comenzaron con reclamos estudiantiles por las condiciones de los centros educativos y se extendieron contra el alto coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las políticas del Gobierno de Emmanuel Macron. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, saqueos e incendios en distintas ciudades del país.

Las manifestaciones reunieron, según el Ministerio del Interior francés, a unas 550.000 personas el sábado, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) calculó la participación en 800.000. Entre las principales demandas figuran más profesores, aulas menos saturadas, mejores infraestructuras educativas, mejores salarios y medidas para aliviar la presión económica sobre las familias.

La violencia registrada al término de varias marchas dejó comercios saqueados, vehículos incendiados y edificios públicos atacados. En Limoges, el histórico ayuntamiento sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó buena parte de la edificación. También se reportaron incidentes en París, Marsella, Lyon, Burdeos y otras ciudades, en un escenario que expone la profundidad del descontento social y las dificultades de las autoridades para contener los disturbios.

Ante la persistencia de la tensión, la policía de París impuso un toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 en la Place de la République y el sector comercial de Les Halles. Asimismo, se establecieron restricciones a las concentraciones públicas desde las 20:00 en determinadas zonas. Las medidas buscan evitar nuevos episodios de violencia, mientras se refuerza la presencia policial y avanzan las labores de limpieza y recuperación de los espacios afectados.

El balance difundido el 19 de octubre por Reuters sitúa en aproximadamente 2.400 el número de detenidos en todo el país. También se informó de cerca de un millar de agentes heridos, un manifestante fallecido por paro cardíaco y miles de establecimientos afectados, aunque las cifras sobre los daños materiales varían entre los reportes. El Museo del Louvre, en París, permaneció cerrado el lunes debido a bloqueos protagonizados por grupos de estudiantes en sus accesos.

La crisis también golpea al Ejecutivo. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ofreció su dimisión tras los fallos en la respuesta policial, pero Macron rechazó su salida y le exigió reforzar la actuación de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu respaldó la aplicación de restricciones localizadas, en lugar de imponer un toque de queda general en todo el territorio francés.

El Gobierno atribuye parte de los actos violentos a grupos radicales y delincuentes que habrían aprovechado las movilizaciones para saquear y destruir bienes. Sin embargo, la respuesta estatal no elimina las causas de fondo que alimentan las protestas: el encarecimiento de la vida, las dificultades de los servicios públicos y las demandas de una juventud que reclama mejores condiciones educativas. La responsabilidad por los actos violentos debe distinguirse de los reclamos legítimos de quienes se movilizan pacíficamente.

Con nuevas protestas convocadas para el próximo sábado, Francia entra en una semana de incertidumbre política y social, a seis meses de las elecciones presidenciales previstas para 2027. La evolución del conflicto dependerá tanto de la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad como de su disposición a responder a las demandas económicas y sociales que han llevado a miles de personas a las calles.

Piura, 01 de setiembre de 2026.- La inspección se originó en una solicitud de fiscalización presentada por la FETRIMAP-CGTP. SUNAFIL identificó dos infracciones muy graves que afectarían a 40 trabajadores de un establecimiento de Compañía Food Retail S.A.C., identificado en el expediente como Plaza Vea–Vivanda, en Piura.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) propuso una multa total de S/ 84 316 contra Compañía Food Retail S.A.C. por excluir de la jornada laboral el tiempo que sus trabajadores destinaban al cambio de uniforme. La actuación inspectiva se produjo a partir de una solicitud presentada por la Federación de Trabajadores de Mercados, Supermercados y Afines (FETRIMAP-CGTP).

La investigación corresponde al establecimiento ubicado en la avenida Grau N.° 555, Piura, y está contenida en el Acta de Infracción N.° 325-2025-SUNAFIL/IRE-PIU. De acuerdo con el documento, la inspección identificó dos infracciones calificadas como muy graves y consideró a 40 trabajadores afectados.

El uniforme era obligatorio, pero el tiempo para cambiarse no era reconocido

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el artículo 28 del Reglamento Interno de Trabajo de la compañía. Según lo recogido en el acta, dicha disposición excluía de la jornada efectiva el tiempo destinado al cambio de vestimenta.

El problema señalado por la inspección es que el propio reglamento establecía la obligatoriedad del uso del uniforme y contemplaba consecuencias frente a su incumplimiento, incluso la posibilidad de impedir el ingreso del trabajador a las instalaciones.

Desde la perspectiva de los trabajadores, el punto central es que la empresa imponía una condición necesaria para prestar servicios, pero trasladaba el tiempo empleado en cumplirla fuera de la jornada laboral. La FETRIMAP-CGTP considera que esta práctica supone cargar sobre el tiempo personal del trabajador una obligación vinculada directamente con la prestación del servicio.

Precedentes laborales respaldan el reconocimiento del tiempo

El acta inspectiva recoge como sustento el precedente de observancia obligatoria establecido mediante la Resolución de Sala Plena N.° 016-2023-SUNAFIL/TFL, así como el criterio desarrollado en la Casación Laboral N.° 9387-2014, Lima Norte.

De acuerdo con estos criterios, cuando el cambio de uniforme se realiza en el centro de trabajo por exigencia del empleador y resulta necesario para desarrollar las labores, dicho periodo forma parte de la jornada de trabajo.

Bajo esta interpretación, un reglamento interno no podría excluir unilateralmente ese periodo del tiempo efectivo de trabajo cuando concurren las condiciones establecidas por la normativa y la jurisprudencia laboral.

SUNAFIL ordenó corregir el reglamento

Durante la fiscalización, SUNAFIL requirió a la compañía modificar la disposición cuestionada y acreditar que el reglamento corregido había sido entregado a los trabajadores comprendidos en la investigación.

La empresa cuestionó la competencia territorial de los inspectores para disponer modificaciones sobre un documento de alcance nacional y sostuvo que el plazo otorgado para cumplir la medida era irrazonable. Sin embargo, el personal inspectivo dejó constancia de que esos argumentos no impedían el cumplimiento de la medida requerida y que no se acreditó su subsanación en ese extremo.

Por ello, la actuación inspectiva terminó considerando no solo la exclusión del tiempo de cambio de uniforme, sino también el incumplimiento de la medida de requerimiento formulada por la autoridad laboral.

Dos infracciones y S/ 84 316 en multas propuestas

La primera infracción fue calificada como muy grave, conforme al numeral 25.6 de la normativa inspectiva referida al incumplimiento de disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo. Por este concepto se propuso una multa de S/ 42 158.

La segunda corresponde al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento y fue calificada como muy grave bajo el numeral 46.7, con otra multa propuesta de S/ 42 158.

En conjunto, ambas sanciones alcanzan S/ 84 316. Sin embargo, esta cifra corresponde a una propuesta contenida en el acta de infracción y no constituye todavía una multa firme. El caso debe continuar dentro del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.

La discusión también alcanzó las horas extras

La fiscalización incluyó además la revisión de la compensación y el pago de horas extras correspondientes a un trabajador. En ese extremo, la empresa presentó documentación que fue considerada suficiente por SUNAFIL, por lo que la autoridad dio por cumplido el requerimiento.

De esta manera, las infracciones que sustentan la propuesta económica se concentran en dos aspectos: la exclusión del tiempo destinado al cambio de uniforme de la jornada laboral y la falta de subsanación de la disposición observada.

FETRIMAP-CGTP exige reconocer el tiempo de los trabajadores

Para la FETRIMAP-CGTP, el caso pone en discusión un aspecto concreto de las condiciones laborales: el tiempo que una persona emplea para cumplir una obligación impuesta por su empleador no debería convertirse automáticamente en tiempo personal no remunerado cuando dicho cumplimiento es necesario para ingresar y prestar servicios.

La organización sindical exige que la empresa corrija la disposición cuestionada y respete íntegramente el tiempo que sus trabajadores destinan a cumplir las exigencias establecidas para el desarrollo de sus labores.

El sindicato también reivindica la intervención de la autoridad inspectiva como mecanismo para hacer cumplir las normas laborales y sostiene que la fiscalización se originó precisamente en la acción de los trabajadores organizados para denunciar una situación que, a su juicio, afectaba el reconocimiento efectivo de su jornada.

El caso de Compañía Food Retail S.A.C. queda ahora sujeto al procedimiento administrativo correspondiente. La decisión final determinará si las infracciones propuestas por SUNAFIL son confirmadas, modificadas o dejadas sin efecto, mientras que para los trabajadores la controversia de fondo permanece: si el cambio obligatorio de uniforme, realizado por exigencia de la empresa y necesario para prestar el servicio, debe ser reconocido como parte de la jornada laboral.

La presidenta llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas su nueva doctrina contra el crimen organizado: denominar terroristas a las redes criminales, ampliar el papel de las Fuerzas Armadas y profundizar la cooperación de seguridad con Estados Unidos.

Nueva York, 22 de setiembre de 2026.- La presidenta Keiko Fujimori convirtió su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en una exposición de su nueva estrategia de seguridad para el Perú. Este 22 de septiembre, ante la 81.ª Asamblea General, sostuvo que las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, la minería ilegal y otras actividades ilícitas deben ser consideradas “grupos terroristas”.

No se trató únicamente de una descripción de la criminalidad existente. Fujimori planteó ante la comunidad internacional una nueva forma de interpretar la amenaza: sostuvo que el Perú enfrenta “otro tipo de guerra”, protagonizada por organizaciones que no tienen frentes de combate ni fronteras claramente delimitadas y que operan dentro de las propias poblaciones.

Del crimen organizado al “terrorismo”

La utilización del concepto de terrorismo para referirse a organizaciones criminales transnacionales constituye uno de los puntos de mayor alcance político de su discurso. Fujimori sostuvo que estas estructuras deben ser enfrentadas como enemigos del Estado democrático.

El planteamiento coloca en el centro una cuestión que trasciende el lenguaje político: qué consecuencias jurídicas tendría que determinadas organizaciones criminales sean formalmente consideradas terroristas y bajo qué legislación serían combatidas. La presidenta pidió precisamente un marco normativo que permita desarrollar esta estrategia.

Narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata, extorsión y asesinato fueron incluidos por Fujimori dentro de una amenaza común. Sin embargo, que una organización cometa delitos graves no determina por sí solo, jurídicamente, que pueda ser considerada una organización terrorista. Esa eventual calificación requeriría definiciones legales y criterios de aplicación concretos.

El siguiente paso: militares contra la amenaza interna

La segunda pieza de la propuesta es el papel de las Fuerzas Armadas. Fujimori pidió un marco normativo que permita que los militares apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra estas organizaciones.

El planteamiento abre una discusión particularmente sensible en un país con la experiencia del conflicto armado interno: dónde termina la función policial y dónde comienza la intervención militar; qué reglas de uso de la fuerza se aplicarían; quién asumiría el control operativo y bajo qué circunstancias una organización criminal podría ser tratada como una amenaza de carácter militar.

La presidenta no planteó simplemente reforzar a la Policía. Su discurso vinculó la respuesta militar con la caracterización de determinadas organizaciones como “grupos terroristas”. Por ello, el debate que ahora corresponde al Ejecutivo y al Congreso no será únicamente presupuestal o operativo, sino también jurídico y constitucional.

La memoria de los años 90 vuelve al discurso de seguridad

Fujimori conectó esta nueva estrategia con la lucha contra Sendero Luminoso. Ante la ONU defendió a militares y policías que combatieron el terrorismo durante los años 90 y cuestionó que, 34 años después, algunos continúen enfrentando procesos judiciales.

La presidenta afirmó que en esos casos se habrían producido vulneraciones del debido proceso. Sin embargo, esa afirmación política no sustituye las decisiones de los tribunales ni permite asumir que todos los procesos contra integrantes de las fuerzas del orden presentan las mismas circunstancias.

La referencia tampoco fue casual dentro del discurso. Fujimori estableció una línea política entre aquella experiencia y la amenaza criminal que identifica actualmente: el Estado derrotó al terrorismo y ahora, según su planteamiento, debe utilizar nuevas herramientas para enfrentar a organizaciones que considera una amenaza equivalente en términos de seguridad nacional.

El “Escudo de las Américas” y el giro hacia Washington

El otro gran componente del discurso estuvo fuera del ámbito estrictamente interno. Fujimori ratificó la adhesión del Perú al “Escudo de las Américas”, iniciativa regional de coordinación contra el crimen transnacional impulsada por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

La presidenta presentó la incorporación como una muestra del “decidido compromiso” peruano de trabajar con socios regionales frente a una amenaza de “altísima prioridad”. De esta manera, la estrategia contra el crimen organizado quedó vinculada a una política exterior de mayor cooperación en seguridad con Washington.

El mensaje de Nueva York refuerza así una coincidencia entre la política interna y la política exterior de su Gobierno: más herramientas militares y policiales dentro del país y mayor coordinación de seguridad con Estados Unidos fuera de sus fronteras.

La otra agenda: educación, economía y “agendas impuestas”

Fujimori no limitó su discurso a la seguridad. Presentó también los resultados que su Gobierno atribuye a la economía peruana y defendió una reforma educativa que incluye infraestructura, herramientas digitales, fortalecimiento docente y formación de directores.

La presidenta vinculó la educación con la prevención del crimen y sostuvo que las deficiencias del sistema educativo pueden convertirse en factores que alimenten la criminalidad. Su argumento coloca a la escuela como uno de los espacios desde los cuales el Estado pretende disputar terreno a las redes delictivas.

En el tramo político y cultural de su intervención, Fujimori cuestionó las que denominó “agendas impuestas”, a las que atribuyó división social, debilitamiento institucional y afectación de la familia. Frente a ello, reivindicó la libertad individual, las tradiciones, la familia, la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el debido proceso.

Una doctrina de seguridad que ahora deberá pasar por el Congreso

El discurso ante la ONU deja planteada una hoja de ruta que todavía debe traducirse en decisiones concretas dentro del Perú. La denominación de organizaciones criminales como terroristas, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía y las reglas bajo las cuales podrían actuar requieren definiciones normativas y operativas.

Por eso, el punto central después del discurso no será solamente qué dijo Fujimori en Nueva York, sino qué medidas presentará su Gobierno en Lima para convertir esas declaraciones en política pública. El alcance de la intervención militar, la definición de las organizaciones que serían consideradas terroristas y las garantías aplicables durante las operaciones serán parte del debate.

Desde Nueva York, la presidenta presentó su respuesta al crimen organizado como una política de seguridad nacional y la conectó con una alianza regional impulsada por Washington. Ahora, esa propuesta deberá enfrentar su prueba decisiva en el ámbito interno: convertir una nueva definición política del enemigo en normas, operaciones y controles compatibles con el Estado de derecho.