Brasil, 27 de setiembre de 2027.- A una semana de las elecciones, el presidente busca un cuarto mandato frente a Flávio Bolsonaro. La disputa llega ajustada, mientras Lula refuerza su discurso contra la injerencia extranjera, reivindica sus políticas sociales y enfrenta una campaña marcada por la desinformación y la polarización.

Luiz Inácio Lula da Silva entra en la última semana de campaña para las elecciones presidenciales de Brasil con el objetivo de mantenerse al frente del Ejecutivo y obtener un cuarto mandato no consecutivo. El primer turno será el 4 de octubre, y una eventual segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE). En total, 158,7 millones de electores están habilitados para votar.

El principal adversario de Lula es el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La campaña llega a su tramo decisivo con ambos como los principales protagonistas de la disputa presidencial y con mediciones recientes que muestran diferencias reducidas dentro de los márgenes de error. Una encuesta Quaest y otra de BTG Pactual/Nexus, difundidas en septiembre, registraron escenarios de empate estadístico entre ambos para una eventual segunda vuelta.

Soberanía como bandera electoral

Uno de los principales ejes de la campaña de Lula es la soberanía nacional, un discurso que adquirió mayor peso después de las tensiones comerciales con Estados Unidos. El mandatario ha cuestionado cualquier presión externa sobre las decisiones económicas y políticas brasileñas y ha colocado la defensa de los recursos naturales y de la autonomía del país en el centro de sus intervenciones públicas.

El mensaje fue reiterado el 22 de septiembre durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. Lula sostuvo que Brasil no aceptará interferencias externas en su proceso electoral y vinculó la defensa de la democracia con la soberanía nacional.

La estrategia también aparece en su discurso interno. Durante el mensaje por el Día de la Independencia, el presidente defendió la autonomía brasileña frente a intereses extranjeros y destacó recursos considerados estratégicos, entre ellos las tierras raras, el agua y el petróleo.

Políticas sociales en el centro

La campaña oficialista también busca convertir las políticas sociales en un argumento para la continuidad del gobierno. En septiembre, el Ejecutivo anunció un aumento de 15% en el beneficio mínimo del Bolsa Família, que pasó de 600 a 691 reales mensuales. La medida representa un gasto estimado de 5.800 millones de reales durante 2026 y 22.000 millones en 2027, según Reuters.

La decisión se produjo durante la campaña electoral y generó cuestionamientos desde el sector de Flávio Bolsonaro, que señaló el momento de la medida como electoralista. El gobierno, por su parte, sostiene que el incremento puede ejecutarse dentro de las asignaciones presupuestarias y sin incumplir las metas fiscales.

Otro asunto incorporado al tramo final de la campaña es la regulación de las apuestas digitales. El 25 de septiembre, Lula firmó una medida provisional que dispone el fin de la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las denominadas bets en Brasil. La decisión fue defendida por el gobierno como una respuesta a un problema de salud pública y endeudamiento.

Desinformación y choque con el bolsonarismo

La campaña también se desarrolla en medio de una intensa disputa en redes sociales. La coalición Brasil Pronto Pra Mais, que respalda a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin, llevó ante el TSE acciones contra Flávio Bolsonaro, el diputado Nikolas Ferreira y el PL por la difusión de contenidos que, según la campaña oficialista, manipularon declaraciones del presidente.

El escenario electoral está marcado además por una fuerte polarización. Mientras Lula presenta la elección como una disputa sobre democracia, soberanía y continuidad de políticas sociales, Flávio Bolsonaro concentra buena parte de su discurso en cuestionamientos al gobierno del PT y en temas vinculados con seguridad, corrupción y oposición al actual campo político gobernante.

Las encuestas de septiembre reflejan esa confrontación sin ofrecer, a una semana de la votación, un resultado definitivo. Un levantamiento Palver divulgado el 21 de septiembre registró 42% para Flávio Bolsonaro y 41% para Lula en un escenario de primer turno, dentro del margen de error. Otras mediciones han mostrado resultados diferentes, por lo que los sondeos deben interpretarse según su fecha, metodología y margen de error.

Lula acelera en la última semana

El último fin de semana antes del primer turno, Lula llevó la campaña a las calles con una caminata en la zona este de São Paulo. Allí volvió a defender la prohibición de las apuestas digitales, una de las decisiones recientes que busca incorporar al discurso electoral en la recta final.

La agenda internacional también se convirtió en parte de la campaña. Su presencia en Nueva York y el discurso ante Naciones Unidas permitieron al mandatario proyectar una imagen de defensa del multilateralismo, la soberanía y la democracia. Al mismo tiempo, sus intervenciones sobre las relaciones con Estados Unidos reflejan que la política exterior se ha incorporado directamente al debate electoral.

El antecedente de la candidatura

Lula fue oficializado como candidato presidencial por el PT el 2 de agosto de 2026, durante una convención en São Paulo. Su compañero de fórmula volvió a ser Geraldo Alckmin, del PSB, quien ya lo acompañó en la elección de 2022. La coalición Brasil Pronto Pra Mais quedó integrada por PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL y Rede.

La elección representa la séptima candidatura presidencial de Lula. El dirigente comenzó su trayectoria electoral hacia la Presidencia en 1989, fue candidato nuevamente en 1994 y 1998, ganó las elecciones de 2002 y 2006 y regresó al poder en 2022. En 2026 busca prolongar nuevamente su ciclo político, esta vez en una contienda frente a Flávio Bolsonaro y otras diez candidaturas presidenciales registradas ante el TSE.

Lima, 27 de setiembre de 2026.- A una semana de las elecciones municipales, Renovación Popular compite por Lima sin candidato a alcalde. Rafael López Aliaga figura como primer regidor después de la renuncia de Luis Rubio, pero sostiene que podría asumir nuevamente la alcaldía si su lista gana. El JNE ha confirmado su candidatura a regidor, pero la controversia sobre la eventual entrega de una credencial de alcalde aún coloca al organismo electoral en el centro de la disputa.

Una elección con una candidatura atípica

Las elecciones del 4 de octubre de 2026 llegan a Lima con una situación que no se presentó de la misma manera en las anteriores contiendas municipales: uno de los principales protagonistas de la carrera por el Palacio Municipal no aparece formalmente como candidato a alcalde.

Rafael López Aliaga, quien gobernó Lima entre enero de 2023 y octubre de 2025, integra actualmente la lista de Renovación Popular como primer regidor. La inscripción de su candidatura fue habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones después de que el organismo revocara la decisión inicial del Jurado Electoral Especial que había declarado improcedente su postulación.

El escenario cambió cuando Luis Rubio, quien originalmente postulaba a la alcaldía por Renovación Popular, renunció a su candidatura el 4 de agosto. Desde entonces, la lista de Renovación Popular quedó sin un postulante nominal al cargo de alcalde, mientras López Aliaga pasó a convertirse en el rostro central de la campaña municipal.

El punto que el JNE todavía debe resolver

La controversia no está en si López Aliaga puede ser candidato a regidor. El JNE ya permitió su inscripción. El problema está en qué ocurriría si Renovación Popular obtiene la mayor votación para el Concejo Metropolitano.

López Aliaga sostiene que podría asumir la alcaldía porque el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece la sucesión del alcalde por el regidor que corresponda cuando se produce una vacancia o ausencia. Su interpretación es que, al ser primer regidor de la lista ganadora, le correspondería asumir el cargo.

Sin embargo, 14 organizaciones políticas que compiten contra Renovación Popular solicitaron al JNE que establezca de manera expresa si López Aliaga podría recibir la credencial de alcalde en ese escenario. La preocupación de sus adversarios está vinculada además con la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el pleno del organismo deberá debatir el asunto, pero señaló que no existía una fecha definida para adoptar esa decisión. Al mismo tiempo, precisó que el pleno ya había establecido que un alcalde en ejercicio no tiene impedimento para participar como primer regidor. Son, por tanto, dos cuestiones diferentes: la posibilidad de postular como regidor y la eventual posibilidad de recibir posteriormente la credencial de alcalde.

¿Una reelección por otra vía?

La fórmula ha sido calificada por adversarios políticos y especialistas como una “reelección encubierta”, debido a que López Aliaga busca regresar al cargo que ocupó hasta 2025 mediante su incorporación como primer regidor de la lista.

Esa interpretación, sin embargo, es objeto de controversia jurídica. El especialista electoral José Tello ha sostenido que López Aliaga podría asumir si la lista obtiene la victoria, mientras otros sectores cuestionan que esa posibilidad pueda utilizarse para sortear la prohibición constitucional de la reelección inmediata. El propio JNE aún debía fijar una posición específica sobre la entrega de credenciales en este escenario.

La discusión tiene una consecuencia política inmediata: los electores pueden votar por una lista que no presenta un candidato formal a alcalde, pero cuyo primer regidor afirma que podría terminar ocupando ese cargo.

Bruce, Urresti, Allison y una disputa fragmentada

Mientras Renovación Popular concentra la controversia jurídica, la alcaldía es disputada formalmente por 26 agrupaciones políticas. El JNE organizó dos jornadas de debate con los candidatos inscritos y confirmó la participación de 26 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Entre los nombres con mayor presencia en la campaña aparecen Carlos Bruce, de Somos Perú; Daniel Urresti, de Podemos Perú; y Francis Allison, de Avanza País. Los tres han confrontado públicamente con López Aliaga durante la campaña y han cuestionado la situación jurídica creada alrededor de su candidatura como primer regidor.

Bruce, en particular, llegó a plantear que las organizaciones que cuestionaban el caso podían condicionar su participación en el debate municipal a una respuesta del JNE. Finalmente, el debate se realizó y López Aliaga participó en la segunda jornada, aunque bajo su condición formal de candidato a primer regidor.

El voto del 4 de octubre

La elección del próximo domingo definirá al nuevo Concejo Metropolitano y la lista que obtenga la alcaldía de Lima. En el caso de Renovación Popular, el resultado tendrá una particularidad: la organización compite sin un candidato nominal al cargo de alcalde después de la renuncia de Rubio.

Por eso, el resultado electoral podría abrir un segundo capítulo institucional. Si Renovación Popular obtiene la victoria, el JNE tendrá que determinar si López Aliaga, elegido como primer regidor, puede recibir la credencial de alcalde o si corresponde aplicar otra solución jurídica.

La respuesta no solo afectará al exalcalde. Establecerá un criterio para otros casos similares de autoridades que participaron en las elecciones municipales de 2022 y ahora buscan continuar políticamente en sus respectivas jurisdicciones mediante candidaturas a regidores.

Lima, nuevamente en el centro

La importancia de la elección trasciende el cambio de una administración municipal. Lima concentra más de diez millones de habitantes y es el principal escenario económico, político y mediático del país. El control de su municipalidad proporciona una plataforma política de alcance nacional.

A una semana de las urnas, la campaña enfrenta así dos preguntas distintas: quién obtendrá el respaldo ciudadano para gobernar Lima y qué ocurrirá con la lista ganadora de Renovación Popular si esta obtiene el primer lugar.

El antecedente de López Aliaga como alcalde, su actual candidatura como primer regidor y la falta de una definición específica del JNE sobre una eventual credencial de alcalde han convertido esta elección en uno de los principales focos de la disputa electoral de 2026.

Tumbes, 27 de setiembre de 2026.- Las lluvias intensas de febrero marcaron en Tumbes la primera señal concreta de un fenómeno que meses después adquiriría una dimensión mayor. Aunque el ENFEN sitúa el inicio del actual Niño Costero en marzo de 2026, las precipitaciones y crecidas de ríos registradas desde el 18 y 19 de febrero ya habían puesto a prueba la capacidad de respuesta de la región norte.

Río Tumbes puso en riesgo la producción agrícola

Uno de los primeros impactos se produjo en la cuenca del río Tumbes. La crecida del cauce alcanzó niveles críticos y provocó la inundación de aproximadamente 600 hectáreas de cultivos, principalmente en sectores agrícolas de la provincia de Tumbes. El episodio afectó una economía rural altamente expuesta a las variaciones del caudal y a las lluvias procedentes también de la parte alta de la cuenca.

La situación no quedó restringida al campo. Durante la última semana de febrero se registraron calles inundadas, aniegos, interrupciones y restricciones en servicios, además de problemas de transitabilidad en distintos puntos de las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. La dimensión inicial del daño quedó reflejada en el reporte difundido por el COER: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas afectadas —cinco inhabitables—, tres instituciones educativas dañadas y 1.100 metros de vías vecinales deterioradas.

Los distritos incluidos entre los más afectados fueron Tumbes, Corrales, San Jacinto, La Cruz, Casitas, Zarumilla y Aguas Verdes. El incremento de los caudales también generó situaciones de aislamiento. En Zarumilla, por ejemplo, agentes policiales utilizaron drones para localizar y rescatar a cuatro niños que habían quedado rodeados por las aguas en una chacra de cultivo de banano.

La emergencia llegó antes del peor escenario

La respuesta estatal no comenzó después de los desbordes. El Ejecutivo ya había declarado en enero el estado de emergencia en distritos de Tumbes y otras regiones por peligro inminente ante intensas precipitaciones mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM. La medida buscaba habilitar acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente al escenario climático previsto.

Cuando las lluvias se intensificaron, las medidas pasaron del plano preventivo a la atención directa. El sistema de agua potable tuvo restricciones y la Unidad Ejecutora Tumbes desplegó cisternas para atender a unas 3.500 familias. De los 19 vehículos disponibles, nueve se encontraban operativos en puntos estratégicos el 26 de febrero, mientras otros permanecían disponibles o en mantenimiento. También se intensificaron trabajos de limpieza y descolmatación del sistema de alcantarillado.

El sector productivo también ingresó en el esquema de respuesta. El 28 de febrero, un equipo técnico del Ministerio de la Producción se trasladó a Tumbes para coordinar con el COER, INDECI y el Gobierno Regional el registro de daños en el SINPAD. La delegación inspeccionó además el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cancas, cuya operatividad había sido restablecida, mientras se ejecutaban trabajos de drenaje.

La afectación económica potencial iba más allá de la infraestructura urbana. Agricultura y pesca quedaron expuestas a una temporada de lluvias que podía prolongarse. PRODUCE verificó los niveles de los ríos Tumbes y Bocapán y mantuvo el monitoreo de ambos cauces, mientras que las lluvias obligaron a reforzar la vigilancia sobre desembarcaderos y actividades productivas.

La prevención avanzó, pero el riesgo no desapareció

Durante los meses siguientes continuaron las medidas de prevención. En julio, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes informó la culminación de trabajos de descolmatación, limpieza y eliminación de material excedente en drenes, canales y quebradas, intervenciones que, según el sector, beneficiaron a más de 265 familias agricultoras y protegieron cerca de 930 hectáreas de cultivos e infraestructura.

En paralelo, la ANIN informó avances en infraestructura de protección. La quebrada La Jardina, en San Jacinto, cuenta con diques y otras obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones; además, la entidad reportó la implementación del Sistema de Alerta Temprana del río Tumbes, con una población potencial beneficiaria superior a 126 mil personas.

Septiembre abre una nueva etapa de vigilancia

El escenario actual es más exigente que el registrado al comienzo del año. El último comunicado oficial disponible del ENFEN, publicado el 14 de septiembre, mantiene la Alerta de El Niño Costero y proyecta que el fenómeno continúe hasta mediados del otoño de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima la mayor probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

El mismo pronóstico advierte que entre septiembre y noviembre las lluvias en la costa norte podrían ubicarse por encima de lo normal, con episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre. Asimismo, ENFEN prevé que los ríos del norte de la vertiente del Pacífico presenten caudales superiores a lo normal principalmente desde noviembre.

El balance de febrero, por tanto, funciona como una primera fotografía de la vulnerabilidad de Tumbes: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas dañadas, infraestructura educativa golpeada, vías deterioradas y cientos de hectáreas agrícolas bajo el agua. El desafío para las autoridades ya no consiste únicamente en responder a una emergencia, sino en determinar si las obras preventivas, los sistemas de alerta y la capacidad de evacuación y drenaje estarán operativos cuando llegue el periodo de lluvias más exigente previsto por ENFEN.