Bogota, 11 de agosto de 2026.- Colombia enfrenta una grave emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo confirmó que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. El movimiento fue percibido en amplias zonas de Colombia y también en Panamá y Venezuela.

El número de víctimas ha aumentado conforme los equipos de emergencia ingresan a las zonas afectadas. El balance más reciente disponible este martes 11 de agosto eleva a al menos 224 las personas fallecidas, mientras los reportes periodísticos dan cuenta de cientos de heridos. Las cifras continúan sujetas a actualización debido a que las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en diferentes municipios.

La emergencia también dejó una importante destrucción material. El balance difundido durante la jornada reportó 1.575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados, además de daños en establecimientos educativos, centros de salud, vías de comunicación y terminales aeroportuarias. Las ciudades de Pereira, Cali y Manizales, junto con municipios de Chocó, aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.

El terremoto fue sentido con fuerza en Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Armenia, Popayán y Quibdó, entre otras ciudades. En distintas localidades se produjeron evacuaciones y daños en edificaciones. También se reportaron afectaciones en infraestructura aeroportuaria y en instalaciones públicas, mientras organismos de socorro y autoridades locales inspeccionan estructuras para determinar cuáles pueden continuar operativas y cuáles representan riesgo para la población.

La actividad sísmica continuó después del movimiento principal. El SGC informó inicialmente de 18 réplicas, registradas hasta el mediodía del lunes, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, localizadas principalmente en San José del Palmar y Sipí, en Chocó. Posteriormente se contabilizaron muchas más, por lo que el organismo advirtió que las réplicas pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. El SGC también precisó que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo o una réplica.

El Gobierno colombiano activó los mecanismos nacionales de respuesta y desplegó equipos de búsqueda y rescate hacia los sectores afectados. Las autoridades concentran sus esfuerzos en localizar personas atrapadas, atender a los heridos, evaluar edificaciones, garantizar la atención hospitalaria y restablecer servicios e infraestructura afectados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de consolidar los reportes oficiales de daños y coordinar la respuesta frente a la emergencia, mientras el SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.

El SGC explicó que el terremoto se produjo en una región donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción y responsable de buena parte de la actividad sísmica del occidente colombiano. Aunque el movimiento tuvo una profundidad de 103 kilómetros, su elevada magnitud permitió que fuera percibido en un territorio muy amplio. El organismo pidió a la población mantener la calma, alejarse de edificaciones dañadas y seguir exclusivamente las informaciones de las autoridades competentes.

La emergencia permanece abierta y el balance de víctimas y daños puede seguir modificándose. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras las autoridades avanzan en la evaluación de viviendas, hospitales, colegios, carreteras y demás infraestructura afectada. El terremoto vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de las ciudades y comunidades colombianas frente a eventos sísmicos de gran magnitud y la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y recuperación ante desastres.

Bogotá, 7 de agosto de 2026.– Gustavo Petro culmina hoy su mandato presidencial dejando un legado social que redefine el rumbo de Colombia. Con cifras históricas en reducción de pobreza, desempleo y expansión de derechos, su gobierno demostró que un Estado activo frente a la desigualdad no solo es posible, sino transformador. El primer mandatario de izquierda del país deja una nación con menos millones de colombianos en la indigencia y más oportunidades para quienes históricamente quedaron al margen.

Los números respaldan el cambio. La pobreza monetaria se redujo del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025, sacando a cerca de 1,8 millones de personas de esa condición en el último año medido. La extrema pobreza también cedió terreno hasta el 9,6 %. En el mercado laboral, el desempleo anual cerró en 8,9 % en 2025 —el nivel más bajo desde 2001— y en junio de 2026 alcanzó el 8 %, abriendo un horizonte de estabilidad que muchos colombianos no habían conocido en décadas.

La recuperación del ingreso laboral fue otro pilar fundamental. El salario mínimo ascendió de un millón a 1.423.500 pesos, mientras que la Ley 2466 de 2025 modernizó los derechos laborales al regular jornadas, recargos y contratos de aprendizaje. Estas reformas no solo mejoraron el bolsillo de los trabajadores, sino que sentaron las bases para una economía más inclusiva y con mayor formalidad en los años venideros.

En salud, el giro hacia la prevención marcó la diferencia. Con una inversión de 4,1 billones de pesos, el Gobierno desplegó 10.850 Equipos Básicos de Salud que atendieron a más de 5,5 millones de familias. El resultado fue una reducción de hasta el 55,5 % en la mortalidad por desnutrición, una cifra que traduce políticas públicas en vidas salvadas, especialmente en los territorios más vulnerables del país.

La educación superior dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho amplio. El Ministerio de Educación reportó 425.096 nuevos estudiantes en pregrados públicos, alcanzando el 85 % de la meta de 500.000 cupos. Con el 97 % de ellos cubiertos por la gratuidad, miles de jóvenes de sectores populares y regiones históricamente excluidas accedieron por primera vez a una carrera universitaria, rompiendo cadenas de reproducción de la pobreza.

El campo colombiano también vivió una transformación sin precedentes. Más de 2,28 millones de hectáreas fueron formalizadas y 351.000 entregadas a campesinos, mientras que 806.081 hectáreas se incorporaron al Fondo de Tierras. Este proceso de reforma agraria, el más ambicioso en décadas, devolvió esperanza a comunidades rurales que ahora ven en la tierra no solo un sustento, sino un proyecto de vida digna.

La protección social se extendió con fuerza hacia los adultos mayores. A través de Colombia Mayor, tres millones de personas en situación de vulnerabilidad comenzaron a recibir una transferencia de 230.000 pesos, un ingreso que, aunque no reemplaza una pensión contributiva, representa un colchón de dignidad para quienes construyeron el país sin seguridad social. Es el reconocimiento tangible de que nadie debe envejecer en la indigencia.

Más allá de las estadísticas, el gobierno de Petro logró un cambio cultural: instaló en el centro del debate nacional a los trabajadores informales, los campesinos, los jóvenes de bajos recursos y los territorios olvidados. La desigualdad, la redistribución y el rol del Estado como garante de derechos pasaron de ser discursos marginales a ejes de una agenda que ya no puede ignorarse. Colombia descubrió que otro modelo de desarrollo es posible.

Quedan, claro está, desafíos por delante: la consolidación de la paz, la sostenibilidad fiscal y la profundización del empleo formal requerirán años de esfuerzo colectivo. Pero la semilla está sembrada. El legado de estos cuatro años no se mide solo en puntos porcentuales; se mide en la esperanza de millones de colombianos que hoy miran el futuro con mayor optimismo. Y esa esperanza, en democracia, es el cambio más profundo de todos.

Caracas, 2 de agosto de 2026.- La caída de Nicolás Maduro abrió una nueva etapa para Venezuela y, al mismo tiempo, un debate sobre el grado de influencia que Estados Unidos ejerce en la transición. Mientras Washington presenta el proceso como una salida democrática, reportes de TIME y Reuters apuntan a una coordinación estrecha entre el gobierno de Delcy Rodríguez y altos funcionarios estadounidenses, encabezados por Marco Rubio.

El petróleo vuelve a estar en el centro de la disputa. Venezuela, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, sigue siendo un activo clave para la geopolítica energética. El regreso de empresas estadounidenses al sector y los acuerdos impulsados durante la transición han reforzado la percepción de que Washington busca asegurar una posición privilegiada sobre los recursos venezolanos.

Aunque no hay pruebas públicas concluyentes de un control jurídico directo de EE. UU. sobre el Estado venezolano, sí es evidente que la relación entre Caracas y Washington supera la diplomacia tradicional. La administración estadounidense mantiene una influencia significativa sobre decisiones económicas y financieras del nuevo gobierno.

La otra gran incógnita es política. Delcy Rodríguez ha dicho que habrá elecciones, pero todavía no existe un cronograma definido ni garantías claras para la participación de toda la oposición. La legitimidad del proceso dependerá de que los comicios sean libres, transparentes y reconocidos por la comunidad internacional.

Mientras tanto, la población venezolana sigue enfrentando pobreza, inflación y deterioro de los servicios públicos. En ese contexto, la verdadera prueba de la transición no será el discurso oficial, sino la mejora real en la vida de los ciudadanos.