La disputa por las cabeceras de cuenca en Ayacucho lleva dos años en una mesa técnica, pero los compromisos estatales acumulan retrasos. En Putka, la actividad minera continúa bajo cuestionamiento de las organizaciones agrarias, mientras la protección de Razuhuillca permanece en trámite. El último reporte de la Defensoría registra el caso sin avances durante agosto de 2026.

Ayacucho, 22 de setiembre de 2026.- El conflicto socioambiental de Huanta no se limita a una controversia entre agricultores y operadores mineros. Desde el 25 de septiembre de 2024, la Defensoría del Pueblo registra la exigencia de la población civil y de organizaciones agrarias para paralizar actividades mineras en las zonas altas y proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca. El caso comprende los distritos de Chaca y Huanta y permanece activo.

La importancia del territorio en disputa está relacionada con la función hídrica de Razuhuillca. El sistema de abastecimiento de Huanta se alimenta de un conjunto de cuerpos de agua ubicados en la parte alta de la cuenca del río Huanta, entre ellos Pampaccocha, Yanaccocha, Piscoccocha, Chacaccocha y otros cuerpos asociados. SEDA Ayacucho identifica al sistema Razuhuillca como una fuente de abastecimiento para la provincia y describe una red de aproximadamente 15,9 kilómetros desde la zona alta hasta la infraestructura de tratamiento.

Putka: el punto crítico de la actividad minera

La actividad minera en Putka, distrito de Chaca, es uno de los principales focos de la controversia. La propia Defensoría registra que las organizaciones sociales demandan la paralización de los operadores mineros y la adopción de mecanismos que eviten la contaminación del agua destinada al consumo humano y a la agricultura. En enero de 2026, según la información proporcionada para este informe, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental verificó la existencia de bocaminas en el sector, entre ellas una denominada “Minería Joselito FC”.

El conflicto adquiere una dimensión adicional porque la controversia no involucra únicamente a la minería formal. En reportes anteriores, la Defensoría describió el caso de Huanta como una disputa vinculada a actividades mineras formales e informales próximas a la cuenca de Razuhuillca y señaló la preocupación por la protección de las cabeceras de cuenca.

Dos años de mesa técnica y pocos resultados

La respuesta institucional se ha canalizado principalmente mediante una mesa técnica en la que participan la Federación Agraria Campesina, Indígenas y Nativas de la Provincia de Huanta (FANCINPH), el Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, comisiones de usuarios, regantes y agricultores, además de la Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de Ayacucho. La agenda incluye fiscalización, protección de cabeceras de cuenca y una eventual área de conservación.

El problema aparece al revisar el cumplimiento de los compromisos. Para febrero de 2026 se acordó que la ANA respondiera a la FANCINPH, realizara una reunión técnica sobre la Resolución Directoral N.° 0918-2025-ANA y trabajara mecanismos de protección de las cabeceras. También se encargó a la Dirección Regional de Energía y Minas gestionar resoluciones para paralizar las operaciones mineras de Putka. El último reporte defensorial disponible señala que estos compromisos registraron “sin avances durante el mes” de agosto.

El área de conservación sigue sin concretarse

Una de las principales demandas es la creación del Área de Conservación Regional Razuhuillca. Sin embargo, debe distinguirse entre una propuesta de conservación y un área natural protegida oficialmente creada. El SERNANP establece que las ACR son áreas administradas por los gobiernos regionales y que su establecimiento está sujeto a un procedimiento específico de evaluación.

En el caso de Razuhuillca, la documentación de la mesa técnica contempla que el Gobierno Regional de Ayacucho presente la delimitación y coordenadas de la propuesta, mientras las organizaciones sociales asumieron el compromiso de presentar una propuesta de área de conservación. En el reporte correspondiente a agosto de 2026 no aparece registrado un avance que permita considerar concluido ese proceso.

La brecha entre el anuncio político y el trámite administrativo

La disputa también expone la distancia entre los anuncios de las autoridades y los procedimientos que efectivamente determinan qué actividades pueden continuar. En agosto de 2024, durante la escalada inicial del conflicto, la Defensoría pidió al Ejecutivo una mesa de alto nivel debido al paro y al bloqueo de vías provocado por las protestas contra las actividades mineras en la cordillera de Razuhuillca.

La experiencia posterior muestra que una declaración política de protección del agua no equivale por sí misma al cierre definitivo de operaciones mineras. Las decisiones dependen de procedimientos administrativos, competencias regionales y nacionales, fiscalizaciones y, en determinados casos, de la evaluación de la autoridad minera nacional. Esa cadena institucional explica parte de la diferencia entre lo anunciado públicamente y lo que finalmente ocurre en el territorio.

Un problema que trasciende Huanta

La disputa de Razuhuillca se inserta en una problemática nacional más amplia: la superposición o proximidad de actividades mineras con fuentes de agua y ecosistemas sensibles. Un informe defensorial sobre pequeña minería y minería artesanal advirtió problemas asociados a la superposición de concesiones con recursos hídricos y señaló que el marco vigente no prohíbe expresamente determinadas superposiciones, lo que puede generar conflictos y dificultades de ordenamiento territorial.

Los datos más recientes muestran, además, que la conflictividad socioambiental continúa siendo el principal componente de los conflictos sociales en el país. En agosto de 2026, la Defensoría registró 188 conflictos sociales, de los cuales 138 estaban activos; 84 se encontraban en proceso de diálogo. La institución contabilizó también 187 acciones colectivas de protesta durante ese mes.

Razuhuillca: el conflicto sigue abierto

En Huanta, la discusión ya no gira únicamente alrededor de si existe o no minería en las zonas altas. El punto central es quién garantiza que las actividades económicas sean compatibles con la protección de una fuente hídrica estratégica para la población y la agricultura. Mientras las organizaciones reclaman protección efectiva, las autoridades continúan trabajando mediante mecanismos técnicos y administrativos que, hasta agosto de 2026, no habían producido un cierre definitivo de la controversia.

El dato más relevante del último reporte oficial es precisamente la ausencia de avances. Dos años después de instalada la mesa técnica, la Defensoría mantiene el caso como un conflicto socioambiental activo y registra compromisos pendientes relacionados con la protección de las cabeceras, la fiscalización minera y la propuesta de conservación. En Razuhuillca, el problema no es solamente quién extrae recursos del territorio: es cuánto tiempo puede permanecer sin resolver una disputa sobre el agua que abastece a Huanta.

Chiclayo, 3 de septiembre de 2026.- Lambayeque enfrenta un nuevo escenario de presión sanitaria por el dengue: la Gerencia Regional de Salud reporta 3,375 casos confirmados, mientras un reporte epidemiológico con corte al 27 de agosto contabiliza 4,319 casos entre confirmados y probables y nueve fallecidos. En paralelo, la campaña de vacunación escolar contra la enfermedad alcanza 3,987 dosis aplicadas en sus primeras dos semanas.

Chiclayo concentra la mayor cantidad

De acuerdo con la Geresa, Chiclayo registra la mayor incidencia, con cerca de mil casos confirmados, seguido por La Victoria. La situación también alcanza a Motupe, Olmos, Jayanca y Oyotún, distritos donde las autoridades han reportado brotes y desplegado brigadas de prevención y control.

El reporte publicado por Correo muestra una dimensión mayor del problema: 4,319 casos acumulados hasta el 27 de agosto, de los cuales 3,374 eran confirmados y 945 probables. El mismo reporte contabilizó nueve fallecimientos y hasta 32 pacientes hospitalizados durante el pico registrado entre el 17 y 19 de agosto.

La diferencia entre las cifras responde a los distintos cortes y criterios de clasificación utilizados en los reportes. Por ello, la cifra más reciente comunicada por la Geresa corresponde a los casos confirmados al 2 de septiembre, mientras que el reporte de 4,319 incluye también casos probables y tiene un corte anterior.

El calor favorece al mosquito

La expansión del dengue ocurre en un contexto climático adverso. El 7 de agosto, Pasabar, en Olmos, alcanzó los 37.3 °C, mientras Motupe llegó a 35.5 °C y Jayanca a 35 °C, registros particularmente elevados para el invierno.

Las temperaturas altas generan condiciones favorables para el ciclo reproductivo del Aedes aegypti, vector del dengue. La Geresa ya había advertido que el calor y la posibilidad de lluvias podían impulsar nuevamente la curva de contagios.

Pero el factor climático no explica por sí solo la persistencia de la enfermedad. El almacenamiento de agua en recipientes que no permanecen correctamente tapados puede convertirse en criadero del mosquito, especialmente en zonas con dificultades de abastecimiento continuo.

Vacunación alcanza 12 %

Frente a este escenario, la campaña de vacunación dirigida a menores de 10 a 16 años registra 3,987 dosis aplicadas en Chiclayo, La Victoria y Motupe, equivalente a un avance del 12 % durante las primeras dos semanas.

La vacuna es gratuita y requiere dos dosis. La segunda debe administrarse tres meses después de la primera. La estrategia incluye intervenciones en colegios y jornadas de información dirigidas a los padres, cuya autorización es necesaria para inmunizar a los menores.

El Ministerio de Salud distribuyó previamente 199,892 dosis de la vacuna contra el dengue a cinco regiones priorizadas, entre ellas Lambayeque, debido a su elevada carga de casos.

El desafío está fuera de los colegios

La vacunación representa una nueva herramienta de prevención, pero no sustituye las medidas destinadas a eliminar los criaderos del mosquito. En agosto, el Minsa informó que más de 16 mil viviendas de la provincia de Lambayeque serían intervenidas mediante acciones de control larvario.

El desafío para las autoridades será sostener simultáneamente la vacunación, la vigilancia epidemiológica, el control del vector y la atención oportuna de los pacientes. Con temperaturas superiores a las habituales en la costa norte, cualquier relajamiento de estas acciones puede favorecer nuevos contagios.

Para las familias, la prevención continúa siendo decisiva: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener correctamente tapados los depósitos y permitir el ingreso del personal sanitario identificado son medidas esenciales. Ante síntomas compatibles con dengue, la recomendación sanitaria es acudir oportunamente a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

El problema que enfrenta Lambayeque ya no puede observarse únicamente como un brote localizado. El crecimiento de los casos, la presencia del vector en gran parte del territorio y las condiciones climáticas constituyen un escenario que exige una respuesta sostenida del Estado y una participación activa de la población.

La medida alcanza a 22 departamentos y el Callao. ENFEN advierte que existe al menos 62% de probabilidad de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Lima, 1 de setiembre de 2026.- El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 893 distritos de 154 provincias, ubicados en 22 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao, ante el peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, publicado el 1 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

Una emergencia de alcance nacional

La declaratoria comprende Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además del Callao. La norma establece que las jurisdicciones involucradas presentan un “muy alto riesgo” que requiere intervenciones inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

La decisión no responde únicamente a una previsión meteorológica. El expediente técnico utilizado por el Ejecutivo incorpora informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

El riesgo climático aumenta

La advertencia más reciente de ENFEN eleva el nivel de preocupación. En su Comunicado Oficial N.° 15-2026, publicado el 28 de agosto, la comisión mantiene la Alerta de El Niño Costero y estima una probabilidad igual o superior al 62% de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo de 2027, el escenario más probable se ubica entre fuerte y extraordinario.

El organismo científico también advierte que entre septiembre y noviembre las temperaturas del aire permanecerían muy por encima de lo normal en toda la costa, con alta probabilidad de nuevos récords. Para la costa norte se prevén precipitaciones superiores a lo normal, mientras que durante el verano de 2027 las lluvias podrían superar sus valores habituales en la costa norte, costa central y sierra noroccidental.

El verano será el periodo crítico

El vocero de ENFEN, Luis Vásquez Espinoza, señaló que, si el evento alcanza una condición extraordinaria, la temperatura superficial del mar podría presentar anomalías superiores a 3,5 °C entre septiembre y enero. El periodo de mayor impacto de las lluvias intensas se proyecta para el verano, particularmente en la costa norte y la sierra noroccidental.

La dimensión del riesgo también plantea un desafío para la infraestructura pública, la agricultura, el transporte y los servicios básicos. Desbordes de ríos, inundaciones, huaicos y movimientos en masa podrían afectar poblaciones y medios de vida en territorios previamente identificados como vulnerables. Por ello, la declaratoria busca intervenir antes de que el peligro se convierta en desastre.

¿Qué podrán hacer las autoridades?

Durante los 60 días de vigencia, los gobiernos regionales y locales deberán ejecutar las medidas de excepción necesarias para reducir el muy alto riesgo existente. Estas acciones deben guardar una relación directa con el peligro que sustenta la declaratoria y podrán comprender actividades de prevención, respuesta y rehabilitación.

INDECI tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las acciones, con participación de diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

La emergencia también pone a prueba la capacidad del Estado

El punto crítico ahora no es solamente la declaratoria, sino la capacidad de convertirla en acciones concretas antes de la temporada de mayor impacto. La propia norma establece que las intervenciones deberán ejecutarse con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades comprendidas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Para Pulso27, el dato central es que el Estado dispone ahora de un periodo limitado para reducir vulnerabilidades que ya han sido identificadas técnicamente. Con ENFEN proyectando un escenario extraordinario para los próximos meses, la eficacia de la respuesta dependerá menos de nuevas declaraciones y más de la rapidez con que gobiernos regionales, municipios y sectores nacionales conviertan los diagnósticos de riesgo en obras, limpieza de cauces, protección de infraestructura y medidas efectivas para proteger a la población y sus medios de vida.