El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y su reciente demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Decreto Legislativo n.° 1373 sobre Extinción de Dominio.

Esta acción ha desencadenado un intenso debate sobre el papel del Defensor del Pueblo, la integridad de las instituciones públicas y la lucha contra la criminalidad en el Perú.

La demanda del Defensor del Pueblo podría debilitar los esfuerzos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción, pues contraviene tratados internacionales como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida.

El Decreto Legislativo n.° 1373, promulgado con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, la corrupción y otros delitos graves, se ha convertido en el centro de una controversia que trasciende lo meramente legal para adentrarse en cuestiones de ética pública y gobernanza. La demanda presentada por Gutiérrez no solo cuestiona aspectos específicos de la ley, sino que también pone en tela de juicio la alineación de las acciones del Defensor del Pueblo con el interés público y la seguridad nacional.

La presentación de esta demanda por parte de Gutiérrez, genera suspicacias. El hecho de que admitiera no haber consultado con especialistas externos a la Defensoría para desarrollar el informe y la demanda, levanta cuestionamientos sobre la objetividad y rigurosidad del proceso.

Algunos aspectos controversiales

La naturaleza del Decreto Legislativo n.° 1373, busca combatir la adquisición ilícita de bienes y fondos de procedencia ilegal. La oposición del Defensor a esta ley podría interpretarse como una protección indirecta a las actividades ilícitas.

El Ministerio Público (MP) argumenta que la Constitución no protege la propiedad adquirida ilícitamente, mientras que la posición del Defensor del Pueblo (DP), ignora este principio fundamental, haciendo una interpretación sesgada de la Constitución.

El MP enfatiza que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación, sino una restauración del orden jurídico. La oposición del DP a este concepto podría interpretarse como una falta de comprensión de esta distinción legal crucial.

Mientras el MP sostiene que el proceso no viola este principio, ya que solo aborda situaciones preexistentes de origen ilícito, la posición del DP, malinterpreta la aplicación de este principio en el contexto de la extinción de dominio.

Se subraya que la ley incluye garantías del debido proceso. La demanda del DP subestima estas salvaguardias legales existentes.

El MP advierte que el éxito de la demanda representaría un retroceso significativo en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica, por ello la acción del DP, nos plantea serias preocupaciones sobre las motivaciones y el impacto de la acción

Cuestionamiento de motivos:

1) La demanda del Defensor genera dudas sobre sus verdaderas motivaciones, especialmente considerando los casos anteriormente mencionados que lo involucran.

2) La acción del Defensor podría interpretarse como un intento de obstaculizar herramientas legales importantes para combatir la criminalidad.

3) La posición del Defensor parece basarse en una interpretación discutible de la Constitución y las leyes, lo que podría indicar una falta de rigor jurídico o una intención deliberada de tergiversar la ley.

4) De prosperar la demanda, podría debilitar significativamente la capacidad del Estado para combatir delitos graves, lo que tendría implicaciones serias para la seguridad nacional.

5) Esta acción del Defensor del Pueblo podría dañar seriamente la credibilidad de la institución que representa, cuyo propósito es proteger los derechos de los ciudadanos, no potencialmente facilitar actividades ilícitas.

6) En conclusión, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra la Ley de Extinción de Dominio parece ir en contra de los intereses de la justicia y la seguridad nacional. Esta acción, junto con los casos anteriormente mencionados, plantea serias dudas sobre la idoneidad de Josué Gutiérrez para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo y sugiere la necesidad de una revisión urgente de su posición y acciones en este importante cargo público.

Finalmente

La demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra aspectos clave del Decreto Legislativo n.° 1373 sobre Extinción de Dominio representa un momento crítico en la historia reciente del Perú. Esta acción no solo desafía una herramienta legal crucial en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sino que también pone de manifiesto preocupantes interrogantes sobre la integridad y las motivaciones de una de las figuras que debería ser garante de los derechos y el bienestar de los ciudadanos.

El rechazo categórico de esta demanda por parte del Ministerio Público, respaldado por argumentos sólidos basados en el derecho nacional e internacional, subraya la gravedad de la situación. La posición del Defensor del Pueblo no solo parece ir en contra de los intereses de la justicia y la seguridad nacional, sino que también amenaza con socavar años de esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica en el país.

Este episodio sirve como un llamado de atención sobre la importancia de mantener la integridad y la independencia de las instituciones públicas. También resalta la necesidad urgente de reevaluar los mecanismos de selección y supervisión de altos funcionarios públicos, para asegurar que quienes ocupan cargos de tal relevancia actúen siempre en beneficio del interés común y no en función de agendas personales o políticas cuestionables.

En última instancia, el desenlace de esta controversia no solo determinará el futuro de una importante herramienta legal, sino que también pondrá a prueba la solidez del sistema democrático peruano y su capacidad para defender el estado de derecho frente a acciones que podrían comprometer la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

El Directorio de Petroperú presentó un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera la empresa, señalando que requería 2,200 millones de dólares adicionales para su reflotamiento y planteando la necesidad de una «gestión privada» de la empresa estatal. Esta propuesta generó preocupaciones sobre una posible privatización encubierta.

En el Portal institucional de Petroperú se publicaron cinco informes que fueron elaborados por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam, el cual tenía como objetivo reforzar la gobernanza, sostenibilidad financiera y las operaciones a nivel nacional de la compañía, en cumplimiento del Decreto de Urgencia 023-2022.

Los informes, fueron aprobados por el Directorio y presentados a la Junta General de Accionistas en julio de 2023, así mismo en el mismo espacio virtual están publicadas las acciones de restructuración que aprobó el Directorio de la empresa y que supuestamente se ejecutarían durante el presente año, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 004-2024. (https://petroperu.com.pe/transparencia/plan-de-reestructuracion/)

Entonces ¿Qué paso?

El Directorio de Petro Perú publicó un sorpresivo y alarmante comunicado bajo un informe de la consultora Arthur D. Little/Columbus; planteando la instalación de una administración privada como “la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera”
El directorio parece tener una visión sesgada y desfavorable hacia la empresa estatal, buscando potencialmente su «remate» a empresas privadas, regalando activos y subsidiando posibles pérdidas.

Por su parte el gobierno, a través del portavoz presidencial, desestimó categóricamente la propuesta de gestión privada y ha asegurado que Petroperú no será privatizada.
Frente a los hechos, por la transparencia de los hechos, el Directorio pleno de Petroperú debe renunciar renuncie debido a su concepto sesgado sobre la empresa estatal y su enfoque limitado, que no considera aspectos cruciales como la seguridad energética.

Ante estos hechos presentados, el directorio de Petroperú ha perdido la confianza del gobierno y su propuesta de gestión privada ha generado dudas sobre sus intenciones. Por lo tanto, se puede argumentar que, en aras de la transparencia y para restablecer la confianza en la empresa estatal, el directorio completo debería renunciar y permitir un nuevo liderazgo que aborde los desafíos de Petroperú desde una perspectiva más equilibrada y acorde con los intereses nacionales.

El Silencio del Gobierno ante una Propuesta Polémica

El directorio de Petroperú presentó el pasado 8 de mayo un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera de la empresa estatal, proponiendo una «gestión privada» como la mejor opción para hacer frente a la crisis. Esta propuesta generó inmediatas sospechas de una posible privatización encubierta de uno de los activos estratégicos más importantes del país.
A pesar de la gravedad de la propuesta y las preocupaciones que suscitó, el gobierno guardó un preocupante silencio durante casi una semana. No fue hasta el 14 de mayo que el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, salió a desestimar categóricamente la propuesta de gestión privada, asegurando que Petroperú no sería privatizada.

Este prolongado silencio por parte del Ejecutivo es inaceptable y genera dudas sobre la transparencia y la defensa de los intereses nacionales en torno a este tema crucial. ¿Acaso el gobierno estaba considerando seriamente la propuesta del directorio? ¿Qué motivó esta demora en tomar una posición clara frente a una iniciativa que amenazaba con entregar un activo estratégico a manos privadas?

Es fundamental que el gobierno brinde una explicación detallada a la ciudadanía sobre los hechos que rodearon esta polémica propuesta. ¿Qué llevó al directorio a plantear esta opción tan controversial? ¿Se realizaron los análisis adecuados para proteger los intereses nacionales? ¿Existieron influencias externas o conflictos de intereses que pudieron haber sesgado la decisión?

Además, el gobierno debe aclarar su posición sobre el futuro de Petroperú y cómo abordará los desafíos financieros y operativos de la empresa sin comprometer su carácter estatal y su importancia estratégica para el país.

La ciudadanía merece respuestas claras y transparencia absoluta en un tema tan sensible como este. El silencio inicial del gobierno y la falta de una estrategia definida para Petroperú solo alimentan la desconfianza y las sospechas sobre posibles intereses ocultos.

Es momento de que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y renueve totalmente el Directorio de Petroperú afín de garantizar que los intereses nacionales y la seguridad energética del Perú serán salvaguardados en cualquier decisión sobre el futuro de Petroperú.

Por más de tres décadas, el Perú ha librado una ardua batalla contra la corrupción enquistada en las más altas esferas del poder. Fiscales y policías valientes han arriesgado sus vidas para desentrañar las intrincadas redes de sobornos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito que han desangrado los recursos del Estado. Sin embargo, un reciente y lamentable episodio amenaza con dinamitar estos esfuerzos anticorrupción.

El gobierno de Dina Boluarte, en un acto de abierto entrampamiento a la justicia, ha decidido desmantelar el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y desactivar al equipo policial que apoyaba sus investigaciones. Esta medida no solo atenta contra la independencia del sistema judicial, sino que también envía un mensaje ominoso: la corrupción está blindada en los más altos niveles.

Ante este golpe a la democracia y el Estado de Derecho, uno esperaría que las voces de la izquierda marxista, que supuestamente defienden los intereses del pueblo, se alzaran en un clamor unánime de condena. Lamentablemente, no ha sido así. Un congresista autodenominado de «izquierda marxista» ha tenido la desfachatez de declarar que, “son oposición al gobierno de Boluarte, pero que eso no le va a quitar objetividad, que debemos mantener y ser consecuentes”.

¿Consecuentes con qué exactamente? ¿Con el silencio cómplice ante los actos de corrupción que laceran y vulneran la Constitución? ¿Con la pasividad mientras se desactivan los órganos encargados de combatir el cáncer de la corrupción que devora al país? Esta supuesta «objetividad» que proclama el legislador no es más que una máscara engañosa para encubrir su complicidad con el régimen.

Los verdaderos principios de la izquierda marxista deberían implicar una defensa inquebrantable de la justicia, la transparencia y la lucha contra la opresión del pueblo por parte de las élites corruptas. Sin embargo, con sus declaraciones, este congresista demuestra que ha traicionado esos ideales y se ha sumado al coro de cómplices silenciosos que permiten que la corrupción siga socavando los cimientos de la nación.

Es imperativo que las voces genuinamente progresistas y democráticas se alcen con firmeza contra estas acciones antidemocráticas del gobierno. No basta con una tibia «oposición» que se escuda en una falsa «objetividad». Se necesita una condena contundente y acciones concretas para restablecer la independencia del sistema judicial y reactivar la lucha contra la corrupción.
El pueblo peruano merece gobernantes honestos y representantes que defiendan sus intereses, no cómplices silenciosos que, con su inacción, permiten que la corrupción siga desangrando al país. Es hora de que la izquierda marxista recupere su brújula moral y se ubique del lado correcto de la historia, del lado de la justicia y la democracia.