Lima, 27 de setiembre de 2026.- A una semana de las elecciones municipales, Renovación Popular compite por Lima sin candidato a alcalde. Rafael López Aliaga figura como primer regidor después de la renuncia de Luis Rubio, pero sostiene que podría asumir nuevamente la alcaldía si su lista gana. El JNE ha confirmado su candidatura a regidor, pero la controversia sobre la eventual entrega de una credencial de alcalde aún coloca al organismo electoral en el centro de la disputa.

Una elección con una candidatura atípica

Las elecciones del 4 de octubre de 2026 llegan a Lima con una situación que no se presentó de la misma manera en las anteriores contiendas municipales: uno de los principales protagonistas de la carrera por el Palacio Municipal no aparece formalmente como candidato a alcalde.

Rafael López Aliaga, quien gobernó Lima entre enero de 2023 y octubre de 2025, integra actualmente la lista de Renovación Popular como primer regidor. La inscripción de su candidatura fue habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones después de que el organismo revocara la decisión inicial del Jurado Electoral Especial que había declarado improcedente su postulación.

El escenario cambió cuando Luis Rubio, quien originalmente postulaba a la alcaldía por Renovación Popular, renunció a su candidatura el 4 de agosto. Desde entonces, la lista de Renovación Popular quedó sin un postulante nominal al cargo de alcalde, mientras López Aliaga pasó a convertirse en el rostro central de la campaña municipal.

El punto que el JNE todavía debe resolver

La controversia no está en si López Aliaga puede ser candidato a regidor. El JNE ya permitió su inscripción. El problema está en qué ocurriría si Renovación Popular obtiene la mayor votación para el Concejo Metropolitano.

López Aliaga sostiene que podría asumir la alcaldía porque el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece la sucesión del alcalde por el regidor que corresponda cuando se produce una vacancia o ausencia. Su interpretación es que, al ser primer regidor de la lista ganadora, le correspondería asumir el cargo.

Sin embargo, 14 organizaciones políticas que compiten contra Renovación Popular solicitaron al JNE que establezca de manera expresa si López Aliaga podría recibir la credencial de alcalde en ese escenario. La preocupación de sus adversarios está vinculada además con la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el pleno del organismo deberá debatir el asunto, pero señaló que no existía una fecha definida para adoptar esa decisión. Al mismo tiempo, precisó que el pleno ya había establecido que un alcalde en ejercicio no tiene impedimento para participar como primer regidor. Son, por tanto, dos cuestiones diferentes: la posibilidad de postular como regidor y la eventual posibilidad de recibir posteriormente la credencial de alcalde.

¿Una reelección por otra vía?

La fórmula ha sido calificada por adversarios políticos y especialistas como una “reelección encubierta”, debido a que López Aliaga busca regresar al cargo que ocupó hasta 2025 mediante su incorporación como primer regidor de la lista.

Esa interpretación, sin embargo, es objeto de controversia jurídica. El especialista electoral José Tello ha sostenido que López Aliaga podría asumir si la lista obtiene la victoria, mientras otros sectores cuestionan que esa posibilidad pueda utilizarse para sortear la prohibición constitucional de la reelección inmediata. El propio JNE aún debía fijar una posición específica sobre la entrega de credenciales en este escenario.

La discusión tiene una consecuencia política inmediata: los electores pueden votar por una lista que no presenta un candidato formal a alcalde, pero cuyo primer regidor afirma que podría terminar ocupando ese cargo.

Bruce, Urresti, Allison y una disputa fragmentada

Mientras Renovación Popular concentra la controversia jurídica, la alcaldía es disputada formalmente por 26 agrupaciones políticas. El JNE organizó dos jornadas de debate con los candidatos inscritos y confirmó la participación de 26 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Entre los nombres con mayor presencia en la campaña aparecen Carlos Bruce, de Somos Perú; Daniel Urresti, de Podemos Perú; y Francis Allison, de Avanza País. Los tres han confrontado públicamente con López Aliaga durante la campaña y han cuestionado la situación jurídica creada alrededor de su candidatura como primer regidor.

Bruce, en particular, llegó a plantear que las organizaciones que cuestionaban el caso podían condicionar su participación en el debate municipal a una respuesta del JNE. Finalmente, el debate se realizó y López Aliaga participó en la segunda jornada, aunque bajo su condición formal de candidato a primer regidor.

El voto del 4 de octubre

La elección del próximo domingo definirá al nuevo Concejo Metropolitano y la lista que obtenga la alcaldía de Lima. En el caso de Renovación Popular, el resultado tendrá una particularidad: la organización compite sin un candidato nominal al cargo de alcalde después de la renuncia de Rubio.

Por eso, el resultado electoral podría abrir un segundo capítulo institucional. Si Renovación Popular obtiene la victoria, el JNE tendrá que determinar si López Aliaga, elegido como primer regidor, puede recibir la credencial de alcalde o si corresponde aplicar otra solución jurídica.

La respuesta no solo afectará al exalcalde. Establecerá un criterio para otros casos similares de autoridades que participaron en las elecciones municipales de 2022 y ahora buscan continuar políticamente en sus respectivas jurisdicciones mediante candidaturas a regidores.

Lima, nuevamente en el centro

La importancia de la elección trasciende el cambio de una administración municipal. Lima concentra más de diez millones de habitantes y es el principal escenario económico, político y mediático del país. El control de su municipalidad proporciona una plataforma política de alcance nacional.

A una semana de las urnas, la campaña enfrenta así dos preguntas distintas: quién obtendrá el respaldo ciudadano para gobernar Lima y qué ocurrirá con la lista ganadora de Renovación Popular si esta obtiene el primer lugar.

El antecedente de López Aliaga como alcalde, su actual candidatura como primer regidor y la falta de una definición específica del JNE sobre una eventual credencial de alcalde han convertido esta elección en uno de los principales focos de la disputa electoral de 2026.

Tumbes, 27 de setiembre de 2026.- Las lluvias intensas de febrero marcaron en Tumbes la primera señal concreta de un fenómeno que meses después adquiriría una dimensión mayor. Aunque el ENFEN sitúa el inicio del actual Niño Costero en marzo de 2026, las precipitaciones y crecidas de ríos registradas desde el 18 y 19 de febrero ya habían puesto a prueba la capacidad de respuesta de la región norte.

Río Tumbes puso en riesgo la producción agrícola

Uno de los primeros impactos se produjo en la cuenca del río Tumbes. La crecida del cauce alcanzó niveles críticos y provocó la inundación de aproximadamente 600 hectáreas de cultivos, principalmente en sectores agrícolas de la provincia de Tumbes. El episodio afectó una economía rural altamente expuesta a las variaciones del caudal y a las lluvias procedentes también de la parte alta de la cuenca.

La situación no quedó restringida al campo. Durante la última semana de febrero se registraron calles inundadas, aniegos, interrupciones y restricciones en servicios, además de problemas de transitabilidad en distintos puntos de las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. La dimensión inicial del daño quedó reflejada en el reporte difundido por el COER: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas afectadas —cinco inhabitables—, tres instituciones educativas dañadas y 1.100 metros de vías vecinales deterioradas.

Los distritos incluidos entre los más afectados fueron Tumbes, Corrales, San Jacinto, La Cruz, Casitas, Zarumilla y Aguas Verdes. El incremento de los caudales también generó situaciones de aislamiento. En Zarumilla, por ejemplo, agentes policiales utilizaron drones para localizar y rescatar a cuatro niños que habían quedado rodeados por las aguas en una chacra de cultivo de banano.

La emergencia llegó antes del peor escenario

La respuesta estatal no comenzó después de los desbordes. El Ejecutivo ya había declarado en enero el estado de emergencia en distritos de Tumbes y otras regiones por peligro inminente ante intensas precipitaciones mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM. La medida buscaba habilitar acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente al escenario climático previsto.

Cuando las lluvias se intensificaron, las medidas pasaron del plano preventivo a la atención directa. El sistema de agua potable tuvo restricciones y la Unidad Ejecutora Tumbes desplegó cisternas para atender a unas 3.500 familias. De los 19 vehículos disponibles, nueve se encontraban operativos en puntos estratégicos el 26 de febrero, mientras otros permanecían disponibles o en mantenimiento. También se intensificaron trabajos de limpieza y descolmatación del sistema de alcantarillado.

El sector productivo también ingresó en el esquema de respuesta. El 28 de febrero, un equipo técnico del Ministerio de la Producción se trasladó a Tumbes para coordinar con el COER, INDECI y el Gobierno Regional el registro de daños en el SINPAD. La delegación inspeccionó además el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cancas, cuya operatividad había sido restablecida, mientras se ejecutaban trabajos de drenaje.

La afectación económica potencial iba más allá de la infraestructura urbana. Agricultura y pesca quedaron expuestas a una temporada de lluvias que podía prolongarse. PRODUCE verificó los niveles de los ríos Tumbes y Bocapán y mantuvo el monitoreo de ambos cauces, mientras que las lluvias obligaron a reforzar la vigilancia sobre desembarcaderos y actividades productivas.

La prevención avanzó, pero el riesgo no desapareció

Durante los meses siguientes continuaron las medidas de prevención. En julio, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes informó la culminación de trabajos de descolmatación, limpieza y eliminación de material excedente en drenes, canales y quebradas, intervenciones que, según el sector, beneficiaron a más de 265 familias agricultoras y protegieron cerca de 930 hectáreas de cultivos e infraestructura.

En paralelo, la ANIN informó avances en infraestructura de protección. La quebrada La Jardina, en San Jacinto, cuenta con diques y otras obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones; además, la entidad reportó la implementación del Sistema de Alerta Temprana del río Tumbes, con una población potencial beneficiaria superior a 126 mil personas.

Septiembre abre una nueva etapa de vigilancia

El escenario actual es más exigente que el registrado al comienzo del año. El último comunicado oficial disponible del ENFEN, publicado el 14 de septiembre, mantiene la Alerta de El Niño Costero y proyecta que el fenómeno continúe hasta mediados del otoño de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima la mayor probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

El mismo pronóstico advierte que entre septiembre y noviembre las lluvias en la costa norte podrían ubicarse por encima de lo normal, con episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre. Asimismo, ENFEN prevé que los ríos del norte de la vertiente del Pacífico presenten caudales superiores a lo normal principalmente desde noviembre.

El balance de febrero, por tanto, funciona como una primera fotografía de la vulnerabilidad de Tumbes: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas dañadas, infraestructura educativa golpeada, vías deterioradas y cientos de hectáreas agrícolas bajo el agua. El desafío para las autoridades ya no consiste únicamente en responder a una emergencia, sino en determinar si las obras preventivas, los sistemas de alerta y la capacidad de evacuación y drenaje estarán operativos cuando llegue el periodo de lluvias más exigente previsto por ENFEN.

La disputa por las cabeceras de cuenca en Ayacucho lleva dos años en una mesa técnica, pero los compromisos estatales acumulan retrasos. En Putka, la actividad minera continúa bajo cuestionamiento de las organizaciones agrarias, mientras la protección de Razuhuillca permanece en trámite. El último reporte de la Defensoría registra el caso sin avances durante agosto de 2026.

Ayacucho, 22 de setiembre de 2026.- El conflicto socioambiental de Huanta no se limita a una controversia entre agricultores y operadores mineros. Desde el 25 de septiembre de 2024, la Defensoría del Pueblo registra la exigencia de la población civil y de organizaciones agrarias para paralizar actividades mineras en las zonas altas y proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca. El caso comprende los distritos de Chaca y Huanta y permanece activo.

La importancia del territorio en disputa está relacionada con la función hídrica de Razuhuillca. El sistema de abastecimiento de Huanta se alimenta de un conjunto de cuerpos de agua ubicados en la parte alta de la cuenca del río Huanta, entre ellos Pampaccocha, Yanaccocha, Piscoccocha, Chacaccocha y otros cuerpos asociados. SEDA Ayacucho identifica al sistema Razuhuillca como una fuente de abastecimiento para la provincia y describe una red de aproximadamente 15,9 kilómetros desde la zona alta hasta la infraestructura de tratamiento.

Putka: el punto crítico de la actividad minera

La actividad minera en Putka, distrito de Chaca, es uno de los principales focos de la controversia. La propia Defensoría registra que las organizaciones sociales demandan la paralización de los operadores mineros y la adopción de mecanismos que eviten la contaminación del agua destinada al consumo humano y a la agricultura. En enero de 2026, según la información proporcionada para este informe, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental verificó la existencia de bocaminas en el sector, entre ellas una denominada “Minería Joselito FC”.

El conflicto adquiere una dimensión adicional porque la controversia no involucra únicamente a la minería formal. En reportes anteriores, la Defensoría describió el caso de Huanta como una disputa vinculada a actividades mineras formales e informales próximas a la cuenca de Razuhuillca y señaló la preocupación por la protección de las cabeceras de cuenca.

Dos años de mesa técnica y pocos resultados

La respuesta institucional se ha canalizado principalmente mediante una mesa técnica en la que participan la Federación Agraria Campesina, Indígenas y Nativas de la Provincia de Huanta (FANCINPH), el Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, comisiones de usuarios, regantes y agricultores, además de la Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de Ayacucho. La agenda incluye fiscalización, protección de cabeceras de cuenca y una eventual área de conservación.

El problema aparece al revisar el cumplimiento de los compromisos. Para febrero de 2026 se acordó que la ANA respondiera a la FANCINPH, realizara una reunión técnica sobre la Resolución Directoral N.° 0918-2025-ANA y trabajara mecanismos de protección de las cabeceras. También se encargó a la Dirección Regional de Energía y Minas gestionar resoluciones para paralizar las operaciones mineras de Putka. El último reporte defensorial disponible señala que estos compromisos registraron “sin avances durante el mes” de agosto.

El área de conservación sigue sin concretarse

Una de las principales demandas es la creación del Área de Conservación Regional Razuhuillca. Sin embargo, debe distinguirse entre una propuesta de conservación y un área natural protegida oficialmente creada. El SERNANP establece que las ACR son áreas administradas por los gobiernos regionales y que su establecimiento está sujeto a un procedimiento específico de evaluación.

En el caso de Razuhuillca, la documentación de la mesa técnica contempla que el Gobierno Regional de Ayacucho presente la delimitación y coordenadas de la propuesta, mientras las organizaciones sociales asumieron el compromiso de presentar una propuesta de área de conservación. En el reporte correspondiente a agosto de 2026 no aparece registrado un avance que permita considerar concluido ese proceso.

La brecha entre el anuncio político y el trámite administrativo

La disputa también expone la distancia entre los anuncios de las autoridades y los procedimientos que efectivamente determinan qué actividades pueden continuar. En agosto de 2024, durante la escalada inicial del conflicto, la Defensoría pidió al Ejecutivo una mesa de alto nivel debido al paro y al bloqueo de vías provocado por las protestas contra las actividades mineras en la cordillera de Razuhuillca.

La experiencia posterior muestra que una declaración política de protección del agua no equivale por sí misma al cierre definitivo de operaciones mineras. Las decisiones dependen de procedimientos administrativos, competencias regionales y nacionales, fiscalizaciones y, en determinados casos, de la evaluación de la autoridad minera nacional. Esa cadena institucional explica parte de la diferencia entre lo anunciado públicamente y lo que finalmente ocurre en el territorio.

Un problema que trasciende Huanta

La disputa de Razuhuillca se inserta en una problemática nacional más amplia: la superposición o proximidad de actividades mineras con fuentes de agua y ecosistemas sensibles. Un informe defensorial sobre pequeña minería y minería artesanal advirtió problemas asociados a la superposición de concesiones con recursos hídricos y señaló que el marco vigente no prohíbe expresamente determinadas superposiciones, lo que puede generar conflictos y dificultades de ordenamiento territorial.

Los datos más recientes muestran, además, que la conflictividad socioambiental continúa siendo el principal componente de los conflictos sociales en el país. En agosto de 2026, la Defensoría registró 188 conflictos sociales, de los cuales 138 estaban activos; 84 se encontraban en proceso de diálogo. La institución contabilizó también 187 acciones colectivas de protesta durante ese mes.

Razuhuillca: el conflicto sigue abierto

En Huanta, la discusión ya no gira únicamente alrededor de si existe o no minería en las zonas altas. El punto central es quién garantiza que las actividades económicas sean compatibles con la protección de una fuente hídrica estratégica para la población y la agricultura. Mientras las organizaciones reclaman protección efectiva, las autoridades continúan trabajando mediante mecanismos técnicos y administrativos que, hasta agosto de 2026, no habían producido un cierre definitivo de la controversia.

El dato más relevante del último reporte oficial es precisamente la ausencia de avances. Dos años después de instalada la mesa técnica, la Defensoría mantiene el caso como un conflicto socioambiental activo y registra compromisos pendientes relacionados con la protección de las cabeceras, la fiscalización minera y la propuesta de conservación. En Razuhuillca, el problema no es solamente quién extrae recursos del territorio: es cuánto tiempo puede permanecer sin resolver una disputa sobre el agua que abastece a Huanta.