Carlos Díaz-Rosillo, asesor y amigo de la presidenta, aparece en una fotografía publicada por Fernando Cerimedo, actualmente detenido en Bolivia e investigado por un presunto intento de feminicidio. La conexión abre preguntas sobre los operadores políticos que rodean al Gobierno peruano.

Lima, 29 de agosto de 2026.- Una fotografía publicada por el propio Fernando Gabriel Cerimedo constituye uno de los elementos documentados del vínculo. La imagen, difundida en marzo de 2025, muestra al consultor argentino junto a Carlos Díaz-Rosillo, académico cubano-estadounidense y asesor cercano de la presidenta Keiko Fujimori. Cerimedo presentó aquel encuentro como un desayuno de trabajo.

Díaz-Rosillo dirige el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), institución que incorporó a Fujimori como docente y conferencista. Según declaraciones del propio Díaz-Rosillo recogidas por La República, las actividades académicas de Fujimori le generaron ingresos de US$45.000 durante el periodo reportado.

Del ámbito académico al entorno presidencial

La relación entre Díaz-Rosillo y Fujimori no se limita a aquella actividad académica. La investigación periodística lo identifica como amigo y consejero personal de la mandataria, aunque no ocupa un cargo oficial dentro del Gobierno.

La relevancia de la conexión con Cerimedo radica precisamente en esa posición informal. Díaz-Rosillo aparece como un punto de contacto entre el entorno presidencial peruano y un consultor argentino que ha desarrollado actividades de asesoría política y estrategias digitales en distintos países de la región.

Cerimedo: de estratega digital a detenido en Bolivia

Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia después de que la Fiscalía lo imputara por su presunta participación en un ataque contra su expareja Nadia Beller. La mujer sobrevivió a un atentado ocurrido en Santa Cruz de la Sierra y señaló a Cerimedo como responsable de haberlo ordenado. La defensa del argentino niega las acusaciones.

La investigación boliviana se amplió posteriormente a otros presuntos delitos. Autoridades también investigan posibles hechos de enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos con narcotráfico. Durante los allanamientos, investigadores reportaron el hallazgo de dinero y una infraestructura tecnológica descrita como una “granja de bots”.

El componente político

Antes de su detención, Cerimedo había sido relacionado con campañas y operadores políticos de derecha en América Latina. Fuentes periodísticas lo vinculan con los entornos de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Rodrigo Paz en Bolivia, además de operaciones digitales destinadas a favorecer determinadas candidaturas o atacar a adversarios.

La existencia de esos antecedentes convierte la relación documentada con Díaz-Rosillo en un asunto políticamente relevante. Sin embargo, un vínculo personal o profesional no demuestra que Díaz-Rosillo haya participado en las operaciones digitales atribuidas a Cerimedo, ni que estas hayan sido utilizadas por el Gobierno peruano.

Perú aparece en la investigación regional

La propia investigación de La República señala que Cerimedo tuvo actividad relacionada con el escenario político peruano. Entre los elementos citados figura una publicación de 2021 sobre las actas electorales del extranjero durante la campaña presidencial. También se han difundido investigaciones sobre redes digitales vinculadas con campañas políticas y ataques a opositores.

Pero existe una diferencia fundamental entre haber intervenido en el debate político peruano y haber trabajado para la actual presidenta. Hasta el cierre de esta nota no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Cerimedo haya recibido pagos de Fujimori, contratado servicios directamente con el Gobierno peruano o dirigido operaciones digitales para la mandataria.

Díaz-Rosillo todavía no responde

La República informó que solicitó reiteradamente a Díaz-Rosillo explicaciones sobre su relación con Cerimedo, sin obtener respuesta. Tampoco Keiko Fujimori ha explicado públicamente si conocía esa relación y cuál era su naturaleza.

Estas respuestas son relevantes porque Díaz-Rosillo no es un actor periférico del entorno presidencial: mantiene una relación personal con Fujimori y dirige la institución académica que la contrató como docente.

La pregunta que queda abierta

El hecho comprobado hasta ahora es un vínculo documentado entre Díaz-Rosillo y Cerimedo, mientras que la relación de ambos con el entorno de Keiko Fujimori está sustentada por distintas actividades públicas y declaraciones.

Lo que todavía debe establecerse es qué naturaleza tuvo esa relación, si se mantuvo después de aquel encuentro, si Díaz-Rosillo conocía las actividades políticas y digitales de Cerimedo y si existió alguna conexión adicional con actores políticos peruanos.

Un comando armado interceptó una camioneta en plena ciudad, asesinó a cuatro personas y se llevó a un empresario vinculado a actividades mineras en Pataz. El ataque ocurrió cerca de instalaciones policiales y reabre el debate sobre la efectividad de la respuesta contra el crimen organizado en La Libertad.

Trujillo, 30 de agosto de 2026.- Trujillo amaneció este domingo con una escena que resume la dimensión de la violencia criminal en el norte: cuatro personas asesinadas dentro de una camioneta y un empresario minero secuestrado durante un ataque ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada en la avenida Húsares de Junín, en la urbanización El Recreo.

La víctima del secuestro fue identificada preliminarmente como Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, natural de Chillia, provincia de Pataz, y vinculado a actividades de compra y venta de minerales. Su paradero continúa desconocido.

Falsos policías y una operación dirigida

Los primeros indicios muestran que los atacantes utilizaron prendas similares a los uniformes policiales para interceptar el vehículo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos sacaron a Lara Tantaquilla de la camioneta y posteriormente dispararon contra sus acompañantes.

Las cuatro víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Dos de los fallecidos prestaban servicios de seguridad privada, según información policial difundida por RPP.

El dato que incomoda a la Policía Nacional del Perú

El ataque no ocurrió en una zona aislada. Se produjo a pocos metros de instalaciones vinculadas a la investigación criminal de la Policía, un elemento que aumenta las preguntas sobre la capacidad de prevención y reacción frente a una operación que, por sus características, aparenta haber requerido planificación.

La Policía cerró la zona, recogió evidencias y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad. Además, un equipo de la Unidad de Secuestros de Lima se incorporó a las investigaciones para apoyar la búsqueda del empresario y el esclarecimiento del crimen.

La emergencia vuelve a ser cuestionada

La provincia de Trujillo se encuentra bajo medidas de emergencia orientadas a enfrentar la criminalidad. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió este domingo que el cuádruple asesinato y el secuestro generan dudas sobre la efectividad de las declaratorias de emergencia y exigió a la PNP y al Ministerio Público una investigación prioritaria para identificar y capturar a los responsables.

El Gobierno Regional de La Libertad fue más directo: sostuvo que ha destinado más de S/100 millones para fortalecer a la PNP con patrulleros, tecnología, inteligencia y videovigilancia, pero afirmó que equipar a la institución “no basta” y reclamó resultados, capturas y mayor inteligencia operativa.

Pataz vuelve a aparecer en el mapa

La procedencia del empresario añade otra dimensión al caso. Lara Tantaquilla es natural de Pataz, provincia marcada por una prolongada disputa alrededor de la minería ilegal y organizaciones criminales. Su actividad vinculada al comercio de minerales forma parte de las primeras líneas de investigación, pero todavía no existe una conclusión oficial que determine el móvil del secuestro ni quién ordenó el ataque.

La Policía también deberá determinar si el crimen responde a una organización criminal vinculada con la minería ilegal, a una disputa por actividades económicas o a otro móvil. Las primeras informaciones periodísticas mencionan posibles líneas de investigación relacionadas con bandas que operan en Trujillo, pero esas hipótesis todavía no deben presentarse como responsables confirmados.

La indignación vuelve a las redes

Mientras las autoridades investigan, la indignación se trasladó rápidamente a las redes sociales. En Facebook y plataformas de video circulan imágenes del ataque y reclamos ciudadanos por una respuesta más contundente frente a los secuestros, extorsiones y asesinatos que afectan a Trujillo y otras ciudades del norte.

Más allá de la conversación digital, el caso plantea una pregunta concreta: ¿de qué sirve declarar una zona en emergencia y aumentar el equipamiento policial si una operación criminal de esta magnitud puede ejecutarse en plena ciudad y cerca de instalaciones policiales?

La respuesta no puede quedarse en el operativo posterior

La PNP tiene ahora dos tareas inmediatas: encontrar con vida al empresario secuestrado y capturar a los responsables del cuádruple asesinato. Pero el caso también obliga a evaluar la inteligencia previa, la vigilancia urbana, la capacidad de reacción y la coordinación entre las unidades policiales y el Ministerio Público.

La violencia criminal ya no se limita a los territorios donde operan las organizaciones vinculadas a la minería ilegal. La pregunta para el Estado es si está logrando impedir que esa violencia se desplace hacia el corazón de las ciudades del norte.

Loreto, 30 de agosto de 2026.- El Estado peruano delega en el mercado privado una responsabilidad que la Constitución le asigna como política de Estado. Mientras el diésel supera los 24 soles por galón en planta mayorista y los grifos de Lima cobran hasta 27,99 soles, las regiones amazónicas enfrentan desabastecimiento crónico y precios que rozan los 30 soles. El gobierno de Keiko Fujimori, en funciones desde el 28 de julio, respondió con un subsidio temporal del 15% al 20% para transportistas, una medida que alivia el bolsillo de corto plazo pero que no modifica la estructura de un país que importa el 84% del petróleo que consume.

La paradoja golpea con fuerza en Ucayali y Loreto. Estas regiones pagan los combustibles más caros del país a pesar de tener a la refinería de Manaos, operada por el Grupo Atem brasileño, a pocas horas de navegación fluvial. La propuesta de importar diésel brasileño a precios entre 15,80 y 16,50 soles por galón mediante una ruta de 60 días choca contra la burocracia del Ministerio de Energía y Minas y de Osinergmin, que priorizan el abastecimiento desde Petroperú aun cuando esta vía resulta insuficiente y más costosa para la población de la selva.

Perú extrae alrededor de 37 mil barriles de petróleo por día, una cifra que representa una caída del 23% respecto a julio del año pasado y que apenas cubre una fracción de la demanda nacional. El déficit estructural obliga al país a importar combustible a precios internacionales, expuesto a la volatilidad del crudo y del tipo de cambio, sin contrapesos estatales que amortigüen el impacto en los precios finales. La dependencia no es coyuntural: se construyó durante años de desinversión y abandono de la actividad exploratoria.

El territorio peruano alberga 18 cuencas con potencial hidrocarburífero, pero la exploración se desplomó. Entre 2021 y 2025 solo se ejecutaron tres perforaciones exploratorias, frente a las 47 registradas entre 2011 y 2015, según datos de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y del Instituto Peruano de Economía. La inversión anual en el sector promedió 450 millones de dólares en la última década, muy por debajo de los 1.400 millones anuales que se movilizaban entre 2004 y 2014. Desde 2017, además, no se firma ninguna licencia de exploración nueva.

Petroperú, que debería ser el brazo ejecutor de la soberanía energética del Estado, atraviesa una crisis de refinación y abastecimiento que la ha convertido en distribuidora de combustibles importados. El Decreto de Urgencia 010-2025 dispuso la reorganización patrimonial de la empresa y encargó a ProInversión el diseño de su concesión a operadores privados. La Defensoría del Pueblo impugnó la medida ante el Tribunal Constitucional, que dejó al voto la demanda en agosto de 2026. Si la norma se confirma, el rol estatal en el sector se reducirá aún más.

El marco regulatorio existe, pero está calibrado para el capital privado. La Ley Orgánica de Hidrocarburos y su reglamento facilitan concesiones y contratos de licencia a empresas internacionales, no una inversión estatal agresiva en exploración y producción. Chevron, que entró en 2025 a los lotes offshore Z-61, Z-62 y Z-63 frente a la costa norte, evalúa ahora su retiro del país apenas un año después de llegar. Un ejecutivo de Perupetro reconoció que los trámites de consulta previa y permisos pueden extenderse entre 10 y 15 años, un plazo que desincentiva la inversión extranjera en exploración.

El gobierno anunció un subsidio temporal de entre 15% y 20% en el precio del diésel para transportistas, con vigencia de tres meses. La medida calma el efecto social inmediato del encarecimiento de los combustibles, pero no altera la raíz del problema: Perú seguirá dependiendo de importaciones para cubrir la mayor parte de su demanda de petróleo. El ministerio de Energía y Minas presentó además un nuevo reglamento de exploración y explotación para reemplazar una norma vigente desde 2004, con modificaciones orientadas a agilizar proyectos y atraer inversión privada. La administración Fujimori fijó la meta de reducir la dependencia de productos refinados importados del 75% al 50% hacia 2031, pero sin anunciar un programa masivo de inversión estatal en exploración.

La propuesta de importar diésel desde Manaos hasta Pucallpa ofrece una alternativa logística viable para la selva, aunque no resuelve el problema de fondo. Cambiar la dependencia de Petroperú por la dependencia del Grupo Atem brasileño no es soberanía energética: es sustituir un proveedor externo por otro. El artículo 60 de la Constitución permite al Estado realizar actividad empresarial por ley expresa, y de hecho lo hace a través de Petroperú y Perupetro. La barrera no es legal, sino política: no existe voluntad para priorizar la inversión estatal en exploración y producción como política de seguridad nacional.

El incremento del diésel a más de 24 soles por galón en agosto de 2026 demuestra que el mercado no garantiza abastecimiento a precios justos cuando el Estado abdica de su rol estratégico. Mientras Perú no reconstruya su capacidad de exploración, producción e industrialización de hidrocarburos, seguirá a expensas de la volatilidad internacional y del poder de fijación de precios de las empresas importadoras. La soberanía energética no se delega en el mercado: se construye con inversión estatal estratégica y políticas de Estado de largo plazo.