Una reciente encuesta de Ipsos para las elecciones presidenciales de Perú 2026 muestra un escenario competitivo pero fragmentado entre los candidatos de derecha. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera con un 8-12%…
Economía
Economía peruana pierde impulso y preocupa meta del 2026

La producción nacional creció apenas 2,43 % en septiembre, afectada por las caídas de la minería y el agro. Aunque el país acumula una expansión de 3,18 % entre enero y septiembre, el menor dinamismo y los efectos del fenómeno
Lima, 15 de noviembre de 2026.- La economía peruana perdió dinamismo en septiembre y registró un crecimiento interanual de apenas 2,43 %, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicado este domingo. El resultado quedó por debajo de las expectativas de los analistas del mercado y reabre las preocupaciones sobre el cumplimiento de la proyección de crecimiento económico para 2026.
Minería y agro golpean la producción nacional
El retroceso de dos actividades fundamentales para la economía peruana explica buena parte del resultado. El sector Minería e Hidrocarburos cayó 6,32 % en septiembre, mientras que el sector Agropecuario retrocedió 5,44 %, de acuerdo con las cifras del INEI.
En la actividad minera, la menor extracción de cobre (-9 %), zinc (-21,1 %), oro (-6,4 %), plata (-11,8 %) y plomo (-11,1 %) incidió en el resultado negativo. La caída de la producción agrícola también estuvo vinculada a condiciones climáticas adversas y precipitaciones superiores a sus promedios históricos.
Obviamente estos resultados tienen que ver también con el liderazgo gubernamental de la presidencia de la República y algunas decisiones tomadas muy pegado al conservadurismo económico en contra del bolsillo de los trabajadores del país.
El impacto del fenómeno El Niño constituye un factor adicional de preocupación, debido a sus efectos que tendrá sobre la agricultura, la pesca y otras actividades productivas. La reducción de la producción agrícola amenaza también los ingresos de los productores y la disponibilidad de determinados alimentos.
Comercio y construcción sostienen el crecimiento
En contraste con los sectores primarios, otras actividades registraron resultados positivos. El comercio creció 6,29 %, mientras que la construcción avanzó 8,84 % respecto a septiembre del año anterior, según los datos difundidos por Reuters y el INEI.
El crecimiento de la construcción estuvo relacionado con el mayor consumo interno de cemento, que aumentó 12,22 %, y el avance físico de obras públicas, que registró una expansión de 1,14 %. También destacaron actividades como electricidad, gas y agua, que crecieron 7,22 %.
¿Está en riesgo la meta económica del 2026?
Entre enero y septiembre, la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,18 %, mientras que la variación de los últimos doce meses llegó a 3,22 %. Sin embargo, el resultado mensual de septiembre refleja una desaceleración que obliga a observar con atención el comportamiento de la economía durante el último trimestre.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revisó en septiembre su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,4 % a 3,2 %, considerando principalmente los mayores riesgos asociados al fenómeno El Niño. La autoridad monetaria estimó que este evento climático tendría un impacto negativo sobre la actividad productiva, especialmente en sectores como agricultura y pesca.
El desafío económico del país no se limita a mantener las cifras de crecimiento. También está en juego la capacidad de sostener la producción, proteger los ingresos de los trabajadores y pequeños productores y evitar que los impactos climáticos profundicen las dificultades de las actividades económicas vinculadas al mercado interno.
Los próximos resultados oficiales permitirán determinar si la economía recupera el ritmo necesario para aproximarse a la proyección del BCRP. Mientras tanto, la caída de la minería y el agro deja en evidencia la vulnerabilidad de la producción nacional frente a los problemas sectoriales y los fenómenos climáticos.
Economía
Colegio de Economistas contra pensión docente de S/3.500: solicita revisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581. El Congreso deberá defender la norma en un plazo de 30 días útiles. La controversia enfrenta los argumentos de sostenibilidad fiscal con el derecho de los maestros jubilados a una pensión digna.
Lima, 5 de noviembre de 2026.- La mejora de las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del Perú enfrenta un nuevo cuestionamiento judicial. El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, que establece una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial. El Congreso de la República tendrá 30 días útiles, contados desde la notificación de la resolución, para presentar sus argumentos y defender la norma.
La decisión está contenida en el expediente 00021-2026-PI/TC, mediante un auto de admisibilidad del 20 de octubre. La admisión no significa que el TC haya declarado inconstitucional la ley ni que el beneficio haya quedado suspendido. Se trata del inicio del proceso en el que se evaluarán los argumentos del demandante y la respuesta del Parlamento.
¿Por qué el Colegio de Economistas cuestiona la pensión docente?
El Colegio de Economistas de Lima sostiene que la Ley 32581 vulnera principios constitucionales relacionados con la sostenibilidad financiera de los regímenes pensionarios, la igualdad ante la ley, el equilibrio presupuestario y la separación de poderes. También cuestiona que el Congreso haya aprobado una obligación económica para el Estado sin contar con iniciativa de gasto, atribución que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo en los términos establecidos por su artículo 79.
Otro de sus argumentos es que la norma establece una vinculación directa y permanente entre las pensiones de los docentes cesantes y un componente remunerativo de los maestros en actividad. Según el gremio, esta fórmula podría generar incrementos pensionarios automáticos y proporcionales, reproduciendo un mecanismo de nivelación pensionaria que considera incompatible con la Constitución.
Para sustentar su posición, el Colegio cita estimaciones de impacto fiscal elaboradas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y afirma que la ley crea compromisos financieros de gran magnitud sin identificar una fuente específica de financiamiento. También cuestiona que los maestros jubilados reciban un tratamiento diferenciado respecto de pensionistas de otras profesiones. Estos son argumentos de la parte demandante y no conclusiones del Tribunal Constitucional. TC+1
¿Qué interés tiene el Colegio de Economistas en esta controversia?
La intervención del Colegio de Economistas tiene un fundamento institucional: el artículo 203, inciso 8, de la Constitución reconoce a los colegios profesionales legitimidad para presentar demandas de inconstitucionalidad en materias relacionadas con su especialidad. En este caso, el gremio ha decidido intervenir en una discusión sobre obligaciones previsionales, presupuesto público y sostenibilidad financiera.
Sin embargo, la controversia también merece una lectura desde la economía política. La defensa del equilibrio fiscal es una obligación del Estado, pero no debería convertirse en un argumento absoluto para limitar mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores jubilados. La discusión debe incorporar tanto el costo presupuestario de la medida como la situación económica de los docentes que dedicaron décadas de trabajo al sistema educativo público.
La pregunta de interés ciudadano es por qué el debate sobre la disponibilidad de recursos públicos suele concentrarse en las obligaciones sociales y previsionales, y qué criterios se utilizan para establecer prioridades en la distribución del presupuesto nacional. Esto no supone atribuir al Colegio intereses particulares o motivaciones ocultas, sino exigir que sus argumentos económicos sean contrastados con información transparente sobre el gasto público, las necesidades de los pensionistas y las alternativas de financiamiento.
¿La demanda pone en riesgo el beneficio de los maestros?
La Ley 32581 fue publicada el 15 de abril de 2026, después de que el Congreso aprobara su promulgación por insistencia frente a las observaciones del Poder Ejecutivo. Su finalidad es garantizar que los maestros jubilados y cesantes comprendidos en los regímenes establecidos por la norma reciban una pensión equivalente a la primera escala magisterial. Esta referencia asciende a S/ 3.500,70 para una jornada de 30 horas y S/ 4.667,60 para una de 40 horas.
No obstante, existe otro problema pendiente: la reglamentación de la ley. La norma otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días calendario para aprobarla. Al 5 de noviembre de 2026, todavía se reportaba que no había sido publicada. Esta situación mantiene pendiente la definición de los mecanismos administrativos y financieros para ejecutar el beneficio.
El costo fiscal frente al derecho a una jubilación digna
La discusión económica también tiene antecedentes. El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que la medida podría representar un costo aproximado de S/ 5.600 millones anuales para el Estado, según información difundida por Gestión. Esta estimación constituye una advertencia sobre el impacto presupuestario y debe contrastarse con los cálculos oficiales de las entidades responsables.
El debate, por tanto, no debería reducirse a una confrontación entre economistas y maestros, ni a aceptar que toda obligación social constituye automáticamente una amenaza para las finanzas públicas. Corresponde al Estado transparentar los costos, evaluar las fuentes de financiamiento y explicar cómo compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la protección social de quienes dedicaron su vida a la educación.
La controversia continuará en el Tribunal Constitucional, donde el Congreso deberá responder los argumentos del Colegio de Economistas. Mientras no exista una sentencia sobre el fondo, la Ley 32581 continúa vigente. Lo que está en discusión es si el mecanismo aprobado por el Parlamento se ajusta a la Constitución y cómo se hará efectivo el derecho previsional que reconoce la norma.
Economía
Crisis bancaria podría provocar la salida de Santiago Peña del Gobierno paraguayo

La intervención de Ueno Bank dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desató protestas en Paraguay. La oposición presentó un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos.
Anunción, 4 de noviembre de 2026.- La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank amenaza con convertirse en una de las mayores turbulencias políticas del Gobierno de Santiago Peña. El colapso de la entidad, que afecta a cerca de 2,9 millones de clientes, provocó protestas de ahorristas, cuestionamientos a las autoridades financieras y la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario paraguayo.
La oposición formalizó la acusación el miércoles 4 de noviembre, con el respaldo de 35 diputados, y solicitó convocar a una sesión extraordinaria para debatir la continuidad de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa busca establecer responsabilidades políticas por la crisis bancaria y por los presuntos vínculos entre el Gobierno y el grupo empresarial propietario de la entidad.
El escenario representa un desafío para el Ejecutivo, aunque la salida del presidente todavía no está definida. Para que el juicio político avance, la Cámara de Diputados necesita reunir 53 votos de sus 80 integrantes. Posteriormente, el Senado tendría que alcanzar una mayoría de dos tercios para disponer la destitución.
Ueno Bank: una crisis que golpea a millones de paraguayos
El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa financiera.
La decisión dejó fuera de servicio las operaciones de la entidad, incluidas las tarjetas, las aplicaciones digitales y las sucursales. Cerca de tres millones de personas quedaron sin acceso inmediato a sus cuentas, lo que generó incertidumbre entre trabajadores, comerciantes, empresas y ahorristas.
La situación también alcanzó al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, la entidad financiera gestionaba el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados.
Sin embargo, la exposición de esos recursos no significa que los fondos previsionales hayan desaparecido. La situación de las inversiones deberá esclarecerse durante el proceso de resolución y las investigaciones correspondientes.
El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante. Las autoridades paraguayas también anunciaron medidas para acelerar la devolución de parte de los ahorros y reducir el impacto sobre los usuarios afectados.
Los vínculos de Santiago Peña bajo cuestionamiento
Uno de los principales cuestionamientos políticos apunta a los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, conglomerado que controla Ueno. El mandatario fue accionista de ese grupo hasta marzo de 2025, según información difundida por Reuters.
También se encuentra bajo escrutinio la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay, debido a que anteriormente había encabezado Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en banco.
Carvallo presentó su renuncia en medio de la crisis, mientras que las autoridades judiciales iniciaron investigaciones para determinar posibles responsabilidades en el deterioro financiero de la institución.
Los cuestionamientos contra Peña fueron incorporados al pedido de juicio político, que incluye acusaciones de presunto conflicto de intereses, irregularidades regulatorias y exposición de recursos previsionales. Estas imputaciones corresponden a los argumentos de los legisladores que impulsan la destitución y deberán ser examinadas por las instancias correspondientes; no constituyen, por sí mismas, responsabilidades judiciales demostradas.
Protestas y creciente descontento social
La crisis bancaria también trasladó el conflicto a las calles. En Asunción, ahorristas y ciudadanos afectados protagonizaron manifestaciones para exigir respuestas de las autoridades y reclamar la devolución de su dinero.
Las protestas reflejan la preocupación de miles de familias que utilizaban Ueno Bank para recibir sus salarios, realizar pagos y administrar sus ahorros. Entre los reclamos también aparecieron exigencias de transparencia y responsabilidades políticas por la situación de la entidad.
La indignación social aumentó con las denuncias sobre el uso de recursos públicos y previsionales en operaciones financieras con el banco. La crisis dejó de ser un problema exclusivamente bancario y pasó a convertirse en un cuestionamiento a los mecanismos de supervisión y control del Estado.
¿Está en riesgo la continuidad de Santiago Peña?
La presentación del pedido de juicio político abre un nuevo frente de confrontación para el Gobierno paraguayo. Aunque la oposición consiguió reunir 35 firmas, todavía necesita alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados para formular formalmente la acusación y remitirla al Senado.
El Partido Colorado mantiene una posición mayoritaria en el Congreso, aunque algunos legisladores disidentes respaldaron la iniciativa contra Peña. Ese escenario podría generar tensiones dentro del oficialismo y convertirse en un factor determinante para el futuro político del mandatario.
Mientras tanto, el presidente ha pedido priorizar los intereses de los ahorristas y ha anunciado medidas para acelerar la devolución de los depósitos. También sostuvo que las irregularidades que se determinen deberán ser investigadas y sancionadas.
La crisis de Ueno Bank, sin embargo, ya ha debilitado políticamente al Ejecutivo y puesto bajo presión a las instituciones responsables de supervisar el sistema financiero.
La continuidad de Santiago Peña dependerá ahora de la evolución de las investigaciones, de la respuesta del Gobierno a los afectados y, especialmente, de los votos que consiga la oposición en el Congreso. Lo que comenzó como una crisis bancaria amenaza con convertirse en una crisis de gobernabilidad en Paraguay.
Economía
Paraguay: crisis de Ueno Bank desata protestas contra Peña

La intervención del banco dejó sin acceso a sus cuentas a millones de clientes y comprometió fondos públicos. Ahorristas y jubilados salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de su dinero y responsabilidades políticas al Gobierno.
Asunción, 4 de noviembre de 2026.- La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, desencadenó protestas de ahorristas y jubilados en la capital, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir la devolución de sus depósitos, cuestionar al Gobierno de Santiago Peña y reclamar responsabilidades por la crisis que dejó bloqueadas las operaciones bancarias de aproximadamente 2,9 millones de clientes.
La decisión fue adoptada el 2 de noviembre por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que inició el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido. La medida implicó la suspensión de los servicios bancarios, incluidas las operaciones mediante tarjetas, cajeros automáticos y plataformas digitales.
Ahorristas enfrentan a la Policía y exigen respuestas
El martes 3 de noviembre, las protestas se concentraron en el microcentro de Asunción, especialmente en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. Los manifestantes exigieron la devolución íntegra de sus ahorros y cuestionaron los mecanismos anunciados por las autoridades para recuperar los depósitos. La movilización, que comenzó pacíficamente, derivó en incidentes, forcejeos y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso.
Otra concentración se desarrolló frente a Mburuvicha Róga, residencia oficial del presidente Santiago Peña. Allí, los manifestantes expresaron su rechazo a la gestión gubernamental y exigieron el juicio político y la salida del mandatario, en medio de cuestionamientos por los vínculos políticos y empresariales relacionados con la entidad financiera.
Fondos públicos y jubilaciones en el centro de la crisis
Uno de los aspectos más delicados es la exposición de recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, alrededor de 32.000 jubilados utilizaban esta entidad para recibir sus pensiones.
Ante la preocupación de los beneficiarios, el IPS aseguró que los pagos de jubilaciones y aguinaldos se realizarán conforme al calendario establecido y anunció que inició las gestiones para trasladar las cuentas de los pensionistas a otra institución financiera. Sin embargo, la recuperación de las inversiones institucionales comprometidas constituye otro problema que deberá resolverse.
El Banco Central anunció que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante. Asimismo, comunicó que se efectuará un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes a los ahorristas, mientras se establecen los siguientes mecanismos de devolución.
Vínculos políticos y responsabilidades bajo investigación
La crisis también ha abierto cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y la entidad financiera. El presidente Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a petición del mandatario, había dirigido anteriormente Ueno Bank.
La investigación sobre las operaciones crediticias vinculadas al grupo empresarial, la supervisión financiera y las decisiones que condujeron al deterioro patrimonial de la entidad serán determinantes para establecer responsabilidades. El Ministerio Público también intervino en el caso y ordenó detenciones de directivos vinculados al banco.
La crisis deja en evidencia la dimensión social de una intervención bancaria: detrás de los indicadores financieros se encuentran millones de personas que necesitan acceder a sus ahorros, trabajadores que deben cumplir obligaciones económicas y jubilados que esperan cobrar sus pensiones. Mientras avanzan las investigaciones, los afectados exigen transparencia, recuperación de sus fondos y garantías de que los recursos públicos no terminarán perjudicados.
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