Lima, 11 de diciembre de 2025.- El presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), defendió hoy un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el uso de armas contra manifestantes que atenten contra “activos críticos”, como aeropuertos o carreteras. Sostuvo que las investigaciones abiertas contra los agentes constituyen una “persecución política”.

Presentado el 31 de octubre como el Proyecto de Ley N.º 13048/2025-CR, la iniciativa propone modificar el artículo 20 del Código Penal para incorporar una exención explícita por acciones “reglamentarias” que causen lesiones o muerte en defensa de bienes estatales o privados. Además, incluye una disposición transitoria con efectos retroactivos para los hechos ocurridos durante las protestas posteriores al autogolpe de Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Durante un homenaje a las FF.AA. y a la PNP, Rospigliosi insistió en desactivar el Equipo Especial de Fiscales contra la Violencia en las Protestas Sociales (EFICAVIP), integrado por 74 fiscales que investigan a más de 1.300 efectivos. Alegó que dicho grupo vulnera “los derechos humanos de los agentes del orden”, mientras —según dijo— los “provocadores de disturbios” permanecen impunes. La propuesta, actualmente en debate en las comisiones de Justicia y de Defensa, aguarda los informes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa pasa por alto los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, que registró al menos 50 civiles fallecidos por el uso directo de la fuerza durante las protestas de 2022-2023 —incluidas masacres como la de Ayacucho (diciembre de 2022, 10 muertos) y la de Juliaca (enero de 2023, 18 muertos)—. A ellos se suman 11 civiles muertos por accidentes relacionados con bloqueos, lo que da un total de 62 víctimas. Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 1.301 heridos civiles al 17 de febrero de 2023 —908 durante 2023 y 393 en diciembre de 2022—, mientras que la PNP contabilizó 580 agentes heridos al 20 de enero.

Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentaron que 15 de las 18 muertes en Juliaca fueron causadas por disparos de armas letales y tres por perdigones, desmintiendo las versiones oficiales sobre “autodefensa”. Ambas entidades alertaron, además, sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en un contexto donde la mayoría de las 477 protestas registradas fueron pacíficas. La norma propuesta no diferencia entre uso proporcional de la fuerza y abusos, lo que podría derivar en el archivamiento de procesos por homicidio calificado y lesiones graves en regiones como Puno, Apurímac, Ayacucho y Arequipa, que concentraron el 80% de las víctimas civiles.

Organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificaron el proyecto como una “amnistía encubierta” que perpetúa la impunidad. Recordaron que guarda similitud con la ley de amnistía promulgada en agosto de 2025 —también impulsada por Rospigliosi—, rechazada por la CIDH y la Corte Interamericana por contravenir los estándares internacionales que prohíben el perdón en casos de violaciones graves, como las esterilizaciones forzadas o las ejecuciones en Accomarca y Barrios Altos.

Familiares de víctimas en Ayacucho y Juliaca denunciaron que la ley “borra la responsabilidad del Estado” por las 49 muertes de manifestantes y transeúntes documentadas por la Defensoría, obstruye el acceso a la justicia y envía un mensaje fallido respecto a la garantía de no repetición. Expertos de la ONU y de Amnistía Internacional advirtieron que medidas aplicadas de forma retroactiva contravienen la Convención Americana y podrían agravar la crisis política, profundizando la desconfianza en un Congreso ya cuestionado por su legitimidad tras la caída del gobierno de Pedro Castillo Terrones.

El debate en el Pleno, previsto para las próximas semanas, podría profundizar aún más la tensión en el país, mientras la rendición de cuentas por estas violaciones continúa pendiente ante instancias internacionales.

En las alturas de Andahuaylas, Apurímac, donde el viento andino susurra en quechua Chanka, nació Clíver Huamán Sánchez, conocido en el mundo digital como Pol Deportes. Con apenas tres años, influenciado por su padre Victoriano, quien participaba en radios locales, el joven soñó con narrar goles como un puente entre su herencia cultural y la pasión por el fútbol. Creciendo en la chacra familiar, sin acceso a estadios ni internet estable, Clíver incorporó el quechua Chanka a sus primeras transmisiones improvisadas, trabajando en los campos de quinua mientras relataba partidos locales. Esta identidad indígena no fue un obstáculo, sino el núcleo de su estilo: un relato vibrante que fusiona el ritmo ancestral con la adrenalina del deporte, convirtiéndolo en un símbolo de orgullo para la población andahuaylina.

Sus inicios en las transmisiones deportivas locales fueron humildes pero impactantes. A los 13 años, Clíver cubría partidos del Club Deportivo Los Chankas, equipo de su tierra que hoy milita en Primera División, narrando desde las gradas con un micrófono casero y su hermano Kenny como manager. En 2024, su dominio del quechua Chanka lo catapultó a la televisión nacional: TVPerú lo destacó en una entrevista donde relató jugadas en su lengua materna, y ATV lo invitó a improvisar tras un Universitario vs. Los Chankas. Ese año, Peter Arévalo lo respaldó en un relato televisado, pero el punto de inflexión llegó con la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Viajando 18 horas desde Andahuaylas a Lima, sin acreditación de Conmebol, Pol Deportes escaló el Cerro Puruchuco para transmitir en vivo por TikTok, gritando goles en quechua Chanka ante miles de seguidores. El video se viralizó, posicionándolo como el narrador que lleva las raíces andinas al corazón del fútbol sudamericano.

Hoy, a sus 16 años, Pol Deportes ha escalado a los escenarios de máximo nivel, llevando su identidad quechua Chanka a Europa. En diciembre de 2025, durante su viaje a España, narró un gol del Atlético de Madrid ante PSV en la Champions League desde la cabina de Radio Marca, intercalando frases en quechua que dejaron boquiabiertos a periodistas españoles: «¡Eres un fenómeno, tío!», exclamaron, celebrando la frescura de su estilo. Desde el Santiago Bernabéu, rodeado de la comunidad peruana en Madrid, Clíver no solo cumplió el sueño de relatar en la élite, sino que globalizó su herencia Chanka, generando orgullo en hablantes de lenguas originarias y becas para estudiar periodismo. Su trayectoria, de la sierra apurimeña a los reflectores internacionales, inspira a una nueva generación: el fútbol no tiene fronteras, pero sí raíces que Pol Deportes defiende con cada narración.

Tegucigalpa, 9 diciembre 2026.– La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este lunes que su país no reconocerá unas elecciones “marcadas por la manipulación, el chantaje y la abierta injerencia extranjera”, en referencia al proceso del 30 de noviembre donde, según resultados preliminares, el candidato respaldado por Donald Trump, Nasry Asfura, aparece como virtual ganador. En un mensaje a la nación, Castro afirmó que “un pueblo soberano no se arrodilla ante ninguna potencia extranjera” y adelantó que presentará denuncias formales ante la ONU, la OEA y la CELAC para exigir la anulación total del proceso.

El detonante de la crisis fue el indulto presidencial otorgado por Donald Trump al narcotraficante convicto y ex presidente Juan Orlando Hernández, apenas 48 horas antes de los comicios. Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por introducir más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado y recibido como héroe por sectores del Partido Nacional, el mismo que postula a Asfura. Para el gobierno hondureño y amplios sectores populares, esta decisión constituye una intervención descarada de Washington para imponer un gobierno afín en Centroamérica, repitiendo el patrón del golpe de 2009 y el fraude de 2017.

Desde Perú, país que también ha sufrido históricas intromisiones extranjeras en sus procesos democráticos, se observa con solidaridad la resistencia del pueblo hondureño. La soberanía no es negociable: ningún país, por poderoso que sea, tiene derecho a decidir con indultos, amenazas de sanciones o manipulación de sistemas electorales quién debe gobernar a otro pueblo. Honduras hoy levanta la voz que América Latina entera necesita escuchar: la dignidad nacional no está en venta.