Bolivia atraviesa su peor crisis política desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos violentos y una coalición de sindicatos, campesinos, mineros y maestros que ha convergido en una sola demanda: la renuncia del presidente.

A seis meses de asumir el cargo, el presidente Paz se encuentra asediado por protestas y bloqueos que mantienen cercada a la capital política del país. Tras dos semanas de cortes de rutas liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores mineros, el ingreso de alimentos y combustible a La Paz continúa paralizado.

Desde inicios de mayo de 2026, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas se han levantado contra el Gobierno, exigiendo aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas estatales e incluso la renuncia del presidente.

Los actores y sus demandas

La protesta es de naturaleza multisectorial. La Central Obrera Boliviana (COB) encabeza las movilizaciones. Su máximo dirigente, el minero Mario Argollo, señaló que la preocupación de su sector ya no es el incremento salarial del 20%, sino las reformas y nuevas leyes anunciadas por el Ejecutivo que, según el sindicalista, servirán para privatizar las empresas estatales y servicios básicos.

Estas organizaciones han reducido sus exigencias a un solo punto: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La COB ratificó la continuidad del paro movilizado indefinido, instruido en un Cabildo Nacional, y convocó a federaciones, centrales obreras departamentales (COD) y regionales (COR) a participar en jornadas de marchas y bloqueos.

A las protestas también se sumaron los maestros en Santa Cruz, que realizaron huelgas y se encadenaron en oficinas públicas para exigir mejoras salariales y participación en una nueva ley educativa.

En cuanto a los campesinos, el dirigente Alejandro Yura declaró a la agencia EFE que su sector ya no busca el diálogo con el Gobierno, sino la renuncia del mandatario, algo por lo que, según afirmó, pelearán hasta las últimas consecuencias.

El impacto humanitario y económico

Los manifestantes han cerrado casi todos los accesos a La Paz e impiden el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos. Según el Gobierno, como consecuencia de los bloqueos, hasta el momento han muerto tres personas, incluida una ciudadana de Belice, que no pudieron recibir atención médica oportuna. La Cámara Nacional de Industrias advirtió que las protestas y bloqueos generan pérdidas económicas de entre 50 y 60 millones de dólares al día.

El operativo del 16 de mayo

Desde la madrugada del sábado 16 de mayo, más de 3.500 policías y militares intentaron dispersar las manifestaciones. Al menos 57 personas fueron detenidas en ese operativo. Las fuerzas estatales intentaron dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes; sin embargo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que en la madrugada del domingo aún persistían 22 puntos de bloqueo, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz.

La posición del Gobierno y la respuesta internacional

El Ejecutivo rechaza categóricamente las demandas de renuncia. El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero que hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia. El Gobierno de Paz denunció además un supuesto plan diseñado por el expresidente Evo Morales para romper el orden constitucional, financiado presuntamente por el narcotráfico. Morales rechazó esas declaraciones y respaldó públicamente a los manifestantes.

En el plano internacional, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron una declaración conjunta sobre la situación humanitaria en Bolivia, rechazando toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y exhortando a los actores políticos y sociales a privilegiar el diálogo y la paz social. El gobierno boliviano agradeció además el apoyo del presidente argentino Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules para tareas humanitarias.

Contexto: el fin de dos décadas del MAS

Rodrigo Paz puso fin a casi 20 años de gobiernos de izquierda en Bolivia, mostrando una línea muy distinta a la del expresidente Evo Morales. Como primera medida, puso fin al subsidio a los combustibles, lo que hizo subir el precio de la gasolina y el diésel. Pero el gobierno importó gasolina de baja calidad que desató protestas de los transportistas por daños a sus vehículos, lo que forzó la renuncia del ministro de Hidrocarburos. La falta de dólares sigue castigando a la economía y las reformas prometidas por Paz están demoradas.

Más de 150,000 productores convocan paro nacional para el 25 de mayo de 2026 ante el colapso de precios y la avalancha de importaciones que amenazan la subsistencia del campo nacional

El sector arrocero del Perú enfrenta su crisis más profunda en años recientes. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la producción nacional de arroz alcanzó en 2024 las 3,56 millones de toneladas, un incremento de 5,5% respecto al año anterior, cultivadas en aproximadamente 426,000 hectáreas distribuidas entre la Costa (53%) y la Selva (47%), representando el 13% del área agrícola nacional. La campaña 2024/2025 cerró incluso con 3,7 millones de toneladas de arroz cáscara, con una superficie cosechada superior a 430,000 hectáreas, consolidando al arroz como uno de los pilares de la producción agrícola nacional. Sin embargo, esa abundancia productiva contrasta dramáticamente con la quiebra silenciosa del productor: los precios que reciben los agricultores se han desplomado hasta apenas S/0,50 a S/0,60 por kilo de arroz, golpeando a más de 150,000 productores pese al alza sostenida de los costos de fertilizantes y petróleo. Ante este panorama, la Confederación Nacional del Arroz y múltiples juntas de regantes de las principales regiones productoras han convocado un paro nacional para el lunes 25 de mayo de 2026, con amenaza de hacerse indefinido si el Ejecutivo no responde con medidas concretas.

El arroz no es un cultivo menor en la economía peruana. El grano representa el 10,6% del Valor Bruto de la Producción Agrícola (VBPA), generando más de S/2,000 millones anuales, ubicándose en el tercer lugar tras el arándano (11,7%) y la papa (10,9%). El consumo anual per cápita alcanza los 65 kilogramos, la cifra más alta de América Latina y la segunda a nivel mundial, solo por detrás de países asiáticos. Perú siembra arroz en 18 regiones, con especial concentración en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios, y ostenta el mayor rendimiento de la región con más de 10 toneladas por hectárea promedio —llegando incluso a 17 T/ha en el Valle de Camaná—, mientras que Ecuador, Colombia, Bolivia o Uruguay apenas alcanzan entre 5 y 6 T/ha. No obstante esa ventaja técnica, la paradoja peruana es cruda: ser el más productivo del continente y al mismo tiempo el más desprotegido.

La raíz de la crisis tiene nombre y origen geográfico preciso: las importaciones masivas de arroz, principalmente desde el Cono Sur. Según el MIDAGRI, Perú importó 146,557 toneladas de arroz en 2025, mostrando un incremento de 5,58% respecto a las 138,806 toneladas del año anterior. Uruguay concentró el 48% del volumen total (70,347 toneladas) y Brasil el 39% (57,157 toneladas), seguidos de Tailandia con el 10%. En 2024, las importaciones peruanas de arroz sumaron US$124,1 millones, creciendo 22,4% respecto al año previo. Entre enero y mayo de 2025, estas importaciones alcanzaron US$63,7 millones, lo que significó un crecimiento del 48,1% respecto al mismo periodo anterior. Ese flujo constante de grano extranjero tiene una puerta institucional facilitada: el Acuerdo de Complementación Económica N°58 (ACE 58), suscrito entre Perú y los Estados Parte del MERCOSUR —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— que entró en vigencia en enero de 2006 y ha ido reduciendo progresivamente los aranceles bilaterales. Aunque el mecanismo de franja de precios aplica un arancel específico de US$102 por tonelada importada, equivalente a un 15% ad valorem, los gremios arroceros alertan que el arroz importado llegó a venderse a S/105 por saco, muy por debajo de los S/170 del arroz nacional. La diferencia de precio no es una distorsión de mercado: es el resultado de que Brasil, Uruguay y Paraguay subsidian directamente a sus agricultores con créditos baratos, fertilizantes a costo social y apoyo estatal sistemático, mientras el Estado peruano mira desde la tribuna.

El pliego de demandas de los productores no deja margen a interpretaciones. Los gremios exigen intervención inmediata del mercado, control de importaciones y fiscalización estricta de la cadena comercial, señalando que la tonelada de arroz ha pasado de costar aproximadamente S/1,600 a apenas S/650, una caída superior al 50% que elimina cualquier margen de rentabilidad, comprometiendo no solo la campaña actual sino también la siembra 2026-2027. A ello se suma la demanda de declaratoria de emergencia del sector arrocero, compra directa del Estado a productores nacionales para abastecer programas sociales como Qali Warma con arroz peruano en lugar de importado, y precios justos al productor. El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Hermitanio Rojas, advirtió que la huelga podría ser indefinida, y no solo de los arroceros, porque «todo el sector agrario está mal: los paperos, el maicero, el cañero. Estamos olvidados por este gobierno y los que han pasado, ya que no hay una política agraria». La denuncia de incumplimiento de promesas previas es un leitmotiv recurrente: los arroceros señalaron que tuvieron reuniones en Lima y Jaén donde las autoridades nacionales se comprometieron a realizar compras para abastecer programas sociales, pero que hasta ahora no se ha concretado nada.

La crisis arrocera es el síntoma visible de una enfermedad estructural del agro peruano que el Estado ha postergado por décadas. Mientras Perú carece de políticas efectivas de protección a sus productores, los países competidores cuentan con créditos de bajo interés, fertilizantes y agroquímicos a costo social, e incluso subsidios directos, lo que representa una competencia desigual para el agricultor peruano. Los gremios vienen sosteniendo reuniones con MIDAGRI y SENASA para que, en el marco de las negociaciones del TLC con India, se exceptúe al arroz de las reducciones arancelarias y se proteja a los productores locales de nuevas oleadas de importación barata desde Asia. El paro del 25 de mayo no es un capricho gremial ni una protesta aislada: es la expresión de una cadena productiva que genera empleo en 18 regiones del país, alimenta a toda una nación y, sin embargo, opera al límite de la supervivencia económica. La pregunta que el Gobierno de turno deberá responder no es si puede atender las demandas arroceras, sino si puede permitirse ignorarlas.

Colombia, 17 de mayo 2026.- Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y candidato de la coalición progresista para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, encabeza con consistencia todas las mediciones de intención de voto a menos de dos semanas de los comicios. Filósofo, defensor de derechos humanos y presidente de la Comisión de Paz del Senado, Cepeda fue elegido candidato de su coalición en la consulta interna de octubre de 2025 con más de dos millones de votos, cerca del 65% de la participación. Su campaña, resumida en el lema «El poder de la verdad», propone continuar y profundizar las transformaciones sociales iniciadas por el gobierno de Gustavo Petro desde 2022, con énfasis particular en la lucha anticorrupción, la reforma al sistema de salud, la paz total y la equidad territorial. Su fórmula vicepresidencial es la senadora indígena Aida Quilcué, figura con amplio reconocimiento en los movimientos sociales del país.

La encuesta de Invamer para Caracol Noticias y Blu Radio, realizada entre el 15 y el 24 de abril sobre una muestra de 2.741 personas, ubica a Cepeda con el 44,3% de la intención de voto en primera vuelta, seguido de Abelardo de la Espriella con el 21,5% y Paloma Valencia con el 19,8%. La medición más reciente de Atlas Intel, llevada a cabo entre el 9 y el 14 de mayo con 5.039 cuestionarios presenciales en Bogotá y diversas regiones del país, arroja resultados similares: Cepeda obtiene el 37,6%, De la Espriella el 32,9% y Valencia el 16,7%. El Centro Nacional de Consultoría, en su encuesta del 30 de abril, confirma el liderazgo del candidato del Pacto Histórico con el 37,2%, seguido de De la Espriella con el 20,4% y Valencia con el 15,6%.

Cinco firmas encuestadoras —Invamer, GAD3, AtlasIntel, Guarumo-EcoAnalítica y el Centro Nacional de Consultoría— muestran un patrón consistente: Cepeda encabeza todas las mediciones, mientras Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia disputan el segundo lugar. Regionalmente, Cepeda lidera en el Pacífico y el Caribe, mientras De la Espriella muestra mayor fortaleza en la región Central y Valencia en la Amazonía y la Orinoquía. El candidato del Pacto Histórico ha reforzado su estrategia de movilización popular en territorios históricamente excluidos, apostando por una coalición amplia que incorpore a comunidades indígenas, afrodescendientes y sectores rurales que respaldaron al petrismo en 2022.

Los escenarios de segunda vuelta proyectados por las encuestadoras revelan una contienda más cerrada, aunque los resultados varían según la firma y la metodología. Invamer proyecta que en un balotaje contra Valencia, Cepeda obtendría el 51,2% frente al 46,6% de la senadora, con apenas 4,6 puntos de diferencia; y que frente a De la Espriella ampliaría su ventaja al 54,6% contra el 42,6% del abogado barranquillero. Atlas Intel, en cambio, proyecta escenarios más ajustados: De la Espriella alcanzaría el 44% frente al 40,4% de Cepeda, y Valencia el 40,9% frente al 39,2% del candidato progresista. La divergencia entre firmas refleja las dificultades metodológicas para medir el trasvase de votos en una segunda vuelta con alta fragmentación inicial.

El desenlace de la elección estará determinado en buena medida por la capacidad de las distintas fuerzas para articular alianzas tras la primera vuelta. Cepeda ha insistido públicamente en su objetivo de ganar el 31 de mayo sin necesidad de balotaje, pero los números actuales hacen esa posibilidad improbable. Su campaña ha apostado por marcar matices propios frente al gobierno de Petro —mayor énfasis anticorrupción, diálogo con el sector empresarial y ajustes en la implementación de la paz total— buscando ampliar su base electoral más allá del electorado de izquierda consolidado. El contexto no es sencillo: el 51,2% de los encuestados manifiesta imagen desfavorable del presidente Petro, lo que obliga al candidato oficialista a construir una narrativa propia que capitalice los logros del gobierno sin quedar atrapado en su impopularidad. Colombia definirá, en una o dos vueltas, si profundiza el ciclo de cambio iniciado en 2022 o abre paso a una nueva mayoría política.