El incremento del caudal de los ríos, las inundaciones en zonas urbanas y la activación de quebradas mantienen en alerta al norte del país. Senamhi advierte que entre el 5 y el 7 de noviembre podrían registrarse nuevas precipitaciones de fuerte intensidad.

Tumbes, 4 de noviembre de 2026.-Tumbes enfrenta una de las principales consecuencias de las precipitaciones: el aumento del caudal del río Tumbes, que alcanzó los 1.021 metros cúbicos por segundo el lunes 2 de noviembre, según reportes difundidos sobre la emergencia. La situación movilizó equipos de rescate y personal de las Fuerzas Armadas para evacuar el agua acumulada en sectores urbanos.

Entre las zonas afectadas se reportaron la avenida Panamericana, a la altura de Plaza Vea, la calle Arica y el sector El Beso. También se registraron inundaciones en Puerto Perú, en el distrito fronterizo de Aguas Verdes, mientras el río Zarumilla presentó un incremento de su caudal.

Piura y Tumbes registran lluvias fuera de temporada

Los registros meteorológicos confirman la intensidad de las precipitaciones. En la estación El Salto, en Tumbes, se reportaron acumulados superiores a los 100 milímetros durante los episodios recientes, mientras que Canchaque, en la sierra de Piura, alcanzó los 154,9 milímetros. Estas cifras contrastan con los niveles habituales de lluvia para esta época del año.

El impacto también se observa en las vías de comunicación y las actividades cotidianas. En Máncora, Piura, las lluvias inundaron calles y avenidas, dificultaron el tránsito vehicular y obligaron a vecinos y comerciantes a colocar barreras de protección para evitar que el agua ingresara a sus viviendas y establecimientos.

Senamhi advierte nuevas lluvias intensas

El escenario meteorológico continúa siendo preocupante. En su información actualizada al 4 de noviembre, Senamhi advierte que las precipitaciones se mantendrán entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. Para Tumbes se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, mientras que en la costa interior de Piura se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

El organismo estima acumulados de entre 5 y 55 milímetros por día en la costa norte para el 4 de noviembre. Además, las perspectivas climáticas para noviembre de 2026 a enero de 2027 señalan una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en la costa norte, en correspondencia con el desarrollo de El Niño.

Gobierno despliega militares y maquinaria

Frente a la emergencia, el Gobierno movilizó personal militar y equipos para atender los puntos críticos. El Ministerio de Defensa informó que tres brigadas del Ejército intervinieron en sectores afectados de Tumbes, en coordinación con autoridades locales y el Ministerio de Vivienda. Se utilizaron motobombas para retirar el agua acumulada y restablecer la transitabilidad.

La presidenta Keiko Fujimori anunció el 1 de noviembre que permanecería en el país y no asistiría a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en España, con el propósito de atender la emergencia. También dispuso que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se trasladara a Tumbes para coordinar las acciones de respuesta. El Ejecutivo informó que trabaja con los gobiernos regionales y municipales para atender a la población afectada.

La emergencia vuelve a poner a prueba la capacidad de prevención y respuesta del Estado frente a los eventos climáticos extremos. El desafío inmediato es proteger a las familias que viven cerca de los ríos y quebradas, garantizar la evacuación de las aguas, mantener operativas las vías y evitar mayores daños en viviendas, agricultura e infraestructura. Con nuevas precipitaciones previstas hasta el 6 de noviembre, la población de Tumbes y Piura deberá mantenerse atenta a las alertas oficiales y a las disposiciones de Defensa Civil.

Las movilizaciones del 24 de octubre reunieron a jóvenes y organizaciones sociales que cuestionan la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana, las extorsiones y los incendios forestales. En Lima, la Policía impidió que la marcha avanzara por la avenida Abancay, mientras que en Arequipa los manifestantes exigieron medidas de prevención y atención a las comunidades afectadas.

Lima, 24 de octubre de 2026.- Jóvenes, estudiantes y colectivos sociales salieron a las calles el sábado 24 de octubre para expresar su rechazo a la inseguridad ciudadana, las extorsiones y lo que consideran una respuesta insuficiente del Gobierno frente a la crisis ambiental. Las protestas, vinculadas a la convocatoria de la denominada Generación Z, también incluyeron cuestionamientos políticos a Keiko Fujimori y demandas de mayor atención a los problemas que afectan a la población.

En la capital, los manifestantes se concentraron en la plaza San Martín desde las 4 de la tarde y recorrieron calles del Centro Histórico. Durante la movilización, avanzaron por vías como el jirón de la Unión y la avenida Grau, con dirección a la avenida Abancay. En ese sector, efectivos policiales impidieron que la marcha continuara hacia las inmediaciones del Congreso de la República. Los participantes expresaron su preocupación por la inseguridad y exigieron respuestas concretas de las autoridades.

La convocatoria también tuvo repercusión fuera de Lima. Reportes periodísticos mencionaron movilizaciones o convocatorias en Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Puno y otros departamentos. Entre las principales preocupaciones estuvieron la inseguridad, la crisis ambiental y la exigencia de una mayor intervención estatal.

AREQUIPA: PROTESTA TAMBIÉN POR LOS INCENDIOS FORESTALES

En Arequipa, jóvenes vinculados a la Red de Juventudes de Arequipa (RUJA), estudiantes, familias y otros ciudadanos fueron convocados a concentrarse en la plaza España. Además de la preocupación por la inseguridad, sus demandas se centraron en la prevención de incendios forestales, la protección de la flora y fauna y la atención a las comunidades perjudicadas.

David Calizaya, identificado en los reportes periodísticos como vocero de la Generación Z en Arequipa, cuestionó la respuesta de las autoridades ante los incendios y planteó la necesidad de investigar sus causas. Entre las demandas difundidas por los organizadores figuraron la creación de una comisión investigadora en el Congreso y medidas de apoyo y reparación para las poblaciones afectadas.

JULIACA: CONTINÚAN LOS RECLAMOS POLÍTICOS Y DE JUSTICIA

En Juliaca, Puno, familiares de personas fallecidas durante las protestas de enero de 2023 y dirigentes locales expresaron el viernes 23 de octubre su rechazo a la anunciada visita de Keiko Fujimori. Según un reporte de prensa, Fujimori no acudió a la actividad prevista y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, asistió en su lugar. Este episodio refleja la continuidad de los reclamos políticos y de justicia en la región, aunque corresponde a un hecho anterior y distinto de las movilizaciones convocadas para el sábado 24.

En otras ciudades también se difundieron convocatorias y expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad y la atención de los problemas regionales. Sin embargo, es necesario distinguir entre las marchas cuya realización fue reportada y aquellas de las que solo se difundieron anuncios previos. Tampoco corresponde atribuir automáticamente todas las protestas regionales a una misma organización.

DEMANDAS QUE EXIGEN RESPUESTAS CONCRETAS

Las movilizaciones pusieron en primer plano una agenda que combina el rechazo a la inseguridad ciudadana con la preocupación por los incendios forestales y la exigencia de una respuesta estatal más efectiva. Los participantes cuestionaron la actuación de las autoridades y reclamaron medidas que atiendan tanto las necesidades de Lima como las de las regiones.

El desarrollo de estas protestas plantea al Gobierno el reto de responder a las demandas ciudadanas mediante acciones verificables, transparencia y diálogo, respetando el derecho a la manifestación pacífica. La dimensión nacional de la jornada deberá precisarse con información local y balances oficiales que permitan establecer la participación y las incidencias registradas en cada ciudad.

El fuego amenaza comunidades, bosques y cultivos, mientras persisten interrogantes sobre el presupuesto ejecutado, la magnitud de la ayuda y los recursos desplegados. El Gobierno anunció apoyo aéreo y asistencia agraria, pero la información pública consultada no permite establecer cuánto dinero se destinó específicamente a los damnificados ni cuánto se ha gastado hasta el momento.

Lima, 13 de octubre de 2026.- Perú enfrenta una nueva emergencia ambiental. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registró 56 incendios forestales activos en 14 regiones y 334 focos de calor. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó 35 incendios activos y 16 controlados. La diferencia entre ambos registros dificulta establecer un balance nacional único y actualizado, mientras el fuego continúa amenazando territorios rurales y comunidades indígenas.

Pérdidas humanas y territorios afectados

Los reportes periodísticos sitúan en diez el número de personas fallecidas por incendios forestales durante 2026. Las pérdidas materiales incluyen viviendas destruidas, cultivos afectados, pastizales quemados y ganado muerto. Un balance difundido por el COEN contabilizó 8.599 hectáreas de cobertura natural afectadas, aunque otras estimaciones nacionales y regionales presentan cifras superiores. Estas diferencias requieren una consolidación oficial que permita dimensionar los daños y calcular las necesidades de recuperación.

En Río Tambo, provincia de Satipo, Junín, comunidades asháninkas enfrentan las consecuencias del fuego. Los reportes disponibles señalan aproximadamente 350 hectáreas de bosque y 80 hectáreas de cultivos afectados, diez viviendas destruidas y alrededor de 50 familias perjudicadas. La pérdida de áreas forestales, terrenos agrícolas y recursos naturales compromete la economía familiar y la seguridad alimentaria de estas poblaciones. La emergencia plantea, además, la necesidad de proteger territorios indígenas cercanos a espacios naturales de conservación.

Dos helicópteros y un avión: ¿cuánto cuesta la respuesta?

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció el despliegue de dos helicópteros equipados con helibaldes en Cusco y un avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea del Perú para apoyar las operaciones contra el fuego. La Presidencia informó sobre estas medidas el 11 de octubre, con prioridad en Cusco y Junín. Sin embargo, la información oficial consultada no precisa las horas de vuelo contratadas o utilizadas, el costo operativo de las aeronaves, el combustible consumido ni el número total de descargas efectuadas. Tampoco ofrece un consolidado del personal movilizado, los equipos terrestres y los recursos logísticos empleados.

La falta de un monto consolidado no demuestra que el Estado carezca de presupuesto para responder. El problema es que, con la información pública localizada, no se puede determinar cuánto dinero se ha comprometido, cuánto se ha devengado o pagado ni qué proporción corresponde a cada región. El Decreto Supremo N.° 069-2026-PCM, que actualiza el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 para 2026, establece que las intervenciones se financian con los presupuestos institucionales de los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esa disposición no equivale a un balance del gasto ejecutado durante la emergencia actual.

Ayuda agraria: anuncios sin balance integral

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante Agro Rural y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), contempla acciones de apoyo a productores afectados, con insumos agrícolas, semillas y recursos para la alimentación del ganado. No obstante, para evaluar el alcance real de estas medidas se necesita conocer cuántos kits, pacas de heno, kilogramos de semillas y otros bienes fueron entregados efectivamente, en qué localidades, a cuántas familias y con qué costo unitario y total. Los anuncios de entregas programadas no deben contabilizarse como ayuda recibida.

Tampoco se dispone, en las fuentes consultadas, de un inventario nacional consolidado de viviendas que serán reconstruidas, hectáreas que recibirán apoyo para su recuperación, animales que serán repuestos o familias que accederán a asistencia económica directa. En consecuencia, no es posible establecer si los bienes anunciados cubren las necesidades identificadas. La publicación de padrones de beneficiarios, actas de entrega, cantidades distribuidas y presupuestos por intervención permitiría verificar la cobertura y evitar que la ayuda quede únicamente en anuncios institucionales.

Comunidades en primera línea y prevención pendiente

En varias zonas, los pobladores, las brigadas comunales, los bomberos y las autoridades locales participan directamente en las labores de contención. Los reportes sobre Río Tambo advierten dificultades para responder a incendios en territorios de difícil acceso. Esta participación resulta fundamental, pero debe acompañarse de equipos adecuados, capacitación, protección para los brigadistas y mecanismos de asistencia inmediata para quienes pierden sus viviendas y medios de vida.

La quema de pastizales y vegetación figura entre los principales factores humanos asociados a estos siniestros. La sequía, la falta de lluvias y los vientos pueden facilitar la propagación del fuego. Aunque el país cuenta con el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, la magnitud de los daños obliga a examinar no solo las operaciones de emergencia, sino también los recursos destinados a prevención, vigilancia, equipamiento y recuperación ambiental. Sin información presupuestaria comparable, resulta difícil evaluar la eficacia del gasto público.

La emergencia deja una exigencia concreta al Ejecutivo: publicar un balance verificable de los recursos movilizados, el gasto ejecutado y la ayuda entregada por región. Ese informe debería incluir los costos de las operaciones aéreas y terrestres, el número de equipos y efectivos desplegados, las cantidades de bienes distribuidos, las familias atendidas y los compromisos pendientes. Mientras continúen los incendios, la población necesita saber no solo qué acciones anuncia el Gobierno, sino también qué recursos utiliza, a quiénes llegan y qué resultados producen.