Economía
Directorio cuestionado de Petroperú renuncia tras presión popular

El Directorio de Petroperú, designado por la Junta General de Accionistas (JGA), presentó su renuncia colectiva debido a la falta de pronunciamiento del Gobierno frente a la supuesta crisis financiera que atraviesa la empresa. La renuncia, de carácter unánime, se produce en un contexto de creciente presión popular, que rechaza cualquier indicio de privatización de la estatal petrolera.
Mediante un comunicado, los miembros del Directorio señalaron que, desde el inicio de su gestión, advirtieron al Gobierno sobre la insostenibilidad financiera de Petroperú y la necesidad de tomar decisiones estratégicas para el futuro de la empresa. Sin embargo, tras varios días sin respuestas oficiales, concluyeron que «en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido».

Crisis y propuestas para el futuro de Petroperú
En las últimas semanas, la situación de Petroperú ha sido tema central en la agenda política y económica del país. El Gobierno de Dina Boluarte ha descartado la privatización de la empresa, reafirmando su rol como entidad estratégica que abastece de combustible a regiones alejadas del Perú. Boluarte expresó su intención de conformar un nuevo Directorio, integrado por funcionarios con «visión diferente» y comprometidos con el desarrollo nacional.
Por su parte, Pedro Gamio, representante del Directorio renunciante, como es obvio advirtió sobre la gravedad de la situación de Petroperú, calificándola como «un paciente en cuidados intensivos». Gamio insistió en la urgencia de una reestructuración que contemple una «hoja de ruta transparente» para sincerar las finanzas y coordinar un plan de recuperación sostenible.
Posturas divididas entre el Congreso y los gremios empresariales
Las reacciones a la renuncia del Directorio no se hicieron esperar. Alejandro Aguinaga, congresista del partido ultraderechista Fuerza Popular, calificó a Petroperú como un «barril sin fondo», sugiriendo que se evalúe una concesión para detener la creciente deuda de la empresa estatal.
En contraste, la congresista izquierdista Margot Palacios Huamán criticó la gestión del Directorio renunciante, acusándolos de tener intenciones privatizadoras y apoyando la renovación de la cúpula directiva con profesionales honestos y patriotas. “Debe cerrarse ya el período de funcionarios neoliberales infiltrados en la administración pública saqueando los bienes del Estado. Necesitamos profesionales decentes, honrados y patriotas para reemplazar al Directorio de Petroperú que hace bien en irse y cuyo propósito no era otro que rematarla, una empresa estratégica para la soberanía del país”, enfatizó la parlamentaria Margot Palacios, en un escueto comunicado en sus redes.

Los gremios empresariales que estuvieron de acuerdo con la intentona privatizadora, por su parte, expresaron su preocupación por la inestabilidad de Petroperú. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP) lamentaron la renuncia del Directorio, atribuyéndola a la inacción del Gobierno. Ambos gremios coinciden en la necesidad de nombrar directivos técnicamente capacitados, sin sesgos políticos, para enfrentar la difícil situación de la empresa.
Encrucijada estratégica
La renuncia del Directorio coloca de la empresa estatal Petroperú en un momento de alta incertidumbre, mientras se espera una respuesta clara del Gobierno sobre los pasos a seguir. La empresa, un pilar en el sector energético del Perú, requiere medidas urgentes para asegurar su sostenibilidad financiera y operativa, sin comprometer su carácter estatal.
El futuro de Petroperú, clave para el desarrollo económico del país, sigue siendo incierto, mientras gremios, sectores políticos y la población esperan con ansiedad las decisiones que tomen las autoridades en los próximos días. Pero en lo que todos los peruanos, la gran mayoría de patriotas, están de acuerdo es que se debe conservar la empresa estatal y fomentar su despegue para asegurar la soberanía energética.
Actualidad
Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.
Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.
Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.
Medidas adoptadas por Telefónica del Perú
Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.
Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.
Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.
En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.
Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.
Actualidad
Gobierno elimina el Proyecto Especial Legado y congresista Margot Palacios denuncia intento de ocultar corrupción

El Consejo de Ministros confirmó este miércoles 12 de febrero la eliminación del Proyecto Especial Legado, creado tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 para mantener los estándares de calidad de las sedes deportivas. La decisión ha generado críticas, especialmente de la congresista Margot Palacios, quien acusó al gobierno de intentar borrar evidencias de corrupción.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, explicó que la medida busca evitar la duplicidad de funciones con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad a la que se transferirán los recursos, bienes y responsabilidades del Proyecto Legado en un plazo de 30 días. «La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto sustenta la duplicidad de servicios entre el IPD y el Proyecto Especial Legado», afirmó.

Sin embargo, la congresista Margot Palacios rechazó la decisión en un contundente comunicado titulado «¡Un legado de corrupción!», donde denunció que la extinción del proyecto busca ocultar irregularidades en la construcción de infraestructuras deportivas. Según un informe de la Contraloría General del 26 de noviembre de 2024, existen serios indicios de corrupción en obras como la Villa Bolivariana (87% de avance) y el Skate Park (77% de avance), ambas bajo responsabilidad del Proyecto Legado en el departamento de Ayacucho, ejecutados por empresas ligadas a Wilfredo Oscorima actual gobernador de esa región.
«El gobierno pretende extinguir el Proyecto Especial Legado para ocultar las fechorías de funcionarios que manejaron esta entidad», declaró Palacios, quien también destacó que el proyecto fue clave para la organización de eventos como los Juegos Bolivarianos 2024 y 2025.
Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la decisión al señalar que el Proyecto Legado cumplió su propósito temporal tras los Juegos Panamericanos 2019. «Era un proyecto especial con una finalidad específica, que ya se cumplió», sostuvo.

La medida ha dividido al Congreso, donde varios legisladores, incluida Diana González de Avanza País, han expresado preocupación por la eliminación de la entidad. La Comisión de Transferencia, que se conformará en los próximos cinco días, tendrá la tarea de gestionar la transición, mientras la polémica por las acusaciones de corrupción sigue en aumento.
Actualidad
Proyecto Majes Siguas II: Seis meses después de su transferencia, avances estancados y crece la incertidumbre

Seis meses después de que el Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) fuera transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el informe presentado por la cartera revela que los avances son escasos y las tareas pendientes siguen acumulándose. El proyecto, considerado clave para el desarrollo agrícola y económico de la región Arequipa, enfrenta retrasos en su ejecución, lo que ha generado preocupación entre las autoridades regionales y la población afectada.
El informe enviado por el Midagri al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) detalla que, de las 12 obligaciones asumidas durante la transferencia del proyecto, solo cuatro han sido cumplidas, tres están en desarrollo, tres en evaluación y dos permanecen inconclusas. Este panorama ha llevado al Consejo Regional de Arequipa (CRA) a citar al ministro de Agricultura, Ángel Manero Campos, para que explique los plazos y acciones concretas para completar las tareas pendientes.

Uno de los compromisos incumplidos es la firma del contrato para la elaboración del perfil técnico de la primera etapa del proyecto, inicialmente prevista para marzo de 2024. Sin embargo, el Midagri ha anunciado que esta decisión se postergará hasta el 30 de abril, retrasando aún más el inicio de las obras. Además, la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), esencial para la viabilidad del proyecto, sigue sin avanzar bajo la gestión del Proyecto Especial Integral de Majes Siguas (PEIMS), antes Autodema.
Otro tema pendiente es el resarcimiento a los agricultores de Quilca, Lluta, Siguas y Querque, quienes exigen compensaciones desde hace más de 30 años por los daños causados en sus tierras debido a deslizamientos, arenamiento e inundaciones provocados por la primera etapa del proyecto. A pesar de las reuniones entre autoridades regionales y los afectados, aún no se ha logrado una solución concreta.

En cuanto a los procesos arbitrales, el Midagri demoró en designar a su representante ante el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que ha retrasado la evaluación de las demandas contra la concesionaria Angostura-Siguas S.A. Este retraso aumenta el riesgo de un arbitraje internacional, que podría complicar aún más la ejecución del proyecto.
En medio de estos retrasos, la Corte Superior de Justicia de Arequipa otorgó una medida cautelar que impide la comercialización o transferencia de los terrenos del Fundo Rústico Huacán, ubicados dentro del proyecto Majes Siguas. Esta decisión beneficia al GRA, que enfrenta una disputa legal con la familia Vásquez Díaz por la propiedad de 170 mil hectáreas. Mientras la familia afirma ser dueña de todo el terreno, el PEIMS Autodema sostiene que solo comprende 38 hectáreas.

El ministro Manero se comprometió a generar espacios de diálogo con la población de Caylloma para lograr su aprobación al proyecto. Sin embargo, desde julio de 2023 no se han realizado nuevas reuniones con las comunidades ni con las autoridades locales, lo que ha llevado a los representantes de Caylloma a considerar que este espacio ha quedado en el abandono.
El proyecto Majes Siguas, que promete irrigar miles de hectáreas y dinamizar la economía regional, enfrenta un futuro incierto debido a la falta de avances concretos y la acumulación de tareas pendientes. Las autoridades regionales exigen respuestas claras y acciones inmediatas para evitar que el proyecto siga estancándose, mientras la población afectada espera soluciones que parecen cada vez más lejanas.
- Actualidadhace 7 días
Óscar Medelius, excongresista fujimorista vinculado al régimen de Fujimori y Montesinos fue asesinado en Carabayllo
- Actualidadhace 1 semana
Trump ordena el cierre de USAID por presuntas irregularidades y alineación con intereses geopolíticos oscuros
- Actualidadhace 1 semana
Ecuador elige presidente en comicios marcados por la polarización ideológica
- Actualidadhace 2 días
Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano
- Actualidadhace 7 días
La candidata Luisa Gonzáles se perfila como ganadora de la segunda vuelta electoral en Ecuador
- Actualidadhace 1 semana
La Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú exige la salida del ministro de Agricultura y del jefe de la ANA
- Actualidadhace 3 días
Colapso de puente en Chancay expone negligencia en diseño y mantenimiento de la infraestructura por parte del Gobierno
- Actualidadhace 5 días
Gobierno elimina el Proyecto Especial Legado y congresista Margot Palacios denuncia intento de ocultar corrupción