Lima, 14 de febrero de 2026.- El Pleno del Congreso sesionará de manera extraordinaria a las 10:00 a.m. para evaluar hasta siete mociones de censura contra el mandatario, quien ejerce también la presidencia del Legislativo. El detonante principal es el escándalo «Chifagate», que involucra reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, sumado a investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El caso «Chifagate» estalló tras la difusión de imágenes de Jerí ingresando encapuchado a un chifa en San Borja el 26 de diciembre de 2025 y a un local en el barrio chino el 6 de enero de 2026, ambos propiedad de Yang, sin figurar en su agenda oficial. La Fiscalía abrió indagación preliminar y citó al presidente para declarar el 2 de marzo, mientras peritos analizan posibles manipulaciones en los videos entregados.

Jerí compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el 21 de enero, negando irregularidades y calificando las acusaciones como una «operación política» para desestabilizar la transición hasta julio. Rechaza renunciar y solicitó que el Estado financie su defensa legal en la investigación fiscal.

El Congreso validó 78 firmas para convocar el pleno extraordinario. Las mociones de censura (contra su rol como presidente del Parlamento) requieren mayoría simple (alrededor de 66 votos), lo que implicaría sucesión automática: un nuevo titular del Legislativo asumiría la Presidencia.

Bancadas de izquierda (Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático), Podemos Perú, APP y Renovación Popular impulsan la salida, mientras Fuerza Popular y Somos Perú (su partido) defienden su permanencia o exigen vacancia formal. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, insiste en que corresponde vacancia por actos presidenciales.

La crisis se agrava con otros escándalos: contrataciones cuestionadas de allegadas tras visitas nocturnas a Palacio, una fiesta privada con figuras vinculadas a presuntas redes de prostitución y alta desaprobación ciudadana. El resultado del pleno del 17 de febrero definirá si Perú enfrenta otro cambio interino o si Jerí completa el mandato hasta las elecciones, en un contexto de inestabilidad institucional crónica.

Lima, 1 de febrero de 2026.– Los fraudes digitales continúan en ascenso alarmante en el Perú, con la capital concentrando la mayor parte de las denuncias por ciberdelincuencia. Según datos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, hasta septiembre de 2025 se registraron más de 31 mil denuncias por delitos informáticos, de las cuales el 68,88% (21.371 casos) correspondieron a fraude informático, incluyendo phishing, smishing y suplantación de identidad. Reportes de Kaspersky destacan un aumento sostenido en América Latina de amenazas como ladrones de contraseñas (35%) y spyware (64%) durante 2025, tendencia que se proyecta intensificándose en 2026 con el uso de inteligencia artificial para crear mensajes hiperpersonalizados y deepfakes. En Lima, las modalidades más frecuentes involucran suplantaciones de bancos como BCP, Interbank o BBVA vía WhatsApp y SMS, así como estafas con billeteras digitales Yape y Plin mediante códigos QR falsos (‘QRishing’) o aplicaciones fraudulentas que simulan pagos.

Las alertas más recurrentes incluyen mensajes de urgencia extrema —como “tu cuenta será bloqueada en 1 hora”, “retiro AFP inmediato” o falsas ofertas de empleo remoto con “depósito inicial”—, enlaces a sitios clonados con dominios sospechosos (.top, .xyz o con guiones extra), y solicitudes de pagos en criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias a desconocidos. Expertos advierten que el phishing bancario y las estafas con Yape falso —donde delincuentes envían capturas editadas o usan apps clonadas para engañar a comerciantes— se han sofisticado notablemente, aprovechando la confianza en transacciones móviles cotidianas en bodegas, taxis y comercios limeños. Kaspersky y la Policía Nacional reportan un incremento en intentos de robo de datos a través de estos canales, con proyecciones de mayor focalización en dispositivos móviles para 2026.

Las autoridades, incluyendo la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional, Indecopi y los bancos, instan a la población a verificar siempre las URLs oficiales escribiéndolas manualmente, nunca compartir códigos OTP, claves bancarias o CVV por mensajes, activar notificaciones en tiempo real en apps como Yape, usar tarjetas virtuales con límites bajos para compras en línea y denunciar sospechas inmediatamente al 942 439 245 o a través de canales oficiales. La educación digital y herramientas como VirusTotal se posicionan como defensas clave ante esta ola de ciberdelincuencia que afecta especialmente a los limeños en sus transacciones diarias.

La provincia de Talara, en Piura, se paralizó este viernes 30 de enero de 2026 con un paro provincial de 24 horas en rechazo al Decreto de Urgencia N.º 010-2025, que permite la reorganización patrimonial de Petroperú bajo la conducción de ProInversión. Manifestantes, incluyendo trabajadores de la refinería, pescadores artesanales y transportistas, denuncian que la norma abre la puerta a una privatización encubierta de activos clave como la Refinería de Talara.

Desde la medianoche, se registraron bloqueos en la carretera Costanera (Negritos y La Brea), tramos de la Panamericana Norte y puentes locales, con quema de llantas y obstáculos que afectaron el tránsito hacia Máncora y el litoral norte. Comercios, mercados y servicios cerraron masivamente, dejando la ciudad en un panorama de suspensión total de actividades. La Policía intervino para despejar vías, con tensiones, pero sin reportes de enfrentamientos graves.

La medida fue convocada por sindicatos de Petroperú, gremios de pescadores, transportistas y autoridades locales, tras semanas de protestas. La congresista Margot Palacios Huamán (Juntos por el Perú, candidata al Senado Nacional con el número 8 – JP8) impulsó la resistencia desde diciembre 2025, liderando marchas en Talara el 13 de enero y presentando una denuncia constitucional contra el presidente José Jerí Oré por riesgo a la soberanía energética.

El Decreto de Urgencia N.º 010-2025, publicado el 31 de diciembre de 2025, busca sanear las finanzas de Petroperú ante deudas y sobrecostos, promoviendo inversión privada sin privatización total, según el Gobierno. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y críticos lo tildan de inconstitucional, alertando sobre alzas en combustibles, pérdida de empleos y entrega del control estatal en una zona petrolera estratégica.

Hacia la tarde, partes de la Panamericana Norte se normalizaron, aunque la provincia permaneció mayormente paralizada. Los manifestantes exigen la derogatoria inmediata del decreto para defender la soberanía energética y el patrimonio nacional.