Lima, 08 de octubre de 2025 – Desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, emitió un contundente comunicado a través de su cuenta oficial en X, dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Político Todo con el Pueblo. En el mensaje, Castillo anunció la retirada definitiva de su confianza al señor Nicolás Bustamante Coronado, a quien había encomendado la coordinación e inscripción formal de la organización política.

Según el comunicado, Castillo fundó el Partido Todo con el Pueblo el 8 de febrero de 2024, con el objetivo de ser una herramienta al servicio del pueblo peruano, defendiendo sus derechos, dignidad y soberanía. Sin embargo, acusó a Bustamante de traicionar los principios de la organización al actuar con «silencio, soberbia y desobediencia» frente a la instrucción de convocar un Congreso Nacional Estatutario, un paso clave para consolidar la estructura democrática del partido.

«El señor Bustamante se atribuyó un poder que no le corresponde, olvidando que en el Partido no existen dueños ni caudillos, sino hombres y mujeres libres comprometidos con el Perú profundo», expresó Castillo, desautorizando cualquier acción, declaración o decisión que Bustamante realice en su nombre o en nombre del partido.El expresidente, quien se autodenomina «Presidente Constitucional del Perú», reafirmó su compromiso con las bases del partido y con el pueblo peruano, asegurando que la organización pertenece a quienes «luchan día a día en las calles, en las chacras, en las aulas y en los barrios». Además, señaló que su reclusión es un «encierro injusto» por defender al pueblo y enfrentar la corrupción.

Castillo cerró su mensaje con un llamado a la resistencia y la esperanza de que «más temprano que tarde, el Perú volverá a ser gobernado por su gente, y no por los poderosos de siempre», reiterando su lema: «Todo con el Pueblo, todo con la verdad y la lealtad».

El comunicado ha generado diversas reacciones en el ámbito político y entre los simpatizantes del expresidente, mientras se espera que las bases del partido definan los próximos pasos tras esta ruptura interna.

Juliaca, Puno, 8 de octubre de 2025 – El precandidato presidencial del partido conservador peruano Avanza País, Phillip Butters, fue obligado a abandonar la ciudad de Juliaca tras un masivo rechazo ciudadano durante una visita de campaña. Decenas de pobladores, incluidos familiares de las víctimas de las protestas de 2022-2023, se congregaron frente a la emisora La Decana, donde Butters ofrecía entrevistas, exigiendo su salida. Los manifestantes, indignados por sus declaraciones pasadas que justificaron la represión policial en la región, lo acusaron de ser cómplice de las muertes ocurridas en Puno, donde al menos 21 personas perdieron la vida.

El ambiente se tornó hostil cuando los ciudadanos bloquearon las salidas de la radio, lanzando consignas como “Puno tiene memoria” y “Cómplice de las masacres”. Butters, quien en 2022 llamó “terroristas” a los manifestantes y avaló el uso de “balas” contra las protestas, permaneció atrincherado por cerca de dos horas. La Policía Nacional intervino con un cordón de seguridad, pero no pudo evitar que la multitud arrojara huevos, piedras, basura e incluso orina al precandidato, quien salió protegido con casco y chaleco antibalas rumbo a una comisaría.

El incidente expone la profunda herida que las protestas de 2022-2023 dejaron en Puno, particularmente en Juliaca, donde 18 personas murieron el 9 de enero de 2023 por la represión estatal. Las declaraciones de Butters, quien se negó a dialogar con la prensa local, fueron percibidas como una provocación en una región que aún exige justicia. Su actitud evasiva y la falta de un pronunciamiento claro tras el episodio han avivado las críticas, que lo señalan como un símbolo de polarización y desprecio por las víctimas. Conforme se puede apreciar en este link: https://www.facebook.com/share/v/17Hz7BSaZa/ compartido por Binacional TV.

En redes sociales, el rechazo a Butters se viralizó, con videos que muestran la intensidad de la protesta y el caos durante su evacuación. Usuarios y medios locales han calificado el evento como un revés para su campaña, evidenciando el rechazo que enfrenta en el sur del país. Este episodio subraya la fractura social que persiste en el Perú y el costo político de posturas que minimizan el dolor de comunidades afectadas por la violencia estatal.

La salida forzada de Butters de Juliaca envía un mensaje claro: la memoria de las víctimas no se negocia. Mientras el precandidato busca posicionarse rumbo a las elecciones, su paso por Puno revela que el camino hacia la presidencia estará marcado por el peso de sus palabras y el repudio de quienes no olvidan. La ciudadanía puneña, con su reacción, reafirma su demanda de respeto y justicia frente a una clase política que, en muchos casos, sigue sin escuchar.

Lima, 6 de octubre de 2025 – Desde las 00:00 horas de hoy, el rugido de los motores se apagó en Lima y Callao. La Cámara Internacional del Transporte (CIT) y más de 460 empresas de transporte público ejecutaron un paro seco nacional, dejando al 90% de los buses urbanos fuera de circulación. Este cese total, bautizado como el “apagón de motores”, responde a la imparable ola de inseguridad que azota al sector: extorsiones, amenazas por celular y el reciente asesinato del conductor venezolano Daniel José Cedeño Alfonso en San Juan de Miraflores.

La medida, que paralizó la movilidad de millones de ciudadanos, es un grito desesperado contra la impunidad. “No podemos seguir enterrando choferes ni pagando cupos a mafias. El gobierno mira para otro lado mientras nosotros ponemos los muertos”, denunció Martín Ojeda, vocero de la CIT, desde un piquete en la avenida Abancay. Según la Coordinadora de Transporte Urbano, en 2024 se registraron más de 200 asesinatos de transportistas, y en 2025 la cifra ya supera el 30% de incremento respecto al año anterior.

El paro, descrito como “seco” por su carácter pacífico –sin bloqueos ni enfrentamientos–, generó un impacto devastador en la capital. Miles de pasajeros abarrotaron paraderos, mientras taxis y aplicativos de transporte colapsaron por la demanda. En algunos distritos, como Comas y San Martín de Porres, se reportaron pinchazos de llantas a buses que intentaron operar, aunque los gremios niegan responsabilidad. “Queremos soluciones, no violencia. Pero no nos dejan otra salida”, afirmó Julio Campos, líder de la Alianza Nacional de Transportistas.

El Ministerio del Interior desplegó 3.000 agentes para evitar desmanes, mientras el gobierno de Dina Boluarte anunció el bloqueo de 1.5 millones de líneas telefónicas usadas para extorsiones. Sin embargo, los transportistas califican estas medidas como “parches insuficientes”. Exigen un estado de emergencia en el sector, patrullajes permanentes, cámaras de seguridad en buses y la derogatoria de leyes que, según ellos, “protegen a los criminales”.

Este no es el primer paro del sector. En 1977, los transportistas marcaron un hito con un cese nacional contra la crisis económica. Hoy, 48 años después, la lucha es por la vida misma. Las mafias, vinculadas al crimen organizado y a redes transnacionales como el Tren de Aragua, han convertido a los choferes en blanco de sicariato y extorsión. “Pagamos S/ 500 semanales para trabajar. Si no pagas, te matan. Así no se puede vivir”, relató un cobrador anónimo en Villa El Salvador.

El impacto económico del paro se estima en más de S/ 230 millones, según la Cámara de Comercio de Lima. Colegios suspendieron clases, mercados reportaron desabastecimiento parcial y el comercio informal aprovechó para subir tarifas. Pese al caos, un 68% de limeños apoya la protesta, según una encuesta de Datum Internacional, reflejando el hartazgo colectivo ante la inseguridad . ¿Respuesta del gobierno? La presidenta Boluarte prometió “respuestas potentes” y una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior, pero su gestión enfrenta críticas por su lentitud. El ministro Carlos Malaver calificó el paro como “un golpe al ciudadano común” y pidió “paciencia” mientras se implementa un grupo élite contra extorsiones.

Al cierre de esta nota, el paro se levantó parcialmente tras negociaciones, pero la tensión persiste. Los transportistas han dado un ultimátum: “Sin seguridad, no hay transporte”. Mientras las calles de Lima recuperan su ritmo, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe?.